En días
recientes Nicolás Maduro planteó a los miembros de su partido y a sus aliados
en la Asamblea Nacional (2020), la urgente necesidad de reformar las leyes que
otorgan soporte al Estado comunal (hasta ahora fallido). La reforma legal
planteada comprendería la modificación parcial de hasta catorce leyes[1]
con el propósito de recuperar el terreno perdido. Como es sabido, el Estado
comunal comprende la sustitución la estructura del Estado democrático federal y
descentralizado por un modelo territorialmente estatizado, de planificación
centralizada y con participación tutelada.
En esta
oportunidad, el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)
promueve la sustitución marco estatal constitucional bajo el sofisma que
presume la democratización del poder político enfrentando a consejos comunales,
comunas y distritos motores contra las juntas parroquiales (ya eliminadas; por
cierto), los municipios y los estados.
La
aspiración de implantar el aparato comunal o socialista tiene variados precedentes,
incluso exitosos. El caso más claro y categórico lo representan los consejos
comunales creados en el año 2006[2].
Estas instancias se han consolidado como el mecanismo territorial hegemónico
para la organización vecinal en Venezuela, que incluso fueron adoptados también
por sectores comunitarios de la oposición democrática, impidiendo de esta
manera un control absoluto por parte del PSUV sobre esas figuras.
Otro
precedente fue la creación de Ciudad Caribia (2006), que se constituye en un
urbanismo socialista que aún se mantiene en el estado La Guaira[3].
Un antecedente importante fue la propuesta de los Cinco Motores[4]
presentados por Chávez en enero de 2007, luego de ser reelecto en los comicios
del año anterior. Pero fue la reforma constitucional[5]
de 2007 la que constituyó el núcleo central por sustituir la estructura estatal
de 1999. Sin embargo, la propuesta de reforma fue derrotada electoralmente ese
mismo año, recibiendo un duro revés el proyecto comunal del chavismo.
A pesar de
la derrota sufrida, el chavismo no ha cedido en sus propósitos. Por una parte,
comenzó desde la primera magistratura una campaña en favor del modelo comunal
promocionando las comunas y las ciudades comunales (o socialistas)[6]
y por la otra, hacia finales de 2010 se aprobó un paquete de leyes del Poder
Popular[7]
y, por ende, del Estado comunal. Otro ataque directo desde la Asamblea Nacional
contra la Constitución de 1999 y el municipio se perpetró en 2010 mediante la
reforma de la Ley del Poder Público Municipal.
Con esa
reforma: i) se supeditó la gestión municipal a una planificación central, ii) se
incorporó a las comunas como un nuevo componente territorial del municipio,
pero sin subordinación alguna al ordenamiento jurídico municipal y, iii) se eliminó
de manera inconstitucional el derecho a elegir mediante el voto popular
(directo, universal y secreto) a los miembros de las Juntas Parroquiales[8].
Cabe
agregar que, con el mismo propósito el chavismo en el año 2015 pretendió
infructuosamente sustituir a la propia Asamblea Nacional por un Parlamento
Comunal[9]
luego de sufrir una significativa y aparatosa derrota en esas elecciones
parlamentarias de ese año. Dicho Parlamento Comunal se diluyó, sin
trascendencia alguna. En 2017, hubo una nueva aventura mediante la elección de
una Asamblea Constituyente[10]
para redactar una nueva constitución.
¿Pero
cuál podría ser la causa para que el chavismo quiera desmantelar el Estado
democrático, federal y descentralizado de la CRBV?
En
realidad, el imaginario chavista es de naturaleza totalitaria que se justifica bajo
la idea de la construcción del socialismo. Un socialismo fundamentado en forma
clara en el control hegemónico del Estado sobre las distintas esferas de actividad
de la sociedad. En la propuesta socialista el consejo comunal, la comuna, la
ciudad comunal, el distrito motor o el eje territorial son espacios con un fin
ideológico: la construcción del socialismo del siglo XXI. En tal sentido,
cualquier otro modo de pensar termina siendo segregado por antagónico. Lo que
constituye un verdadero drama.
El
llamado de Maduro a la reforma de las leyes comunales significa un
reconocimiento al fracaso. Al día de hoy, no hay un Estado comunal, el poder
popular sigue siendo una ficción y todavía el PSUV no logró cooptar a todos los
consejos comunales, mientras las comunas apenas inciden de manera precaria en
la vida social y comunitaria del país. Lo que es cierto es que la Constitución Bolivariana,
sí esa de 1999 y que fuera ratificada en el año 2007 sigue siendo el mayor
obstáculo para el avance del totalitarismo en Venezuela. Y ese elemento no debe
ser olvidado (jamás) tanto por los partidos políticos como por todos aquellos
sectores sociales y comunitarios de naturaleza democrática, si en realidad
aspiran a ganar la lucha por la libertad y la democracia, que sigue sobre la
mesa. Esto aún no termina.
@migonzalezm
[1]
Ley Orgánica del Poder Popular, Ley Orgánica de
Planificación Pública y Popular, Ley Orgánica de Contraloría Social, Ley
Orgánica del Sistema Económico Comunal, Ley Orgánica de las Comunas, Ley
Orgánica de los Consejos Comunales, Ley de Contrataciones Públicas, Ley
Orgánica del Consejo Federal de Gobierno, Ley de Jurisdicción de la Justicia de
Paz, Ley de Transferencias de Competencias y otras Atribuciones del Poder
Popular, Ley de Comunicación Alternativa y Popular, Ley Orgánica del Parlamento
Comunal Nacional, Ley de Producción Social para Vivienda y Hábitat, Ley de
Cooperativas.
[2]
Los consejos comunales fueron creados como la
parte micro comunitaria de los Consejos Locales de Planificación Pública (CLPP)
y adscritos al municipio según ley de 2002. Esa disposición fue ratificada por la
Ley Orgánica del Poder Público Municipal de 2005. En el año 2006, según la Ley
de los Consejos Comunales (Gaceta Oficial Extraordinaria 5.806 del 10-04-2006) fueron
separados del CLPP y del contexto municipal y adscritos a una Comisión
Presidencial del Poder Popular. De esta forma, el asalto a la constitución
había comenzado.
[3] Ciudad Caribia, fue fundada por Hugo Chávez en 2006,
como un futuro ejemplo de una ciudad socialista capaz de alcanzar su propia
sustentabilidad y autogobierno. En el año 2014 fue reconvertida en un Distrito
Motor de Desarrollo, otra forma organizativa del Estado comunal, según Decreto
304, Gaceta Oficial 40.227, año 2014.
[4] Los Cinco Motores fue una propuesta
político-programática enunciada por Chávez para avanzar hacia el socialismo del
siglo XXI y que comprendía: el motor Moral y Luces referido a la formación
ideológica de la población; el motor Habilitante que contenía un conjunto de
leyes a ser dictadas por el mismo presidente y que facilitarían el tránsito
hacia el socialismo; el motor Constituyente que implicaría los cambios en la
constitución de 1999; la Nueva Geometría del Poder que anunciaba justamente una
división político-territorial en la República y, por último, la Explosión del
Poder Comunal referido a la incorporación de toda la estructura comunal a la
estructura del Estado Venezolano.
[5] De la propuesta reforma constitucional quedó muy claro su
orientación centralista y concentradora del poder y de la toma decisiones. Una
nueva geometría del poder donde el presidente tendría la potestad de eliminar y
crear nuevos entidades, regiones y territorios de acuerdo a su
discrecionalidad. Y cuyas autoridades serían designadas también por dedo
presidencial.
[6] Al respecto, es muy recomendable
escuchar o leer (los resúmenes) del Programa Aló Presidente N°1 de 2009 en el
que Chávez explica con claridad las comunas, como bases del futuro Estado
socialista.
[7] En efecto, una saliente Asamblea Nacional (con su
período cumplido) aprobó la Ley Orgánica de Contraloría Social, la Ley Orgánica
del Poder Popular; la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular, la Ley
Orgánica de la Comunas y la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal, todas
publicadas en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.011 del 21-12-2010.
[8] Reforma a la Ley Orgánica del Poder
Público Municipal publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.015 de
fecha 8 de diciembre de 2010.
[9] El parlamento comunal promocionado por el PSUV en
2015 carecía legalidad y legitimidad. Al no estar contemplado en la
Constitución de la República de Venezuela no tuvo personalidad jurídica ni para
legislar ni recibir recursos.
[10] La Asamblea Constituyente electa por el PSUV en 2017 funcionó
hasta 2020 sin cumplir su cometido fundamental como era el de redactar un nuevo
proyecto de constitución.
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