Nos encontramos en un momento crucial para nuestra historia. El 28 de julio salimos a votar con determinación, valentía y civilidad. No fueron unas elecciones libres ni justas. Tuvimos que superar innumerables obstáculos y una represión injustificada y absurda. Pero nada nos detuvo. Ese día el voto ciudadano, como expresión libre de nuestra conciencia, le dio el triunfo de forma categórica a Edmundo González Urrutia.
Quien perdió la elección ha decidido emplear todo el poder estatal para desconocer estos resultados y obstaculizar nuestro regreso a la democracia. Por eso, alzamos nuestra voz en defensa de la soberanía popular y de la Constitución. En tal sentido, nosotros, ciudadanos y representantes de diversas corrientes políticas e ideológicas, así como distintos sectores de la sociedad civil, que luchamos por la democracia de nuestro país, invocamos la unidad superior de la nación en torno a los siguientes principios:
Primero, el respeto fiel e irrestricto a la soberanía popular expresada el pasado 28 de julio. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 5, establece lo siguiente:
“La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos”.
Nuestra carta fundamental obliga a todos los poderes públicos del Estado venezolano a reconocer lo expresado en las urnas. Este mandato recae con mayor rigor sobre el Consejo Nacional Electoral, la Fuerza Armada Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia.
El primero, al ser el órgano rector del Poder Electoral, tiene deberes constitucionales que son intransferibles e indeclinables, los cuales ha violentado abiertamente al dejar vencer todos los plazos de ley y no presentar los verdaderos resultados de la elección. Los testigos electorales de las fuerzas democráticas salvaron ese escollo, preservando copia oficial y auténtica de todas las actas, mesa por mesa, probatorias de la elección de González Urrutia.
La Fuerza Armada Nacional también tiene deberes ineludibles. En estos momentos, Venezuela reclama una Fuerza Armada Nacional “esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la Nación (...) al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna” (Art. 328).
Por su parte, el Tribunal Supremo de Justicia tiene la obligación constitucional de ser independiente (art. 254). La Sala Electoral no es competente para el escrutinio de votos, aunque ello sea instigado por Nicolás Maduro. Hacerlo es usurpar funciones del Consejo Nacional Electoral. Por lo tanto, la sentencia que pretendió certificar el fraude de Nicolás Maduro es ineficaz y nula. Los magistrados que la dictaron violan derechos de los electores e incurren en responsabilidad penal.
Segundo, el respeto a los derechos humanos consagrados en la Constitución Nacional. Después del 28 de julio, el Estado venezolano profundizó de forma escandalosa la represión. Fuerza Armada Nacional, órganos de seguridad ciudadana y grupos paramilitares asociados al régimen son los ejecutores de una política de terror que pretende silenciar la voz de todo un país. Organizaciones de derechos humanos registran más de 1800 detenidos, entre los cuales hay mujeres, adolescentes y niños, además de, al menos, 25 asesinados. Debemos hacer mención al ensañamiento en contra de Edmundo González Urrutia, de María Corina Machado y de los líderes políticos y sociales que se encuentran perseguidos o tras las rejas. Luchar por la democracia no es delito. Condenamos enérgicamente estas prácticas que violan la Constitución y atentan contra de la vida de los venezolanos.
Exigimos la libertad de todos los presos políticos y nos solidarizamos con el dolor de sus familiares. Exhortamos a la comunidad internacional, a los Estados democráticos y a las organizaciones de derechos humanos a seguir muy de cerca estos hechos y a visibilizarlos en las instancias correspondientes. Manifestamos con profunda convicción humana y política que el miedo no logrará contener ni torcer la conciencia democrática que vive, crece y se expande en el alma de la Nación.
Para finalizar, animamos a todos los venezolanos a cuidar con el mayor de los celos el espíritu cívico expresado el 28 de julio y llamamos a mantener con firmeza la protesta pacífica y constitucional. El camino hacia la democracia exige la más amplia unidad de todos los sectores políticos, sociales y culturales del país. El reconocimiento de la voluntad expresada el 28 de julio podrá abrir puertas a una negociación que permitirá avanzar en la reinstitucionalización del país y hacia la paz que tanto anhelamos.
Con nuestra victoria en la mano, y aferrados a la Constitución, recuperaremos la libertad a fin de impulsar una transición ordenada y consensuada dirigida a revertir la pobreza y reducir la enorme brecha de las desigualdades, a superar el colapso de todos los servicios públicos, a recomponer democráticamente la sociedad y las instituciones y a reunificar la familia venezolana desgarrada por la diáspora.
28J. LA VERDAD ES EL ÚNICO CAMINO A LA PAZ
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