En la pasada reunión del Consejo Federal de Gobierno (CFG) del 5 de agosto, que reunió al presidente de la República, Nicolás Maduro y los gobernadores y alcaldes recién electos se les recordó su compromiso con la construcción del nuevo modelo político y territorial mediante su apoyo al plan de las 7 T y la necesaria coordinación con los circuitos comunales. Además, planteó Maduro la necesidad de incorporar a los consejos comunales y los circuitos comunales (aproximadamente 5334 en todo el país) al CFG como parte del nuevo sistema de gobierno comunal.
Si hay algún sesgo inocultable en la trayectoria del gobierno del PSUV es su constancia. Y en realidad esa cualidad destaca al menos en su propósito de cambiar tanto el sistema político como su ordenamiento territorial.
Recordemos que después de la derrota de la propuesta de reforma constitucional en 2007 el PSUV no ha dejado sus intentos por implantar el Estado comunal. Su mayor avance hacia el mismo fue la aprobación de las leyes del poder popular en 2010 y sin embargo a pesar de ello no pudo concretar la edificación del ese Estado comunal como expresión del llamado socialismo del siglo XXI.
Justamente en 2021, Maduro insistía ante el parlamento venezolano en la necesidad de reformar de nuevo la Constitución para acelerar la puesta en marcha definitiva de la propuesta comunal. Pero han pasado cuatro años de esa solicitud y tampoco ha prosperado. De hecho, la intención de reformar la Constitución Bolivariana fue pospuesta para el próximo año 2026.
En ese contexto, desde el alto gobierno se elaboró otro plan denominado las Siete T con el propósito de impulsar la concreción del Estado del Poder Popular como también se le llama ahora a la propuesta comunal originaria.
El plan de la Siete T contiene los siguientes enunciados teóricos:
1.- Consolidar el crecimiento económico con
Igualdad: Transformar las condiciones materiales a favor de la equidad, la
igualdad ya inclusión, produciendo riquezas para distribuirlas con justicia.
2.- Expandir la protección social: Consolidar el
crecimiento económico en función de mejorar los programas de protección a las
Víctimas del Bloqueo y sectores más vulnerables para erradicar la pobreza.
3.- Ampliar la presencia del Poder Popular:
Avivar la participación y el protagonismo de nuestro pueblo organizado. En
la dimensión del socialismo en lo territorial, para la reactivación de la
economía real y la repolitización positiva del país para la construcción de
soluciones reales.
4.- Consolidar la seguridad integral de la Nación y
garantizar la justicia: Fortalecer las buenas prácticas en materia de
protección ciudadana, acorde con nuestra doctrina de seguridad ciudadana y
territorial, en el contexto de la cultura de paz cada vez más cercana al
pueblo.
5.- Consolidar y expandir el método 1×10 del Buen
Gobierno y las Bricomiles: A todos los servicios públicos para garantizar la
máxima eficiencia en la gestión.
6.- Avanzar en la independencia integral y la
descolonización de Venezuela: Construir la independencia económica, tecnológica
y cultural de nuestra Patria bajo nuevos criterios que rompen con la ideología
colonial, teniendo como objetivo principal la Defensa del Territorio de la
Guayana Esequiba.
7.- Consolidar la Patria Grande: Impulsar este
nuevo momento estelar de resurgimiento de los gobiernos progresistas a la vida
de nuestra Patria Grande latinoamericana, frente a la gigantesca agresión
imperialista y de agresión que vive nuestro continente.
No cabe dudas estas propuestas representan líneas de trabajo relativamente abstractas que entre otras cosas servirían para reorientar la acción del gobierno en una nueva oportunidad. No dudo que el gobierno haya trabajado en ello. El asunto pendiente está en su viabilidad, es decir en las posibilidades reales de su realización. Y en eso -la viabilidad- si se generan muchas dudas por las debilidades en la capacidad de gestión que ha caracterizado al gobierno del PSUV para imponer finalmente su modelo.
Sobre la incorporación de los consejos comunales y ahora los llamados circuitos comunales al CFG, primero habría que aclarar que los consejos comunales ya participan de esa instancia, mediante la obtención de recursos financieros y no financieros para proyectos comunales. Por ende, la propuesta de su incorporación parece irrelevante.
En cuanto a la incorporación de los circuitos comunales, he visto su conformación y realmente parece muy burocrática, llena de cargos, además de exigir una pesada nómina, que además duplicaría esfuerzos institucionales hasta con las mismas comunas, que parecen haber pasado al olvido.
Ahora bien, la incorporación de esos circuitos comunales al CFG supone no solamente una reforma de la ley de ese organismo sino además exigiría diseñar y estructurar la forma de representación (sí de representación) que tendrán los circuitos comunales en el CFG, pues como es obvio todos no caben en esa instancia. Y aquí amigos, de nuevo nos topamos con un problema de viabilidad.
Por lo demás, hacer una reforma de la ley del CFG no debería ser dificultosa para el oficialismo pues el PSUV controla totalmente la Asamblea Nacional sin resistencia alguna. Y otra cosa, quizá no sería necesario reformar la Ley Orgánica del CFG, pues con un simple ajuste a su Reglamento Orgánico se podría incorporar a la representación de los circuitos comunales a su seno. Al fin y al cabo, el papel lo aguata todo.
En cuanto al municipio duele decirlo (o escribirlo), pero está siendo liquidado progresivamente. Sin autonomía, ni financiamiento propio ni competencias plenas y con gobiernos locales ineficaces y auto-referenciados el poder municipal esta condenado a desaparecer. Los gobiernos municipales tendrán que convivir de ahora en adelante con los circuitos comunales, además de las comunas y de los consejos comunales. Quizás esa situación les obligue a pensar en la gente y a luchar verdaderamente por la defensa de la casa que algunos pregonaron en la campaña electoral.
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