En las últimas semanas, en muchos barrios y urbanizaciones del país se inició un encendido y preocupado debate, en torno a la Ley Especial de los Consejos Comunales. Se evalúan las posibilidades de mejorar la calidad de vida de las comunidades, mediante la promesa oficial de recibir financiamiento público para la acometida de proyectos; así como también el modelo de gestión centralista que propiciará el modelo impulsado desde la Asamblea Nacional e incluso la sujeción de las formas asociativas de la sociedad civil a la intervención del Estado. Es decir, se debate el futuro de la independencia del movimiento ciudadano que pudiera ser atrapada por una nueva oferta engañosa.
Y es que hasta el momento se han cometido ya una serie de irregularidades y hasta arbitrariedades en diversas municipios del país, a propósito del tema de los consejos comunales. ¿Un ejemplo? Se están eligiendo consejos comunales sin esperar la promulgación de su Ley Especial. En otras palabras, se estructuran consejos comunales sin reglas claras. ¿Otro caso? También se organizan consejos comunales en forma excluyente; es decir, sin la participación de los “escuálidos”, como proponen algunos promotores del oficialismo revolucionario. De igual manera, se manipula e intimida a las asociaciones de vecinos y otras formas asociativas, a cuyos directivos se les “informa” que legalmente desaparecerán después que se instalen los consejos comunales.
Uno de los aspectos más preocupantes es la promesa de la distribución de recursos financieros de manera directa desde el poder nacional al consejo comunal, sin burocracia y sin intermediarios. Esta promesa básica, abre unas nuevas esperanzas en amplios sectores poblacionales; y en alguno que otro caso, hasta una cierta ambición por acceder a una partecita, de esos 1.2 billones de bolívares que se manejarán desde el Fondo Nacional de Consejos Comunales.
¿Cómo se accederá a esos fondos? No se sabe. ¿Cuáles serán los criterios institucionales o técnicos para su distribución? No se conocen. ¿Qué tipo de proyectos se financiarán? Aún se ignora. ¿Cuál será la relación de los proyectos propuestos por las comunidades con aquellos diseñados por las alcaldías y gobernaciones? También se desconoce. Pero hay más interrogantes.
La Ley Especial de los Consejos Comunales comenzó como una reforma a la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública; sin embargo, esta iniciativa de reforma (que era el camino correcto) fue abandonada por la propia Asamblea Nacional. Por si fuera poco, los consejos comunales, son separados de los CLPP y de toda autoridad pública local o estadal, al ser adscritos a la Comisión Presidencial del Poder Popular, que tendría presencia jurídica a nivel nacional, regional, y local.
La creación de ese sistema paralelo de “comisiones presidenciales” desde el nivel nacional, las veinticuatro entidades federales y los trescientos treinta y siete municipios para coordinar la actividad de los cincuenta mil consejos comunales propuestos a ser organizados en el país, no solamente refleja una “candidez gerencial” notable; sino un percepción burocrática y centralista de las relaciones sociales.
El presidente de la Asamblea Nacional, -el fin de semana pasado-, a la vez que reconocía la existencia de críticas al proyecto de Ley Especial de Consejos Comunales, anunciaba la presencia de una campaña de desprestigio a estas instancias. En realidad, si hay una campaña de desprestigio en torno al tema, la misma se origina en el pésimo tratamiento; por parte de las autoridades públicas en este asunto de interés colectivo.
El debate sobre los consejos comunales ha sido subterráneo y, más bien alejado de la gran opinión pública. Por lo tanto, ante las críticas provenientes de la población, no debería esgrimirse el gastado argumento de supuestas campañas de desprestigio o cosas parecidas. Cabe agregar, que hasta alcaldes, concejales y miembros de juntas parroquiales (principales actores políticos afectados) han guardado un discreto silencio, quizás por aceptación o tal vez, por resignación o ¿desinterés?. Aún no lo sabemos. En todo caso, el argumento de la campaña de desprestigio se cae por su propio peso.
De tal manera, que los asambleístas encargados del tema deberían reconocer con humildad sus errores legislativos. Al respecto, cabe señalar que hasta ahora su acción denota y refleja un apresuramiento y un desorden operativo injustificable. Por ejemplo, se omiten leyes vinculadas al tema como: la Ley Orgánica de Hacienda Pública Estadal, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, la Ley del Consejo Federal de Gobierno y la Ley Orgánica de Planificación.
Otros aspectos como la contraloría social, las asambleas de ciudadanos, el plan municipal de desarrollo o el presupuesto de inversión municipal se quedaron en el aire, en el proyecto de Ley Especial en cuestión. De igual forma, se violenta el ordenamiento jurídico establecido para los consejos locales, parroquiales y comunales, en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal; entre otras menudencias.
Es por todo lo anterior, que la mayoría de activistas sociales, comunitarios y vecinales evalúan negativamente esta versión de los consejos comunales. La Asamblea Nacional aún tiene tiempo para rectificar. Aún existen ciertas posibilidades de elaborar, consultar y sancionar una ley que contribuya a la organización de las comunidades y sus vecinos, en función de mejorar su calidad de vida, en forma sostenible y con una visón integradora de su ámbito territorial. ¿Habrá voluntad política en la Asamblea Nacional para reemprender el camino? Parece difícil. Mucho más en circunstancias electorales y, con un gobierno deseoso de copar todos los espacios posibles.
En todo caso, los movimientos sociales independientes tienen la posibilidad y el reto de reorientar el futuro de los consejos comunales inundándoles de inclusión, de pluralidad, de democracia y de auténtica autonomía ciudadana. Nos toca el turno ahora.
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