RESCATEMOS LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

La democracia participativa constituye la piedra angular del discurso oficial. Sin embargo, después de siete años de gestión gubernamental el proyecto democrático-participativo presenta muchas debilidades y frustraciones.

Las dudas sobre la viabilidad de esta democracia participativa e incluyente comienzan cuando el contexto constitucional y jurídico vigente se estrella con una praxis oficial que no ha sido capaz de garantizar las condiciones políticas e institucionales para el desarrollo de ese nuevo modelo.

La compilación con fines persecutorios, de las identidades y direcciones de aquellos venezolanos que creyeron en los mecanismos revocatorios contemplados en la Constitución Bolivariana, resultó uno de los golpes más arteros que se hayan propiciado jamás a cualquier iniciativa de protagonismo popular. Con la “lista Tascón” o los programas Maisanta (I y II) cientos de miles de venezolanos fueron perseguidos, atemorizados o despedidos por el simple hecho haber solicitado la realización del referendo presidencial en 2004.

¿Cómo predicar sobre la democracia participativa, si encontramos a un grupo de venezolanos exilados, perseguidos o detenidos, por tan sólo atreverse a disentir de las políticas oficiales? La participación ciudadana se basa en la libertad de pensamiento, en la libertad de expresión, en la libertad de elección. Por lo tanto, una verdadero gobierno participativo debería cultivar la tolerancia, y aceptar con humildad que no es depositario del monopolio, ni la propiedad privada de la verdad.

Una democracia participativa tendría que fundamentarse en la transparencia y en la confiabilidad de los mecanismos y las instituciones electorales. Sin embargo, la credibilidad del sistema electoral en nuestro país ha desaparecido para la mayoría de la población.

No hay democracia participativa sin rendición de cuentas del uso de los dineros públicos, ni sin el respeto de las autoridades por la opinión de los ciudadanos. Tampoco la habrá mientras las grandes mayorías no tengan acceso a una administración de justicia oportuna y confiable.

Por todo lo anterior, se hace impostergable la reacción de los movimientos sociales y ciudadanos para “hacer fuerza” y empezar la reconstrucción de la democracia venezolana. Y esa reconstrucción tendrá que realizarse bajo una concepción ética que revalorice la política y la coloque al servicio del bien común, desechando la exclusión social y la persecución ideológica. Y con el respeto a la opinión contraria; pero aplicando y respetando la ley con virtud y honor.

Parece llegado el momento del protagonismo de la sociedad civil. Parece llegada la hora de avanzar hacia la unidad añorada, hacia la prosperidad y la modernidad. Vamos por la gran tarea, de todos aquellos que queremos vivir en democracia, en paz y en libertad.

ACUÉSTATE POR LA VIDA...

Después de una cuenta regresiva, que empezó desde el número 30, las casi 60 mil personas participantes en la manifestación por el derecho a la vida, se acostaron hoy al unísono, a lo largo de la avenida Francisco de Miranda, en el emblemático municipio Chacao del Área Metropolitana de Caracas.

El acto convocado por estudiantes universitarios fue sencillo pero emotivo. Muy emotivo. Por una parte, las miles de personas allí congregadas voluntariamente rendimos tributo y homenaje a los más de 60 mil muertos por homicidios acaecidos en Venezuela en los últimos 7 años. Por la otra, acostados en el pavimento caliente -por el sol de Abril-, expresamos todos unidos el más enérgico rechazo a la cultura de la violencia, a la violación al derecho a la vida y a la incapacidad del Estado venezolano para garantizar la cultura del respeto al otro, de la paz, de la solidaridad y de la tolerancia.

Me sentí bien allí, como uno más, con la mirada perdida en el cielo azul caraqueño, tratando de imaginar y solidarizarme con ese dolor profundo de madres y padres, de hermanos e hijos, de familias mutiladas injustamente por el crimen, por la violencia, por la muerte.

Hoy, 22 de Abril, se cumplió una jornada cívica inolvidable. Jornada en la cual miles de niños y niñas, jóvenes y adultos de Venezuela se reunieron para comenzar -con su protesta-, el rescate de uno de los valores supremos de la humanidad: el derecho a la vida.
(Foto Cheo Pacheco, El Universal)

1ER COLOQUIO METROPOLITANO SOBRE LA LEY DE LOS CONSEJOS COMUNALES

Con notable éxito y gran receptividad se realizó en la Escuela de Vecinos el 1er Coloquio sobre la Ley de Los Consejos Comunales. La dinámica del evento se basó en la lectura, análisis y comentarios de cada artículo de la novísima Ley de los Consejos Comunales por parte de un grupo de panelistas y la participación de numeroso público asistente.

Entre los temas tratados en el evento caben mencionarse la viabilidad de los consejos comunales desde una perspectiva estrictamente vecinal; la contraloría social mediante los consejos comunales, la relación de estas instancias en el marco jurídico municipal y el sistema nacional de planificación; y su vinculación con los Consejos Locales de Planificación Pública y el Consejo Metropolitano de Planificación de Políticas Públicas.

El coloquio contó con la moderación de Elías Santana, de la Escuela de Ciudadanos y Lucio Segovia, Defensor del Lector en el diario El Nacional. Los panelistas invitados fueron Déborah Van Berkel, coordinadora del Grupo Social Cesap; Iván Zambrano, profesor del Cepac de la Universidad Central de Venezuela (UCV); Aixa Armas, coordinadora nacional de Gente de Soluciones; Oscar Bastidas Delgado, cooperativista y director del Cepac de la Universidad Central de Venezuela (UCV); Luz Elena Aldasoro; de la Fundación Momento de la Gente; Maribel Ferrer, de la Asociación Queremos Elegir y vocera electa al Consejo Metropolitano de Políticas Públicas; y Miguel González Marregot; representante de la sociedad civil en el Consejo Local de Planificación Pública de Baruta.

Por último, merece destacarse igualmente la asistencia de dirigentes y líderes comunitarios de toda el área sociodemográfica de la “Gran Caracas”, lo cual contribuyó al enriquecimiento del debate y al intercambio de experiencias en el tema de organización de los Consejos Comunales.

GOBIERNO Y CIUDADANÍA ALREDEDOR DE UN CONSEJO, ...COMUNAL

La posibilidad de que la población participe en la gestión de gobierno es un propósito loable y positivo. Las formas clásicas de participación popular son el ejercicio del sufragio para la elección de autoridades públicas y el pago de impuestos (directos o indirectos) para la financiación de la gestión estatal. En Venezuela, con la Constitución Bolivariana se trató de superar ese modelo; mediante la inclusión de los ciudadanos en la formación, ejecución y control de los asuntos gubernamentales. Sobre ese supuesto, el gobierno nacional, se lanza ahora a otra “aventura participativa” con los consejos comunales. La propuesta de los consejos comunales llega después de siete años de actividad gubernamental, durante los cuales los órganos constitucionales de participación han sido ignorados, una y otra vez.

Desde la óptica del alto gobierno, la creación de los consejos comunales obedece a una simple razón: el bajo rendimiento de los gestores públicos. No hay otra razón. Porque la baja calidad de las ejecutorias gubernamentales comienza a erosionar severamente la base popular del régimen. Y es que después de 7 años los resultados exitosos son escasos. Con apenas 120 mil viviendas construidas en ese lapso; por ejemplo, nadie puede andarse pavoneando de haber realizado revolución alguna.

De allí que, la apuesta por “incluir” a la población por medio de los consejos comunales en los procesos de formación, ejecución, control y evaluación de las políticas públicas resulte atractiva para un gobierno atrapado por su discurso y presionado por las crecientes expectativas populares.

En tal sentido, el gobierno busca tomar un respiro ante la creciente oposición social, que lejos de consignas quiere, exige y demanda la resolución concreta de sus problemas de vivienda, empleo, seguridad, educación y salud por tan sólo mencionar algunos temas.

Por otra parte y como beneficio colateral, la creación de los consejos comunales le brinda una “oportunidad de oro” al gobierno para capturar a los movimientos autónomos de la sociedad. El control de estos movimientos sociales resulta importante -por la postura crítica que mantienen- y, porque se han convertido, en un bloque alternativo de oposición al régimen. Al respecto, debemos recordar que después de la abstención ocurrida en las elecciones de Diciembre pasado, los partidos de la oposición quedaron casi desaparecidos. En este contexto, el control de los movimientos cívicos resulta muy atractivo para un gobierno con claras señales de desgaste.

Desde otra visión, el establecimiento de una red de consejos comunales ciudadanos, autónomos e incluyentes, representaría un verdadero riesgo para el gobierno. Con estricto apego a la Ley de los Consejos Comunales, los ciudadanos pueden estructurar sus planes comunales de desarrollo, pero también pueden exigir con todo derecho los recursos financieros y no financieros para su realización. ¿Estará consciente el gobierno central, en el tamaño lío presupuestario y financiero en que se ha metido?

Cabe agregar que, el gobierno debe garantizar que la Comisión Presidencial Nacional del Poder Popular y, que cada una de sus 23 comisiones regionales y de sus 337 comisiones locales tramiten bajo los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad cada una de las ideas, propuestas y proyectos que cada consejo comunal les presente. Y esto es ineludible.

Sobre este punto, los sectores populares ya conocen como ha venido funcionando la burocracia pública revolucionaria. Sí, esa burocracia ineficaz e ineficiente que ignora sus quejas, que difiere sus propuestas, que extravía sus solicitudes o que cobra por su tramitación. Por ende, será dificultoso que las comunidades y el pueblo organizado no exijan el adecuado cumplimiento de los compromisos adquiridos entre el Poder Nacional y los Consejos Comunales.

La Ley de los Consejos Comunales fue aprobada a la carrera. Cometiendo errores y omisiones conceptuales y constitucionales. Un hecho grave en todo ese proceso fue el notable silencio o indiferencia de alcaldes, concejales y miembros de las juntas parroquiales. Sin lugar a dudas, fueron los ciudadanos y ciudadanas de a pie, quienes dieron la pelea de manera contributiva y propositiva ante una Asamblea Nacional sorda y soberbia, incapaz de reconocer sus equivocaciones. Pues bien, seremos de nuevo los vecinos y vecinas quienes emprenderemos el camino para que los consejos comunales sean constituidos de manera democrática, plural e incluyente y porque una de esas comisiones presidenciales funcionen de acuerdo a la Constitución y la leyes. Esa será la apuesta ciudadana...

EL SEÑOR SINDONI, LOS NIÑOS FADDOUL, EL SEÑOR RIVAS, EL PERIODISTA AGUIRRE Y 60 MIL VÍCTIMAS MÁS

Con gran dolor Venezuela conoció ayer el asesinato de los tres niños Faddoul y de su acompañante al momento de ser secuestrados el señor Rivas Guerra, padre también de dos niñas menores de edad. Además, el mismo día de ayer miércoles fue asesinado impunemente el reportero gráfico Jorge Aguirre. La semana pasada fue encontrado muerto el empresario de ascendencia italiana Filipo Sindoni, quien había sido secuestrado. Todos estos casos tristes, deprimentes e injustificables sólo enlutan y enervan aún más a las familias venezolanas que han visto con horror como ya suman más de 60 mil los decesos ocurridos producto de hechos delictivos en los últimos siete años.

¿Cómo podemos hablar entonces de participación, de libertad, de inclusión y de democracia, en medio de la más brutal depredación de la vida de inocentes, de gente trabajadora, de gente que tan sólo desea vivir en paz? En Venezuela la vida pareciera que no vale nada.

El fracaso de las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana es inocultable. El gobierno no tiene excusa, no tiene justificación. Y la salida torpe de inculpar a los medios de comunicación social, por mantener informada a la ciudadanía, sólo reitera la incapacidad del mismo gobierno cada día menos identificado con la realidad que padecemos los venezolanos.

Repudiamos toda violación de los derechos humanos. Alto a la indefensión que padecemos los venezolanos y venezolanas, y todos los habitantes del país. Basta ya de impunidad.

Queremos vivir en paz, en democracia, en libertad y con justicia, con justicia, con justicia...

FORMAS ASOCIATIVAS NO ESTATALES: LOS COMITÉS DE SALUD DE LA MISIÓN BARRIO ADENTRO

El marco constitucional vigente en Venezuela consagra la cogestión corresponsable de la actividad gubernamental entre la sociedad civil y el Estado. Este planteamiento formal –en una versión laxa- ha sido la guía para el abordaje y tratamiento público de ciertos temas de interés colectivo y sobre todo social, como el caso de la salud o la vivienda; entre otros.

El co-gobierno en Venezuela implicaría la inclusión de la ciudadanía en la formación, ejecución y control de las políticas públicas. Por supuesto, y aunque haya ciertas dificultades técnicas para emprender una evaluación institucional profunda, podemos afirmar que luego de casi siete años de aprobado el texto fundamental que, consagra el protagonismo cívico en el gobierno, sus mayores logros se concentran en la gestión u operación de ciertos programas públicos como la salud; mediante programas específicos como “Barrio Adentro”.

Y es que en realidad, el Estado venezolano, y más aún su administración pública ha sido incapaz o desinteresada en desarrollar mecanismos destinados a incentivar la participación popular en el diseño (planificación) y posterior control (contraloría social).

Los comités salud constituyen formas asociativas no estatales destinadas, -en este caso-, a dar soporte comunitario a la misión Barrio Adentro. Es decir, representarían la concreción de la corresponsabilidad y la gestión compartida en el binomio Estado-sociedad civil en el sector salud y en un ámbito territorial comunitario. Sin embargo, eso no conlleva a que los integrantes del comité de salud tengan acceso a los niveles de decisión, aunque sí a las funciones de dotación y de control de los consultorios populares.

Los miembros de los comités de salud, -mayoritariamente conformados por mujeres-, pueden ser electos o no en asambleas de vecinos. Estos comités se constituyen en mediaciones entre las comunidades y la prestación del servicio de atención sanitaria que brinda el Estado.

Los comités de salud poseen sus fortalezas. Por ejemplo, se enmarcan dentro de los propósitos constitucionales. Así mismo, representan un elemento de inclusión social. Propician la participación de ciudadanos y ciudadanas en la gestión de las políticas públicas y fomentan el capital social en las comunidades.

Por otra parte, los comités de salud presentan también sus puntos débiles. Uno de ellos es el alto requerimiento organizativo para mantener su operatividad. En otras palabras, se necesita de una gran inversión de tiempo y de capacidades institucionales para atender una red desconcentrada que, para el pasado año alcanzaba ya los 8.500 centros en todo el país. De igual manera, la gestión sanitaria pública puede caer en la dispersión y/o descoordinación de esfuerzos institucionales. En la actividad de los comités de salud se ha venido manifestando el clientelismo político por su exacerbada identificación con los “propósitos revolucionarios” del gobierno de turno.

En algunas zonas, se nota un rendimiento decreciente de los comités sanitarios debido a la fatiga de su voluntariado. Este a veces, es reclamado por otras iniciativas comunitarias como las mesas técnicas (las hay de diversos temas como el agua o la energía; por ejemplo) o los comités de tierra. Por otra parte, el mismo voluntariado está obligado a atender su propia rutina personal.

Y es que resulta complicado mantener una actividad constante y diaria sin mayores incentivos que lograr el “bienestar del colectivo”. No hay que olvidar que el esfuerzo individual en función del bien común tiene un límite, difuso pero real.

Por último, el desempeño de los comités de salud es severamente afectado por el rendimiento de las instituciones públicas responsables de la operatividad de cada centro popular de salud. La ineficacia oficial es el elemento disuasivo más mortal para las iniciativas vecinales, en este campo.