RESCATEMOS LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

La democracia participativa constituye la piedra angular del discurso oficial. Sin embargo, después de siete años de gestión gubernamental el proyecto democrático-participativo presenta muchas debilidades y frustraciones.

Las dudas sobre la viabilidad de esta democracia participativa e incluyente comienzan cuando el contexto constitucional y jurídico vigente se estrella con una praxis oficial que no ha sido capaz de garantizar las condiciones políticas e institucionales para el desarrollo de ese nuevo modelo.

La compilación con fines persecutorios, de las identidades y direcciones de aquellos venezolanos que creyeron en los mecanismos revocatorios contemplados en la Constitución Bolivariana, resultó uno de los golpes más arteros que se hayan propiciado jamás a cualquier iniciativa de protagonismo popular. Con la “lista Tascón” o los programas Maisanta (I y II) cientos de miles de venezolanos fueron perseguidos, atemorizados o despedidos por el simple hecho haber solicitado la realización del referendo presidencial en 2004.

¿Cómo predicar sobre la democracia participativa, si encontramos a un grupo de venezolanos exilados, perseguidos o detenidos, por tan sólo atreverse a disentir de las políticas oficiales? La participación ciudadana se basa en la libertad de pensamiento, en la libertad de expresión, en la libertad de elección. Por lo tanto, una verdadero gobierno participativo debería cultivar la tolerancia, y aceptar con humildad que no es depositario del monopolio, ni la propiedad privada de la verdad.

Una democracia participativa tendría que fundamentarse en la transparencia y en la confiabilidad de los mecanismos y las instituciones electorales. Sin embargo, la credibilidad del sistema electoral en nuestro país ha desaparecido para la mayoría de la población.

No hay democracia participativa sin rendición de cuentas del uso de los dineros públicos, ni sin el respeto de las autoridades por la opinión de los ciudadanos. Tampoco la habrá mientras las grandes mayorías no tengan acceso a una administración de justicia oportuna y confiable.

Por todo lo anterior, se hace impostergable la reacción de los movimientos sociales y ciudadanos para “hacer fuerza” y empezar la reconstrucción de la democracia venezolana. Y esa reconstrucción tendrá que realizarse bajo una concepción ética que revalorice la política y la coloque al servicio del bien común, desechando la exclusión social y la persecución ideológica. Y con el respeto a la opinión contraria; pero aplicando y respetando la ley con virtud y honor.

Parece llegado el momento del protagonismo de la sociedad civil. Parece llegada la hora de avanzar hacia la unidad añorada, hacia la prosperidad y la modernidad. Vamos por la gran tarea, de todos aquellos que queremos vivir en democracia, en paz y en libertad.