El marco constitucional vigente en Venezuela consagra la cogestión corresponsable de la actividad gubernamental entre la sociedad civil y el Estado. Este planteamiento formal –en una versión laxa- ha sido la guía para el abordaje y tratamiento público de ciertos temas de interés colectivo y sobre todo social, como el caso de la salud o la vivienda; entre otros.
El co-gobierno en Venezuela implicaría la inclusión de la ciudadanía en la formación, ejecución y control de las políticas públicas. Por supuesto, y aunque haya ciertas dificultades técnicas para emprender una evaluación institucional profunda, podemos afirmar que luego de casi siete años de aprobado el texto fundamental que, consagra el protagonismo cívico en el gobierno, sus mayores logros se concentran en la gestión u operación de ciertos programas públicos como la salud; mediante programas específicos como “Barrio Adentro”.
Y es que en realidad, el Estado venezolano, y más aún su administración pública ha sido incapaz o desinteresada en desarrollar mecanismos destinados a incentivar la participación popular en el diseño (planificación) y posterior control (contraloría social).
Los comités salud constituyen formas asociativas no estatales destinadas, -en este caso-, a dar soporte comunitario a la misión Barrio Adentro. Es decir, representarían la concreción de la corresponsabilidad y la gestión compartida en el binomio Estado-sociedad civil en el sector salud y en un ámbito territorial comunitario. Sin embargo, eso no conlleva a que los integrantes del comité de salud tengan acceso a los niveles de decisión, aunque sí a las funciones de dotación y de control de los consultorios populares.
Los miembros de los comités de salud, -mayoritariamente conformados por mujeres-, pueden ser electos o no en asambleas de vecinos. Estos comités se constituyen en mediaciones entre las comunidades y la prestación del servicio de atención sanitaria que brinda el Estado.
Los comités de salud poseen sus fortalezas. Por ejemplo, se enmarcan dentro de los propósitos constitucionales. Así mismo, representan un elemento de inclusión social. Propician la participación de ciudadanos y ciudadanas en la gestión de las políticas públicas y fomentan el capital social en las comunidades.
Por otra parte, los comités de salud presentan también sus puntos débiles. Uno de ellos es el alto requerimiento organizativo para mantener su operatividad. En otras palabras, se necesita de una gran inversión de tiempo y de capacidades institucionales para atender una red desconcentrada que, para el pasado año alcanzaba ya los 8.500 centros en todo el país. De igual manera, la gestión sanitaria pública puede caer en la dispersión y/o descoordinación de esfuerzos institucionales. En la actividad de los comités de salud se ha venido manifestando el clientelismo político por su exacerbada identificación con los “propósitos revolucionarios” del gobierno de turno.
En algunas zonas, se nota un rendimiento decreciente de los comités sanitarios debido a la fatiga de su voluntariado. Este a veces, es reclamado por otras iniciativas comunitarias como las mesas técnicas (las hay de diversos temas como el agua o la energía; por ejemplo) o los comités de tierra. Por otra parte, el mismo voluntariado está obligado a atender su propia rutina personal.
Y es que resulta complicado mantener una actividad constante y diaria sin mayores incentivos que lograr el “bienestar del colectivo”. No hay que olvidar que el esfuerzo individual en función del bien común tiene un límite, difuso pero real.
Por último, el desempeño de los comités de salud es severamente afectado por el rendimiento de las instituciones públicas responsables de la operatividad de cada centro popular de salud. La ineficacia oficial es el elemento disuasivo más mortal para las iniciativas vecinales, en este campo.
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