GOBIERNO Y CIUDADANÍA ALREDEDOR DE UN CONSEJO, ...COMUNAL

La posibilidad de que la población participe en la gestión de gobierno es un propósito loable y positivo. Las formas clásicas de participación popular son el ejercicio del sufragio para la elección de autoridades públicas y el pago de impuestos (directos o indirectos) para la financiación de la gestión estatal. En Venezuela, con la Constitución Bolivariana se trató de superar ese modelo; mediante la inclusión de los ciudadanos en la formación, ejecución y control de los asuntos gubernamentales. Sobre ese supuesto, el gobierno nacional, se lanza ahora a otra “aventura participativa” con los consejos comunales. La propuesta de los consejos comunales llega después de siete años de actividad gubernamental, durante los cuales los órganos constitucionales de participación han sido ignorados, una y otra vez.

Desde la óptica del alto gobierno, la creación de los consejos comunales obedece a una simple razón: el bajo rendimiento de los gestores públicos. No hay otra razón. Porque la baja calidad de las ejecutorias gubernamentales comienza a erosionar severamente la base popular del régimen. Y es que después de 7 años los resultados exitosos son escasos. Con apenas 120 mil viviendas construidas en ese lapso; por ejemplo, nadie puede andarse pavoneando de haber realizado revolución alguna.

De allí que, la apuesta por “incluir” a la población por medio de los consejos comunales en los procesos de formación, ejecución, control y evaluación de las políticas públicas resulte atractiva para un gobierno atrapado por su discurso y presionado por las crecientes expectativas populares.

En tal sentido, el gobierno busca tomar un respiro ante la creciente oposición social, que lejos de consignas quiere, exige y demanda la resolución concreta de sus problemas de vivienda, empleo, seguridad, educación y salud por tan sólo mencionar algunos temas.

Por otra parte y como beneficio colateral, la creación de los consejos comunales le brinda una “oportunidad de oro” al gobierno para capturar a los movimientos autónomos de la sociedad. El control de estos movimientos sociales resulta importante -por la postura crítica que mantienen- y, porque se han convertido, en un bloque alternativo de oposición al régimen. Al respecto, debemos recordar que después de la abstención ocurrida en las elecciones de Diciembre pasado, los partidos de la oposición quedaron casi desaparecidos. En este contexto, el control de los movimientos cívicos resulta muy atractivo para un gobierno con claras señales de desgaste.

Desde otra visión, el establecimiento de una red de consejos comunales ciudadanos, autónomos e incluyentes, representaría un verdadero riesgo para el gobierno. Con estricto apego a la Ley de los Consejos Comunales, los ciudadanos pueden estructurar sus planes comunales de desarrollo, pero también pueden exigir con todo derecho los recursos financieros y no financieros para su realización. ¿Estará consciente el gobierno central, en el tamaño lío presupuestario y financiero en que se ha metido?

Cabe agregar que, el gobierno debe garantizar que la Comisión Presidencial Nacional del Poder Popular y, que cada una de sus 23 comisiones regionales y de sus 337 comisiones locales tramiten bajo los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad cada una de las ideas, propuestas y proyectos que cada consejo comunal les presente. Y esto es ineludible.

Sobre este punto, los sectores populares ya conocen como ha venido funcionando la burocracia pública revolucionaria. Sí, esa burocracia ineficaz e ineficiente que ignora sus quejas, que difiere sus propuestas, que extravía sus solicitudes o que cobra por su tramitación. Por ende, será dificultoso que las comunidades y el pueblo organizado no exijan el adecuado cumplimiento de los compromisos adquiridos entre el Poder Nacional y los Consejos Comunales.

La Ley de los Consejos Comunales fue aprobada a la carrera. Cometiendo errores y omisiones conceptuales y constitucionales. Un hecho grave en todo ese proceso fue el notable silencio o indiferencia de alcaldes, concejales y miembros de las juntas parroquiales. Sin lugar a dudas, fueron los ciudadanos y ciudadanas de a pie, quienes dieron la pelea de manera contributiva y propositiva ante una Asamblea Nacional sorda y soberbia, incapaz de reconocer sus equivocaciones. Pues bien, seremos de nuevo los vecinos y vecinas quienes emprenderemos el camino para que los consejos comunales sean constituidos de manera democrática, plural e incluyente y porque una de esas comisiones presidenciales funcionen de acuerdo a la Constitución y la leyes. Esa será la apuesta ciudadana...