El fracaso de las políticas públicas en materia de seguridad es innegable. Los índices de inseguridad han aumentado de manera explosiva. Proporcionalmente, la evaluación de la ciudadanía sobre la gestión de los organismos policiales es ampliamente negativa. Frente a esto, el gobierno nacional ha emprendido un proceso de reforma del aparato público policial que incluye, -como innovación trascendente-, la realización de un proceso de consulta pública.
La propuesta de recoger la opinión de la población en un tema tan importante como la seguridad es un acierto. De ello, no hay dudas. La incertidumbre se produce por la capacidad que tenga el Ministerio de Interior y Justicia, de procesar -de manera técnica y objetiva-, las observaciones formuladas por la ciudadanía. De lo contrario, todo será un esfuerzo perdido.
Los servicios policiales deben recuperar su institucionalidad para cumplir con su verdadera misión de protección de la ciudadanía y la protección del orden público, con estricto cumplimiento de la Constitución Nacional y del ordenamiento jurídico vigentes. Se trata de lograr que, la acción policial se encuentre al alcance de todos los ciudadanos y ciudadanas, sin consideraciones ideológicas, políticas, ni discriminaciones de carácter étnico, religioso, económico, social o de cualquier otro tipo. En pocas palabras, las policías deben responder a la sociedad y sus ciudadanos; y no a intereses o visiones parciales de la realidad.
La recomposición institucional de los servicios policiales también implica necesariamente su revalorización como actividad pública. La prestación de un servicio tan importante para la vida cotidiana no debe reducirse a un asunto meramente represivo. Una propuesta de reforma policial debe fundamentarse en un concepto ético, responsable y de transparencia y rendición de cuentas. Entre otras cosas, porque los servicios policiales y sus agentes son la encarnación más cercana de la justicia que posee y encuentra cada ciudadano, cada vecino y cada habitante de este país. Por lo tanto, la institución policial tiene que inspirar confianza.
Por otra parte, el agente policial también requiere una revalorización. Y es que, la profesión de policia no es muy sencilla que se diga. Un policía debe estar capacitado para ayudar a una viejita a cruzar una calle, hasta exponer su vida para defender la de otra persona. En tal sentido, los agentes policiales además de una formación ética, legal y técnica deben contar con el respaldo de la instituciones a las cuales pertenecen. Es decir, los policías merecen una mejor remuneración, una óptima asistencia médica y social para sí mismo y sus familiares; y un adecuado sistema de incentivos por su rendimiento operativo. El sistema de reclutamiento y selección de los cuerpos policiales es otro factor importante dentro de su proceso de reforma, porque no todas las personas tienen actitudes y valores para convertirse en un agente del orden público. Además, el desempeño de este tipo de funciones requiere cierto tipo de cualidades psicológicas que tendrían que ser cuidadosamente evaluadas en cada aspirante.
Otro elemento sustancial dentro la reforma del sistema policial es el referido a sus mecanismos de evaluación del desempeño y de control interno. La gestión de las políticas públicas -en materia de seguridad ciudadana-, requiere estrictos controles para evitar y corregir las desviaciones provenientes de un entorno generalmente conflictivo y sórdido. Los casos de corrupción policial en nuestro país son denunciados con frecuencia; así como las ejecuciones extra-judiciales o excesos cometidos con víctimas y victimarios. Afrontar estas desviaciones en la prestación del servicio de seguridad ciudadana constituyen uno de los retos más grandes que debe afrontar la Comisión Nacional para la Reforma Policial.
Existen otros aspectos sumamente importantes aunque menos conocidos dentro del tema de la reforma policial. Así tenemos, todo lo referido a la gerencia del sistema policial. Es decir, un proyecto de reforma integral del sistema policial tiene obligatoriamente que contemplar la optimización de su cuerpo directivo. Una nueva policía exige una dirección profesionalizada y actualizada; tanto en los aspectos específicos de ese sector como en aquellos referidos a la administración, propiamente dicha. Una policía eficaz demanda de recursos presupuestarios suficientes y bien administrados. Así también la reforma policial exige una actualización y renovación tecnológica que le permita combatir de manera eficaz a la delincuencia común y al crimen organizado.
Y por fin, la reforma de la policía, (y aunque parezca contradictorio) necesitará tiempo y constancia para que su diseño y ejecución rindan resultados positivos. Por último, desde un punto de vista ciudadano se exigirá que la reforma policial se realice con una visión ética donde predomine la valoración de la vida, de la justicia, de la inclusión, de la democracia, de la paz y de la libertad
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