Las elecciones regionales del próximo mes de Noviembre confrontarán dos visiones de la gestión gubernamental. Una visión -la revolucionaria-, que privilegia el intervencionismo estatal y la concentración de la toma de decisiones sobre los asuntos de interés colectivo. La otra visión de gobierno –la democrática- que se fundamentaría en la corresponsabilidad del binomio Estado-sociedad y en la participación ciudadana en la formación, gestión y control de los temas públicos.
La visión revolucionaria y socialista, que promociona el bloque oficialista, es de corte intervencionista porque concibe al Estado como una entidad hegemónica frente al resto de la sociedad y le otorga además el principal protagonismo como motor del desarrollo económico-social, por encima de la iniciativa privada y comunitaria.
La propuesta oficialista propone la concentración de atribuciones y de potestades decisorias en la cúpula del Ejecutivo Nacional, por lo que propende cada vez más hacia la instalación de un modelo de gestión centralista con desapego a los mandatos constitucionales –reafirmados por la mayoría de la población venezolana el pasado 2 de Diciembre-, que prescriben un modelo de gobierno federal y descentralizado. Es decir, según esta concepción del país, bastaría con imponer las políticas públicas “de arriba hacia abajo”; desde el poder central hacia las regiones para alcanzar el desarrollo.
El enfoque alternativo que concurre a las elecciones regionales, se fundamentaría en una visión compartida e incluyente de las políticas, programas y proyectos para impulsar el desarrollo del país y de cada una de las entidades federales que conforman la República Bolivariana de Venezuela. En este caso, el binomio Estado-sociedad tendría que actuar de manera coordinada y cooperante dentro de un marco regulatorio en el que tanto las autoridades públicas como las expresiones asociativas privadas desempeñen su papel con trasparencia y corresponsabilidad.
Por otra parte, esta misma percepción del desarrollo del país valora la gestión descentralizada en tres momentos diferentes, a saber: desde el poder nacional hacia los estados y municipios; desde las entidades federales hacia los municipios y, por último desde los estados y municipios hacia nuevos sujetos de descentralización como las organizaciones no gubernamentales o las comunidades organizadas. Resulta obvio que, esta versión de gobierno descentralizado aparenta ser más complicada que aquella del centralismo simplista y ramplón. Empero, la descentralización de la gestión pública supone una profundización de las actividades públicas, con la promoción de la participación popular, la transparencia y una mayor cercanía entre las autoridades públicas y la ciudadanía.
No deja ser pintoresco y lamentable observar que, el substrato fundamental de la campaña oficialista será la promoción de los logros de una revolución que vive en el imaginario de la alta burocracia pública nacional, en desmedro de las auténticas necesidades de los estados y los municipios. A esa campaña y a los candidatos oficialistas, tendrán que enfrentarse de manera cívica, constructiva y propositiva, todos aquellos aspirantes tanto a gobernaciones como a alcaldías que de verdad aspiren a restablecer el equilibrio democrático en el país, rescatando para los electores de sus regiones y localidades, las instituciones gubernamentales que quieren ser secuestradas por una propuesta centralista contraria a la Constitución vigente.
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