El bloque oficialista ha emprendido su ofensiva en todos los frentes de actividad pública y, sin escatimar recursos de ningún tipo. La razón es muy sencilla: se trata de “salvar la revolución”, herida de muerta después del resultado del referendo de Diciembre de 2007. No cabe duda que, el bloque gubernamental busca aminorar los efectos devastadores de su muy probable derrota en las elecciones de Noviembre, en las principales gobernaciones, alcaldías metropolitanas y municipales del país. Unos resultados electorales que expresen la recuperación de espacios institucionales por las fuerzas democráticas comprometerían; aún más, la viabilidad del socialismo bolivariano en Venezuela.
El bloque oficialista, emprendió su ofensiva mediante la articulación de un conjunto de acciones organizativas y políticas tendentes a su relanzamiento en el escenario político nacional, luego de la derrota del 2-D. La estructuración del partido único fue una de esas medidas; al igual que la selección de sus candidatos socialistas a gobernaciones y alcaldías; mediante unas “primarias”; es decir, con ello se trató de otorgar un soporte organizativo a la participación oficial en las elecciones regionales. Las inhabilitaciones inconstitucionales de ciertas candidaturas opositoras, con grandes perspectivas de triunfo como la de Leopoldo López en el Distrito Metropolitano de Caracas o la de William Méndez en el estado Táchira; así como también la de Enrique Mendoza, en el estado Miranda, representan una medida con la cual régimen trata de favorecer a sus candidatos en circunscripciones claves. El control de más del cincuenta por ciento de las mesas electorales del país; por parte del Partico Unido Socialista de Venezuela (PSUV); como parte de esta ofensiva, trata de otorgar un nuevo sesgo ventajista para los intereses del gobierno.
La estrategia revolucionaria también contó con un componente internacional. La tregua impulsada con el gobierno del Presidente de Colombia Álvaro Uribe y las visitas presidenciales realizadas a España y Portugal guardan estrecha relación con la necesidad de “bajar tensiones” a los numerosos electores que residen en Venezuela. Además, la política internacional de la revolución ha venido perdiendo fuerza y relevancia pese a la inmensa masa de recursos financieros que se invierten en la promoción del gobierno. Por otra parte, el gobierno, requiere para su discurso electoral interno mantener una imagen de “liderazgo internacional” indiscutido.
El paquetón de veintiséis leyes -decretado vía habilitante-, viene a ser otro elemento de la ofensiva revolucionaria. Su propósito es muy simple: abrir posibilidades legales para el avance del modelo autoritario, centralista y concentrador de poder que se impulsa desde el gobierno nacional. Nada más. Sin embargo, la eficacia política de esta nueva ofensiva revolucionaria emprendida en el marco de las “tres erres” anunciadas por el Presidente de la República a principios del año en curso; aún está por verse. Y es que en ocasiones, los líderes políticos, inmersos en su protagonismo mesiánico, olvidan que los pueblos no son pasivos; sino que también llevan su propia cuenta y así como otorgan popularidad y poder; también pueden quitarlo como parte de una contraofensiva democrática, constitucional y electoral.
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