Deberá nacer una madeja de empresas donde no habrá reparto de ganancias
VÍCTOR SALMERÓN | EL UNIVERSAL
lunes 9 de diciembre de 2013 12:00 AM
El Plan de la Patria, el documento que Nicolás Maduro ha asumido como hoja de ruta, contempla "desarrollar el sistema económico comunal", que por definición deberá reducir las competencias de los alcaldes y concejales elegidos ayer mediante el voto popular.
Una de las piezas clave del nuevo sistema, que ya cuenta con todas las leyes para su funcionamiento, es que las empresas comunales de propiedad social, administradas de forma colectiva por individuos sin fines de lucro, manejen recursos y asuman una larga lista de funciones que hasta ahora han pertenecido al poder público nacional, gobernaciones y alcaldías.
El artículo 11 de la Ley Orgánica para la Gestión Comunitaria de Competencias señala que al "inicio de cada año", los "órganos del poder público nacional, los estados y municipios, deberán presentar a la Secretaría del Consejo Federal de Gobierno un plan anual de transferencia de gestión de servicios, actividades, bienes y recursos".
Las competencias a transferir son extensas. Entre las más importantes destacan el mantenimiento de establecimientos de atención primaria de salud, de centros educativos, y de instalaciones deportivas y culturales; además de la administración de programas sociales y áreas industriales, recolección de desechos sólidos, construcción de obras comunitarias, administración y prestación de servicios públicos, prestación de servicios financieros, así como la producción y distribución de alimentos.
La visión de Hugo Chávez, quien dejó como principal legado a sus seguidores el Plan de la Patria, es que el socialismo nacerá en las empresas que asumirán las competencias, ya que se tratará de compañías donde sus integrantes "no tienen derecho o participación sobre el patrimonio" y el reparto de ganancias, que en la Ley se menciona como "excedentes económicos", cuando existan, "se hará a través de la reinversión social en beneficio de la colectividad".
Además en estas empresas los mecanismos de toma de decisiones y la elección de la directiva se harán a través de "asambleas populares, referendos y otras formas de participación popular".
Las empresas comunales no podrán asociarse con "sociedades mercantiles o compañías de comercio" y en caso de ser liquidadas los bienes no podrán permanecer en manos de nadie en particular, serán de propiedad social.
Las gobernaciones y alcaldías están obligadas a entregar los recursos a la empresa comunal para que cumpla con la función que se transfiere y realizar las previsiones para que haya continuidad durante los próximos ejercicios fiscales.
Los recursos para las empresas comunales también podrán fluir desde el Fondo de Compensación Interterritorial, una alcancía que recibe 15% de lo que el Estado obtiene por IVA, otros desembolsos por la Ley de Asignaciones Económicas Especiales y transferencias del Ejecutivo.
Todo apunta a que estas empresas donde no habrá aporte de capital ni reparto de ganancias no serán más que compañías públicas que dependerán del dinero del Estado.
El Plan de la Patria señala expresamente la necesidad de "mantener e incrementar los sistemas de compras públicas" con el objetivo de desarrollar, entre otras iniciativas, a las empresas comunales.
El proyecto de economía comunal abarca mucho más que la transferencia de competencias. El rompecabezas diseñado en las leyes indica que las comunas serán formadas por agrupaciones de ciudadanos organizados conocidos como consejos comunales, a su vez, cada comuna tendrá empresas, mientras que el banco comunal administrará el dinero que fluirá desde el Estado y el parlamento comunal, aprobará las normas que aparecerán en la gaceta comunal.
El Plan de la Patria, respaldado por la Asamblea Nacional se dispone a "acelerar la conformación los Consejos Comunales a nivel nacional, garantizando la cobertura del 70% de la población total venezolana organizada en Consejos Comunales para el año 2019".
vsalmeron@eluniversal.com
Una de las piezas clave del nuevo sistema, que ya cuenta con todas las leyes para su funcionamiento, es que las empresas comunales de propiedad social, administradas de forma colectiva por individuos sin fines de lucro, manejen recursos y asuman una larga lista de funciones que hasta ahora han pertenecido al poder público nacional, gobernaciones y alcaldías.
El artículo 11 de la Ley Orgánica para la Gestión Comunitaria de Competencias señala que al "inicio de cada año", los "órganos del poder público nacional, los estados y municipios, deberán presentar a la Secretaría del Consejo Federal de Gobierno un plan anual de transferencia de gestión de servicios, actividades, bienes y recursos".
Las competencias a transferir son extensas. Entre las más importantes destacan el mantenimiento de establecimientos de atención primaria de salud, de centros educativos, y de instalaciones deportivas y culturales; además de la administración de programas sociales y áreas industriales, recolección de desechos sólidos, construcción de obras comunitarias, administración y prestación de servicios públicos, prestación de servicios financieros, así como la producción y distribución de alimentos.
La visión de Hugo Chávez, quien dejó como principal legado a sus seguidores el Plan de la Patria, es que el socialismo nacerá en las empresas que asumirán las competencias, ya que se tratará de compañías donde sus integrantes "no tienen derecho o participación sobre el patrimonio" y el reparto de ganancias, que en la Ley se menciona como "excedentes económicos", cuando existan, "se hará a través de la reinversión social en beneficio de la colectividad".
Además en estas empresas los mecanismos de toma de decisiones y la elección de la directiva se harán a través de "asambleas populares, referendos y otras formas de participación popular".
Las empresas comunales no podrán asociarse con "sociedades mercantiles o compañías de comercio" y en caso de ser liquidadas los bienes no podrán permanecer en manos de nadie en particular, serán de propiedad social.
Las gobernaciones y alcaldías están obligadas a entregar los recursos a la empresa comunal para que cumpla con la función que se transfiere y realizar las previsiones para que haya continuidad durante los próximos ejercicios fiscales.
Los recursos para las empresas comunales también podrán fluir desde el Fondo de Compensación Interterritorial, una alcancía que recibe 15% de lo que el Estado obtiene por IVA, otros desembolsos por la Ley de Asignaciones Económicas Especiales y transferencias del Ejecutivo.
Todo apunta a que estas empresas donde no habrá aporte de capital ni reparto de ganancias no serán más que compañías públicas que dependerán del dinero del Estado.
El Plan de la Patria señala expresamente la necesidad de "mantener e incrementar los sistemas de compras públicas" con el objetivo de desarrollar, entre otras iniciativas, a las empresas comunales.
El proyecto de economía comunal abarca mucho más que la transferencia de competencias. El rompecabezas diseñado en las leyes indica que las comunas serán formadas por agrupaciones de ciudadanos organizados conocidos como consejos comunales, a su vez, cada comuna tendrá empresas, mientras que el banco comunal administrará el dinero que fluirá desde el Estado y el parlamento comunal, aprobará las normas que aparecerán en la gaceta comunal.
El Plan de la Patria, respaldado por la Asamblea Nacional se dispone a "acelerar la conformación los Consejos Comunales a nivel nacional, garantizando la cobertura del 70% de la población total venezolana organizada en Consejos Comunales para el año 2019".
vsalmeron@eluniversal.com
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