lunes, marzo 03, 2014

SOBRE LA CRISIS VENEZOLANA DE FEBRERO DE 2014


 

Venezuela ha entrado en una crisis de gobernabilidad, acelerada por el tratamiento autoritario y represivo; por parte del gobierno a las protestas estudiantiles. Y así, un país que ya mostraba un amplio y creciente descontento popular ante la manifiesta incapacidad estatal para atender problemas como: la alta inflación (56% al cierre de 2013), la escasez de alimentos, la carestía y los altos índices de inseguridad pública entró en una espiral conflictiva. La crisis detonó una urgente necesidad de diálogo. Esta posibilidad de diálogo podría ser rebasada por la consolidación de un clima de incertidumbre y polarización.
El mes de Febrero dejó un lamentable saldo de 17 fallecidos, cientos de heridos, 33 denuncias de tortura y 772 detenidos, aproximadamente. Aún así, el gobierno de Nicolás Maduro no pudo detener la secuencia de las manifestaciones estudiantiles y populares. Ni el uso inadecuado y excesivo de la fuerza pública (incluso militar en los estados andinos de Mérida y Táchira), ni la participación de colectivos para-policiales, ni la censura de medios informativos nacionales e internacionales han detenido la multiplicación de protestas populares en toda la geografía nacional y el surgimiento de expresiones extremistas.
La crisis venezolana finalmente despertó interés en la comunidad internacional, que de manera casi unánime ha comenzado a exigir el respeto a los derechos humanos, el cese a la violencia y el establecimiento del diálogo entre las partes para alcanzar la paz. El canciller Elías Jaua realizó una gira por los países miembros de UNASUR con el objetivo de conseguir apoyo político de sus aliados. Dicha gira incluyó finalmente a la ONU, donde no pudo evitar el llamado a un verdadero diálogo con la oposición venezolana.
En esta coyuntura, los sectores democráticos se presentan con la fuerza y la posesión de la calle; pero con una clara dispersión en sus propuestas y objetivos. El movimiento estudiantil ha impulsado desde un principio, un conjunto de reivindicaciones democráticas que ha venido variando de acuerdo a la represión recibida del régimen. Por otra parte, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD),  Henrique Capriles y más recientemente, Leopoldo López han contribuido al fortalecimiento de una agenda de exigencias para acudir a un diálogo basada en la mediación; tales como: la liberación de los detenidos políticos y los estudiantes, el respeto a los derechos humanos, la aplicación de la justicia frente a los excesos policiales, el desarme de los grupos para-policiales y la renovación constitucional de los poderes vencidos; entre otros aspectos.
El gobierno de Maduro -muy presionado por las circunstancias-, ensayó un llamado al diálogo; mediante la denominada la “Conferencia Nacional de la Paz”, reunida en el Palacio de Gobierno y  que pese a contar con la participación de algunos factores representativos del empresariado nacional (como FEDECÁMARAS), no pudo convencer a los actores políticos democráticos de su autenticidad. La “Conferencia Nacional de la Paz” terminó de perder credibilidad en buena parte del país; luego que el gobierno venezolano continuara con su política de represión a las manifestaciones estudiantiles. En otras palabras, esta primera iniciativa gubernamental de diálogo careció de la credibilidad, la convocatoria y el liderazgo necesario; entre otras razones, por el continuo proceso de debilitamiento y deterioro sufrido por las institucionales públicas venezolanas.  
Todo pareciera indicar que habrá una prolongación del clima de protesta generalizada en el país. Sin embargo, la delgada línea entre la protesta pacífica y la violencia podría traspasarse en el momento menos pensado, con consecuencias irreversibles; incluyendo sorpresas para aquellos factores que se atribuyen tener la mayoría política en país. La protesta sin propósitos contribuye a brindar oxígeno al actual gobierno y, además desgasta la acción de los factores genuinamente democráticos. La paradoja en todo esto, es que el diálogo lo necesita tanto el gobierno que trata de conseguir el reconocimiento de sus seguidores y del resto de la sociedad; como una oposición democrática que aspira restablecer la constitucionalidad en el país.
La violencia y la represión han fracasado en Venezuela. Eso queda claro. Por lo demás, una sociedad polarizada sólo conviene a quienes posean una visión simplista, extremista y totalitaria de la vida.  Ahora, corresponde el turno a los verdaderos demócratas.
@migonzalezm

Rodrigo Peraza: Gobierno otorga los recursos de acuerdo al modelo-clientelar partidista


Enrique Meléndez / especial Noticiero Digital / 2 mar 2014.- El economista Rodrigo Peraza, ex director de la antigua Oficina Central de Presupuesto, afirma que “en la distribución de recursos desde el gobierno central a las regiones priva el color partidista”.
“Seguirá privando el color partidista, pues conceptualmente el gobierno nacional privilegia y se fundamenta en el clientelismo político-partidista para otorgar recursos y gestionar políticas públicas. Ese modelo clientelar de repartición de los recursos públicos lo justifica el gobierno en la construcción de la sociedad socialista en Venezuela”.
A continuación la conversación del Rodrigo Peraza con el periodista Enrique Meléndez de Noticiero Digital:
El jefe de Estado manifestó que el Consejo Federal de Gobierno aprobó 28 mil 959 millones de bolívares, para el desarrollo social y económico del país. ¿Esos recursos forman parte del presupuesto nacional o tienen el carácter de adicionales?
-El monto asignado en el Presupuesto Original 2014 para el Consejo Federal de Gobierno alcanza a Bs 28.960 millones, distribuidos así: Apartado para los estados, Bs   10.715; Apartado para el Poder Popular, Bs. 8.688; Apartado para los municipios, Bs  8.109; Apartado para fortalecimiento Institucional, Bs 1.448.Ello significa que lo recientemente anunciado es simplemente una ratificación de lo ya incluido en el Presupuesto Original 2014 y no un crédito adicional.
El vicepresidente Jorge Arreaza será el encargado de recibir las propuestas de gobernadores y alcaldes, para realizar ajustes a los proyectos aprobados, siempre y cuando sean para “impactar la vida social de cada estado”. ¿Usted cree que hay un cierto condicionamiento de carácter político en este pronunciamiento?
-De acuerdo a algunas informaciones que hemos obtenido de funcionarios de algunas gobernaciones y alcaldías,  ciertamente existen preferencias con las gobernaciones y alcaldías afectas al gobierno y castigo para las de oposición con especial saña hacia el estado Miranda y la Alcaldía Metropolitana de Caracas. Por otra parte,  hay condicionamiento de carácter ideológico (Plan de la Patria, construcción del Socialismo) y político (implementación de pseudo-baremos técnicos para evaluar proyectos).
¿Usted cree que seguirá privando el color partidista a la hora de otorgar los recursos?
-De acuerdo  a la manera como se ha procedido en estos 14 años todo hace inferir que sí, y lo peor: se politizó una institución de gran tradición técnica, de carácter apolítico y con valiosos profesionales como la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), al punto que sus funcionarios son obligados a realizar actividades netamente político partidistas como asistir a las marchas, reuniones y que convoque el partido de gobierno so pena de despido. La práctica se asemeja al estilo de los listeros que llevan una carpeta con los nombres  y van pasando lista. Esto es humillante y genera repulsa.
-Seguirá privando el color partidista, pues conceptualmente el gobierno nacional privilegia y se fundamenta en el clientelismo político-partidista para otorgar recursos y gestionar políticas públicas. Ese modelo clientelar de repartición de los recursos públicos lo justifica el gobierno en la construcción de la sociedad socialista en Venezuela.
Según el presidente Maduro, los recursos que otorga el Consejo Federal se invierten en obras de vialidad, educación, salud y seguridad; no obstante la ciudadanía se queja por el estado de precariedad, que presenta cada uno de esos sectores. ¿Es real la inversión, en ese sentido?
-En efecto, eso es lo que establece la Ley, pero la realidad pareciera indicar otra cosa; en Venezuela no existe la rendición formal de cuentas y menos la evaluación de resultados por la utilización de recursos públicos; lo que sí vemos es cómo se amañan informes cuando se quiere  condenar a alguien.Si vemos el informe anual de la Contraloría General de la República se aprecia su baja calidad y la vaguedad de la presentación de los casos que reportan. Esta es otra institución venida a menos, con alta rotación de personal que se marchan por los bajos sueldos, los paupérrimos viáticos cuando salen de comisión y el riesgo que corren  al investigar casos de corrupción. El problema en el presupuesto de capital son los inadecuados e ineficientes mecanismos de rendición de cuentas y auditoría (control posterior) que impiden evaluar la ejecución financiera y/o la ejecución física de cada proyecto. Por otra parte, mucha de la inversión en estos aspectos atiende a intereses puntuales de cada sector sin considerar las prioridades. A esto hay que agregar, los déficits acumulados de sector que cada día se acrecientan y exigen una utilización óptima de la inversión. En mi opinión, hace tiempo que  el Estado ha sido superado ampliamente tanto por la crisis de inversión como por la necesidad de atender, de manera eficaz, la demanda de resolución de conflictos y asuntos de interés colectivo.
Mientras las alcaldías reciben 8.108 millones de bolívares, el poder popular recibirá 8.687 millones de bolívares. ¿Acaso el poder popular rinde cuentas en qué invierte estos recursos?
-Primero, existen unos criterios para distribución de los recursos del Consejo Federal de Gobierno (CFG), por medio de Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) y que tendría que revisarse en algún momento. Segundo, el denominado “poder popular” está constituido por los consejos comunales, fundamentalmente, que están conceptualizados como sector privado en el presupuesto del Consejo Federal de Gobierno. Lo que quiero destacar es que, de esta manera, el gobierno privatiza, mediante estas transferencias al sector privado –consejos comunales = poder popular- parte del presupuesto de inversión, sin que necesariamente responda a criterios de coordinación político-territorial; y sin aplicación de manera adecuada de mecanismos de control de la gestión y resultados sobre el uso de esos recursos.
¿Qué conoce usted sobre el presupuesto paralelo que mantiene el Gobierno nacional? ¿De qué tamaño es y qué tipo de contraloría se la hace?
El inolvidable Prof. Domingo F. Maza Zavala  en reiteradas ocasiones dejó patente su preocupación por la existencia de varios presupuestos, esto es, la dispersión de los recursos que utiliza el gobierno en su gestión financiera, económica y social. Un primer presupuesto es el que cada período fiscal aprueba el Poder Legislativo. Un segundo presupuesto es el que se forma con los créditos adicionales, que en los últimos  años casi han duplicado al primero (en 2013 el Presupuesto Original fue de 393 mil 397 millones de bolívares y terminó  en 722 mil 892 millones, es decir, 84% por encima); estos créditos adicionales se financian de manera misteriosa, ya que sólo se publica en la Gaceta Oficial el uso, si bien se conoce que lo hacen con recursos de los innumerables fondos que creó el anterior presidente; cuando rompió el principio de la unidad del tesoro. Esto además, tiene la malévola intención de no dejar explícitos los ingresos adicionales de carácter ordinario,  20% de los cuales le deben ser entregados a las gobernaciones y alcaldías. Un tercer presupuesto surge de los ingentes recursos que le transfieren al Fonden PDVSA  y el BCV.El cuarto y último lo conforma PDVSA  al ser obligada a cumplir funciones diversas al margen de su misión. Algunos de los presupuestos mencionados se formulan y ejecutan al margen de los mecanismos institucionales de control de gestión, información pública y rendición de cuentas.  La sociedad venezolana  tiene que rechazar esta opacidad.
El presidente Nicolás Maduro anunció el pasado viernes 21 que nombró a Nelson Merentes gobernador ante el Fondo Monetario Internacional. ¿Eso significa que se echan para atrás 15 años de política económica anti neoliberal?
-No lo creo. Esto es una rutina administrativa, ya que el Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) en su Artículo XII, Sección 2, referido a la Junta de Gobernadores, en su literal a) establece que “Corresponden a la Junta de Gobernadores, además de las facultades que con arreglo a este Convenio le están expresamente asignadas, todas aquellas que no estén atribuidas al Directorio Ejecutivo o al Director General. La Junta de Gobernadores estará formada por un gobernador titular y un suplente nombrados por cada país miembro en la forma que éste determine. Los gobernadores titulares y los suplentes desempeñarán sus cargos hasta que se haga un nuevo nombramiento.” La Ley del Banco Central de Venezuela, reformada en 2010, determinó en su Artículo 10, numeral 4, que son funciones del Presidente del BCV: “Representar al Banco Central de Venezuela en las instituciones y organismos nacionales e internacionales en los que se prevea su participación, sin perjuicio de que pueda delegar temporalmente este representación …”.

Lic. Enrique Meléndez, periodista.

Noticiero Digital