Enrique Meléndez / especial
Noticiero Digital / 2 mar 2014.- El economista Rodrigo Peraza, ex director de
la antigua Oficina Central de Presupuesto, afirma que “en la distribución de
recursos desde el gobierno central a las regiones priva el color partidista”.
“Seguirá privando el color
partidista, pues conceptualmente el gobierno nacional privilegia y se
fundamenta en el clientelismo político-partidista para otorgar recursos y
gestionar políticas públicas. Ese modelo clientelar de repartición de los
recursos públicos lo justifica el gobierno en la construcción de la sociedad
socialista en Venezuela”.
A continuación la conversación del Rodrigo Peraza con el periodista Enrique
Meléndez de Noticiero Digital:
El jefe de Estado manifestó que el
Consejo Federal de Gobierno aprobó 28 mil 959 millones de bolívares, para el
desarrollo social y económico del país. ¿Esos recursos forman parte del
presupuesto nacional o tienen el carácter de adicionales?
-El monto asignado en el Presupuesto
Original 2014 para el Consejo Federal de Gobierno alcanza a Bs 28.960 millones,
distribuidos así: Apartado para los estados, Bs 10.715; Apartado para el Poder Popular, Bs.
8.688; Apartado para los municipios, Bs
8.109; Apartado para fortalecimiento Institucional, Bs 1.448.Ello significa
que lo recientemente anunciado es simplemente una ratificación de lo ya
incluido en el Presupuesto Original 2014 y no un crédito adicional.
El vicepresidente Jorge Arreaza será
el encargado de recibir las propuestas de gobernadores y alcaldes, para realizar
ajustes a los proyectos aprobados, siempre y cuando sean para “impactar la vida
social de cada estado”. ¿Usted cree que hay un cierto condicionamiento de
carácter político en este pronunciamiento?
-De acuerdo a algunas informaciones
que hemos obtenido de funcionarios de algunas gobernaciones y alcaldías, ciertamente existen preferencias con las
gobernaciones y alcaldías afectas al gobierno y castigo para las de oposición
con especial saña hacia el estado Miranda y la Alcaldía Metropolitana de Caracas.
Por otra parte, hay condicionamiento de
carácter ideológico (Plan de la Patria, construcción del Socialismo) y político
(implementación de pseudo-baremos técnicos para evaluar proyectos).
¿Usted cree que seguirá privando el
color partidista a la hora de otorgar los recursos?
-De acuerdo a la manera como se ha procedido en estos 14
años todo hace inferir que sí, y lo peor: se politizó una institución de gran
tradición técnica, de carácter apolítico y con valiosos profesionales como la
Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), al punto que sus funcionarios son
obligados a realizar actividades netamente político partidistas como asistir a
las marchas, reuniones y que convoque el partido de gobierno so pena de
despido. La práctica se asemeja al estilo de los listeros que llevan una
carpeta con los nombres y van pasando
lista. Esto es humillante y genera repulsa.
-Seguirá privando el color
partidista, pues conceptualmente el gobierno nacional privilegia y se
fundamenta en el clientelismo político-partidista para otorgar recursos y
gestionar políticas públicas. Ese modelo clientelar de repartición de los
recursos públicos lo justifica el gobierno en la construcción de la sociedad
socialista en Venezuela.
Según el presidente Maduro, los
recursos que otorga el Consejo Federal se invierten en obras de vialidad,
educación, salud y seguridad; no obstante la ciudadanía se queja por el estado
de precariedad, que presenta cada uno de esos sectores. ¿Es real la inversión,
en ese sentido?
-En efecto, eso es lo que establece
la Ley, pero la realidad pareciera indicar otra cosa; en Venezuela no existe la
rendición formal de cuentas y menos la evaluación de resultados por la
utilización de recursos públicos; lo que sí vemos es cómo se amañan informes
cuando se quiere condenar a alguien.Si
vemos el informe anual de la Contraloría General de la República se aprecia su
baja calidad y la vaguedad de la presentación de los casos que reportan. Esta
es otra institución venida a menos, con alta rotación de personal que se
marchan por los bajos sueldos, los paupérrimos viáticos cuando salen de
comisión y el riesgo que corren al investigar
casos de corrupción. El problema en el presupuesto de capital son los
inadecuados e ineficientes mecanismos de rendición de cuentas y auditoría (control
posterior) que impiden evaluar la ejecución financiera y/o la ejecución física
de cada proyecto. Por otra parte, mucha de la inversión en estos aspectos
atiende a intereses puntuales de cada sector sin considerar las prioridades. A
esto hay que agregar, los déficits acumulados de sector que cada día se
acrecientan y exigen una utilización óptima de la inversión. En mi opinión,
hace tiempo que el Estado ha sido
superado ampliamente tanto por la crisis de inversión como por la necesidad de
atender, de manera eficaz, la demanda de resolución de conflictos y asuntos de
interés colectivo.
Mientras las alcaldías reciben 8.108
millones de bolívares, el poder popular recibirá 8.687 millones de bolívares.
¿Acaso el poder popular rinde cuentas en qué invierte estos recursos?
-Primero, existen unos criterios
para distribución de los recursos del Consejo Federal de Gobierno (CFG), por
medio de Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) y que tendría que
revisarse en algún momento. Segundo, el denominado “poder popular” está
constituido por los consejos comunales, fundamentalmente, que están
conceptualizados como sector privado en el presupuesto del Consejo Federal de
Gobierno. Lo que quiero destacar es que, de esta manera, el gobierno privatiza,
mediante estas transferencias al sector privado –consejos comunales = poder
popular- parte del presupuesto de inversión, sin que necesariamente responda a
criterios de coordinación político-territorial; y sin aplicación de manera
adecuada de mecanismos de control de la gestión y resultados sobre el uso de
esos recursos.
¿Qué conoce usted sobre el presupuesto paralelo que
mantiene el Gobierno nacional? ¿De qué tamaño es y qué tipo de contraloría se
la hace?
El inolvidable Prof. Domingo F. Maza
Zavala en reiteradas ocasiones dejó
patente su preocupación por la existencia de varios presupuestos, esto es, la
dispersión de los recursos que utiliza el gobierno en su gestión financiera,
económica y social. Un primer presupuesto es el que cada período fiscal aprueba
el Poder Legislativo. Un segundo presupuesto es el que se forma con los
créditos adicionales, que en los últimos
años casi han duplicado al primero (en 2013 el Presupuesto Original fue
de 393 mil 397 millones de bolívares y terminó
en 722 mil 892 millones, es decir, 84% por encima); estos créditos
adicionales se financian de manera misteriosa, ya que sólo se publica en la
Gaceta Oficial el uso, si bien se conoce que lo hacen con recursos de los
innumerables fondos que creó el anterior presidente; cuando rompió el principio
de la unidad del tesoro. Esto además, tiene la malévola intención de no dejar
explícitos los ingresos adicionales de carácter ordinario, 20% de los cuales le deben ser entregados a
las gobernaciones y alcaldías. Un tercer presupuesto surge de los ingentes
recursos que le transfieren al Fonden PDVSA
y el BCV.El cuarto y último lo conforma PDVSA al ser obligada a cumplir funciones diversas
al margen de su misión. Algunos de los presupuestos mencionados se formulan y
ejecutan al margen de los mecanismos institucionales de control de gestión,
información pública y rendición de cuentas.
La sociedad venezolana tiene que
rechazar esta opacidad.
El presidente Nicolás Maduro anunció
el pasado viernes 21 que nombró a Nelson Merentes gobernador ante el Fondo
Monetario Internacional. ¿Eso significa que se echan para atrás 15 años de
política económica anti neoliberal?
-No lo creo. Esto es una rutina
administrativa, ya que el Convenio Constitutivo del Fondo Monetario
Internacional (FMI) en su Artículo XII, Sección 2, referido a la Junta de
Gobernadores, en su literal a) establece que “Corresponden a la Junta de
Gobernadores, además de las facultades que con arreglo a este Convenio le están
expresamente asignadas, todas aquellas que no estén atribuidas al Directorio
Ejecutivo o al Director General. La Junta de Gobernadores estará formada por un
gobernador titular y un suplente nombrados por cada país miembro en la forma
que éste determine. Los gobernadores titulares y los suplentes desempeñarán sus
cargos hasta que se haga un nuevo nombramiento.” La Ley del Banco Central de
Venezuela, reformada en 2010, determinó en su Artículo 10, numeral 4, que son
funciones del Presidente del BCV: “Representar al Banco Central de Venezuela en
las instituciones y organismos nacionales e internacionales en los que se
prevea su participación, sin perjuicio de que pueda delegar temporalmente este
representación …”.
Lic. Enrique Meléndez, periodista.
Noticiero Digital
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