Más allá del nuevo mapa que pueda
surgir del 15-O y, de las cifras nacionales de votos y de abstención que se
conozcan ese mismo día, las elecciones de gobernadores constituyen un evento mucho
más complejo de lo que se avizora en las redes sociales y en la opinión
pública. Sus resultados pueden significar la apertura o no, hacia el cambio
democrático que reclama Venezuela; en medio una profunda crisis económica e institucional
sin precedentes.
En efecto, este 15 de octubre de
2017 se realizarán elecciones en los 23 estados de Venezuela para elegir en
cada uno de ellos sus respectivos gobernadores. Los gobernadores son electos
mediante votaciones directas, universales y secretas. Los gobernadores son la
autoridad ejecutiva de cada estado y, junto con el Consejo Legislativo, la
Contraloría del estado y el Consejo Estadal de Planificación y Coordinación de
Políticas Públicas, conforman la institucionalidad del Poder Público Estadal.
En esta oportunidad no se elegirán
como correspondería y (de manera inexplicable), a los diputados a los Consejos
Legislativos; con lo cual los gobernadores (electos o reelectos) contarían con
el mismo poder deliberante escogido en
las pasadas elecciones del año 2012. En el presente, tan sólo tres entidades
federales poseen gobernadores electos por la plataforma opositora Mesa de la
Unidad Democrática (MUD); mientras que las veinte restantes se encuentran bajo
el control del oficialista Partido Unido Socialista de Venezuela (PSUV).
En realidad, desde las elecciones
del año 2000 y hasta el presente, el PSUV ha mantenido siempre el control político
y de la gestión sobre la amplia mayoría de gobiernos estadales de la República;
lo que le ha permitido una red institucional de poder e influencia política y
económica que ahora dependiendo de los resultados electorales del 15-O, pudiera
quebrarse. Esta hegemonía sobre la institucionalidad pública estadal en
detrimento de la alternancia, ha propiciado el posicionamiento del centralismo,
el clientelismo y la poca transparencia en la gestión de los asuntos públicos
regionales.
Tener mayoría en los gobiernos
estadales supondría el control del Consejo Federal de Gobierno y en
consecuencia, del Fondo Compensación Interterritorial que constituyen órganos
constitucionales; cuyo objeto es impulsar la descentralización
político-territorial y reducir los desequilibrios de desarrollo entre las
regiones del país. En tal sentido, una victoria del bloque democrático que
garantice una nueva mayoría en los gobiernos estadales frente al PSUV, tendría
además del impacto electoral, otro institucional de amplio alcance que pudiera
afectar el modelo de gestión que ha impulsado -desde hace 18 años-, el chavismo
en Venezuela.
El impacto institucional de una
victoria del bloque democrático supondría una apertura hacia la alternabilidad,
la descentralización, el desarrollo de la Hacienda Pública Estadal y de la verdadera
participación ciudadana, con el apoyo de la Asamblea Nacional. También cabría
la renovación de los Consejos Estadales de Planificación con participación de los
representantes de la misma Asamblea Nacional; bajo criterios democráticos, transparentes
y participativos.
Por supuesto, y resulta fácil suponerlo,
el bloque oficialista no aceptará fácilmente una correlación político-electoral
adversa. El gobierno central cuenta con la una batería de instancias
burocráticas que sin duda alguna impulsaría, para tratar de reducir su pérdida
en las entidades federales. Nos referimos a figuras administrativas como los distritos
motores de desarrollo, las áreas estratégicas, las regiones estratégicas o las corporaciones
regionales; entre otras. Sin embargo, la estrechez económica-financiera que
atraviesa el Estado pareciera dificultar la implementación de medidas como éstas.
La utilización de la vía
jurisdiccional; mediante el desconocimiento de algunos resultados desfavorables
sería otra opción oficialista que sólo agudizaría aún más la percepción de la
naturaleza autoritaria que tiene el gobierno de Maduro; tanto a nivel nacional como
internacional. En síntesis, un resultado adverso afectaría en forma severa la
difícil gobernabilidad de la actual administración gubernamental del PSUV.
Una propuesta política dirigida a
promocionar la abstención en estas elecciones regionales surgió de grupos
opuestos a la MUD. La abstención electoral ha sido propuesta con anterioridad; aunque
no siempre con éxito. Los primeros en proponer la abstención fueron las organizaciones
de ultraizquierda como el PRV y la FALN, en los años sesenta. Luego fue Chávez quien
la propuso, ante las elecciones presidenciales de 1993. En el año 2005 correspondió
impulsarla al propio bloque democrático en elecciones parlamentarias de ese año.
Como punto de partida, cabe señalar que la abstención en las elecciones
estadales de 2012 alcanzó un 46%.
La elección de gobernadores supone
un inmenso reto para los actores políticos involucrados y para una ciudadanía
que quizás acuda al proceso comicial con expectativas de cambio sobrestimadas. Es
necesario recordar que, las elecciones del 15-O no están diseñadas para “sacar
a Maduro”; pero abstenerse de participar en ellas, contribuirá por el contrario,
a su fortalecimiento. En todo caso, el 16-O amencerá Venezuela con una nueva
realidad institucional estadal, mucha más compleja y con una gobernabilidad
condicionada.
@migonzalezm
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