Se
cumplen 71 años de la creación del Instituto Nacional de Deportes (IND) mediante
el Decreto N° 22.950 de fecha 22 de junio de 1949, emitido por la Junta Militar
encabezada por el General Marcos Pérez Jiménez, que había derrocado al Presidente
Rómulo Gallegos, legítimamente electo por voto popular. El IND se convirtió -de
esa manera- en el organismo rector de las políticas deportivas nacionales.
Hasta la creación del IND, la actividad del ámbito deportivo dependió de la
iniciativa privada; pues en efecto, la actividad estatal estuvo dedicada a la
reglamentación incipiente de la educación física y a la introducción del
deporte en el ámbito militar.
Las
entidades deportivas como los clubes y las asociaciones deportivas se fundaron
antes que los partidos políticos modernos e incluso que los sindicatos de
trabajadores y de empresarios. Un ejemplo de la importancia de la gestión
privada en el deporte lo encontramos en la realización de las Primeras
Olimpiadas Nacionales que fueron organizadas por la Asociación de Cronistas
Deportivos (ACD), en el año 1934. De hecho, durante esta época se fundó en 1935
el Comité Olímpico Venezolano; también se organizaron el boxeo y el béisbol
como deportes profesionales y, ya para 1946 la YMCA organizaba el deporte
comunal.
La
creación del IND fue incentivada; tanto por la necesidad del movimiento
olímpico venezolano de aumentar sus capacidades operativas con motivo de realizarse
en Caracas los III Juegos Deportivos Bolivarianos en 1951, como por el
incremento de la renta petrolera que propició una intervención estatal en todas
las esferas de la sociedad; entre ellas, el deporte. Así, con la creación del
IND el eje del protagonismo de la
actividad deportiva pasó de la sociedad al Estado. El Estado aportó al sector
infraestructura, recursos financieros y un esfuerzo intermitente por impulsar
el deporte escolar; mientras una buena parte del sector deportivo privado se
convertía en dependiente de la acción y del financiamiento estatal; entregándose
a una relación rentista y clientelar con el Estado.
A
partir del año 1999, con el proceso que llevó a la aprobación de una nueva
Constitución se pensó en un proceso de renovación institucional que tendría como
punto de partida el equilibrio entre la iniciativa privada (o ciudadana) y la
intervención estatal. En realidad, nuestro deporte requería y, aún requiere de
un sector oficial y privado fuertes, corresponsables, democráticos y de gestión
transparente. Además, el concepto que reducía la actividad deportiva al ámbito
del “ciclo olímpico” debía ser ampliado en beneficio de las mayorías; es decir,
la acción del Estado debe garantizar la equidad y la inclusión en el deporte. Se
planteaba la reconversión deportiva institucional completa.
Pasados
veinte años de la aprobación de la Constitución Bolivariana, las aspiraciones
de cambio institucional del sector deportivo nacional quedaron congelados o
cedieron a las pretensiones burocráticas y clientelares de una nueva casta
deportiva que simplemente pretendía tomar los recursos públicos para satisfacer
sus aspiraciones particulares. La evaluación general de la gestión de los
últimos 20 años del deporte venezolano es muy negativa: centralismo e
intervencionismo estatal, mala gestión administrativa y poca transparencia en
la gestión de los dineros públicos, ideologización de la práctica deportiva,
abandono de la planificación y control y, prácticas clientelares en la relación
con el sector deportivo federado.
¿Es
posible revertir el deterioro institucional del deporte en Venezuela? Es
posible; pero requiere de un proceso tanto de ajuste estructural como de
intervención jurisdiccional. Todo esto bajo una nueva gestión pública. Por un
ajuste estructural entiendo, la recomposición del marco legal, institucional y
programático del sector deportivo nacional y, en particular del IND como ente
estatal responsable de las políticas públicas deportivas. Por otra parte, se
hace indispensable la apertura a la iniciativa privada y ciudadana en la
actividad. El deporte desde sus inicios siempre estuvo vinculado al libre
ejercicio de la ciudadanía y, así tendría que ser re-institucionalizado.
Por
otra parte, el aspecto jurisdiccional es imprescindible. Debe haber
investigaciones serias sobre los presuntos casos de enriquecimiento ilícito acaecidos
con los dineros públicos destinados originalmente al deporte nacional durante
las últimas 2 décadas. Adecentar la actividad pública deportiva es una acción
ineludible en su relanzamiento.
