Los elementos de corresponsabilidad y de inclusión ciudadana en la gestión pública contenidos en la Constitución Bolivariana de la República Bolivariana de Venezuela, requieren de un notable esfuerzo cívico y estatal por optimar las capacidades de Participación Ciudadana.
En efecto, el marco constitucional y su desarrollo legislativo posterior demanda la incorporación de los ciudadanos y sus expresiones asociativas en los procesos de formación, ejecución y control de las políticas públicas en áreas tan diversas, como: la protección de la familia, la niñez, la adolescencia, la población discapacitada, la vivienda, la salud, la propia formación ciudadana, la protección ambiental, la ciencia y la tecnología, el deporte y la cultura; entre otras.
Bajo esta premisa, la actividad y la responsabilidad de los Centros de Educación Superior en el diseño y ejecución de programas formativos en el tema de Participación Ciudadana, cobra una relevancia única y formidable en dos áreas fundamentales: en cuanto a su enfoque ético y en torno a su relación con las comunidades organizadas.
1. El aporte ético de la centros de educación superior a la formación de ciudadanos, sería notable por:
1.1. su orientación hacia la valoración de una democracia plural, incluyente, responsable, solidaria, y con preeminencia de los derechos humanos,
1.2. la promoción de una relación transparente, contributiva y constructiva entre el Estado, la ciudadanía y la sociedad civil,
1.3. el incentivo de las relaciones del estudiantado universitario, del movimiento estudiantil y sus otras manifestaciones grupales con la realidad social circundante. Se trata de enseñar a los estudiantes a ser participantes y responsables en lo que suceda en su sector, en su municipio, en su estado, en su país y, hasta en otros lugares del mundo y por
1.4. la vinculación del conocimiento y del aprendizaje de la educación superior con el interés colectivo.
2. La red de centros de educación superior (estatales y privados) es un pivote para la formación de ciudadanos; a través de:
2.1. la difusión de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas.
2.2. el fortalecimiento de las capacidades organizativas de las comunidades en temas; tales como: el diagnóstico comunitario, el mapa de necesidades, el presupuesto participativo, la contraloría social; entre otros,
2.3. el desarrollo programado de las actividades de extensión y el impulso de mesas técnicas comunitarias,
2.4. el establecimiento de convenios de cooperación e intercambio con las instancias locales y estaduales de planificación y participación y,
2.5. la prestación de programas de asesoría y asistencia a agencias de gobierno local, como lo son las alcaldías y los concejos municipales.
En síntesis, los centros de educación superior (oficiales y privados) pueden contribuir a la formación de ciudadanos con base a una visón ética basada en valores como la solidaridad, la responsabilidad, el de la tolerancia y de la justicia, en combinación, unidos con el trabajo social y de apoyo a realidad comunitaria.
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