Los partidos políticos son un componente esencial de la lucha política civilizada. Pero también, las organizaciones partidistas pueden convertirse en instrumentos de dominación de un sector sobre el resto de la sociedad. También los partidos son canales de mediación; entre ese conjunto de instituciones que denominamos Estado y la ciudadanía común. Y de la misma manera, los partidos pueden convertirse en mecanismos perversos; mediante los cuales se capturan y se secuestran las instituciones estatales. Las plataformas partidarias son medios idóneos para el debate ideológico y político. Aunque asimismo son “campos de batalla” donde la disensión suele ser aplastada, en función de los intereses supremos de algún ideal o utopía societaria. Hay partidos de masas y partidos de cuadros. Hay organizaciones plurales y otras de pensamiento único. En todo partido político, el elemento ideológico es lo importante. De tal manera que, habrá partidos social-demócratas, demo-cristianos, marxistas-leninistas, neo-nazistas y neo-fascistas o incluso otros partidos que fundamentan su “filosofía” en el culto a la personalidad de algún individuo. En síntesis, existe una variedad para todos los gustos.
La actividad de “construir partido”, no es una tarea fácil y no siempre es exitosa. Puede tardar años en constituirse, y deshacerse en minutos. Requiere un esfuerzo voluntario, disciplinado y cotidiano, en barrios y urbanizaciones, en liceos y universidades, en gremios y sindicatos, en el campo y en las fábricas; así como también en los distintos frentes de movilización social como el femenino, el de profesionales y técnicos o el internacional. Se trata de consolidar una plataforma sólida; cuyo fin último es acceder al poder, para ejercerlo con todas sus consecuencias y en función de una visión de la sociedad.
El gobierno ha emprendido la tarea de “construir su partido”, el partido de la revolución. Para ello, ha decidido postergar la realización de su proyectada reforma constitucional. No hay prisa. En otras palabras, para el oficialismo -en este momento-, la construcción del partido es su primera prioridad. En tal sentido, hemos visto el enorme despliegue propagandístico e institucional destinado a promocionar el proceso de inscripción de aquellos aspirantes a militantes del nuevo partido oficialista.
La conformación del PSUV fue anunciada con “serpentinas y bambalinas”. Como todo un acontecimiento festivo. Sólo que ese acontecimiento no fue totalmente festivo para la totalidad del conglomerado de revolucionarios venezolanos. Por ejemplo, su carácter único (ahora matizado con adjetivo unitario) despertó suspicacias y descontento en esa izquierda venezolana que apoya el socialismo del siglo XXI. Por supuesto, tales “suspicacias y descontento” fueron rápidamente aclaradas; por parte del “líder de proceso” mediante una serie de amenazas e insultos a aquellos dirigentes y militantes que tuvieron la osadía de “disentir” en torno al carácter unitario del partido. Este hecho también sirvió para aclarar ante propios y extraños, otra característica del PSUV: me refiero a su sesgo autoritario y a la poca democracia interna que ya prefigura. Imagínese usted lo que le espera dentro del PSUV si se atreve a disentir de la “línea política” impuesta desde arriba. Y es que lo ocurrido con Didalco Bolívar, Ramón Martínez o Ismael García es una muestra determinante de lo que podría ocurrirle a quien piense con un poco de autonomía.
Otra rasgo distintivo del naciente PSUV es su dependencia o articulación a los organismos públicos. En estas semanas ha sido público y notorio como funcionarios públicos de alto nivel han venido haciendo llamados para que la población se registre como aspirante al PSUV. Valga la pena recordar que, desde un comienzo se estableció como una condición indispensable la pertenencia al PSUV si se quería permanecer en el gobierno. Y este hecho es importante porque de nuevo revela otra característica de este partido: la utilización clientelista del aparato público. Al respecto, miembros del propio Consejo Nacional Electoral han considerado inconstitucional la utilización de unidades educativas como centros de afiliación al partido revolucionario. Pero además, ¿será necesario inscribirse en el PSUV, como requisito para contratar o prestar algún servicio a la administración pública? ¿y se respetarán acaso los preceptos constitucionales y legales sobre el ingreso, permanencia y ascenso de personal, o por el contrario, se impondrá una nueva meritocracia revolucionaria basada en la afiliación al PSUV? Todo parece indicar que el Estado y sus instituciones se convertirán en el viejo y clásico “botín de guerra” para el partido de turno en el ejercicio de gobierno, con el consecuente perjuicio para la mayoría de la población del país.
Algunos dirigentes revolucionarios del oficialismo estiman que el PSUV debe absorber las iniciativas organizativas del movimiento popular. En efecto, se ha planteado que este partido asuma el control de los sindicatos y de los consejos comunales; por ejemplo. A los sindicatos, se ha ofrecido (o pronosticado) su eliminación salvo que, por supuesto, se acojan a las directrices que emanarán del gobierno y su partido. En cuanto a los consejos comunales, ya el Alcalde Freddy Bernal ha sugerido que estas instancias comunitarias sean vinculadas al futuro PSUV; de manera contraria, para el concejal metropolitano Nicmar Evans, no debería confundirse el nuevo partido con los consejos comunales. En todo caso, esta polémica refleja la permanencia de aquellas visiones totalitarias que propugnaban la utilización del partido como un medio de control y avasallamiento de cualquier iniciativa popular. Y con los precedentes conocidos, confieso que no le veo muchas oportunidades de triunfo a la posición esgrimida por Evans, al momento que se debata ese tema en el PSUV.
Otros dirigentes oficialistas –con mayor franqueza aún- consideran que el PSUV debe estar al servicio del Presidente de la República. En efecto, el ciudadano Vice-Presidente Jorge Rodríguez argumentaba recientemente que, entre los fines del partido estaría la defensa de la revolución y del Jefe del Estado venezolano. No se refirió en la nota de prensa, el Vice-Presidente Rodríguez a la obligada defensa de los intereses del pueblo, como debería ser; por parte de ese partido. En realidad, tales posiciones se corresponden con el clásico enfoque revolucionario que supedita y limita la acción del gobierno y de su partido, a dos temas fundamentales: la defensa de su líder y la defensa de su proceso. Solamente eso. Los demás asuntos de interés colectivo suelen quedar en un plano de menor magnitud y relevancia.
La iniciativa oficialista de construir su partido revolucionario es legítima, y también portadora de las añejas deficiencias de las organizaciones leninistas tradicionales. El inadecuado y autoritario trato a sus propios aliados, la utilización clientelista de las instituciones estatales y, las claras manifestaciones de culto a la personalidad; por parte de sus dirigentes, así lo señalan. Pero no todo es negativo. Porque el PSUV nos servirá como ejemplo de eso que no debemos hacer en política si valoramos la democracia, la pluralidad, la paz, la inclusión y la libertad.
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