La democracia venezolana enfrenta una nueva amenaza: la restricción del derecho a la libre elección de sus autoridades y representantes gubernamentales; mediante una medida administrativa dictada por un funcionario, sin que medie una sentencia firme de alguna instancia jurisdiccional competente. Así, cuatrocientos venezolanos, en su gran mayoría de oposición al régimen, han sido inhabilitados, para el ejercicio de funciones públicas por una decisión discrecional del ciudadano Contralor General de la República.
Esta medida emprendida desde la Contraloría General -a juicio de expertos-, no se ajusta al marco constitucional vigente en la República Bolivariana de Venezuela; y además transgrede acuerdos sobre el debido respeto y tratamiento de los derechos humanos contenidos en tratados internacionales y que son vinculantes para el gobierno venezolano. Más grave aún es que, con la politización de una instancia tan importante para el adecuado resguardo de la gestión pública como la Contraloría General de la República, queda ahora deslegitimada ante el país.
Por otra parte, en el contexto internacional organizaciones políticas importantes y de altísima credibilidad como la Internacional Socialista (IS), y la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA), ya han manifestado su preocupación por la puesta en marcha de este nuevo “apartheid político” impulsado desde el Estado venezolano. De hecho, nuestro país ha pasado a ser comparado por algunos especialistas con regímenes que practican la exclusión política como Bielorusia, Irán o Mozambique.
Las fuerzas políticas y sociales democráticas y alternativas al régimen han convocado a la más amplia manifestación popular, como medio legítimo de denuncia y resistencia constitucional y pacífica, frente al atropello oficialista a derechos humanos fundamentales. Y es que de nuevo, al pueblo venezolano le corresponde asumir de manera protagónica otra lucha por la restitución del equilibrio democrático en Venezuela, que parece definitiva. Las inhabilitaciones políticas de la Contraloría General de la República, habilitarán ahora la movilización de la gran mayoría de los venezolanos que clama por la verdadera justicia. ¡Vamos todos a marchar, el 12 a las 12!
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