Nadie pone en duda la importancia de la función contralora sobre la gestión pública. De hecho, las contralorías tienen la obligación de velar por la adecuada, responsable y transparente utilización de los recursos públicos. Y es que, una eficaz acción de auditoría y control sobre la actividad gubernamental contribuye decididamente al fortalecimiento de los sistemas fundamentados en la democracia. Sin embargo, con el caso de las inhabilitaciones políticas la Contraloría General de la República y el Sistema de Control Fiscal parece haber entrado en una crisis institucional.
La Constitución Bolivariana vigente, es muy estricta en materia de control y rendición de cuentas. Establece que la administración pública estará al servicio de los ciudadanos y, fundamentará su actuación en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad. También la Carta Magna prescribe un conjunto de controles; tales como: el control parlamentario –a través de la Asamblea Nacional-, sobre el Ejecutivo Nacional; el control constitucional –ejercido por medio de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia- y, así mismo, propende el control social de la gestión gubernamental.
En esa red institucional sobresalen la Contraloría General de la República y el Consejo Moral Republicano (integrado además por la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la República), como organismos encargados de prevenir, investigar y sancionar los hechos que vulneren la ética pública y la moral administrativa. En otras palabras, el Estado venezolano se encuentra dotado formalmente de una red de órganos y entidades responsabilizadas –cada en su campo; pero de manera concurrente- por la adecuada administración del patrimonio público.
Para que la actividad de cada una de estas instituciones sea verdaderamente eficaz, su acción debería fundamentarse y aplicarse con desapego de cualquier parcialidad ideológica, con una correcta realización de las indagaciones administrativas correspondientes y, con atención a las normas del debido proceso que establecen la Constitución Bolivariana y el marco legal vigente.
La inhabilitación política de dirigentes de oposición, con aspiraciones electorales legítimas y posibilidades de victoria reales en las elecciones regionales de Noviembre ha echado un manto de dudas sobre la legalidad, exactitud y sinceridad del proceso sancionatorio emprendido por el órgano contralor. Destacados juristas venezolanos; así como algunos ex-integrantes de la Asamblea Constituyente del año 1999 han cuestionado con firmeza la decisión de la Contraloría General de la República. La comunidad internacional ha mostrado una creciente preocupación por el tema. Y por si fuera poco, (según sondeos de opinión) una amplia mayoría de la población del país rechaza la medida, por considerarla por lo menos, sesgada.
La credibilidad de la Contraloría General de la República queda herida de muerte ante todo el país. Un país, que por cierto, reclama su actuación firme y enérgica frente a una serie de desafueros administrativos que le han imputado al gobierno actual. Y es que no sabemos cuán eficaz resulten las inhabilitaciones políticas en el plano electoral, los que sí intuimos es que una gestión contralora sesgada por razones político-partidistas se convierte –irremediablemente- en el mejor incentivo para la corrupción administrativa.
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