El gobierno sigue tocado. Y quizás más que antes, porque no ha podido articular una estrategia propagandística que le permita recomponer su presencia, frente a sus seguidores. Además, la oposición democrática –imbuida en su problemática electoral interna-, tampoco ha cometido errores tácticos que puedan usados por el sector gubernamental. La salida del gobernador Henri Falcón de las filas del PSUV representa un revés para los propósitos electorales del oficialismo. Mientras el rendimiento de las ejecutorias gubernamentales sigue siendo ineficaz e ineficiente, en un entorno general donde el empobrecimiento de la calidad de vida de la población es el factor dominante.
Por supuesto, no todo está listo ni decidido. Hay un largo camino por recorrer antes del 26 de Septiembre; pero todo parece indicar (según los estudios de opinión) que, en la población venezolana ha germinado la conciencia de tener una Asamblea Nacional que recoja la pluralidad y diversidad del país. Y eso representaría, desde ya, un gran logro para restituir el equilibrio democrático en Venezuela. Cada uno de los bloques ideológico-políticos que se enfrentan en el escenario electoral por el control de la Asamblea Nacional viene disponiendo –aunque de manera asimétrica- de los recursos políticos, organizativos y financieros para estructurar su oferta parlamentaria.
En el campo oficialista la selección de las candidaturas siempre será más sencilla; a pesar de que ya se anticipe una pérdida, de por lo menos la mitad de los curules actuales, bajo su control. En la selección de los candidatos del PSUV será determinante la opinión del lider del partido por encima de la popularidad de los aspirantes en la base del partido. Empero, lo que sí parece relevante es el esfuerzo financiero y político que viene haciendo el bloque oficialista por consolidar su plataforma organizativa; a través del Congreso del PSUV. Esa iniciativa no hay que perderla de vista; pues el aspecto político-organizativo siempre es decisivo en estos procesos de confrontación y movilización.
La Mesa de la Unidad Democrática sigue funcionando con lentitud; pero con coherencia política y siguiendo los acuerdos establecidos el pasado año. La creación de la Mesa de la Unidad Democrática fue un verdadero acierto político; sin su gestión, la atomización y la dispersión de las fuerzas opositoras hubiera sido irremediable. Sin embargo, y de forma paradójica sus principales adversarios están dentro del amplio mosaico de las fuerzas opositoras. Y quizás no podía ser de otra manera, en atención a la ausencia preliminar de una vanguardia política consolidada que fijara lineamientos de acción claros.
Desde mi punto de vista, uno de los trabajos políticos más arduos que la ha tocado a la Mesa de la Unidad Democrática ha sido tratar justamente de actuar de forma unitaria y coordinada. Múltiples presiones internas y externas inciden a diario para impedir que eso suceda; sin embargo la Mesa de la Unidad Democrática sigue su actividad en función de los objetivos planteados. Y es que, la diversidad de la oposición es muy amplia y, su acción se acentúa mucho más en una coyuntura electoral. Así aspiran a ser diputados en la nueva Asamblea Nacional desde ciudadanos bien intencionados, dirigentes comunitarios locales, voceros de movimientos, gremios y organizaciones sociales, líderes de opinión, presos políticos y, hasta los líderes regionales y nacionales de los partidos políticos.
La rutina diaria del debate electoral (legítimo y democrático, por demás) nos muestra a opinadores que desde sus programas televisivos o radiales atacan las acciones y los acuerdos de la Mesa de la Unidad, para luego sugerir candidatos en nombre de la llamada sociedad civil o exigiendo discrecionalmente la realización de unas elecciones primarias. Por ello, conformar la plataforma unitaria de la oposición será -sin lugar a dudas-, un verdadero triunfo. En tal sentido, se debe comprender que no todos los aspirantes que hoy ofrecen su nombre serán seleccionados dentro de la plataforma unitaria, sin que esto implique que su lucha haya sido en vano.
Para mi gusto como elector, preferiría unos candidatos comprometidos con plataformas ideológicas y programáticas; por encima de otras opciones sujetas simplemente a un enfoque individualista del tema político. Los candidatos de la unidad tendrían que poseer una formación ideológica y política fundamentada en los valores superiores de la democracia, la ética, la libertad, la solidaridad, la inclusión, la tolerancia, el respeto a los derechos humanos y el cumplimiento de la Constitución y la ley. De la misma manera, esas candidaturas deben responder a un claro compromiso de rescate de la autonomía de la Asamblea Nacional, como máximo escenario legislativo del país, como instancia controladora de la gestión del Ejecutivo Nacional de manera efectiva y, como espacio de encuentro para todo el pueblo venezolano.
Por otra parte, los candidatos de la unidad tendrían que demostrar capacidades técnicas para asumir con responsabilidad plena los procesos inherentes a su cargos como representantes del pueblo. Pero hay más. La nueva fracción democrática que estará presente en la Asamblea Nacional después del 26 de Septiembre tendrá que impulsar de manera prioritaria, el fortalecimiento de una nueva alianza con el pueblo en general y con las comunidades y sectores sociales organizados, para la construcción de un tejido social que consolide la restitución de la democracia en Venezuela.
Mucho se habla de la participación de los presos políticos como candidatos en la plataforma unitaria como una forma de buscar su liberación. Y en realidad, este es un tema estrechamente vinculado a la emotividad, al legítimo y natural reclamo de justicia. Desde un punto de vista sentimental no cabe duda que, para los familiares de los presos políticos (yo añadiría también a perseguidos políticos como Carlos Ortega, Manuel Rosales y Oscar Pérez; entre otros), la posibilidad de alcanzar una diputación, implica una esperanza de libertad incuestionable.
La existencia de presos y perseguidos políticos supone un sistema judicial en crisis y, por lo tanto, incapaz de cumplir con sus verdaderos propósitos institucionales. Pero además, hay que recordar que la crisis del sistema judicial venezolano no se agota allí; sino que afecta a todo el segmento de la población venezolana que se encuentra privada de libertad y recluida en condiciones cuasi-infrahumanas. Por último, detenidos y perseguidos políticos indican la existencia en Venezuela de algo más aterrador aún: la criminalización de la disidencia, y por lo tanto, la criminalización de la libertad del pensamiento.
La dolorosa muerte del disidente cubano Orlando Zapata nos debe servir de ejemplo de lo que significa la dignidad y el compromiso en la lucha por la libertad y la democracia. En Venezuela, Franklin Brito y su esposa Elena Rodríguez, representan otro ícono de templanza en la lucha por la dignidad y vigencia de los derechos humanos; sin ninguna otra aspiración de por medio. En tal sentido, los candidatos de la plataforma unitaria –sean presos o no-, tienen la obligación ineludible de anteponer el interés colectivo del pueblo venezolano sobre sus motivaciones particulares.
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