La participación es un derecho humano fundamental vinculado a la libertad, al ejercicio pleno de la ciudadanía y también es expresión del verdadero poder popular. El derecho a la participación se encuentra consagrado en los principales acuerdos, declaraciones y pactos del derecho internacional público; tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (10-12-1948); el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (16-12-1966); la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos / Pacto de San José (7 al 22 de Noviembre de 1969) y la Carta Democrática Interamericana (11-09-2001); entre otros documentos.
En el caso venezolano, la Constitución Bolivariana reconoce el derecho a la participación en 37% de sus artículos; convirtiéndolo en un valor supremo y estratégico de su contenido; pero además, la Carta Magna garantiza -al menos formalmente-, el respeto de los derechos humanos, en el marco del derecho internacional público con mandatos expresos y vinculantes.
Una ley para la participación ciudadana y poder popular debe garantizar su pleno desarrollo, como proceso social y político autónomo, crítico y dinámico que se propone la democratización de las relaciones de poder en la sociedad venezolana. De la misma manera, una ley para la participación ciudadana y el poder popular debe establecer las obligaciones estatales y las responsabilidades de la sociedad civil, como expresión del pueblo organizado para el ejercicio pleno de la participación como derecho humano fundamental.
Un marco jurídico para la participación ciudadana y el poder popular, supone un nuevo paradigma para el funcionamiento de la gestión gubernamental en forma democrática, descentralizada, desconcentrada, incluyente y responsable. Bajo este paradigma, la participación ciudadana potenciará el poder popular como expresión del posicionamiento del pueblo, (entendido como individuo, como comunidad y como entidad asociativa), en torno a la incidencia democrática y social sobre los procesos gubernamentales que inciden o pueden incidir en su calidad de vida inmediata.
El poder popular es la suma de saberes y relaciones individuales y colectivas que promueven la cercanía entre el Estado, los ciudadanos y sus expresiones asociativas; que propicia una mayor legitimidad y transparencia a las políticas adoptadas por los funcionarios públicos, posibilita una gestión pública más ajustada a las demandas sociales; favoreciendo de esta manera, la solidaridad, la confianza y el civismo y, en consecuencia, la gobernabilidad democrática.
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