En esta época de tanto calor y sequía en Venezuela, la toma de conciencia sobre la protección de los recursos naturales cobra especial relevancia. El deterioro de la capa de ozono, el derrame indiscriminado de sustancias tóxicas en el ambiente, la tala y la desforestación indiscriminada y la minería ilegal en zonas selváticas y boscosas, son algunas de las prácticas nocivas contra la biodiversidad y el mantenimiento de estándares mínimos de preservación ecológica y medioambiental.
El cuidado del medio ambiente se ha convertido en un objetivo trascendente y estratégico para la propia supervivencia de la civilización y el mundo, como lo conocemos. Y no se trata de una mera especulación derivada del Calendario Maya o de una disquisición fundamentada en una película de ciencia-ficción; se trata de una posición ideológica y política que busca ampliar el concepto de calidad de vida incorporando justamente un elemento básico como es el lugar donde habitamos; es decir, la tierra. Cabe destacar que, el Pacto Mundial por la Responsabilidad Social Empresarial (Davos, 1999) incluyó dentro de sus diez principios; tres referidos a la adecuada relación y tratamiento del medio ambiente; mediante el mantenimiento de un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente, por medio del fomento de iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental y, favoreciendo el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas del medio ambiente. En otras palabras, la preservación del medio ambiente es un asunto de prioridad mundial.
En Venezuela -por la combinación de efectos de los fenómenos naturales y también por la más pura ineficacia gubernamental-, nos encontramos atravesando por una dura crisis de los servicios de agua y de electricidad. Además de ello, el inadecuado tratamiento de los desechos tóxicos y sólidos, la invasión de zonas verdes, el abandono de amplias zonas selváticas y boscosas en todo el territorio nacional coloca en “entredicho” la salud ecológica del país. En ese contexto, nos llama la atención la práctica de la actividad denominada “Funrace 4x4” que se desarrolla a cielo abierto en distintos parajes naturales de nuestra Venezuela. El ejercicio de esta “actividad recreativa” consiste en conducir vehículos de doble tracción; a través de quebradas, manantiales, ríos y bosques sin importar mucho los daños irreparables ocasionados por el paso de estos carros. La práctica del “Funrace 4x4” parece altamente contaminante por las descargas de los fluidos energéticos y químicos utilizados por los vehículos en estos recorridos (gasolina, aceite, liga de freno; entre otros). Además se produce un arrollamiento indiscriminado a la flora de los espacios por los que se transita y se lleva a cabo este “deporte”. En contraparte, y gracias a Dios, el “Funrace 4x4” constituye -sin lugar a dudas-, una recreación francamente elitista y restringida a unos pocos que pueden costear semejante distracción. Pero acaso, ¿tiene una minoría en función de su muy particular concepto de recreación, la potestad de agredir y maltratar a la naturaleza y de cometer por lo tanto, un ecocidio? Indudablemente, la respuesta es negativa. Una minoría no puede usurpar el derecho de todos los venezolanos y venezolanas de disfrutar de un ambiente sano.
En todo caso, la práctica del “Funrace 4x4” debería efectuarse en espacios claramente determinados y dedicados para ese fin. ¿Es muy difícil entender esto? En tal sentido, las empresas públicas y privadas que patrocinan esta actividad deberían tomar conciencia del grave daño que ocasiona al patrimonio de nuestro país como es su medio ambiente y a la protección de la biodiversidad, a lo largo y ancho de su territorio.
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