sábado, agosto 31, 2013

67% de los candidatos no pertenecen al GPP ni a la MUD


ELECCIONES 2013 | 1.294 aspirantes a alcaldes son disidentes

En las elecciones municipales previstas el 8 de diciembre próximo, según el balance general anunciado tardíamente por el CNE, competirán 16.088 candidatos para el total de 2.972 cargos a elegir. La cantidad de aspirantes postulados entre la Mesa de la Unidad y el Gran Polo Patriótico se estima en 5.584, por lo cual 67% de los admitidos no cuentan con el aval de los dos bloques políticos.

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En diciembre deben elegirse 335 alcaldes de municipios (Archivo)

sábado 31 de agosto de 2013  12:00 AM
Los candidatos disidentes del Gran Polo Patriótico (GPP) y de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) abultan el listado definitivo de aspirantes a las elecciones municipales convocadas para el 8 de diciembre.

Según el balance general anunciado -con 14 días de retraso- por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en los comicios locales se medirán 16.088 candidatos.

En diciembre deben elegirse 335 alcaldes de municipios, 1.680 concejales nominales (por nombre y apellido), 69 representantes indígenas antes los concejos municipales (por nombre y apellido), 686 concejales tipo lista (electos votando por la tarjeta de un partido político), el Alcalde Metropolitano de Caracas, el Alcalde Distrital del Alto Apure y 20 concejales distritales.

Considerando que el total de cargos a elegir es de 2.972 y la cantidad de aspirantes postulados entre el GPP y la MUD debería ser de, al menos, de 5.584 aspirantes. ¿Quién postula a los 10.504 candidatos restantes?

La interrogante aún no tiene una respuesta concreta. A la fecha el CNE solo ha ofrecido un balance general de las candidaturas admitidas, pero sin discriminarlas por municipios o por organización política. Sin esta información resulta imposible precisar la cantidad de candidaturas disidentes del GPP y cuántas corresponden a divisiones en la alianza de los partidos de la MUD.

No obstante, el balance general si permite indicar que 67% de los aspirantes admitidos por el CNE no cuentan con el aval de los organizaciones políticas que integran a la MUD como tampoco reciben apoyo de los partidos que forman parte de la alianza chavista.

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El número de candidaturas para alcaldes y concejales nominales refleja una inusual presencia de aspirantes a cargos -especialmente de cuerpos colegiados- cuya elección está asociada a la presencia o no del candidato en el bloque que obtenga la mayoría de los votos. A partir del año 2009 con la aprobación de la Ley Orgánica de Procesos Electorales se impuso en el país un sistema electoral que sobre representa a las mayorías en detrimento de los grupos minoritarios, aunque la minoría sea equivalente a 49% del electorado. Por esta razón cualquier candidatura a cuerpos colegiados (en este caso concejos municipales) que esté por fuera de los dos grandes bloques políticos del país tiene pocas opciones de resultar triunfadora.

A falta de datos precisos de ámbito municipal se puede indicar que el promedio de aspirantes a alcaldes es de prácticamente seis candidatos por cada municipio del país.

En total para los comicios del 8 de diciembre el CNE admitió 1.964 candidaturas para burgomaestre. Considerando que los partidos que integran a la MUD presentaron 335 candidatos e igual cantidad inscribieron las organizaciones del GPP, existen 1.294 aspirantes (65,8%) que se presentarán a la contienda electoral sin el apoyo de los principales partidos del país.

¿Son candidaturas por iniciativa propia?. Imposible responder a esta interrogante mientras el organismo comicial no ofrezca datos más precisos sobre los aspirantes admitidos.

En la infografía anexa se puede detallar la cantidad de candidatos por estado resaltan, por citar algunos ejemplos, que en Táchira, en donde se elegirán 29 alcaldes (es el estado con más municipios en el país) se admitieron 161 candidaturas.

En Zulia, estado que está dividido en 21 municipios, competirán por el control local 142 candidatos, mientras en el estado Miranda, que también consta de 21 municipios, el CNE admitió las postulaciones de 150 aspirantes.

El caso de la Alcaldía Metropolitano (formada por el Distrito Capital y los municipios mirandinos de El Hatillo, Baruta, Chacao y Sucre) es un buen reflejo de la excesiva cantidad de aspirantes. Según el reporte del CNE por este cargo compiten 11 candidatos.

En los concejos municipales se experimenta un fenómeno similar. El 8 de diciembre deben escogerse 1.680 concejales nominales (por nombre y apellido) y el organismo comicial admitió 10.090 candidatos, lo que significa que 6.730 aspirantes a integrar las cámaras municipales de los 335 municipios del país acudirán a la elección sin contar con el respaldo de la MD o del GPP. Como sucede en el caso de los alcaldes, la falta de información pública hace imposible precisar la cantidad de aspirantes por iniciativa propia al cargo de concejales.

viernes, agosto 23, 2013

UNIDAD: “Sigue en marcha el desmantelamiento de la estructura federal del Estado y la adulteración de la descentralización”



El abogado Jesús María Casal, coordinador del Área de Institucionalidad Democrática de la Mesa de la Unidad Democrática afirmó que la reciente Reforma Parcial del Reglamento Orgánico de la Secretaría del Consejo Federal de Gobierno y el Fondo de Compensación Interterritorial, publicada en la Gaceta Oficial N° 40.229, del 15 de agosto de 2013, confirma el proceso de reducción de las competencias y recursos de los Estados y de los Municipios que se adelanta desde el poder central.

Para Casal se están siguiendo las orientaciones del Decreto Ley de carácter Orgánico para la Gestión Comunitaria de Competencias, Servicios y otras Atribuciones, entre otros instrumentos normativos del Estado comunal centralizado; con el objetivo de que dicha reforma parcial, apuntale la transferencia de competencias de las entidades territoriales hacia las organizaciones de base del Poder Popular y, en especial, el control del gobierno sobre ese traspaso de competencias, a través del Vicepresidente Ejecutivo, quien ejerce la Coordinación de la Secretaría del Consejo Federal de Gobierno. Todo esto en virtud de la creación de una “Coordinación de Transferencia de Competencias al Poder Popular”, encargada principalmente de “Coordinar y consensuar el proceso de transferencia de los servicios, actividades, bienes y recursos públicos de los Órganos y Entes del Poder Público a las Organizaciones de Base de Poder Popular…”, (art. 27, num. 1, del nuevo Reglamento Orgánico de la Secretaría del Consejo Federal de Gobierno y el Fondo de Compensación Interterritorial).

“Esta Coordinación de Transferencia de Competencias al Poder Popular, adscrita a una Gerencia de la Dirección Ejecutiva de la Secretaría del Consejo Federal de Gobierno, no está facultada para imponer tales transferencias, pero su creación refuerza el papel que el Decreto Ley antes mencionado otorgó a la Secretaría del Consejo Federal de Gobierno en la toma de decisiones relacionadas con la transferencia de competencias, recursos o servicios de los Estados o Municipios a organizaciones del Poder Popular, lo cual es contrario a la Constitución. Ni siquiera la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno, que contiene, por razones que no es preciso examinar ahora, varias normas constitucionales, permite a la Secretaría del Consejo Federal de Gobierno asumir esa función”, puntualizó el coordinador.

Por su parte, Carlos Mascareño, coordinador del Área de Estado Federal y Descentralización de la Unidad agregó que detrás del supuesto empoderamiento popular que estas normas propugnarían se encuentra, en realidad, la voluntad de someter la participación ciudadana a los dictados del gobierno nacional y de un pensamiento único y de disolver los espacios de autonomía democrática y de descentralización que los Estados y Municipios representan.

Dictan la Reforma Parcial del Reglamento Orgánico de la Secretaría del CFG

En Gaceta Oficial

16 agosto 2013 
En esta reforma fueron modificados los artículos 3, 5, 6, 22, 37, 48 y 49; e incorporados los artículos 27 y 56 señala la resolución. “Se suprimen los artículos denominados 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58”, detalla la norma
 

Mediante resolución, fue dictada la Reforma Parcial del Reglamento Orgánico de la Secretaría del Consejo Federal de Gobierno (CFG), a través de la cual fueron modificados, suprimidos e incorporados artículos dentro de esa normativa.
Así lo establece la resolución N° 030 emitida por el CFG publicada en la Gaceta Oficial N° 40.229, con fecha del 15 de agosto de 2013, que circula este viernes.
En esta reforma fueron modificados los artículos 3, 5, 6, 22, 37, 48 y 49;  e incorporados los artículos 27 y 56 señala la resolución.
En ese sentido, el artículo N° 3 indica que la Secretaría del CFG contará con una Unidad Administradora Central constituida por el personal necesario para ejecutar las funciones administrativas, presupuestarias y de recursos humanos inherentes al órgano. Así mismo, señala que la jefatura de esa Unidad Administradora Central será llevada a cabo por el director o directora del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI).
El artículo N° 5 especifica que el FCI  y el Comité Técnico de Evaluación será dirigido por un director o directora ejecutiva y detalla sus funciones. El artículo N° 6 se refiere a que las acciones del Directo o directora ejecutiva deberán estar acompañadas por el Gerente General y expresa además sus funciones.
EL artículo N° 22 detalla las competencias de la Gerencia de Políticas y Planificación Estratégica, resalta la resolución.
El artículo N° 37 pasa a denominarse artículo N° 38 y quedó redactado así: “El Fondo de Compensación Interterritorial contará con una Oficina de Atención Ciudadana, con rango de Gerencia Adscrita a la Dirección Ejecutiva”. Además el artículo establece las funciones de la referida oficina.
El artículo N° 48 pasa a denominarse artículo N° 49 donde se especifica que el Coordinador de la Secretaría del CFG y el Gerente son cargos de alto nivel y por lo tanto de libre nombramiento y remoción.
El artículo N° 49 pasa a denominarse artículo N°50 donde se detallan los cargos de confianza, los cuales son de libre nombramiento y remoción de la Secretaría del CFG y del FCI.
SE incorpora al reglamento el artículo N° 27 que determina las “competencias de la Coordinación de Transferencia  de Competencias al Poder Popular”.
“Se suprimen los artículos denominados 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ya que su contenido forma parte de la Reforma del Reglamento de la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno publicado el 17 de mayo de 2012”, detalla la norma.

domingo, agosto 11, 2013

La propuesta municipal de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD)



COMPROMISO CON  UNA GESTIÓN MUNICIPAL
PARA EL PUEBLO Y EL PROGRESO

BASES Y PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
El Municipio venezolano es la unidad política primaria de la organización nacional, con personalidad jurídica, autonomía y con un gobierno democrático. Su fortalecimiento es un mandato de la Constitución, la cual impone, en su artículo 4°, el desarrollo del Estado Federal y Descentralizado.
El Municipio debe ser un espacio para el progreso, en el cual  el Alcalde y el Concejo Municipal sean promotores  de  soluciones a los problemas del pueblo, sobre todo de los más necesitados, a través de la organización para el desarrollo social, cultural y económico de las comunidades.
El Municipio representa el autogobierno y la soberanía popular de los vecinos. En su jurisdicción, el Alcalde, como principal figura ejecutiva local, es quien da la cara a la población que espera respuestas efectivas a sus demandas. Pero también los Concejales poseen un rol transcendental en los destinos del municipio, puesto que ellos están llamados a contribuir con la construcción de una base jurídica que regule y promueva la convivencia vecinal y el desarrollo integral del Municipio.  Una buena gestión ejecutiva y legislativa es  el soporte de una nueva institucionalidad democrática local.
El actual gobierno nacional le ha quitado a nuestros Municipios los recursos que son de la gente y las potestades que por Constitución les son propias, limitando severamente la prestación de buenos servicios públicos e impidiendo la solución de los problemas. A ello se une la eliminación de la elección de las Juntas Parroquiales y el control centralista de la organización comunitaria y de la participación ciudadana.
La arremetida contra el Municipio se inscribe dentro del proyecto del Estado Comunal caracterizado por su centralismo y autoritarismo, contrario al derecho de la gente a elegir libremente a sus autoridades locales. Este modelo antidemocrático  pretende entregar la autoridad política en las comunidades a personas que no han sido electas mediante votación universal, directa y secreta, con la garantía del Poder Electoral. Con la imposición de las Leyes del Poder Popular se intenta restringir la libre participación ciudadana y eliminar la unidad política primaria que es el Municipio. El Municipio debe ser el espacio institucional para potenciar el verdadero poder y protagonismo popular, libre de sujeciones al Ejecutivo Nacional y a una ideología única.
Por ello, Venezuela  requiere un cambio radical en esta materia. Un cambio que asuma la autonomía del Municipio, y la relevancia y majestad de la figura ejecutiva y legislativa municipal, indispensables para abordar con propiedad los asuntos de la vida en comunidad. Ello demanda Alcaldes y Concejales que ejecuten con propiedad las competencias que la Constitución le asigna al Municipio, a la vez que ellos sean conocedores de la dinámica social y económica de su Municipio, para así planificar y gestionar con certeza las soluciones que los habitantes  de sus localidades esperan.
Venezuela demanda una gestión municipal que se ocupe con responsabilidad de  las comunidades y personas, en especial de los más débiles y desamparados. Que se ocupe tanto de la planificación y solución de los problemas de las grandes ciudades y las áreas metropolitanas, como de los pequeños centros poblados y zonas rurales, cuyos habitantes sólo tienen posibilidad de ser escuchados por un Alcalde o un Concejal.
Por lo antes expuesto, los hombres y mujeres, candidatos a Alcaldes y Concejales de la Unidad Democrática,  se comprometen ante el país a rescatar y defender un Municipio democrático,  que enfrente los problemas de la gente. Para ello, será necesaria una gestión guiada por los siguientes principios:
. Garantizar el buen funcionamiento de los servicios públicos y de los programas sociales dirigidos a la población más pobre y vulnerable del Municipio, gestionando con propiedad las competencias y, así, dejar de ser simples administradores de programas nacionales. Es el camino para construir un Municipio para la convivencia, la participación y el progreso.
. Ejercer un gobierno y una legislación basados en la participación, cercanía e inclusión de los vecinos, consejos comunales y demás organizaciones sociales del Municipio, para la solución de los problemas, en especial de los más pobres, liderando y promoviendo el ejercicio de  la seguridad, la solidaridad y la corresponsabilidad ciudadana.
. Promover el desarrollo económico local como vía para el emprendimiento, la creación de empleos de calidad y la economía social, pilares fundamentales para generar ingresos para el Municipio e impulsar  el progreso de la gente.
. Conducir una gestión basada en la defensa y el eficiente manejo de los recursos fiscales, la generación de recursos propios, la transparencia y la rendición de cuentas como guía para la promoción de la confianza entre el gobierno municipal y los habitantes.
. Desarrollar la institucionalidad municipal a través  de las mejores relaciones de cooperación con los  niveles de gobierno estadales y nacional.
CONSTRUIREMOS UN NUEVO MODELO DE GESTIÓN MUNICIPAL
La Unidad Democrática y sus candidatos a Alcaldes y Concejales serán protagonistas del cambio democrático que se asoma en Venezuela. Acudimos ante el país para comprometernos con el desarrollo de un Municipio para el progreso de la gente. Con nuestro liderazgo, orientaremos los esfuerzos a la consolidación de ciudades y pequeñas poblaciones, parroquias, barrios y caseríos, para que sean espacios de convivencia ciudadana. Lo haremos con la legitimidad que nos confiere nuestro carácter de electos, y la legalidad y autonomía que tiene el Municipio en la gestión y desarrollo de sus competencias.
Nuestra gestión municipal, ejecutiva y legislativa, estará orientada hacia el impulso y desarrollo de una gestión que beneficie a todos los ciudadanos y en particular a los más vulnerables. De esta manera, nuestros Alcaldes y Concejales trabajarán orientados por un modelo de gestión soportado en tres ejes centrales: el bienestar de la población; el emprendimiento, y el empoderamiento del individuo,  la ciudadanía y la generación de confianza social.
PRIMER EJE: EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN
GARANTIZAR SERVICIOS PÚBLICOS CON CALIDAD PARA TODOS
La mayoría de los servicios públicos necesarios para la vida pueden prestarse en el Municipio. Para ello es imprescindible respetar su autonomía política y financiera.
La atención primaria en salud y la educación preescolar y básica; la recolección de la basura; la distribución de agua y el servicio de cloacas; la movilidad y el transporte; la distribución de alimentos; la vivienda; los espacios públicos y áreas verdes, la cultura y el deporte, la formación de recursos humanos, la seguridad vecinal y la lucha contra la violencia, entre otros, son servicios que deben ser manejados por el Municipio, en cooperación con los gobiernos estadales y nacional, y con la presencia de la población organizada.
Por ello, los Alcaldes y Concejales de la Unidad Democrática promoverán comunidades exitosas con calidad urbana y valorización de los espacios públicos, a través del mejoramiento continuo de los servicios. Con este propósito incorporarán, sin exclusión, a los vecinos, consejos comunales, organizaciones sociales de base, gremios, universidades y organizaciones económicas del  Municipio a la planificación, gestión y control de los mismos. De eso se trata el progreso de la gente.
La planificación del desarrollo social y económico municipal representará un instrumento ineludible en nuestra gestión. Es un mandato legal. El sistema de planes previstos en la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística señala las directrices del crecimiento y desarrollo urbano y territorial de manera organizada. Los planes de ordenación urbana, POU, los planes de desarrollo urbano local, PDUL, y los planes especiales, PE, son instrumentos para el mejoramiento de las ciudades y los servicios  con el que todo municipio debe contar.
Las ciudades de hoy, para ser exitosas, exigen la incorporación de innovación y conocimientos. Para ello, será indispensable contar con servidores públicos calificados para producir iniciativas distintas y eficientes en la administración y prestación de los servicios públicos locales. Ello supone la profesionalización de la administración municipal que rescate y promueva el mérito por encima del clientelismo. Es un compromiso vital para los candidatos de la Unidad Democrática.
El Presupuesto Participativo como instrumento de incidencia en las decisiones  municipales será incorporado por nuestros Alcaldes y Concejales a la gestión de los servicios municipales, como medio que facilita la participación de los ciudadanos en la asignación de los recursos para el mejor funcionamiento de los servicios públicos.
Se dará especial atención a los factores ambientales, manejo de áreas verdes, fuentes de agua, salubridad y limpieza, el control de las zonas de riesgo y  la contaminación sónica y del aire, para garantizar un mejor ambiente  y un hábitat vivible para nuestra gente.
La gestión de las Áreas Metropolitanas será una prioridad. En ellas viven las dos terceras partes de la población de Venezuela. Administrarlas con eficacia exige una visión moderna, innovadora,  donde organizaciones sociales, actores públicos y privados, gremios y universidades, puedan concertar planes y estrategias para el desarrollo. Será necesario rescatar la administración de las mancomunidades, como mecanismo para prestar mejores servicios.
No podemos olvidar, finalmente, que la mayoría de los municipios venezolanos están conformados por pequeñas poblaciones, muchas de ellas rurales, en donde los servicios públicos no cuentan con los niveles de calidad requeridos. Estas ciudades y pueblos serán objeto de una especial atención, adaptando las formas de gobierno al tamaño de sus necesidades.

GARANTÍZAR LOS DERECHOS DE FAMILIAS  E  INDIVIDUOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
La Alcaldía y el Concejo Municipal son las instancias del Estado más cercanas a la población. Sólo desde allí es posible conocer y abordar los problemas individuales y familiares de sus habitantes. El Municipio es la unidad territorial privilegiada para ejecutar las políticas sociales y la atención a las familias e individuos más vulnerables.
Los Alcaldes y Concejales de la Unidad Democrática garantizarán un nivel de desarrollo social basado en la satisfacción de las necesidades básicas de las familias en nivel de pobreza y atenderán los problemas individuales de  miembros de esas familias, en especial de las personas con discapacidad. Nuestra gestión será de inclusión, equidad, participación y representación de las familias, consejos comunales, organizaciones sociales y las comunidades en la formulación, ejecución y control de las políticas sociales, en colaboración con los planes del sector público nacional y estadal.
Ejerceremos una gestión que identifique y ataque los problemas de los más necesitados, junto con las organizaciones sociales, sin distingo de parcialidad política. Todas son importantes. Allí estarán presentes los consejos comunales, las organizaciones de educación, salud, culturales, deportivas, religiosas, ambientales y todas aquellas que desarrollen una acción social en favor de la gente.

SEGUNDO EJE: EMPODERAMIENTO Y EMPRENDIMIENTO
EL MUNICIPIO COMO ESPACIO  DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS, CONSEJOS COMUNALES, MESAS TÉCNICAS, ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNIDADES EN LA GESTIÓN
La Mesa de la Unidad Democrática y sus candidatos a Alcaldes y  Concejales asumirán la deuda que tiene el país con las aspiraciones de participación del pueblo. Por ello, nuestra gestión se basará en los espacios participativos consagrados en la Constitución, para construir un Estado para la gente.
Garantizamos un gobierno local  que respete la autonomía de consejos comunales, mesas técnicas y de todas las organizaciones sociales que se desempeñan en el Municipio. Sin exclusión política. La participación de todos estará presente en cada acto de nuestra gestión. Para ello, además, nuestros Alcaldes y Concejales promoverán las mejores condiciones para que la población participe con igualdad  y con acceso a la información sobre la gestión.
Uno de esos espacios es el Consejo Local de Planificación Pública (CLPP), mecanismo  eje para los procesos participativos de la población en la creación de los acuerdos destinados al desarrollo del Municipio. Otorgaremos al CLPP la importancia que le corresponde como órgano  encargado de la planificación del Municipio, a fin con de lograr una participación armónica de comunidades organizadas y grupos vecinales en el desarrollo municipal.   
Los Gobiernos Municipales de la Unidad ampliarán la participación, a través de la presencia de la sociedad en la gestión y control de los servicios públicos y en las decisiones relacionadas con la inversión del Municipio. Por ello, el Presupuesto Participativo, como instrumento para la  incidencia vecinal y comunitaria en la elaboración de los planes de inversión anual,  será aplicado de manera prioritaria.  Se difundirán las experiencias exitosas en esta materia que ya poseen los actuales Alcaldes de la Unidad Democrática. Desarrollaremos el valor de los Cabildos Abiertos, las Asambleas Ciudadanas, la consulta pública de ordenanzas o cualquier otro medio de participación previsto en la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Público Municipal para la inclusión de la gente en la gestión pública.
Los Alcaldes y Concejales de la Unidad Democrática impulsarán la descentralización de la gestión de programas y de servicios mediante convenios de gestión con las comunidades y grupos vecinales organizados, para que con los recursos necesarios y bajo el principio de la corresponsabilidad se garantice una eficaz prestación de los servicios locales y se procesen con solvencia los reclamos de la población.
El rescate del papel fundamental de la Juntas Parroquiales será centro de nuestros esfuerzos. En particular, seremos líderes para restituir el carácter electivo directo, universal y secreto de sus autoridades, así como de cualquier otro espacio de gobierno más pequeño que el Municipio.
Nuestros Alcaldes y Concejales prestarán especial atención a la publicación oportuna de información sobre la contratación de obras y servicios, y sobre los avances en la ejecución de proyectos  contenidos en el plan de inversión anual a los fines del ejercicio de la contraloría social y de  la transparencia en la gestión pública municipal.
Finalmente, para democratizar la información, promoveremos  la ampliación del acceso a internet por parte de los vecinos que no cuenten con conectividad en sus viviendas, en concordancia con los Planes de Ciencia, Tecnología e Innovación nacionales y estadales. El acceso a internet es hoy un derecho indisolublemente ligado a la posibilidad de incidir en las decisiones locales. Ello impulsa un gobierno electrónico que realmente contribuya a resolver los problemas de la población.
EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL BENEFICIO DE LA GENTE
El gobierno municipal debe ser el principal agente del desarrollo económico local sustentable, a través de la creación de espacios institucionales  para la innovación, la creación de conocimientos y la articulación del gobierno municipal con universidades, gremios y  emprendedores locales. El Municipio debe ofrecer condiciones para que los inversionistas y emprendedores, grandes y pequeños, de la economía privada y de la economía social, puedan desarrollar actividades que generen  empleos de calidad  y seguridad de ingresos. 
Se trata de crear el Municipio Productivo en el cual sea posible introducir innovaciones tecnológicas, formar el recurso humano y difundir las mejores prácticas empresariales y de la economía social. Este es el camino para superar el modelo rentista que impide que la gente disfrute del bienestar. Es el camino para que todos los habitantes del Municipio progresen.
La Unidad Democrática está consciente del papel privilegiado que posee el Gobierno Municipal para convocar a todos los grandes, medianos y pequeños empresarios, a las empresas públicas y a los centros de educación que generan conocimientos, para la creación de actividades productivas sustentables. Nuestros Alcaldes y Concejales serán líderes del desarrollo económico local bajo los principios de responsabilidad social empresarial. En este compromiso se inscribe la defensa e impulso de la Economía Social.
Las economías de los pequeños y medianos centros poblados serán objeto de promoción especial en nuestra gestión. Allí existen múltiples oportunidades de creación de nuevas actividades y generación de empleos, a partir del conocimiento y las tradiciones productivas. Son actividades vinculadas con las potencialidades de cada Municipio, que facilitan la consolidación de desarrollos agrícolas, agroindustriales y  de turismo local, con gran porvenir.
TERCER EJE: CIUDADANÍA Y CONFIANZA SOCIAL
UN MUNICIPIO PARA LA PAZ, LA JUSTICIA, LA SEGURIDAD  Y LA CONVIVENCIA
Seremos activos promotores de la Justicia de Paz, la prevención y protección vecinal y los servicios de policía municipal. En ese camino, utilizaremos la justicia como espacio donde el ciudadano pueda encontrar en su comunidad una alternativa para solucionar sus conflictos.
En ese esfuerzo, impulsaremos la participación del ciudadano en la prevención de la seguridad ciudadana y en su relación con la Policía Municipal como una estrategia para fortalecer la lucha contra la violencia.
Especial atención merecerá la violencia de género, realidad inocultable en un importante sector de la comunidad y que afecta sobre todo a mujeres que son sustento de la familia, especialmente en las comunidades más pobres y vulnerables del Municipio.
Esta actuación estará orientada por la máxima cooperación con las instituciones de seguridad estadales y nacionales. Es indispensable una Policía Municipal formada en principios de Derechos Humanos, para actuar con diligencia y eficacia en la prevención y solución de los conflictos.
Los Alcaldes y Concejales de la Unidad Democrática se proponen ser promotores de la Paz y la seguridad ciudadana en todos los Municipios del país, construyendo espacios propicios para el desarrollo de la vida individual, familiar y en comunidad.
LA DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LAS FINANZAS DEL MUNICIPIO Y  SU GESTIÓN TRANSPARENTE
El esquema fiscal que ha prevalecido en Venezuela ha sido la dependencia de los Gobiernos Locales de las transferencias que les concede el Poder Central. Creemos en otra manera de administrar los recursos.
Por una parte, nuestros Alcaldes y Concejales serán defensores de los recursos que por Situado Constitucional, Asignaciones Especiales y Fondo de Compensación Territorial les pertenecen al Municipio y su población.  Por ello, se demandará un Consejo Federal de Gobierno plural que garantice  la distribución equitativa de los recursos públicos hacia los Municipios.
Para combatir la tradicional e ineficiente visión rentista, fortaleceremos los recursos propios de los municipios a través de mecanismos que permitan crear una cultura tributaria corresponsable. Este cambio de mentalidad forma parte del  nuevo modo de gobernar que promoverá la Unidad Democrática,  sus Alcaldes y Concejales.
Como contraparte de la gestión fiscal, los candidatos de la Unidad Democrática están comprometidos con el desarrollo de una administración sana, eficiente y eficaz. Nuestra gestión se inscribirá en un proceso constante de mejoramiento de los mecanismos administrativos, con medios de información de las finanzas, registros actualizados de proyectos y servicios, con el propósito de que vecinos, consejos comunales, organizaciones sociales y comunidades tengan libre acceso a la gestión municipal. Será fundamental entonces contar con un eficaz sistema de información local que facilite el acceso de los ciudadanos al desempeño del gobierno y la legislación del Municipio de manera transparente.
El ciudadano necesita volver a descubrir el valor de la institución municipal. La transparencia como principio permite crear la confianza de los ciudadanos y fortalece al Municipio como unidad política primaria. Los gobiernos de la Unidad Democrática en los Municipios venezolanos tendrán en la transparencia un norte de su gestión.


DECLARACIÓN FINAL
Somos la alternativa de gobiernos municipales para la convivencia, la participación y el progreso. La Unidad Democrática, sus candidatos y candidatas a Alcaldes y Concejales expresan su firme voluntad de desarrollar al Municipio como unidad política autónoma y espacio de la participación democrática y el progreso de todos. Creemos en un Municipio para la verdadera participación del  pueblo venezolano, el ejercicio democrático del voto, el fortalecimiento de la unidad democrática y el logro del bienestar. Este es un anhelo de millones de pobladores que hoy sufren la desidia del actual gobierno nacional y, a veces, la desatención de quienes están en el gobierno municipal sin creer en el Municipio..
El venezolano requiere de un Estado cercano  a la gente, que escuche sus reclamos y procure las impostergables soluciones. Garantizarle un nuevo tipo de gobierno municipal que haga del municipio un espacio para la vida y el progreso, constituye el principal compromiso de la Unidad Democrática.

miércoles, agosto 07, 2013

MI OPINIÓN EN EL CASO DE LA UNIDAD EN BARUTA




La culminación del proceso de inscripción de candidaturas a la Alcaldía de Baruta resultó polémica. Baruta, con una población de 321.175 habitantes, es una de las entidades con una proporción electoral de 85-15 a favor de la oposición y, también es uno de los municipios con menos hogares pobres en Venezuela con 8.86% de hogares en situación de pobreza. Ocupar un puesto de elección popular en Baruta, reviste una trascendencia particular.

El 12 de Febrero de 2012 hubo elecciones primarias. En esa contienda, el Concejal David Uzcátegui (pese a tener una inhabilitación político-administrativa), salió victorioso frente al Alcalde Gerardo Blyde. Desde ese momento, Uzcátegui envestido como candidato unitario, ha debido enfrentar señalamientos; tanto de instancias jurisdiccionales como de adversarios políticos en Baruta, que destacaban su condición de inhabilitado y su imposibilidad de inscribirse como candidato para las elecciones del 8-D.

La semana pasada, la Sala Constitucional del TSJ, emitió una medida cautelar a favor de Uzcátegui, que al menos, le permitió inscribirse como candidato. Dicha sentencia fue considerada por sectores políticos y vecinales que han venido adversando a Uzcátegui como una “trampa jurídica” que colocaría en manos del oficialismo al Municipio Baruta. El Martes 6 de Agosto, el candidato de la MUD formalizó su inscripción. En esa misma fecha, un grupo de vecinos celebró una Asamblea que culminó con la aprobación de tres puntos; a saber: plantear a la MUD que se permita inscribir otra candidatura, solicitar el retiro o renuncia de David Uzcátegui y pedir a Gerardo Blyde que se inscriba como candidato.

Considero poco probable que, la MUD retire el apoyo a un candidato que ganó un proceso de primarias de manera inobjetable y, mucho menos si ese candidato ha venido ejerciendo su legítima defensa; dando una pelea jurídica contra de su inhabilitación política. Caso contrario ocurriría si existiera una sentencia definitivamente firme que limitará los derechos del candidato en cuestión. Pero además dudo también que, el partido Primero Justicia (componente de la MUD), atente -a priori-, contra uno de sus principales candidatos.

Por supuesto que podría presentarse la posibilidad que (una vez cerrado el ciclo de inscripciones y sustituciones que contempla el CNE), ocurra un cese de la medida cautelar; a favor del concejal Uzcátegui, dejando de esta manera a la mayoría política del municipio Baruta, sin un candidato a alcalde. Es allí que cobra valor e interés, la propuesta de inscribir otra candidatura que pudiera entrar en competencia y suplir al “candidato original” en el caso que quedará finalmente inhabilitado, como algunos sospechan.

Ahora bien, el alcalde Gerardo Blyde tiene una gestión gubernamental en Baruta que mostrar y también tiene el derecho legítimo de aspirar a un nuevo período de gobierno. Ese un derecho legítimo y natural que no puede ser cuestionado. En el municipio Baruta existe un amplio consenso alrededor de los valores democráticos que permitirían la presencia de varias opciones vinculadas a la unidad democrática y progresista, sin que se coloque en riesgo el municipio frente a la candidatura vinculada al centralismo.  

Quizás uno de los aspectos centrales de un eventual arreglo y acuerdo entre las partes, lo representa la constitución de una plancha única de concejales y concejalas que se elabore no sólo con base al método de D’Hondt (que sobre-posiciona a los partidos políticos mayoritarios); sino que también incluya a las organizaciones políticas minoritarias y a los verdaderos dirigentes sociales y comunitarios del municipio; consolidando así la verdadera unidad entre los diferentes sectores que conforman la comunidad de un municipio tan importante como Baruta.

En síntesis, Baruta tiene un candidato unitario legítimo, que fue electo en primarias; pero que se encuentra amenazado jurisdiccionalmente por el régimen. ¿Frente a esa situación, puede haber posibilidades de asegurar el municipio, con una alternativa suplementaria de ser necesario? Yo creo que sí. Para eso existen en la política las conversaciones, las negociaciones y los acuerdos. Simplemente se trata de dar el paso al frente y, sobre todo dejar de lado la intolerancia, el insulto y la venganza que practican algunos, desde su franquicia y parcela vecinal.