El abogado Jesús María Casal, coordinador del Área
de Institucionalidad Democrática de la Mesa de la Unidad Democrática afirmó que
la reciente
Reforma Parcial del Reglamento Orgánico de la Secretaría del
Consejo Federal de Gobierno y el Fondo de Compensación Interterritorial, publicada
en la Gaceta Oficial N° 40.229, del 15 de agosto de 2013, confirma el proceso
de reducción de las competencias y recursos de los Estados y de los Municipios
que se adelanta desde el poder central.
Para
Casal se están siguiendo las orientaciones del Decreto Ley de carácter Orgánico para la Gestión Comunitaria de
Competencias, Servicios y otras Atribuciones, entre otros instrumentos
normativos del Estado comunal centralizado; con el objetivo de que dicha
reforma parcial, apuntale la transferencia de competencias de las entidades
territoriales hacia las organizaciones de base del Poder Popular y, en
especial, el control del gobierno sobre ese traspaso de competencias, a través
del Vicepresidente Ejecutivo, quien ejerce la Coordinación de la Secretaría del
Consejo Federal de Gobierno. Todo esto en virtud de la creación de una “Coordinación
de Transferencia de Competencias al Poder Popular”, encargada principalmente de
“Coordinar y consensuar el proceso de transferencia de los servicios,
actividades, bienes y recursos públicos de los Órganos y Entes del Poder
Público a las Organizaciones de Base de Poder Popular…”, (art. 27, num. 1, del
nuevo Reglamento Orgánico de la
Secretaría del Consejo Federal de Gobierno y el Fondo de Compensación
Interterritorial).
“Esta Coordinación de Transferencia de Competencias al Poder Popular, adscrita
a una Gerencia de la Dirección Ejecutiva de la Secretaría del Consejo Federal
de Gobierno, no está facultada para imponer tales transferencias, pero su
creación refuerza el papel que el Decreto Ley antes mencionado otorgó a la
Secretaría del Consejo Federal de Gobierno en la toma de decisiones
relacionadas con la transferencia de competencias, recursos o servicios de los
Estados o Municipios a organizaciones del Poder Popular, lo cual es contrario a
la Constitución. Ni siquiera la Ley
Orgánica del Consejo Federal de Gobierno, que contiene, por razones que no
es preciso examinar ahora, varias normas constitucionales, permite a la
Secretaría del Consejo Federal de Gobierno asumir esa función”, puntualizó el
coordinador.
Por su parte, Carlos Mascareño, coordinador del
Área de Estado Federal y Descentralización de la Unidad agregó que detrás del
supuesto empoderamiento popular que estas normas propugnarían se encuentra, en
realidad, la voluntad de someter la participación ciudadana a los dictados del
gobierno nacional y de un pensamiento único y de disolver los espacios de
autonomía democrática y de descentralización que los Estados y Municipios
representan.
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