Participación
sin exclusión,
un
derecho de todos los ciudadanos
Atendiendo
a la iniciativa y la invitación de la Presidenta de la Comisión de Poder Popular y Medios de la Asamblea Nacional, Diputada
María Beatriz Martínez, un equipo de líderes
y dirigentes comunitarios y sociales del Área Metropolitana de Caracas y del
interior del país, elaboramos el siguiente papel de trabajo con el único
objetivo de contribuir y apoyar el trabajo de la Comisión y del equipo nacional
responsable en la elaboración del Plan País.
Como
todos los venezolanos, aspiramos que el Plan País sea y sirva como una
herramienta de orientación asertiva y eficaz para la reconstrucción de nuestra
amada Venezuela.. Para ello, consideramos que la participación ciudadana y los
medios de comunicación son los ejes trascendentes sobre los cuales se pueden edificar políticas para el
desarrollo de la ciudadanía, que la reconstrucción de nuestra República
requiere; dejando de lado la polarización, la segregación y la exclusión e
incentivando la conciencia del disfrute responsable de los derechos para todos
los ciudadanos.
El papel
de trabajo inicia su contenido con la presentación de los principios
fundamentales sobre los cuales se basan las propuestas que, en materia de
participación ciudadana se presentarán en las áreas de reforma estructural
(descentralización, municipio y transparencia) y su vinculación directa con la organización
comunitaria, el desarrollo productivo,
la infraestructura, el urbanismo y el sector social.
Finalmente,
en el documento se sugieren un conjunto de reformas legales de corto plazo que
contribuirían a afianzar la transición; mediante la adecuación constitucional y
renovación del marco legal de la participación y de su democratización efectiva,
de cara a una sociedad basada en el derecho y el ejercicio pleno y responsable
de la ciudadanía.
Los principios fundamentales de las
propuestas
La participación es un derecho humano fundamental vinculado
a la libertad y al ejercicio pleno del poder ciudadano. El derecho a la
participación se encuentra consagrado en los principales acuerdos,
declaraciones y pactos del Derecho Internacional Público; tales como: la
Declaración Universal de los Derechos Humanos (10-12-1948), el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (16-12-1966), la Convención
Interamericana sobre Derechos Humanos / Pacto de San José (7 al 22 de Noviembre
de 1969) y la Carta Democrática Interamericana (11-09-2001); entre otros
documentos.
En el caso venezolano, la
Constitución del año 1999 reconoce el derecho a la participación en el 37% de
sus artículos; convirtiéndolo en un valor supremo y estratégico de su
contenido; pero además, la Carta Magna garantiza -al menos formalmente-, el
respeto de los derechos humanos, en el marco del Derecho Internacional Público
con mandatos expresos y vinculantes.
Consideramos que el Plan País debe partir del principio de que todos
los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a la participación activa, libre y
responsable en el desarrollo de Venezuela; así como también a contribuir y
disfrutar de su desarrollo cultural, económico, social, político y territorial,
en un marco de respeto a los derechos humanos y a la democracia.
En tal sentido, el Plan País debe
servir para establecer una alianza con los ciudadanos y sus organizaciones, que
comprenderá: el respeto a los valores democráticos, la gestión transparente y
eficaz de los recursos públicos y la promoción de la participación social de
manera efectiva y con objetivos claros; así como el fortalecimiento de la
organización autónoma de las comunidades y de los distintos sectores sociales
de todos los ámbitos del país.
Desde nuestra propuesta,
consideramos que el Plan País debe incorporar y fundamentar como principios,
los siguientes:
·
el derecho a la
participación de los ciudadanos y sus asociaciones, en las decisiones públicas
relacionadas con la elección, dirección y gestión de los distintos niveles de
gobierno,
·
el derecho a la información
consagrado en la Constitución y en el Derecho Internacional debe ser
garantizado por el Estado, facilitando el acceso a la información pública y a
la transparencia de sus actuaciones.
·
El derecho a la
comunicación debe ser esclarecido no solo como un derecho de los medios o de la
prensa; sino el derecho de los ciudadanos a expresarse libremente y de viva voz,
sin censura previa.
·
el derecho a la disidencia
y a la movilización de la sociedad civil, como expresión de la ciudadanía en la
legítima defensa de sus derechos o exigiendo modificaciones en las políticas y
comportamientos de los distintos niveles de gobierno.
·
el derecho autónomo a la
libre asociación de los ciudadanos, de las comunidades y de los sectores sociales.
·
el derecho que tienen los
ciudadanos, comunidades y sectores sociales a diagnosticar y emprender
soluciones de asuntos propios, con independencia del Estado, en beneficio de
sus intereses y de la colectividad.
En síntesis, entendemos al Plan País
de conformidad plena con los valores supremos democráticos de la pluralidad, de
la representación y la participación, la descentralización y la desconcentración
y, la corresponsabilidad, garantizando los derechos ciudadanos, la autonomía y
diversidad de las organizaciones de la sociedad civil y promoviendo la no
discriminación.
La
reforma estructural y la participación ciudadana
La
participación ciudadana y los medios de comunicación constituyen pivotes
fundamentales para sustentar la reforma estructural del Estado venezolano; bajo
un enfoque que valore la inclusión corresponsable de la ciudadanía en los
asuntos públicos y con acceso a la información pública y a la información veraz
y oportuna.
1.-
Sobre los medios de comunicación y la participación
El rol de
los medios masivos en la nueva coyuntura de democratización es la de impulsar
los procesos de mediación, para hacer accesible la información y las
posibilidades de expresión y de opinion a las bases de una democracia
participativa cada vez más amplia; es decir, que se faciliten las posibilidades
de incidir o participar directamente en la toma de decisiones. Es necesario
entender los medios comunitarios en su dimensión de cercanía a la comunidad y
mediadores de la construcción y desarrollo de políticas públicas. Para que se
pueda dar un vuelco importante al enfoque actual se requiere de incentivos que
generen los cambios necesarios en dichos medios.
En este
sentido, proponemos:
1.1. Revisar
con sentido propositivo y desporalizado, el marco jurídico que rige el ámbito de
actuación de los medios comunitarios: Ley de Comunicación del Poder Popular,
Ley Resorte, Reglamento de Medios Comunitarios y otras normas que rigen el
funcionamiento de la radio comunitaria.
1.2. Revisar
todo el sistema de medios públicos para desarrollar el concepto de medios de
Servicio Público.
1.3. Es
necesario comprender y dar a entender que, el desarrollo de nuevos modelos de
negocio es un camino para la sostenibilidad, que no tiene que estar divorciada
de la formación e impulso del desarrollo social comunitario, objeto principal
de estos medios; lo cual implica abrir posibilidades de ingresos y apertura a
la libre expresión de los productores y conductores de estos medios.
1.4. Los
medios comunitarios tienen que funcionar con un mayor compromiso con la
comunidad y, que su acción sea más relevante en cuanto a los problemas sociales
existentes.
1.5. Debe
apoyarse la formación en relación a los medios y redes sociales, procurando el
encuentro entre expertos en medios alternativos y de comunicación para el
desarrollo, con los líderes sociales u organizaciones de la comunidad, para
abrir paso a la comunicación que amplíe la percepción de sus propios problemas
y proyecte la comunidad más allá de sus propios límites.
En conclusión, los medios actuales (radios y tv comunitarias) deben ser
tomados en cuenta y, procurar políticas y un marco legal que los ampare y
favorezca en la medida en que realmente estén a disposición de las comunidades
y no de mecanismos de cooptación y dominación de regímenes dictatoriales o
autoritarios.
2.- Acerca de la
descentralización y la participación de la sociedad civil
La
descentralización constituye un principio fundamental del Estado venezolano. La
descentralización político-territorial implica una democratización del poder;
mediante su redistribución y una forma más transparente de relación entre el
Estado y la sociedad civil. La descentralización supone una mayor participación
de los ciudadanos en los asuntos públicos, en especial, en aquellos de la vida
regional o local, vinculados a su calidad de vida.
El régimen (durante
los últimos 20 años) colocó de manera progresiva a la descentralización
político-territorial en situación política de precariedad extrema; mediante una
gestión centralista y autoritaria y, el impulso de figuras administrativas
no-constitucionales que socavaron la autonomía de los gobiernos regionales e impidieron
el ejercicio de sus competencias.
En materia
de descentralización nuestro aporte se focaliza en rescatar y fortalecer los
procesos de participación de la sociedad civil para contribuir de manera
corresponsable en la recomposición de un Estado democrático, descentralizado y
participativo. En tal sentido, proponemos:
2.1. Revisar y
reformar las leyes vinculadas al Consejo Federal de Gobierno (CFG), al Consejo
Estadal de Coordinación y Planificación de Políticas Públicas (CEPLACOPP) y la
de los Consejos Locales de Planificación (CLPP), para mejorar la representación
de la ciudadanía y redefinir sus funciones de manera más democrática y
eficiente.
2.2. Promover la
efectiva descentralización y transferencia desde los estados y municipios hacia
las comunidades, asociaciones vecinales y organizaciones no gubernamentales la
prestación de servicios y programas; mediante el convenimiento corresponsable.
2.3. Fortalecer
la descentralización por medio de la participación de organizaciones no gubernamentales,
asociaciones vecinales y comunales en los procesos de planificación local y,
control y evaluación de políticas públicas.
2.4. Revisar la
pertinencia jurídica de otras entidades e instancias administrativas
no-constitucionales que afectan de manera negativa la estructura
político-territorial del Estado venezolano; tales como: los distritos motores
de desarrollo, regiones estratégicas de desarrollo, comunas, ejes comunales;
entre otras.
2.5. Revisar y
reformar para su fortalecimiento democrático los procesos de asignación de
recursos del Fondo de Compensación Interterritorial; así como también la Ley Orgánica
para la Gestión Comunitaria de Competencias, Servicios y otras atribuciones.
2.6. Descentralizar
la gestión de la Asamblea Nacional; mediante la creación de mecanismos
institucionales de consulta pública regional y local.
2.7. Fortalecer
el nivel desconcentrado de los gobiernos estadales; mediante la reformulación
de las Jefaturas Civiles como medios de relación con las comunidades
organizadas.
3.-
El municipio para los ciudadanos
En el contexto de un Estado democrático, federal, descentralizado y
participativo el municipio pasa a desempeñar un papel fundamental. Desde el
punto de vista de la participación social, la gestión autoritaria y centralista
del régimen ha incidido en el debilitamiento de la autonomía municipal en sus aspectos político-participativos;
tales como: la eliminación de la elección directa universal y secreta de los
miembros de las Juntas Parroquiales, en la cooptación de las organizaciones
vecinales y comunitarias y, la imposición de un modelo único de asociación.
Consideramos
que la participación de la ciudadanía debe ser un elemento indispensable para
la reconstrucción de las entidades municipales y, también para promover -desde
la base-, la nueva cultura democrática que reclama la Venezuela del futuro.
Al respecto,
proponemos:
3.1. La
inmediata restitución del derecho a la elección directa, universal y secreta de
los integrantes de las Juntas Parroquiales eliminado en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal de 2010. Esta
medida es inconstitucional y arbitraria; pues allí se violan los artículos 5,
63, 70 y 182 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
3.2. Aprobación de la reforma
de la Ley de Los Consejos Comunales, propuesta por la Mesa Social de Caracas,
presentada a la Comisión de Desarrollo Social y que fuera aprobada en primera
discusión por la plenaria de la Asamblea Nacional.
3.3. La
inmediata revisión y adecuación al marco constitucional vigente del conjunto de
leyes del denominado “poder popular” debido a que ha mutilado el espíritu de
lucha de las organizaciones comunitarias, sean los consejos comunales u otras
presentes en las comunidades. Tales leyes son: Ley Orgánica de las Comunas, Ley
Orgánica del Poder Popular, Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular y Ley
Orgánica del Sistema Económico Comunal.
3.4. Adelantar
los estudios pertinentes para la pronta realización de una reforma
institucional integral del actual Ministerio del Poder Popular de las Comunas y
del Instituto Autónomo FUNDACOMUNAL y, reubicar las asociaciones comunitarias
al ámbito municipal.
3.5. Fortalecer
legalmente las
Mesas Técnicas (vecinales) como mecanismos de seguimiento, control y evaluación
de la prestación de los servicios públicos locales; tales como: agua, electricidad,
desechos sólidos, gas, seguridad pública y transporte.
3.6.
Promover y fortalecer la participación vinculante de la ciudadanía en los
procesos de urbanismo, de planificación del desarrollo urbano local y de los
planes anuales de inversión municipal y local.
3.7. Fortalecer legalmente la Justicia de Paz, como
un medio de resolución alternativa de conflictos y construcción de la cultura
de la paz, la tolerancia y la sana convivencia. Y ajustar al marco
constitucional vigente la Ley Orgánica de Justicia de Paz Comunal, que solo ha
entorpecido el desarrollo de este medio de participación ciudadana.
En
síntesis, el Plan País representa una oportunidad para el relanzamiento
programático del municipio como espacio para la cercanía y la
inclusión, la transparencia y la rendición
de cuentas y, por supuesto, la participación y la corresponsabilidad con
los vecinos y comunidades organizadas.
4.-
Sobre la transparencia y el acceso a la información pública
La participación ciudadana requiere de una administración
transparente para poder ser ejercida. Hoy día, alrededor del mundo, los
sistemas de gobierno suelen ser “abiertos”. Esto es, que promueven la transparencia
en la gestión pública; así como la participación y colaboración de los
ciudadanos, sirviéndose de tal transparencia.
Algunas políticas
puntuales que pueden fortalecer el derecho a la participación ciudadana, son las
siguientes:
4.1. La promoción del derecho de acceso a la información pública y la divulgación
de la normativa en esa materia, prevista en el ordenamiento jurídico vigente.
4.2. El desarrollo de programas dirigidos a la formación ciudadana y la
capacitación de los empleados públicos sobre el derecho de acceso a la
información pública.
4.3. La identificación de materias en las cuales la participación ciudadana;
a través del acceso a la información pública pueda traer mejoras perceptibles
en la calidad de vida de la comunidad. Por ejemplo: información sobre el
impacto ambiental de actividades industriales y económicas, información sobre
licitaciones y contrataciones llevadas a cabo por los órganos y entes de la
administración pública; así como sobre la organización y funcionamiento de los
mismos.
4.4. Impulso de la aprobación (en segunda discusión) y promulgación de la Ley de
Transparencia, Divulgación y Acceso a la Información Pública (aprobada en
primera discusión, el 3 de marzo de 2016).
5.-
El desarrollo productivo y la participación social
Desde
la sociedad civil profesamos por un gobierno municipal democrático y
socialmente responsable capaz de propiciar y promover los espacios
institucionales para la negociación
constructiva con las organizaciones no gubernamentales, el sector empresarial privado,
las asociaciones vecinales y las comunidades organizadas con el propósito de
impulsar el desarrollo económico local sostenible y sustentable. Y además,
comprometido especialmente con el emprendimiento popular.
Con ese
propósito, proponemos:
5.1. Desarrollar
amplias campañas institucionales de divulgación de los derechos y la defensa de
la propiedad privada.
5.2.
Fortalecer legalmente el derecho al emprendimiento popular en el marco de las
políticas alternativas de desarrollo local, comunitario y la empresa
familiar.
6.-
El sector social y la participación: educación, cultura y programas sociales
La
participación de la ciudadanía puede contribuir a la realización eficaz de las
políticas sociales y de atención a las familias y los sectores más vulnerables.
Desde el gobierno central, la ejecución de los programas sociales se fundamenta
en: i) su articulación con los consejos comunales y ii) su ideologización como
expresión de un modelo socialista, también conocido como el “Estado comunal”.
Por el
contrario, pensamos que las nuevas políticas y programas sociales impulsados por
el gobierno de transición se basarán en la garantía de la inclusión, la
participación y la representación de las familias, la sociedad civil y las
comunidades en los procesos de formulación, ejecución y control de esos
programas. Sectorialmente, proponemos:
6.1. En educación:
6.1.1.
Rescatar y fortalecer la figura de las “Asociaciones
de Padres y Representantes”
6.1.2.
Incorporar la asignatura “Educación Ciudadana” (formación social, moral y
cívica) a los programas de estudio de los niveles educativos.
6.2. En empleo y seguridad social:
-.-
Respeto al derecho a la libre asociación de los trabajadores en gremios y sindicatos,
sin interferencia del Estado.
6.3. En materia de salud y medicamentos:
6.3.1.
Promoción de redes ciudadanas de cooperación e intercambio solidario.
6.3.2. Rescate
de las Juntas Socio-Hospitalarias como mecanismos de co-administración de
centros de salud.
6.4. En cuanto a la cultura:
6.4.1.
Descentralizar la gestión cultural y, abrir espacios para la creación cultural en las parroquias y
comunidades.
6.4.2.
Rescatar las figuras de los Cronistas Municipales y Parroquiales
6.5. En materia deportiva:
6.5.1.
Simplificar la estructura administrativa del sector deportivo.
6.5.2.
Democratizar y descentralizar la actividad deportiva; mediante la promoción del
deporte comunitario y el deporte popular.
6.5.3.
Fortalecer el sector deportivo federado.
6.5.4.
Abrir espacios para la inversión privada.
6.5.5.
Establecer mecanismos de rendición de cuentas.
6.6. En materia ambiental:
-
Rescatar los mecanismos institucionales para promover y fortalecer la
participación comunitaria en el la vigilancia y cuide ambiente
6.7. En cuanto a las personas con discapacidad:
-
Rescatar y promover las instancias de participación e inclusión de las personas
en los proceso de formación, ejecución y control de las políticas públicas del
sector.
7.- Las
medidas legales del corto y mediano plazo, en cuanto a participación ciudadana
A
continuación consideramos un conjunto de medidas legislativas y ejecutivas a
tomar en el lapso de los 100 días de la transición.
7.1.
Medidas legislativas en los primeros 100 días de la transición
7.1.1.
Aprobación de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana
7.1.2.
Aprobación de la reforma de la Ley de los Consejos Comunales
7.1.3.
Aprobación de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información
Pública
7.1.4.
Programa de reforma de las leyes del Poder Público Municipal, Consejo Federal
de Gobierno, Consejos Estadales de Planificación y Coordinación, Consejos
Locales de Planificación Pública y Ley para la Gestión Comunitaria de Competencias, Servicios y
otras atribuciones.
7.1.5. Derogación de aquellas leyes orgánicas,
especiales y ordinarias que no se ajusten al marco constitucional del año 1999
7.2. Medidas de naturaleza ejecutiva en los
primeros 100 días de la transición
7.2.1. Decreto de restitución de las Juntas
Parroquiales
7.2.2. Decreto de reorganización administrativa
del Ministerio del Poder Popular de las Comunas y Movimientos Sociales y sus
entes adscritos
7.2.3. Decreto de reorganización institucional
del Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
7.2.4. Establecimiento de la Comisión
Presidencial para el Reordenamiento del Sistema de Medios Públicos.
7.2.5. Establecimiento del Consejo Nacional para
la Participación Ciudadana
7.2.6. Creación de una Comisión de Reforma
Institucional del Poder Ciudadano
Equipo promotor
Miguel González Marregot, Iván Zambrano Bencomo, Franklin Fray, Israel Jaspe, Vilma Rigoris, William Requejo Orobio, Benito Urrea, Ermes Urriola, Carlota Salazar Calderón, María Grazia Buttaci Boscán, José Gregorio Delgado, Marco Díaz, Luis Augusto Martínez, Guillermo de Jesús López, Ismael García, Alfredo Padilla, Gerardo Poveda, Guillermo Molina, Emilio Rodríguez
