Caracas,
Venezuela; 16 de Abril de 2013
La
Coalición de Organizaciones de Derechos Humanos de Venezuela, Foro por la Vida,
en el marco
del derecho
a la participación política reconocido por la Constitución de la República
Bolivariana
de
Venezuela y los Tratados Internacionales suscritos por el Estado, se pronuncia
sobre los últimos
acontecimientos
relacionados con las elecciones presidenciales del pasado 14 de abril, donde el
pueblo
venezolano ejerció masivamente su Derecho al voto, lo cual reafirma su vocación
democrática.
Desde hace
varios años las organizaciones de derechos humanos hemos expresado preocupación
sobre el
desequilibrio en las campañas electorales, a partir del uso de los recursos del
Estado a
favor de
una opción política. En esta oportunidad dado el estrecho margen de diferencia
entre los
dos
principales candidatos y el reporte de más de 3.000 incidencias por parte de
los actores
políticos, presentan
una duda razonable sobre la consistencia de los resultados, que permiten
justificar
la activación de los mecanismos previstos en la legislación nacional para una
revisión
detallada
de los mismos, sin que ello deba ser interpretado como una amenaza a la
democracia y
la voluntad
popular, sino como la forma legal y cívica de resolver la controversia,
especialmente
considerando
que ambos candidatos aceptaron de manera voluntaria e inmediata la revisión la
noche del
14 de abril.
Es
necesario recordar que en Venezuela existen precedentes jurídicos que
establecen que la
proclamación
de un candidato, no cierra los canales legales para la activación de los
mecanismos
de revisión
de los resultados de un proceso electoral.
Saludamos
el ofrecimiento del Secretario General de la OEA, quien puso a disposición de
Venezuela
el equipo de expertos electorales de la organización. La asistencia técnica es
un
mecanismo
válido y oportuno en el ámbito de las relaciones internacionales que no puede
desestimarse
a priori bajo el debatible argumento de la injerencia extranjera, tomando en
cuenta
que la Carta
Democrática Interamericana considera “que uno de los propósitos de la OEA es
promover
y consolidar la democracia representativa dentro del respeto del principio de
no
intervención”.
Repudiamos
las agresiones contra personas que participaban en las auditorías ciudadanas,
cuya
realización
solo es posible “una vez existan las condiciones mínimas de
seguridad para la
realización
del acto con absoluta normalidad” (Artículo
440 del Reglamento LOPE). La auditoría
ciudadana
constituye parte integral del proceso electoral y su obstaculización solo
contribuye a
sembrar
dudas sobre la integridad de los resultados.
Expresamos
nuestra preocupación por los ataques vandálicos sufridos por la Red de
Observación
Electoral
de la Asamblea de Educación contra su personal, equipos e instalaciones en las
que
laboraban
el 14 de abril, mientras realizaban una actividad de verificación, debidamente
avalada
por el
Consejo Nacional Electoral.
Por tanto:
1.‐ Hacemos
un llamado a sociedad civil a canalizar sus aportes para la documentación y
formalización
de denuncias y seguir el proceso de verificación de resultados de manera
cívica.
2.‐
Solicitamos al Consejo Nacional Electoral acoger solicitudes que se formalicen
y a darles curso
de
conformidad con lo previsto en la normativa electoral, incluyendo la aceptación
del ofrecimiento de asistencia técnica de la Organización de Estados
Americanos. Igualmente solicitamos
al CNE se inicien las averiguaciones respectivas ante las distintas
irregularidades arriba mencionadas,
que empañan el proceso electoral y se apliquen a los responsables las sanciones que dicta
el marco legal venezolano.
3.‐
Exhortamos a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y en particular a los
responsables del Plan
República,
a preservar el material electoral, de acuerdo a las responsabilidades que le
imponen los
artículos
167 y 169 de la Ley Orgánica sobre Procesos Electorales.
4.‐
Invitamos a los partidos políticos y autoridades nacionales a que se establezca
el diálogo en un
marco de
respeto mutuo, como único mecanismo democrático que permita una salida pacífica
a las
actuales circunstancias que vive Venezuela.
5.‐
Recordamos que la protesta pacífica es un derecho humano consagrado en la
Constitución de
la
República Bolivariana de Venezuela y en los Tratados Internacionales de
Derechos Humanos. En
tal
sentido, exhortamos al Estado venezolano a garantizar el libre ejercicio de
este derecho y proteger a
todas las personas que lo ejerzan.
6.‐
Solicitamos al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo prevenir e
investigar de manera
oportuna e
independiente cualquier tipo de violación a los derechos humanos, y a los
cuerpos de
seguridad
del Estado abstenerse de la utilización abusiva y desproporcionada de la fuerza
tal como
lo
contempla la legislación nacional. Ello comprende la no intervención de cuerpos
militares, el uso
de armas de
fuego, el empleo de la violencia, y el uso de gases lacrimógenos o de
sustancias
tóxicas
prohibidas para el control del orden público en la Carta Magna.
Las
organizaciones que conforman la coalición del Foro por la Vida, hacemos un
llamado al Estado
venezolano
al respeto de los derechos humanos consagrados en la Constitución de la
República
Bolivariana
de Venezuela para garantizar y contribuir a un clima de paz, dialogo,
entendimiento y
reconocimiento
entre los sectores del país.
Acción
Ciudadana Contra el Sida (Accsi)
Acción
Solidaria (Acsol)
Caritas de
Venezuela. Comisión de Justicia y Paz
Caritas Los
Teques. Justicia y Paz
Centra para
la Paz y los Derechos Humanos de la UCV
Centro de
Derechos Humanos de la UCAB
Centro de
Investigación Social Formación y Estudios de la Mujer (CISFEM)
Comité de
familiares víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (COFAVIC)
Espacio
Público
Programa
Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA)
Vicaria de los Derechos Humanos de la
Arquidiócesis de Caracas
