Hasta
el día 31 del mes de Julio de cada año, tienen plazos los alcaldes de los 335 municipios
de Venezuela para presentar ante la plenaria de sus respectivos Consejos
Locales de Planificación Pública (CLPP) la previsión presupuestaria correspondiente
al plan de inversión municipal del ejercicio fiscal siguiente; en este caso, el
estimado para el año 2017. Se abre así, el ciclo del presupuesto participativo
que durará hasta el mes octubre; lapso en el que las comunidades organizadas pueden
incidir en la elaboración del plan anual de inversión municipal.
En
efecto, una parte del plan anual de inversión municipal recoge las propuestas
de inversión presentadas por las comunidades organizadas; mediante el
presupuesto participativo. En la casi totalidad de los municipios venezolanos se
encuentran obras que construidas a raíz de solicitudes formuladas por vecinos y
comunidades en el ejercicio de un derecho constitucional: el derecho a la
participación en los asuntos públicos (CRBV. Artículos 62 y 184).
El
presupuesto participativo en Venezuela viene desde los años 80, con
antecedentes claros en los municipios Caroní (del estado Bolívar) y Morán (del estado
Lara). Tales antecedentes fueron posibles por gestiones locales con una visión
incluyente y democrática del gobierno municipal. Luego de su inclusión en la Constitución
Nacional, el presupuesto participativo fue “normado” inicialmente por la Ley
Orgánica del Poder Público Municipal (año 2005); más adelante y más
específicamente fue recogido en la Ley de los Consejos Locales de Planificación
Pública (año 2006).
La
aplicación del presupuesto participativo en Venezuela, no ha sido fácil ni
fluida. Por una parte, factores externos a los municipios han dificultado su
implementación adecuada. Me refiero; por ejemplo, a su baja capacidad de
generar ingresos propios, a los retrasos en la entrega del situado
constitucional o la creciente inflación que azota la economía nacional. Otra
dificultad es que la planificación del desarrollo municipal no ha sido ni
valorada ni desarrollada, lo suficiente.
Un problema
adicional para el presupuesto participativo municipal es el acceso directo que
ahora tienen los consejos comunales a recursos financieros del Fondo de
Compensación Interterritorial del Consejo Federal de Gobierno. Con ello, los
municipios ven restringida su capacidad de ordenar su gestión en su propio
territorio. Sin embargo, el interés de los vecinos y comunidades organizadas
para realizar diagnósticos y presentar incluso proyectos, es continuo y
creciente. Y es que, desde hace algunos años la dirigencia vecinal tiene consciencia
de la posibilidad de incidir en un área estratégica del municipio: la
elaboración del plan anual de inversión.
Se acerca
pues, el tiempo en el que las alcaldías y sus respectivos CLPP deben activar el
proceso de presupuesto participativo. Al margen de cualquier consideración
técnica resulta muy gratificante observar o participar en las reuniones que
realizan las comunidades para formular su diagnóstico y preparar sus propuestas.
También son muy interesantes los encuentros e intercambios que se establecen
entre los alcaldes, sus directores y los vecinos para considerar las
necesidades comunitarias.
La experiencia me indica que, el presupuesto participativo debe ser revisado y mejorado. Creo que aspectos; tales como los criterios de selección de las propuestas vecinales; así como también de los medios de control ciudadano y de rendición cuentas requieren de una evaluación institucional y técnica pero también de naturaleza democrática y libre de prejuicios burocráticos. El presupuesto participativo además de ser un derecho ciudadano, también representa una forma de descentralizar la gestión de las políticas públicas y de promover la corresponsabilidad entre el Estado y sociedad justo en el ámbito más estratégico; es decir, el municipio.
