martes, diciembre 12, 2017

Terminó la primera mitad de la 8va temporada de "The Walking Dead"



Saludos, ¿cómo les va?

Soy seguidor de la serie “The Walking Dead” (TWD), quizás no con la afición que tengo hacia “Games of Thrones” (GOT); pero sigo TWD desde sus comienzos. La saga localizada en Atlanta (EE.UU) tuvo como gancho la lucha por la sobrevivencia de un grupo humano, liderado por el personaje Rick Grimes en medio de un mundo post-apocalíptico y dominado por una nueva “especie humana” de muertos vivientes y caminantes que deambulan por allí, con el único y simple  propósito de comer carne de seres vivos.
Inicialmente, TWD era una serie llena de incertidumbre y de terror  en la que el tema principal de su trama nos narraba las peripecias sufridas por ese pequeño grupo de humanos  en el nuevo mundo, dominado por los caminantes muertos. Y de verdad, su desarrollo argumental; aunque simple, generaba un interés por el futuro de los personajes principales y recurrentes que aparecían en sus capítulos.
TWD es la versión televisiva de un “comic” muy reconocido internacionalmente del mismo nombre, producido por Robert Kirkman (también motor de la serie), y que en Venezuela la transmite la cadena FOX. Ya con ocho temporadas encima, TWD ha comenzado a dar un giro interesante (¿y quizás definitivo?) en su trama, al trasladar a un segundo plano el conflicto entre sobrevivientes y caminantes y, ubicar en primer plano,  el conflicto entre los sobrevivientes del grupo Grimes y otros líderes y, grupos de sobrevivientes que no siempre resultan amistosos.
Así, en las dos últimas temporadas el plato principal ha sido el enfrentamiento entre el grupo Grimes contra un grupo de maleantes denominados “Los Salvadores” liderados por un cínico personaje llamado Negan. En su nuevo formato argumental, la guerra entre este bando e incluso la lucha a muerte entre Grimes y Negan representaría el típico enfrentamiento entre dos posiciones claramente diferenciadas: quienes aspiran a vivir en paz y libertad en ese mundo -cuasi inexistente- y, quienes desean vivir en ese mismo mundo; pero a costa de la explotación y opresión de otros. Así, que el enfoque de la serie es otro.
Por supuesto, reconozco sin remordimientos, que estoy simplificando demasiado la historia; pero lo hago para destacar el nuevo concepto que aparentemente regirá a TWD. Es decir,  TWD estaría tomando un nuevo rumbo en el cual los caminantes-muertos ocuparían un lugar cada vez más accesorio y escenográfico; mientras el grupo de Rick Grimes y, sus relaciones entre sí y con otras agrupaciones, sería cada vez más preponderante en la trama.
La reconstrucción posible de ese mundo post-apocalíptico por medio de micro-comunidades también resulta atractiva; aunque requerirá cierto desapego del “comic” original. Y es que, la reorganización de un tejido social en medio de serias restricciones y, con base a interacciones de cooperación y conflicto y, además bajo la incidencia directa de ataques sobrevenidos de vivos o muertos, es un reto digno de una serie. Por otra parte; luego de la resolución de la  guerra entre los denominados “Salvadores” y las comunidades libres lideradas por Grimes, Maggie y Ezekiel parece difícil que los muertos-caminantes tengan un repunte en el guión. Al parecer, los  muertos quedarán muertos; aunque caminen.
Veremos que ocurre en la segunda parte de esta octava temporada de TWD, a partir del mes de febrero de 2018. ¿Por cierto, cuándo fue mordido Carl Grimes?

Saludos a tod@s.  

@migonzalezm


miércoles, diciembre 06, 2017

ELECCIONES DE ALCALDES EN VENEZUELA (2-2)



Más de 1500 candidatos aspiran al voto popular para acceder a las 335 alcaldías del país, en un proceso electoral que se desarrollará en una ambiente político y social adverso a la participación y marcado por la desconfianza de la población. Venezuela padece de una hiperinflación, nunca antes conocida; así como el declive en su producción petrolera, la incapacidad manifiesta de cumplir con sus acreencias internacionales que unidas a la inseguridad ciudadana, la corrupción administrativa y la persecución política, hace que el llamado a elegir alcaldes del próximo 10-D palidezca y, no despierte mucha motivación en las grandes mayorías nacionales.

En el aspecto político-electoral se agregan la nula credibilidad y confianza que inspira el Consejo Nacional Electoral (CNE) como ente rector del proceso comicial y, el llamado a la abstención realizado por los principales partidos de la oposición democrática y de sus sectores más radicalizados. De esta manera, se completa un panorama devastador para la valorización positiva del voto popular como instrumento de participación y cambio democrático en la actual coyuntura venezolana. No cabe duda que, el bloque oficialista sacará provecho de esta situación de desasosiego para avanzar en la implantación de su proyecto hegemónico.

La decisión de la oposición de no participar en las elecciones de alcaldes pareciera inconsistente y con grietas. Por una parte, defiende la salida electoral a la crisis del país; pero al mismo tiempo descarta su participación en las elecciones locales del 10-D, bajo el argumento de su escasa relevancia para los cambios que requiere el país. Pero además, la alianza democrática que siempre en su discurso defendió la participación ciudadana y la descentralización, abandonó ahora los espacios locales de gobierno pensando en unas elecciones presidenciales previstas para el próximo año. Pudiera concluirse que, la decisión adoptada nos muestra un desinterés y una desconexión de la agenda de los asuntos municipales y vecinales.  

También la abstención asumida, ha generado consecuencias políticas en el ámbito municipal; tanto  la esfera partidista como en la ciudadana:

i)                    buena parte de su la dirigencia local optó por desconocer la línea partidista nacional; con lo cual quedó demostrado cierta debilidad en el mantenimiento de la disciplina en las organizaciones partidistas,

ii)                   la misma dirigencia y militancia municipales que decidió participar en la elección de alcaldes, lo hace mediante y vía otras “franquicias políticas” y de paso, negando su filiación partidista original y conocida; con lo cual se creó un problema de naturaleza ética;

iii)                 ante el “vacío formal” que dejaron los partidos y sus estructuras electorales, entraron en competencia una diversidad candidaturas vecinales independientes y,

iv)                 las fuerzas democráticas locales se dividieron y se atomizaron; reduciendo de esta manera, sus posibilidades de triunfo frente al bloque del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

En ese contexto, han sido los propios actores municipales políticos, comunitarios y sociales los que han asumido la tarea de superar la dispersión de sus fuerzas; mediante el impulso de candidaturas únicas o por lo menos unitarias en sus ámbitos locales. Por ejemplo:

i)    en los estados Mérida y Táchira se establecieron consensos alrededor de candidaturas y, sólo se celebraron elecciones primarias en ciertos municipios donde no se llegó al consenso.

ii)     en el municipio Sucre del estado Miranda y, por presión del movimiento vecinal, se llegó a seleccionar un candidato unitario mediante una encuesta acordada por los tres candidatos participantes.

iii)      En otros municipios, los propios candidatos han llegado a acuerdos entre sí, para el retiro y apoyo de unos aspirantes hacia otros, como ocurrió en el municipio Diego Bautista Urbaneja del estado Anzóategui.

Por su parte, el bloque oficialista encabezado por el PSUV también ha sufrido su respectivo agrietamiento; aunque quizás de una manera más moderada. No cabe duda que, durante los últimos tiempos, el PSUV ha perdido fuerza y ascendencia popular. Tampoco dudamos, que hayan comenzado a surgir nuevos liderazgos dentro del entorno del chavismo. Sin embargo, esa disidencia; aún no ha conseguido engranarse de manera eficaz ni tampoco ha podido presentarse como una alternativa creíble y atractiva a la mayoría del chavismo, que aún sigue a Nicolás Maduro.  

Los resultados de las elecciones de alcaldes son previsibles. Habrá una alta abstención y los sectores democráticos podrían sufrir un retroceso significativo en el número de gobiernos locales que hoy día, están bajo su control. Pero más allá del porcentaje de participación y del número de alcaldías que obtenga o retenga la oposición venezolana, quedará en tela de juicio la decisión de su dirección de abstenerse y no participar en el proceso. ¿Por qué abandonar y entregar al adversario ideológico el ámbito de gestión gubernamental más cercano al ciudadano? ¿Acaso no importan los derechos de los millones de ciudadanos que creyeron en una propuesta de democratización de la gestión local?

La estrategia abstencionista y acomodaticia implementada por los principales partidos de la MUD y, también por sectores más radicalizados de la oposición venezolana, dejó varados y sin apoyo organizativo ni operativo a los millares de líderes y activistas comunitarios que con entrega y coherencia; aún se mantienen defendiendo los principios constitucionales y democráticos en cada municipio del país. Al menos, y gracias a ellos, la esperanza de cambio sigue intacta para los venezolanos.

@migonzalezm  


miércoles, noviembre 08, 2017

LAS ELECCIONES DE ALCALDES EN VENEZUELA (1/2)



Un nuevo proceso electoral se realizará en Venezuela: la elección de los alcaldes de los trescientos treinta y cinco (335) municipios que tiene el país.¹ Los alcaldes son la primera autoridad civil del municipio y su elección se realiza mediante el voto directo, universal y secreto. Si bien, estas elecciones estaban previstas para este año 2017 (en el marco de la renovación de las autoridades locales, que incluía también a los Concejos Municipales)², su convocatoria generó una amplia polémica y división entre partidos y vecinos sobre la pertinencia o no, de participar en ellas.
En nuestro país y según la Carta Magna, el municipio constituye la unidad política primaria de la organización nacional, con personalidad jurídica propia y con autonomía para el ejercicio de sus competencias. Esa autonomía municipal comprende la elección de sus autoridades, la gestión de las materias de su competencia y la creación, recaudación e inversión de sus ingresos. Por otra parte, el municipio es también la base de la pirámide del modelo de gestión descentralizada que se establece en la Constitución de 1999.³
Como un dato informativo adicional cabe agregar que, el Poder Público Municipal está organizado en cuatro (4) componentes; a saber: la función ejecutiva (ejercida por el Alcalde), la función legislativa (desempeñada por el Concejo Municipal), la función contralora (correspondiente a la Contraloría Municipal) y la función de planificación (ejercida en corresponsabilidad por el Consejo Local de Planificación Pública que es presidido por el alcalde y, en el que participan representantes de las comunidades).⁴
Por otra parte, los municipios representan la base de la estructura piramidal del modelo de Estado federal, descentralizado y participativo que determina el marco constitucional vigente. De igual manera, la Carta Magna indica que la gestión de las atribuciones y competencias de los municipios deben realizarse incorporando la participación ciudadana al proceso de definición y ejecución de a la gestión pública y al control y evaluación de sus resultados de manera efectiva, suficiente y oportuna.⁵
En ese contexto, los municipios suelen ser conocidos en el “discurso político doméstico” como: las bases territoriales de la democracia, las escuelas de ciudadanía o los espacios naturales para la participación ciudadana. Sin embargo, y de manera paradójica, la mayoría de las organizaciones políticas del bloque democrático decidieron no participar y abstenerse de postular candidatos de manera abierta a las elecciones del próximo 10 de diciembre, aduciendo falta de garantías electorales. Al mismo tiempo han expresado que exigirán adecuadas condiciones electorales para participar en unas eventuales elecciones presidenciales en el 2018. 
El abandono electoral del ámbito municipal; por parte del bloque democrático colocó en una situación muy comprometida la continuidad de casi ochenta (80) gobiernos locales que alcanzan con su actividad institucional, al 50% de la población de todo el país. También el repliegue significó el abandono del necesario debate sobre la democracia, la participación y la calidad de vida locales y, sobre todo omite que las elecciones municipales son un espacio y oportunidad para organizar a los vecinos y defender sus derechos ciudadanos con base; a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Además de develar una inconsistencia política el repliegue electoral asumido por la mayoría de las plataformas partidistas de la alianza democrática, tiene también cuestionamiento ético; pues en efecto, se ha detectado (y es público y notorio) que algunos militantes y dirigentes de los partidos opositores se han venido postulando en distintos municipios para participar en las elecciones de alcaldes; utilizando “franquicias políticas” distintas. Es decir, hay una ruptura entre lo que se ha dicho y lo que se ha practicado.⁶
Un factor que influye en el repliegue táctico de la oposición en las elecciones de alcaldes es la brutal persecución política que han sufrido los alcaldes (y también concejales y dirigentes comunitarios); por parte del gobierno nacional. De hecho, hasta catorce (14) alcaldes han sido destituidos de manera ilegal, y dentro de ese grupo hay detenidos, prófugos y también en el exilio. La represión política emprendida contra el liderazgo local tiene sentido porque para un régimen autoritario, el surgimiento de nuevos líderes constituye una amenaza cierta.⁷
Una interesante noticia es que frente al desatino partidista municipal; tanto la dirigencia de la sociedad civil como de las comunidades organizadas han emergido a la palestra electoral con el firme propósito de defender sus municipios ante quizás un indefectible avance oficialista. Por otra parte, esta aparición electoral del movimiento vecinal nos demuestra las brechas y las divergencias entre los enfoques que sobre el tratamiento de la democracia local, poseen la ciudadanía y los partidos políticos.
Todo parece indicar que vamos hacia un retroceso en la lucha por el cambio democrático en Venezuela y, sobre todo, en un área tan neurálgica como es la base del sistema político venezolano, representada por los municipios. En tal sentido, la conducción política de la dirigencia de la alianza democrática está en la obligación de aprender de sus propios éxitos y errores, para recuperar la conexión con las demandas de cambio de la amplia mayoría de la población venezolana.
@migonzalezm 
Notas
¹ Las elecciones de alcaldes están pautadas para el domingo 10 de diciembre de este año. Los anteriores comicios fueron realizados en el año 2013. Los lapsos del gobierno municipal son de cuatro años; tanto para la función ejecutiva como para la función deliberante. 
² Los Concejos Municipales están integrados por concejales, escogidos también por elección directa, universal y secreta. Su elección debería realizarse de manera simultánea con la elección de alcaldes; sin embargo, el Consejo Nacional Electoral decidió separarlas y realizarlas en una fecha posterior, en el transcurso del año 2018.
³ Artículo 168 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Gaceta Oficial del 24 de marzo de 2000.
⁴ Según artículo 75 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM) del año 2005, Gaceta Oficial N° 38.204. La LOPPM ha sido reformada sucesivamente en los años 2006, 2009 y 2010; manteniendo la conformación y división funcional de la institucionalidad pública.  
⁵ Artículos 168 y 178 de Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Gaceta Oficial del 24 de marzo de 2000.
⁶ Tan sólo las organizaciones Un Nuevo Tiempo (UNT) y Avanzada Progresista (AP) presentaron candidatos a las elecciones de alcaldes de manera abierta. Del resto de organizaciones de la alianza democrática Voluntad Popular (VP), Acción Democrática (AD) y el Movimiento Primero Justicia (MPJ) no lo hicieron de manera formal.

⁷ A 34 de los 77 alcaldes que obtuvo inicialmente la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) se le abrieron causas “judiciales”.       De estos 34, 14 alcaldes fueron destituidos o detenidos; además de ser inhabilitados para ejercer cargos públicos: Gustavo Marcano (Urbaneja, Anzoátegui), Delsón Guarate (Mario Briceño Iragorry, Aragua), Luzmay Barreto (Guasdalito, Apure), Enzo Scarano (San Diego), Rosa de Scarano (San Diego, Carabobo), Antonio Ledezma (Distrito Metropolitano de Caracas), Alfredo Ramos (Iribarren, Lara), Omar Lares (Campo Elías, Mérida) Carlos García (Libertador, Mérida), Ramón Muchacho (Chacao, Miranda), David Smolansky (El Hatillo, Miranda), Warner Jiménez (Maturín, Monagas), Antonio Goncalves (Maturín, Monagas) y Daniel Ceballos (San Cristóbal, Táchira).   

miércoles, octubre 25, 2017

POR UNA REVISIÓN DEMOCRÁTICA Y PROGRAMÁTICA



Sería muy grave que no ocurriera un debate en los sectores de oposición democrática sobre los resultados de las elecciones regionales del pasado 15-O y, también sobre cómo actuar de ahora en adelante. Ese debate es necesario; pero debe realizarse bajo criterios asertivos y en condiciones que lo hagan productivo. El intercambio de insultos, descalificaciones personales entre líderes democráticos; a través de los medios de comunicación y las redes sociales, no contribuye sino a consolidar una pobre imagen discursiva y programática de la oposición.
En relación a los resultados electorales regionales, la alianza opositora ha venido recopilando y documentando un alto número de irregularidades cometidas; tanto por el propio Consejo Nacional Electoral (CNE) como por el bloque oficialista que según se ha informado serán llevadas a instancias internacionales. Por otra parte, la Asamblea Nacional ha reiterado en dos acuerdos su desconocimiento al proceso comicial que eligió a los gobernadores de las 23 entidades federales.¹ Y eso significa una acción importante y estratégica en las confrontaciones políticas que vendrán.
En cuanto al ¿qué hacer? la cosa pinta diferente, porque es más complicado. Hasta ahora, y en medio de las intervenciones más viscerales que analíticas, lo que se vislumbra es una lucha soterrada por el control político de la dirección de las fuerzas democráticas. En efecto, una nueva plataforma “soyvenezuela”² aspira a desplazar y convertirse en la sustituta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Por su parte, ésta última viene llamando a revisar y refundar la unidad del bloque opositor.
El objetivo que se propone la nueva “soyvenezuela” además de anti-unitario no es tan sencillo; pues hasta ahora sus organizaciones proponentes no han mostrado ni fuerza ni músculo político en el país; mientras que la vilipendiada MUD reúne a las principales partidos políticos democráticos ³. En tal sentido, pienso que la idea de estructurar una nueva alianza con base a la exclusión de otros factores políticos (además de reflejar autoritarismo y sectarismo), parece condenada al fracaso.
Un detalle adicional es que en el ámbito opositor suele identificarse periódicamente a “algún traidor”. Los acusados son personajes importantes y de proyección mediática nacional. Así han sido tildados líderes como Henrique Capriles, Manuel Rosales, Julio Andrés Borges, Henri Falcón y, últimamente Henry Ramos Allup y los 4 gobernadores recién electos y militantes de AD. Al respecto, cabe preguntarse: ¿cómo pretende presentarse ese sector político como una alternativa de gobierno, si denigra en forma reiterada de su propio liderazgo? Hay que salir de ese ambiente enrarecido y autodestructivo, ya.
Una deuda pendiente de la oposición venezolana es la elaboración de un proyecto programático realista, creíble y con algún grado de viabilidad. El bloque democrático ha desperdiciado la ingente cantidad de talento humano que puede ofrecer y aportar ideas, conceptos y propuestas  para estructurar una sólida oferta a toda la población del país. ⁴ En realidad, los factores democráticos deben superar el “vete ya” (que para muchos ciudadanos suena a golpismo), por una acción propositiva de cambio desde todas las instancias y espacios donde actúen.
Otra deuda viene dada por su relación intermitente con los sectores sociales y comunitarios del país. El cambio democrático en Venezuela ha marchado con lentitud, debido a la extrema debilidad y dispersión de sus movimientos sociales.⁵ Si a eso agregamos el escaso diálogo de los partidos democráticos con los sectores sociales, las dificultades para construir una alianza más allá de lo electoral, son insalvables. Por su parte, el chavismo desde su llegada al poder ha hecho justo lo contrario; es decir, ha desarrollado una narrativa que conecta con esos movimientos y colectivos.
El tema electoral -que es un componente fundamental en la estrategia de la unidad democrática-, luce ahora amenazado. Y es que conformarse con afirmar que la ruta electoral está cerrada en Venezuela, es muy grave si de paso también se afirma que no hay posibilidades de diálogo ni de negociación alguna. Entonces, ¿qué opción le queda en el portafolio a la oposición, acaso una ruta violenta? Pienso que si el gobierno “cierra la puerta electoral”; pues entonces hay que abrirla de nuevo y cuantas veces sea necesario.
Un aspecto trascendente para la oposición es la consolidación urgente de un aparato electoral de calidad, eficaz y profesionalizado que pueda hacer frente  al oficialismo en los eventos electorales que seguro vendrán, entre ellos las elecciones municipales y las presidenciales.
Finalmente, se requiere de un debate que sea verdaderamente democrático, programático y responsable. Recomponer la unidad, pero de manera unitaria, es básica para continuar en la lucha por el cambio. No hay que temer a las diferencias ni a la diversidad. Por el contrario, hay que reconocerse en ella. Se necesita una unidad que incluya y no descalifique. Para ello, hay que impulsar un debate que proponga y no solamente se oponga y, en el que la agenda social sea considerada con seriedad. Vayan por el cambio, todo un país les espera.
Saludos a todos
@migonzalezm
Notas
¹ En fecha 19 de octubre de 2017, la Asamblea Nacional declaró fraudulento el proceso de elecciones regionales y, el 25 del corriente desconoció el acto de los cuatro gobernadores que se juramentaron en la ilegal Asamblea Nacional Constituyente, que controla el partido de gobierno PSUV.
² La plataforma “soyvenezuela” está siendo impulsada por el partido Alianza Bravo Pueblo (ABP) que lidera el alcalde metropolitano Antonio Ledezma (injustamente privado de libertad) y el grupo denominado Vente Venezuela, que encabeza María Corina Machado. Ambas organizaciones no poseen mayor incidencia en la población. La plataforma soyvenezuela fue lanzada el 18 de septiembre de 2017 y no apoyó la participación electoral en las elecciones regionales. 
³ La MUD aún reúne a las principales organizaciones partidistas del país, como son: el Movimiento Primero Justicia (MPJ), Acción Democrática (AD), Un Nuevo Tiempo (UNT), Voluntad Popular (VP), Avanzada Progresista (AP), La Causa Radical (LCR); entre otras organizaciones regionales e incluso locales.
⁴ La MUD logró formular importantes documentos programáticos, como fueron: los “Aspectos Fundamentales de los Lineamientos para el Programa de Gobierno de Unidad Nacional”, la “Agenda Parlamentaria”, las “100 Soluciones para la Gente”, los Lineamientos Generales para una Política de Descentralización” y los Lineamientos para una Gestión Municipal para Pueblo y para el Progreso”; entre otros. Tales documentos y propuestas de trabajo; salvo contadas excepciones han sido impulsadas por los factores políticos de la unidad democrática.
⁵ Salvo el movimiento estudiantil, el resto de movimientos sociales y de base tienen una escasa capacidad de organización y movilización. Algunos gremios y sindicatos (de maestros, médicos, ingenieros y periodistas) intentan impulsar luchas reivindicativas de carácter permanente; pero generalmente no logran. Las organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos tienen mayor regularidad en su actuación; pero aún no es suficiente. En todo caso, la MUD tiene una enorme deuda programática y reivindicativa con estos sectores.


jueves, octubre 19, 2017

POST 15-O: EN LA UNIDAD, TOCA REFLEXIONAR PARA SEGUIR ADELANTE



Los resultados electorales del pasado 15 de octubre en los que el bloque oficialista ganó 18 de las 23 gobernaciones en disputa, originaron un intenso debate sobre las irregularidades cometidas por las autoridades electorales (CNE) y, por la presunta irresponsabilidad de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Por su parte, la MUD se ha negado a reconocer los resultados¹ y ha solicitado una auditoría global del proceso. Además inició -con sus equipos-, la documentación de las irregularidades por cada entidad federal.
Luis Almagro, Secretario General de la OEA acusó a la MUD de “transformarse en un instrumento esencial del eventual fraude y de demostrar que no tiene reflejos democráticos como para proteger los derechos de la gente en este caso el voto”.² María Corina Machado, indicó que las 5 gobernaciones ganadas por la MUD fueron “asignadas” por el régimen de Maduro a cambio de una negociación.³ Países como Canadá, Estados Unidos y España y corporaciones como la Unión Europea exigieron una revisión y aclaratoria sobre el proceso de elecciones regionales. El resultado electoral 15-O tuvo varias causas; pero reducir su análisis inculpando a la MUD no contribuye al conocimiento de lo que verdaderamente pasó; sino a oscurecerlo.
El proceso del 15-O presentó evidentes indicios de fraude iniciados incluso antes de su realización con la persecución y detención de líderes opositores y con la inhabilitación política de diputados y gobernadores.⁴ Además, se practicó la reubicación de centros de votación y de electores; entre otras graves irregularidades. Pero el fraude más evidente ocurrió en el estado Bolívar. Allí, el líder opositor Andrés Velásquez logró obtener una estrecha victoria⁵ sobre el oficialista Justo Noguera; quien finalmente recibiera la proclamación del CNE, entre gallos y media noche.
En las elecciones del domingo, la MUD perdió 2.873.713 votos en comparación con su participación electoral de diciembre del año 2015.⁶ A esa pérdida de su capital electoral -que sin duda alguna fue determinante en el resultado general-, se agregan las múltiples irregularidades acontecidas durante el proceso. Es fácil suponer que vendrán otras medidas, esta vez de naturaleza jurisdiccional contra los cinco candidatos de la MUD que ganaron en los estados Anzoátegui, Nueva Esparta, Mérida, Zulia y Táchira. Es decir, la situación puede complicarse mucho más.
Se ha abierto un debate sobre la actuación de la MUD en las elecciones regionales. Para sus adversarios más extremistas ubicados dentro y fuera del país, la MUD es un grupo “colaboracionista” del régimen de Maduro, que por ende, tendría que desaparecer. De allí, emergen argumentaciones descalificadoras contra el esfuerzo de miles de venezolanos que con su voto dieron el triunfo a la oposición en 5 entidades federales (por cierto, 2 más que las obtenidas en 2013).⁷
Es público y notorio que desde hace tiempo existen serios enfrentamientos, fraccionamientos y discusiones a lo interno de la oposición democrática por su conducción, la fijación de los objetivos a alcanzar y de los medios para alcanzarlos. Ese debate se agudizará ahora y, tal como están las cosas, interferirá en la realización de los necesarios procesos evaluativos y críticos que suponemos se realizarán en la oposición venezolana.
La sobrestimación del alcance del evento electoral y de los resultados a conseguir, creo  constituye un elemento importante para la explicación de la frustración reinante en el electorado. En realidad, el bloque democrático confundió la lectura del rechazo popular de la gestión de Nicolás Maduro -ubicada por las encuestadoras en un 80%- con la intención real de voto regional.  La elección de gobernadores es un evento diferente a un proceso nacional.
Por otra parte, era difícil que la oposición consiguiera las 20 gobernaciones que algunos pronosticaban. Hay estados como Apure, Cojedes, Delta Amacuro, Guárico, Portuguesa, Trujillo y Vargas, donde los candidatos de la MUD tenían una cuesta muy empinada que remontar en poco tiempo. Por último, la ciudadanía recibió del bloque democrático un mensaje contradictorio y no unitario. Por una parte se hizo un llamado a votar y, por otro lado se llamó a la abstención. Esa dialéctica generó confusión en el electorado.
La “institucionalidad semipública” y clientelar al servicio del Estado desempeñó una función de organización, movilización y control determinante durante el proceso electoral. Me refiero a las bases de misiones socialistas, los comités de lucha popular, las UBCH, la misión “Madres del Barrio, los consejos comunales y los CLAP. La MUD no posee una estructura organizativa similar porque maneja otros valores éticos y políticos que no se basan en la cooptación y el control de voluntades  y, en segundo lugar, la plataforma carece de los recursos para implementarla.  
En este contexto, acusar a la MUD de ser un instrumento al servicio de un fraude o descalificar los triunfos obtenidos por la coalición, resulta un argumento muy simplista o por lo menos, demuestran desconocimiento de cómo van las cosas en el país. Insisto en la necesidad que tiene el bloque democrático de realizar un análisis desprejuiciado de lo que pasó. Esa es la única vía para reponerse y, seguir adelante por el cambio democrático.
Saludos a todos.
@migonzalezm

Notas
¹ La Mesa de la Unidad Democrática en fecha 16 de octubre de 2017 desconoció en forma pública notoria y comunicacional los resultados electorales regionales. El Nacional, 16 de octubre 2017.
² Mensaje del Secretario General sobre Venezuela. www.oas.org 16 de octubre de 2017.
³ Declaraciones de María Corina Machado, en VPItv (youtube) 16 de octubre de 2017
⁴ En el estado Miranda, por ejemplo, fueron inhabilitados por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), los alcaldes Ramón Muchacho (municipio Chacao) y David Smolansky (municipio El Hatillo) y por la Contraloría General de la República (CGR), la diputada Adriana D’Elia y el gobernador Henrique Capriles.
⁵ Según Andrés Velásquez, él obtuvo 272.970 votos (50.42%) frente Justo Noguera que alcanzó 268.361 votos (49.58%)
⁶ En las elecciones parlamentarias de 2015, la MUD consiguió 7.726.066 votos; mientras que en estas elecciones regionales alcanzó 4.852.353 votos. El descenso del PSUV fue sustantivamente menor de 5.622.844 de votos en 2015 pasó a 5.571.879 en 2017.
⁷ En las elecciones regionales de 2013, la MUD ganó tres (3) gobernaciones; a saber: Lara (Henry Falcón), Miranda (Henrique Capriles Radonsky) y Amazonas (Liborio Guarulla, inhabilitado por la Contraloría General de la República). En estas elecciones la Mesa ganó en cinco (5) entidades federales: Anzoátegui (Barreto Sira), Mérida (Ramón Guevara), Nueva Esparta (Alfredo Díaz), Táchira (Laidy Gómez) y Zulia (Juan Pablo Guanipa).

 


martes, octubre 10, 2017

15-O elecciones de gobernadores y cambio democrático

Más allá del nuevo mapa que pueda surgir del 15-O y, de las cifras nacionales de votos y de abstención que se conozcan ese mismo día, las elecciones de gobernadores constituyen un evento mucho más complejo de lo que se avizora en las redes sociales y en la opinión pública. Sus resultados pueden significar la apertura o no, hacia el cambio democrático que reclama Venezuela; en medio una profunda crisis económica e institucional sin precedentes.
En efecto, este 15 de octubre de 2017 se realizarán elecciones en los 23 estados de Venezuela para elegir en cada uno de ellos sus respectivos gobernadores. Los gobernadores son electos mediante votaciones directas, universales y secretas. Los gobernadores son la autoridad ejecutiva de cada estado y, junto con el Consejo Legislativo, la Contraloría del estado y el Consejo Estadal de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas, conforman la institucionalidad del Poder Público Estadal.
En esta oportunidad no se elegirán como correspondería y (de manera inexplicable), a los diputados a los Consejos Legislativos; con lo cual los gobernadores (electos o reelectos) contarían con el mismo poder deliberante  escogido en las pasadas elecciones del año 2012. En el presente, tan sólo tres entidades federales poseen gobernadores electos por la plataforma opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD); mientras que las veinte restantes se encuentran bajo el control del oficialista Partido Unido Socialista de Venezuela (PSUV).
En realidad, desde las elecciones del año 2000 y hasta el presente, el PSUV ha mantenido siempre el control político y de la gestión sobre la amplia mayoría de gobiernos estadales de la República; lo que le ha permitido una red institucional de poder e influencia política y económica que ahora dependiendo de los resultados electorales del 15-O, pudiera quebrarse. Esta hegemonía sobre la institucionalidad pública estadal en detrimento de la alternancia, ha propiciado el posicionamiento del centralismo, el clientelismo y la poca transparencia en la gestión de los asuntos públicos regionales.
Tener mayoría en los gobiernos estadales supondría el control del Consejo Federal de Gobierno y en consecuencia, del Fondo Compensación Interterritorial que constituyen órganos constitucionales; cuyo objeto es impulsar la descentralización político-territorial y reducir los desequilibrios de desarrollo entre las regiones del país. En tal sentido, una victoria del bloque democrático que garantice una nueva mayoría en los gobiernos estadales frente al PSUV, tendría además del impacto electoral, otro institucional de amplio alcance que pudiera afectar el modelo de gestión que ha impulsado -desde hace 18 años-, el chavismo en Venezuela.
El impacto institucional de una victoria del bloque democrático supondría una apertura hacia la alternabilidad, la descentralización, el desarrollo de la Hacienda Pública Estadal y de la verdadera participación ciudadana, con el apoyo de la Asamblea Nacional. También cabría la renovación de los Consejos Estadales de Planificación con participación de los representantes de la misma Asamblea Nacional; bajo criterios democráticos, transparentes y participativos.

Por supuesto, y resulta fácil suponerlo, el bloque oficialista no aceptará fácilmente una correlación político-electoral adversa. El gobierno central cuenta con la una batería de instancias burocráticas que sin duda alguna impulsaría, para tratar de reducir su pérdida en las entidades federales. Nos referimos a figuras administrativas como los distritos motores de desarrollo, las áreas estratégicas, las regiones estratégicas o las corporaciones regionales; entre otras. Sin embargo, la estrechez económica-financiera que atraviesa el Estado pareciera dificultar la implementación de medidas como éstas.
La utilización de la vía jurisdiccional; mediante el desconocimiento de algunos resultados desfavorables sería otra opción oficialista que sólo agudizaría aún más la percepción de la naturaleza autoritaria que tiene el gobierno de Maduro; tanto a nivel nacional como internacional. En síntesis, un resultado adverso afectaría en forma severa la difícil gobernabilidad de la actual administración gubernamental del PSUV.
Una propuesta política dirigida a promocionar la abstención en estas elecciones regionales surgió de grupos opuestos a la MUD. La abstención electoral ha sido propuesta con anterioridad; aunque no siempre con éxito. Los primeros en proponer la abstención fueron las organizaciones de ultraizquierda como el PRV y la FALN, en los años sesenta. Luego fue Chávez quien la propuso, ante las elecciones presidenciales de 1993. En el año 2005 correspondió impulsarla al propio bloque democrático en elecciones parlamentarias de ese año. Como punto de partida, cabe señalar que la abstención en las elecciones estadales de 2012 alcanzó un 46%.
La elección de gobernadores supone un inmenso reto para los actores políticos involucrados y para una ciudadanía que quizás acuda al proceso comicial con expectativas de cambio sobrestimadas. Es necesario recordar que, las elecciones del 15-O no están diseñadas para “sacar a Maduro”; pero abstenerse de participar en ellas, contribuirá por el contrario, a su fortalecimiento. En todo caso, el 16-O amencerá Venezuela con una nueva realidad institucional estadal, mucha más compleja y con una gobernabilidad condicionada.  

@migonzalezm

martes, octubre 03, 2017

CELEBRANDO EL DÍA DEL VECINO, 3 OCTUBRE DE 2017, MANIFIESTO


Hoy, 3 de octubre de 2017, en una nueva conmemoración del Día el Vecino, reiteramos con fuerza renovada y esperanza orientadora, nuestro compromiso con la lucha por la recuperación de la democracia en Venezuela, como el modelo de vida basado en el respeto pleno de los derechos humanos y la paz y, garante del desarrollo humano  próspero y sustentable.   
La trayectoria de los vecinos y de sus expresiones asociativas siempre se ha caracterizado por su apego a las prácticas democráticas y al impulso de las justas luchas; tanto por el mejoramiento de la calidad de vida de sus caseríos, barrios, urbanizaciones, pueblos y ciudades; así como por la ampliación del ejercicio del derecho a la participación ciudadana de manera responsable e incluyente.
En estos tiempos, de comienzos del siglo XXI, en los que se tratan de imponer prácticas y modelos ajenos a la tradición democrática del pueblo venezolano, resulta una obligación para todos los activistas y líderes sociales y comunitarios el impulso de la acción concertada y unitaria en defensa de la Constitución vigente y la institucionalidad democrática, maltratadas por una visión hegemónica, centralista y autoritaria del gobierno.
En el contexto de la defensa de la institucionalidad democrática, el movimiento vecinal venezolano reclama la restitución del  valor del municipio como actor fundamental del desarrollo nacional. La restitución de la democracia en Venezuela requiere de un municipio fuerte y eficaz en el cumplimiento de sus competencias territoriales y de la prestación de los servicios públicos con la incorporación de los vecinos y sus expresiones asociativas en los procesos de planificación, ejecución, control y evaluación de las políticas públicas, de acuerdo con la ley.
El relanzamiento de la democracia venezolana pasa por la superación del aislamiento conceptual del desarrollo municipal y, por ende, de su incorporación a agendas globales; tales como los Objetivos de Desarrollo Sustentable 2030 y a la defensa del Derecho a la Ciudad, de creciente vigencia en el mundo actual.
En esta conmemoración del Día el Vecino, reclamamos -por parte de los 335 Concejos Municipales-, la necesaria e inmediata promulgación de ordenanzas que protejan y garanticen los derechos de los vecinos y de sus comunidades como sujetos primordiales de la acción de los gobiernos locales, en un ambiente de respeto mutuo y de establecimiento de relaciones de cooperación y complementariedad.
Reconocemos a la soberana Asamblea Nacional, electa mediante el voto directo, universal y secreto de los vecinos venezolanos, en las elecciones del pasado 6 de diciembre de 2015, como único órgano del Poder Legislativo Nacional y, le proponemos incorporar dentro de su plan legislativo las leyes y las reformas de leyes destinadas al fortalecimiento de la descentralización, la autonomía municipal y la participación ciudadana.
Hoy, 3 de octubre de 2017, reivindicamos para los vecinos los siguientes derechos:
I.- Los vecinos tenemos derecho a participar en la elección de nuestras autoridades parroquiales, municipales, estadales y nacionales de manera democrática; mediante el voto, directo, universal y secreto
II.- Los vecinos tenemos derecho a participar en la planificación, ejecución, control y evaluación de las políticas públicas y, en el tratamiento de los asuntos relacionados con nuestra calidad de vida
III.- Los vecinos tenemos derecho a asociarnos de manera libre y autónoma en defensa de nuestros legítimos derechos e intereses
IV.- Los vecinos tenemos derecho a reunirnos de manera autónoma, libre y pacífica para tratar asuntos de interés comunitario y local
V.- Los vecinos tenemos derecho a la libre expresión de ideas y pensamientos; así como a presentar solicitudes y propuestas de inversión local; por ante las autoridades competentes
VI.- Los vecinos tenemos derecho a utilizar los medios de participación y las instancias de atención ciudadana contempladas en la Constitución Bolivariana de Venezuela del año 1999
VII.- Los vecinos tenemos derecho al emprendimiento y al desarrollo de formas de economía popular y comunitaria, sin más requisitos que los exigidos por las ordenanzas municipales
VIII.- Los vecinos tenemos derecho al acceso a la información pública y a la rendición de cuentas; por parte de las autoridades a nivel parroquial, local, estadal y nacional
IX.- Los vecinos tenemos derecho a un medio ambiente sano, en el marco de políticas, programas y proyectos enmarcados dentro de la sostenibilidad y la sustentabilidad
X.- Los vecinos tenemos derecho a la prestación por parte del municipio y demás entidades públicas y privadas de servicios públicos de calidad y de programas sociales eficaces e incluyentes
XI.- Los vecinos tenemos derecho a la garantía y a la protección de nuestros derechos individuales y colectivos y al reconocimiento de los tratados, convenciones y acuerdos internacionales que amparen a los mismos
Saludos y felicitaciones a todos los vecinos y vecinas en su día; que extendemos a todos los activistas y voceros de los movimientos sociales y comunitarios que comparten la lucha de cada día por una comunidad democrática, libre y próspera; base de la Venezuela que aspiramos todos.

Caracas, 3 de octubre de 2017

jueves, septiembre 14, 2017

COMUNICADO DE LA MESA DE UNIDAD DEMOCRÁTICA (MUD) SOBRE UN EVENTUAL REINICIO PROCESO DE DIÁLOGO


Nuestro objetivo fundamental es salvar a Venezuela y para esto es indispensable la sustitución constitucional al régimen de Nicolás Maduro. Solo a través de un cambio democrático y no violento será posible superar la actual tragedia social y económica que azota a todos los venezolanos.
Tenemos un plan estratégico para lograr nuestro objetivo. Conocemos la naturaleza del régimen y sus intenciones. Es por esto que nuestra estrategia incluye la utilización sistemática de todas las herramientas de la política: presión de calle, negociación política, presión internacional y participación electoral. Todas estas modalidades de la lucha son complementarias, incluyentes y necesarias, sin excepción.
La comunidad internacional nos ha acompañado con una fuerte presión diplomática sobre el gobierno y demanda una negociación seria. La magnitud de los graves problemas que azotan a Venezuela ha sobrepasado nuestras fronteras. Esto ha forzado a que la comunidad internacional se pronuncie y presione al gobierno a retomar el camino democrático.
Atendimos la iniciativa del Presidente Danilo Medina y la ONU a una reunión exploratoria. Donde hemos expuesto nuestras condiciones para iniciar un proceso de negociación serio, formal y con sólido soporte internacional. La postura que presentada en este acercamiento reafirmó nuestro compromiso de construir mecanismos para una solución política a la crisis, y darle una salida constitucional al régimen de Maduro. Las condiciones sobre las que estamos avanzando incluyen:
1. La participación de países amigos que sean garantes, instituciones multilaterales y testigos en la negociación. Hemos decidido conjuntamente seis países que contribuyan a garantizar el eventual proceso de negociación y su cumplimiento.
2. El establecimiento de un cronograma de implementación de acuerdos con garantías y acompañamiento internacional.
3. La definición de un país neutral sede para las negociaciones.
Los puntos indispensables que deben formar parte de cualquier negociación y eventual acuerdo.
1. La renovación equilibrada del Consejo Nacional Electoral, el establecimiento de un cronograma electoral con garantías de pulcritud, sin inhabilitados, fechas precisas, incluyendo la elección presidencial, y una calificada observación internacional.
2. La liberación de presos políticos, el retorno de los exiliados y el cese de la persecución política.
3. La normalización constitucional del país.
4. La inmediata atención a la emergencia humanitaria que vive el país.

Por último, hemos planteado la necesidad de someter a un referéndum popular aprobatorio cualquier acuerdo que surgiese del eventual proceso de negociación

jueves, agosto 31, 2017

GOT: mis felicitaciones a Jon Snow ...

Muy emotiva esta temporada de “Games of Thrones” (GOT) que acaba de finalizar. De verdad que la disfruté muchísimo aunque no dejo de reconocer que también me dejó algunos “sinsabores” por el apresurado recorte implementado por los productores de la serie. En realidad, no deja de ser paradójico que una de las mejores sagas de todos los tiempos haya sucumbido a las tijeras de la edición y escaso presupuesto.

En esta ocasión, GOT nos muestra el crecimiento de sus personajes principales. Cada uno de ellos lleva consigo una sufrida trayectoria que la ha forjado o reforzado una personalidad con la que afrenta las nuevas e inesperadas situaciones que vive en ese mundo de horror, fascinación y magia que los guionistas principales Weiss y Benioff crearon para ellos, ya sin la orientación e George RR Martin.

Hago mi repaso. Cersei, ahora reina absoluta de Westeros, arrastra tras de sí la pérdida de su tres hijos y la de su padre, el viejo Twin Lannister, a quien siempre admiró y ahora imita en su sutil rudeza diplomática. Jaime, su hermano y pareja real, comparte su luto por los hijos perdidos y no termina de superar sicológicamente su discapacidad como espadachín. Tyron, se encuentra ahora en la misma situación que antes “solo e incomprendido” ayudando a los enemigos naturales de su familia y sin completamente aceptado por ese bando que apoya.

La joven y bella conquistadora Daenerys Targaryen, por fin llegó a poniente, con un ejército que comprende infantería, caballería y hasta con una particular fuerza aérea; luego de padecer persecuciones y humillaciones, al otro lado del Mar Angosto. Y con ella arriban los personajes de su corte: entre los cuales es indefectiblemente necesario a la espectacular Missandei-

La reunión de los Stark, resulta épica. Allí se juntan los dolores y sufrimientos del joven Bran, Arya y Sansa cada uno de los llenos de cicatrices y experiencias que los han reconvertido en un vidente, una princesa guerrera y una potencial candidata a reina del Norte (gritaría con gusto: the queen in the north! the quine in the north!)
Jon Snow, que quizás siga sin saber mucho, en el capítulo final de esta temporada nos demuestra que ha aprendido algo (al igual que Sansa). Y es que, el mozo Jon Snow, de la época de Ygritte (la bella peliroja salvaje, ¿recuerdan?) quedó muy atrás comparado ahora con un nuevo Jon Snow, seductor y resuelto que seduce de manera directa a la joven Daenerys.

Ahora se abren las compuertas para la imaginación y la especulación sobre el futuro de la serie, en su octava y última temporada, que según los “youtubers” (habría que buscar un término castellano) se estrenaría en 2019. Ya, para ese entonces casi que nos habremos olvidado de la trama, salvo de la bellísima Missandei (Nathalie Emmanuel).

¿Pronósticos para dentro de año y medio? Claro que los tengo; pero aún es temprano. Por ahora solo protesto por la eliminación de las escenas del lobo Fantasma, mi huargo favorito. Y otra cosa, para los “youtubers”: dejen de matar tanto a Jon Snow (o Aegon Targaryen). El tipo dobló la rodilla y salió ganando.

Reciban un buen abrazo

lunes, julio 31, 2017

VENEZUELA Y EL FRAUDE CONSTITUYENTE 2017



Ayer, 30 de julio 2017, el pueblo venezolano ofreció una lección de dignidad y firmeza democrática, con su masiva abstención al NO participar en el fraude electoral para “elegir” la asamblea constituyente convocada por el gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, y luego de una jornada signada por centros electorales solitarios y con saldo de 10 ciudadanos fallecidos por la violencia política oficialista, el Consejo Nacional Electoral (CNE), ya entrada la noche informó sobre una participación de 8.089.320 de votantes en el evento.
La asamblea nacional constituyente fue convocada por el presidente Maduro, a principios del mes de mayo de 2017, al margen del Texto Constitucional, que en su artículo 347, determina que corresponde al pueblo como depositario del poder constituyente originario convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Las “bases comiciales” elaboradas por el Ejecutivo Nacional y entregadas al CNE incumplían preceptos constitucionales como la universalidad y la proporcionalidad del sufragio en el artículo 63 constitucional.
El proceso de elección de la asamblea constituyente se realizó con procedimientos de marcada opacidad, tales como: la eliminación de cuadernos electorales, la distribución territorial discrecional de centros electorales o la ausencia de contraloría ciudadana, el amedrentamiento de funcionarios públicos, entre otros. En la noche de ayer domingo, el rector Emilio Rondón, por medio de su cuenta twitter, @RondonCNE, comunicaba que: “Decidí no estar presente en divulgación de resultados por inconstitucionalidad del proceso...mi compromiso es con el cumplimiento de la CRBV”.
En el plano internacional entidades multilaterales y ya decenas de naciones de todo el mundo, han manifestado su rechazo y desconfianza sobre la elección de esta asamblea constituyente cuyas promesas fundamentales han sido en principio: encarcelar a los opositores, desconocer la Asamblea Nacional, “reestructurar” al Ministerio Público (Fiscalía General de la República), entre otras. El fraude constituyente podría acarrear sanciones económicas sobre el país, además de extender sanciones particulares a altos gubernamentales de la administración de Maduro.
El fraude constituyente de 2017, como parte de un golpe institucional, ha venido aderezado con otras acciones de represión política. La destitución inconstitucional por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de alcaldes electos -mediante el sufragio directo, universal y secreto- ha sido una de esas acciones. Así, tanto Gustavo Marcano, alcalde del municipio Urbaneja (estado Anzoátegui), como Alfredo Ramos, alcalde del municipio Iribarren (estado Lara), fueron destituidos de su cargos y también fueron sentenciados a 15 meses de prisión. Por lo menos otros 6 alcaldes electos en la plataforma de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), se encuentran bajo la mira de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). A esa lista de perseguidos, hay que agregar a los 33 magistrados seleccionados por la Asamblea Nacional, el pasado 21 de julio de 2017, sobre los cuales que el mismo TSJ ha dictado sentencia.
Diputados, concejales, dirigentes sociales y comunitarios; y por supuesto, manifestantes también han sido víctimas de persecución y encarcelamiento oficial. Según, la ONG Foro Pena Venezolano hay en el país 431 detenidos políticos en distintas regiones y en franca situación de indefensión. Además, desde el comienzo de las protestas populares se cuentan de 121 fallecidos producto de la violencia política (según cifras del Ministerio Público), y con más  10 mil de heridos según fuentes extraoficiales. Cabe destacar, que todo ese intenso activar represivo se ha desplegado bajo la anuencia y la participación de fuerzas militares y de colectivos paramilitares.
En ese contexto, el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges aseguró hoy “que el Gobierno fue el gran derrotado este domingo 30 de julio y que el único ganador fue la determinación del pueblo venezolano al no ejercer su derecho al voto en las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC)” (El Universal, 31-07-2017). Mientras, que la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, en rueda de prensa indicó Me dirijo al país en mi posición de fiscal general y miembro del Consejo Moral Republicano para desconocer los presuntos resultados de esa constituyente presidencial".
Las acciones que pueda tomar la nueva asamblea constituyente (por demás, írrita e ilegal) van a agudizar la crisis de gobernabilidad de Venezuela. Es muy probable que desde la ANC se desaten medidas de persecución y de represión contra los sectores democráticos. En tal sentido, la oposición venezolana debe mantener su unidad programática y operativa como único medio efectivo para revertir las consecuencias nefastas de las pretensiones totalitarias del régimen de Nicolás Maduro. La buena noticia en todo esto, es que la amplia mayoría del pueblo venezolano rechaza de manera abierta esas aspiraciones dictatoriales.  
@migonzalezm

jueves, julio 27, 2017

Participación Ciudadana y Municipio (2/2)


Participación ciudadana y municipio 

En el ámbito municipal, la acción de la ciudadanía se hace sentir con mayor frecuencia y rigurosidad; pues el gobierno local constituye -sin lugar a duda-, la representación estatal más cercana a las personas, a los vecinos, a los ciudadanos. De acuerdo a nuestra Carta Magna, el municipio constituye la “unidad política primaria de la organización nacional” e incluye la participación ciudadana en su gestión de gobierno (CRBV, artículo, 168). Visto de esta manera, el municipio es base de un Estado descentralizado y democrático.
El Poder Público Municipal está organizado con base a cuatros funciones; a saber: i) la función de gobierno y la administración municipal corresponden al alcalde o alcaldesa, quien es la primera autoridad civil del municipio y, por lo tanto, el jefe del gobierno en ese ámbito político-territorial (CRBV, artículo, 174); ii) la función legislativa y deliberante corresponde al Concejo Municipal (CRBV, artículo, 176); iii) la función de control le toca a la Contraloría Municipal (CRBV, artículo, 176); y, iv) la función de planificación se comparte con el Consejo Local de Planificación Pública (CRBV, artículo, 182).
A esta organización del Poder Público Municipal, se agrega la creación de mecanismos legales flexibles para que los municipios descentralicen y transfieran a comunidades y grupos vecinales organizados, aquellos servicios que puedan gestionar; previa demostración de su capacidad (CRBV, artículo, 184).
Las competencias de los municipios están consagradas de manera clara y precisa en el artículo 178 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y, sobre cada una de ellas se aplica la participación ciudadana. Esas competencias son las siguientes:
1.  La ordenación territorial y urbanística, el patrimonio histórico, la vivienda de interés social, el turismo local, los parques y jardines, las plazas, los balnearios y otros sitios de recreación, la arquitectura civil, nomenclatura y orden público.
2.  Vialidad urbana, la circulación y ordenación del tránsito de vehículos y personas en las vías municipales y los servicios de transporte público urbano de pasajeros y pasajeras.
3.  Espectáculos públicos y publicidad comercial, en cuanto concierne a los intereses y fines específicos del municipio.
4.  Protección del ambiente y cooperación en el saneamiento ambiental, el aseo urbano y domiciliario, comprendidos los servicios de limpieza, de recolección y tratamiento de residuos y protección civil.
5.  Salubridad y atención primaria de la salud, los servicios de atención a la primera y segunda infancia, a la adolescencia y a la tercera edad, la educación preescolar, los servicios de integración familiar de la persona con discapacidad al desarrollo comunitario, las actividades e instalaciones culturales y deportivas, los servicios de prevención y protección, la vigilancia y control de los bienes y las actividades relativas a las materias de la competencia municipal.
6. Los servicios de agua potable, electricidad y gas doméstico, las alcantarillas, la canalización y la disposición de aguas servidas, los cementerios y los servicios funerarios.
7.  La Justicia de paz, la prevención y protección vecinal y los servicios de policía municipal; conforme a la legislación nacional aplicable.

El proceso técnico de la participación en la gestión municipal

La participación ciudadana en la gestión gubernamental municipal, y en cada de sus competencias y atribuciones conlleva la realización de tres “procesos técnicos”. Cabe agregar que, en cuanto al ejercicio de la participación ciudadana la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM) es muy precisa, no sólo porque un 25% del total de sus 282 artículos estén referidos de manera directa a este derecho ciudadano; sino que desde sus disposiciones generales se expresa esa intención institucional. Además, la arquitectura institucional del municipio está estructurada para relacionarse de manera abierta con sus ciudadanos.
Desde un punto de vista “técnico-institucional”, la participación en la gestión pública local no difiere tanto de los métodos de aplicación en el ámbito nacional y estadal; salvo por sus dimensiones y su relevancia. En tal sentido, podemos recordar que esos procesos son similares:
1.- la participación en formación de programas públicos,  
2.- la cogestión de esas políticas y programas y,
3.- la participación en el control de la ejecución de políticas públicas.
La incidencia ciudadana en la formación de los asuntos públicos se realiza mediante la presentación de iniciativas, propuestas, recomendaciones e incluso proyectos a las autoridades públicas; por parte de los ciudadanos. La cogestión de programas y políticas se realizará por medio de mecanismos de cogestión, establecimiento de convenios de gestión, la descentralización y la privatización. Mientras que el control ciudadano de la gestión gubernamental conlleva la fiscalización y evaluación de la actividad institucional, en cuanto a la ejecución de determinados programas gubernamentales. 
La cercanía del gobierno municipal con sus ciudadanos, ofrece la oportunidad de incentivar los procesos participación ciudadana en cada uno de sus componente funcionales (ejecutivo, legislativo, control y de planificación) contribuyendo a que la gestión gubernamental local sea más transparente y democrática; y propicie un mayor aprovechamiento de las potencialidades y recursos territoriales y así propiciar el desarrollo de la entidad.

Los medios de participación en el municipio

El municipio posee un conjunto de medios de participación popular de distinto alcance para que los ciudadanos; tanto de manera individual como colectiva manifiesten de manera autónoma su aprobación, rechazo, observaciones, propuestas, iniciativas, quejas, denuncias y en general su voluntad en asuntos de interés colectivo. Nuestra experiencia no indica que deben mejorarse la aplicación de los medios de participación, pues en nuestros recorridos por el país nos hemos encontrado que la población no los conoce o los considera poco útiles. Se pierden así posibilidades para el ejercicio pleno de la ciudadanía, el mejoramiento de la calidad de vida y el incremento de la gobernabilidad democrática en los municipios venezolanos. De paso, la participación no debe restringirse a mecanismos burocráticos y partidistas o a pequeños círculos. Por el contrario, a las instancias de participación deben tener acceso todos los ciudadanos y ciudadanas. Los gobiernos locales deben cumplir con su obligación de promocionar y difundir el uso de los medios de participación establecidos en el marco legal.
Lamentablemente, no existe en el país una evaluación precisa y completa de la aplicación, el alcance y la eficacia de las prácticas participativas impulsadas desde la sociedad civil o de las políticas públicas de participación en los municipios. Con esos estudios quizás, se podrían formular lineamientos para fortalecer la capacidad institucional de los gobiernos locales en ese sentido. Pese a ello, no cabe duda, que el municipio continúa ofreciendo ventajas históricas y sociales como espacio territorial para impulsar una gestión incluyente, participativa y descentralizada. Esas ventajas deben ser aprovechadas para reforzar la gobernabilidad democrática municipal y la ciudadanía. Una de las formas más efectivas para defender la autonomía municipal es mediante la construcción de una ciudadanía consciente de sus derechos y exigente de una gestión gubernamental local abierta, cercana y transparente. Esa ciudadanía estará siempre defendiendo a sus municipios y sus autoridades legítimas. 
Las alcaldías, los concejos municipales, las juntas parroquiales y los CLPP en alianza con los ciudadanos deberían impulsar la revisión, diseño y lineamientos y ordenanzas en materia de participación que comprenderían los siguientes asuntos de interés local: la propia participación ciudadana, el acceso a la información ciudadana y la transparencia pública, la contraloría social, el presupuesto participativo, el gobierno electrónico, el enfoque de derechos para las políticas públicas locales y los programas de inversión privada bajo el esquema de la responsabilidad social empresarial; entre otros.

La descentralización y la participación ciudadana en el municipio

Un último aspecto relacionado con la participación ciudadana y  el municipio se ubica en el tema de la descentralización de programas específicos de servicios públicos municipales a las comunidades y grupos vecinales organizados. Esta posibilidad se encuentra en directa concordancia con los postulados establecidos en el artículo 184 de la Constitución vigente (que comentamos al principio de este papel de trabajo); así como también con los aspectos referidos a los convenios de gestión establecidos en la Ley Orgánica del Poder Público.
La descentralización de programas y servicios hacia comunidades, grupos vecinales organizados -y ahora también consejos comunales-, supuso un avance significativo para el establecimiento de un nuevo marco de relaciones entre la sociedad organizada y el Estado.
La descentralización y la transferencia de servicios y recursos serán reversibles. Entre los requisitos que deben demostrar las comunidades y grupos vecinales organizados se encuentran los siguientes:
1.- La capacidad legal
2.- La formación profesional o técnica en el área relacionada con el servicio
3.- Experiencia previa en la gestión de servicios públicos o en áreas afines al servicio solicitado
4.- Comprobación por certificación emitida por el municipio de los planes de formación ciudadana
5.- Comprobación por certificación emitida de curso en área
6.- Legitimidad ante la comunidad involucrada
7.- Presentación del proyecto

Sobre los Consejos Locales de Planificación Pública (CLPP)

En el marco de las consideraciones sobre la participación ciudadana y el municipio debemos referirnos a los consejos locales de planificación pública (CLPP), que de paso forman parte del Poder Público Municipal, como uno de sus componentes funcionales, aunque los propios actores locales no parecieran entenderlo.
Según la ley que los rige,  el Consejo Local de Planificación Pública, es la instancia de planificación del municipio y el órgano encargado de diseñar el plan municipal de desarrollo y demás planes municipales, en concordancia con los Lineamientos del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación; garantizando la participación popular y articulación con el sistema nacional de planificación. (LCLPP, artículo 2).
Entre sus funciones podemos citar las siguientes:
• Impulsar coordinación y participación en la formulación, ejecución, seguimiento, evaluación y control del Plan Municipal de Desarrollo y otros planes del municipio.
•  Articular el Plan Municipal de Desarrollo con el Plan Estadal de Desarrollo y Planes de la Comunas y Planes de los Consejos Comunales.
•  Promover y aprobar procesos de descentralización y transferencia de competencias desde el municipio y las comunas, consejos comunales, organizaciones socio-productivas y organizaciones sociales.
•  Crear programas de capacitación  para los ciudadanos y comunidades.
•  Garantizar que el proceso de formulación del presupuesto de inversión municipal se realice mediante el mecanismo del presupuesto participativo.
•  Elaborar banco de proyectos sobre los recursos reales y potenciales del municipio.
Lamentablemente la evolución de los CLPP no ha sido favorable pues su desarrollo institucional ha venido siendo debilitado en sus escasos 15 de vida oficial. Un antecedente directo de los CLPP lo encontramos en 1998 con la propuesta formulada por FUNDACOMUN para la creación de unos Consejos Consultivos Parroquiales.
Los Consejos Locales de Planificación Pública, se crean en el marco de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, específicamente en su artículo 182 que expresa:
Se crea el Consejo Local de Planificación Pública, presido por el Alcalde o Alcaldesa e integrado por los concejales y concejalas, los Presidentes de las Juntas Parroquiales y representantes  de organizaciones y otras de la sociedad organizada, de conformidad con las disposiciones que establezca la ley.”
La primera Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública fue promulgada en 2002 (Gaceta Oficial N° 37.463 del 12 de junio de 2002). En 2005, con la promulgación de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, los CLPP se consolidan como un componente institucional del poder municipal.  Sin embargo, en 2006, se separan los consejos comunales del ámbito del CLPP y del municipio y se reducen sus atribuciones. En 2010,  se reforma de nuevo ley y se convierte a los CLPP en instancias para la construcción del socialismo y de tutela de la participación ciudadana. Por último en 2015, y en una nueva reforma de su ley se restringe su integración  solo a voceros de comunas; con lo cual casi se decreta su muerte institucional.
En nuestra opinión los Consejos Locales de Planificación Pública  sufrieron un bloqueo por parte de los propios actores locales tanto gubernamentales como ciudadanos, que no supieron comprender sus posibilidades reales de órgano para la participación y co-gobierno municipal. Mediante sucesivas reformas legales y bajo una visión centralista y clientelar, el CLPP:
1.- Pasó de ser un órgano para la planificación integral del municipio a una instancia para construir el socialismo.
2.- Cambió la forma de elección directa de sus miembros hacia un modelo de selección semi-directo que favorece ahora a las comunas.
3.- Modificó su integración plural y ciudadana por una conformación cooptada y orientada a favorecer solo a organizaciones de base del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Una de las tereas del movimiento vecinal y de las autoridades públicas locales comprometidas con la participación ciudadana es impulsar el rescate de los Consejos Locales de Planificación Pública. En realidad, los propios municipios y sus ciudadanos necesita de:
1.- CLPP que viabilicen y fortalezcan la gestión de gobierno en nuestros municipios.
2.- CLPP comprometidos con la autonomía municipal y la descentralización.
3.- CLPP que sirvan para la planificación y desarrollo sostenible y sustentable de nuestros municipios.
4.- CLPP que contribuya a la organización y participación democrática de los ciudadanos, de las comunidades y de los movimientos sociales.
5.-  CLPP que impulsen la formación democrática,  el diálogo ciudadano y la cohesión social.

Algunas condiciones institucionales para el desarrollo efectivo de la participación ciudadana
La participación como derecho humano, como evento ciudadano, como proceso social y como nuevo paradigma de gestión gubernamental requiere del cumplimiento de una serie de condiciones institucionales para su ejercicio pleno. Al Estado venezolano le corresponde garantizar su cumplimiento, en cada una de sus ramas y en cada uno de sus niveles político-territoriales. Veamos algunas de ellas.
Una primera condición institucional es que la práctica se desarrolle en el contexto ético. La práctica de la participación debe corresponderse con el bien común, con el servicio a la ciudadanía, con el cumplimiento de la ley y al mejoramiento de la administración estatal. Esta condición ética abarca también a la ciudadanía en su relación el Estado, en la que debe prevalecer la responsabilidad, la honestidad y justamente la construcción de una ciudadanía basada en los valores democráticos.   
Un segunda condición institucional es la indispensable existencia de un marco legal democrático, que sustente, promueva y apoye el ejercicio de la participación de los ciudadanos en forma directa o semi-directa (a través de sus asociaciones y/o representantes) en un ambiente de igualdad, de no discriminación, de transparencia, que comprenda procedimientos sencillos y que pueda ofrecer respuestas oportunas. 
En tercer lugar, la participación ciudadana requiere del desarrollo de programas educativos dirigidos a elevar las capacidades cívicas y participativas de los ciudadanos y ciudadanas, de las comunidades y de los sectores sociales organizados, en un marco democrático, plural y libre. Pero también y vinculado al punto anterior, el proceso participativo exige la puesta en marcha de un proceso de capacitación y adiestramiento de los miembros de las burocracias públicas, como contraparte directa de los procesos y eventos técnicos que se derivarán de la nueva condición participativa de la administración estatal. 
En cuarto lugar, el Estado y sus instituciones deberán facilitar los recursos organizativos, técnicos y tecnológicos, informativos e informáticos y los espacios físicos para el cumplimiento eficaz de los procesos de participación ciudadana. Al Estado, le corresponde garantizar una adecuada organización de los procesos de consulta pública o ciudadana; señalando con claridad sus formas de realización y, de la misma manera, las técnicas que serán empleadas en los procesos de deliberación y consulta para que sean entendidos por todos los que participen en tales procesos.


El uso de nuevas tecnologías y de recursos informáticos siempre será favorable; sin embargo, su aplicación dependerá de las capacidades institucionales de las agencias estatales. Una condición indefectible es la difusión informativa de la apertura, condiciones, realización y resultados de procesos de participación ciudadana. El acceso a la información pública que también es un derecho humano está asociado directamente al ejercicio de la participación. Cabe agregar que, el marco legal venezolano establece la rendición de cuentas de sus acciones a las autoridades públicas; por ende, los procesos de participación iniciados por la interacción de la ciudadanía y el Estado están sujetos a ese principio y, por lo tanto la administración debe hacer público su resultado.
Una quinta condición es la dotación en forma oportuna y suficiente; por parte del Estado de los recursos presupuestarios para garantizar el funcionamiento de los distintos órganos constitucionales de participación ciudadana territorial. En este aspecto nos referimos a los casos del Consejo Federal de Gobierno (CRBV, artículo 185), los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas (CRBV, artículo 166) y los Consejos Locales de Planificación Pública (CRB, artículo 182), que son entidades públicas.    
Por último, y no por ello menos importante parece necesario e importante destacar que la voluntad y compromiso de las autoridades públicas para apoyar, impulsar y promover la participación ciudadana es un elemento fundamental. Sin unas autoridades comprometidas con el ejercicio a la participación de la ciudadanía, estos procesos se harán más dificultosos e incluso problemáticos. El mayor antídoto frente a una posible abulia oficial la representa un movimiento ciudadano consciente de sus derechos y organizado, que no se deje arrebatar los procesos y espacios institucionales que le corresponden.

Bibliografía consultada
.- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial N° 5.453 del 24 de Marzo de 2000. Caracas. Venezuela.
.- Aponte Blank, Carlos. La participación comunitaria en la política social venezolana: 1999-2012. En Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura. N°2. Caracas. Venezuela. 2015.
.- Cunill, Nuria. Las políticas con enfoques de derecho y su incidencia en la institucionalidad pública. Revista de Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD).N°46. Febrero, 2010. Caracas. Venezuela.
.- González Marregot, Miguel. Tras la pista de la participación ciudadana. En “En búsqueda del Estado de derecho”. Colección Derecho y Hechos. Universidad Católica Andrés Bello. Caracas. Venezuela. 2015.
.- González Marregot, Miguel. La participación ciudadana en un contexto de desmunicipalización. Ponencia presentada en curso “Construcción de Ciudadanía”. Instituto Universitario de Tecnología Superior de Oriente (IUTSO). Asociación Anzoátegui Plural. Barcelona. Venezuela. 2017.
.- Díaz, Jorge Luis. González Marregot, Miguel. Olivares Jorge Luis. La descentralización y la participación ciudadana en el municipio venezolano. Descentralización Gestión Pública y Derechos Sociales. Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS). Asociación Civil Convite. Caracas. Venezuela. 2010.
.- Ley de Reforma de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, publicada en Gaceta Oficial Extraordinario N° 6.015 del 28 de Diciembre de 2010
.- Ley Orgánica de Contraloría Social, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinario N° 6.011 del 21 de Diciembre de 2010. Caracas. Venezuela.
.- Ley de Reforma de la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública. Gaceta Oficial Extraordinario N° 6.184 del miércoles 3 de Junio de 2015.
.- Programa de la Patria. Segundo Plan Socialista para la Gestión Socialista. Ministerio del Poder Popular para la Planificación. 2012. Caracas. Venezuela.  

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