Ayer, 30 de julio 2017, el pueblo venezolano ofreció una lección de
dignidad y firmeza democrática, con su masiva abstención al NO participar en el
fraude electoral para “elegir” la asamblea constituyente convocada por el
gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, y luego de una jornada signada por
centros electorales solitarios y con saldo de 10 ciudadanos fallecidos por la
violencia política oficialista, el Consejo Nacional Electoral (CNE), ya entrada
la noche informó sobre una participación de 8.089.320 de votantes en el evento.
La asamblea nacional constituyente fue convocada por el presidente Maduro,
a principios del mes de mayo de 2017, al margen del Texto Constitucional, que
en su artículo 347, determina que corresponde al pueblo como depositario del poder
constituyente originario convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Las
“bases comiciales” elaboradas por el Ejecutivo Nacional y entregadas al CNE
incumplían preceptos constitucionales como la universalidad y la
proporcionalidad del sufragio en el artículo 63 constitucional.
El proceso de elección de la asamblea constituyente se realizó con procedimientos
de marcada opacidad, tales como: la eliminación de cuadernos electorales, la
distribución territorial discrecional de centros electorales o la ausencia de
contraloría ciudadana, el amedrentamiento de funcionarios públicos, entre
otros. En la noche de ayer domingo, el rector Emilio Rondón, por medio de su
cuenta twitter, @RondonCNE, comunicaba que: “Decidí no estar presente en
divulgación de resultados por inconstitucionalidad del proceso...mi compromiso
es con el cumplimiento de la CRBV”.
En el plano internacional entidades
multilaterales y ya decenas de naciones de todo el mundo, han manifestado su
rechazo y desconfianza sobre la elección de esta asamblea constituyente cuyas
promesas fundamentales han sido en principio: encarcelar a los opositores, desconocer
la Asamblea Nacional, “reestructurar” al Ministerio Público (Fiscalía General
de la República), entre otras. El fraude constituyente podría acarrear
sanciones económicas sobre el país, además de extender sanciones particulares a
altos gubernamentales de la administración de Maduro.
El fraude constituyente de 2017, como parte
de un golpe institucional, ha venido aderezado con otras acciones de represión
política. La destitución inconstitucional por parte del Tribunal Supremo de
Justicia (TSJ) de alcaldes electos -mediante el sufragio directo, universal y
secreto- ha sido una de esas acciones. Así, tanto Gustavo Marcano, alcalde del
municipio Urbaneja (estado Anzoátegui), como Alfredo Ramos, alcalde del
municipio Iribarren (estado Lara), fueron destituidos de su cargos y también
fueron sentenciados a 15 meses de prisión. Por lo menos otros 6 alcaldes
electos en la plataforma de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), se
encuentran bajo la mira de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia (TSJ). A esa lista de perseguidos, hay que agregar a los 33
magistrados seleccionados por la Asamblea Nacional, el pasado 21 de julio de
2017, sobre los cuales que el mismo TSJ ha dictado sentencia.
Diputados, concejales, dirigentes sociales
y comunitarios; y por supuesto, manifestantes también han sido víctimas de
persecución y encarcelamiento oficial. Según, la ONG Foro Pena Venezolano hay en
el país 431 detenidos políticos en distintas regiones y en franca situación de
indefensión. Además, desde el comienzo de las protestas populares se cuentan de
121 fallecidos producto de la violencia política (según cifras del Ministerio
Público), y con más 10 mil de heridos
según fuentes extraoficiales. Cabe destacar, que todo ese intenso activar
represivo se ha desplegado bajo la anuencia y la participación de fuerzas
militares y de colectivos paramilitares.
En
ese contexto, el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges aseguró hoy “que
el Gobierno fue el gran derrotado este domingo 30 de julio y que el único
ganador fue la determinación del pueblo venezolano al no ejercer su derecho al
voto en las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC)” (El
Universal, 31-07-2017). Mientras, que la Fiscal General de la República, Luisa
Ortega Díaz, en rueda de prensa indicó Me dirijo al país en mi posición de
fiscal general y miembro del Consejo Moral Republicano para desconocer los
presuntos resultados de esa constituyente presidencial".
Las
acciones que pueda tomar la nueva asamblea constituyente (por demás, írrita e
ilegal) van a agudizar la crisis de gobernabilidad de Venezuela. Es muy
probable que desde la ANC se desaten medidas de persecución y de represión
contra los sectores democráticos. En tal sentido, la oposición venezolana debe
mantener su unidad programática y operativa como único medio efectivo para
revertir las consecuencias nefastas de las pretensiones totalitarias del
régimen de Nicolás Maduro. La buena noticia en todo esto, es que la amplia
mayoría del pueblo venezolano rechaza de manera abierta esas aspiraciones dictatoriales.
@migonzalezm
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