EL CONTRAPESO DEMOCRÁTICO

Con el resultado del referendo del pasado Domingo 2 de Diciembre, entramos en otro estadio de la polarización en Venezuela. Sólo que esta vez, la polarización expresa una nueva correlación de fuerzas en el país. El bloque del NO se yergue victorioso de manera inobjetable, en un esfuerzo popular, mancomunado e incluyente que significó la reivindicación de los valores democráticos del país. El bloque oficialista del SÍ, una vez derrotado -pese a las enormes ventajas institucionales y financieras que disfrutó- parece entrar ahora en un momento de crisis estratégica y desorientación táctica. En realidad, la autoestima de la revolución sufrió un duro revés al descubrir el inédito país que emergía de manera inexorable del conteo de votos.

La derrota revolucionaria

El pasado Domingo, el Presidente Chávez no tenía alternativa; sino reconocer el resultado que ofreció el referendo sobre la propuesta de reforma constitucional. No haberlo hecho significaba simplemente colocarse al margen de la institucionalidad. En tal sentido, no podría esperarse otra conducta del Jefe de Estado venezolano. Las declaraciones posteriores tienen como base la resaca producida por la desaprobación popular del proyecto revolucionario que pretendía instaurar en Venezuela un Estado socialista, alrededor de un liderazgo perpetuo y un pensamiento único.

El 2-D significó en términos electorales una verdadera debacle. Tres millones de “votos duros” migraron del apoyo presidencial en un año. Y, recuperarlos no va a ser una tarea fácil. Mucho más si, el gobierno insiste en utilizar a la amenaza, la descalificación, el insulto, o retaliación política como elementos persuasivos. Por otra parte, la población comienza a sentirse defraudada –o ¿quizás engañada?- por una revolución que después de nueve años ofrece como resultados más relevantes altos niveles de inseguridad pública, carestía y desabastecimiento, crecientes de denuncias de privilegios y corrupción en la esfera pública y el efecto pernicioso de unos programas de “redistribución clientelista” del ingreso fiscal.

Por lo demás, no coincido con la afirmación de que hubo un error de cálculo al momento de presentar la propuesta constitucional. El momento era este: i) el Presidente venía de una reciente reelección, ii) el gobierno aún poseía recursos fiscales para financiar sus programas, iii) el oficialismo poseía un amplio dominio propagandístico y comunicacional y, iv) la oposición aparentaba un insuficiente reagrupamiento. No había otra oportunidad que, el año 2007 para la presentación electoral de la reforma. Sólo que esta coyuntura también incluía la probabilidad política de sufrir una derrota. Y justamente, esa posibilidad fue la que terminó imponiéndose limpiamente.

Sí coincido con la opinión de que el pueblo venezolano no está maduro para el socialismo. En realidad, el pueblo venezolano está maduro para vivir en democracia, en paz y en libertad que es otra cosa. Y es que Venezuela, como nación y como pueblo, posee una amplia y sólida cultura democrática que por cierto, ha sido el escollo insalvable para las pretensiones hegemónicas de la revolución.

Otra cosa que vale la pena resaltar fue el fracaso operativo de los motores socialistas. Esta propuesta ideológico-política (y en especial los Motores “Moral y Luces” y “La Explosión del Poder Comunal”) que pretendía dar una visión integral y viabilidad al proceso de construcción del modelo presentado por el oficialismo no funcionó a la luz de los resultados obtenidos.

En resumen, -no me extiendo en un tema ampliamente analizado- la derrota del 2-D se traduce para la revolución en la derrota de su proyecto estratégico: un socialismo autoritario. También avizora el declive de esa élite popular-militarista y, que desde el Estado antepone sus intereses por encima de las aspiraciones de aquellos sectores sociales medios y populares que alguna vez una vez creyeron en su mensaje.
Otros derrotados y vencedores y, el voto

La victoria de los factores democráticos significó también un duro revés para aquellos otros factores ideológico-políticos que centraban su oferta en el desaliento, en las salidas milagrosas, en la abstención o en la violencia. El NO también los alcanzó a ellos, dejándoles un mensaje constructivo, si lo recogen o no, es otra cosa y de su exclusiva responsabilidad. El partido PODEMOS, el Movimiento Estudiantil, la Iglesia Católica (en sus dos versiones) y otros actores individuales provenientes del sector militar y del propio “chavismo” se consolidaron como sujetos activos con peso político específico para nuevas confrontaciones ideológicas, políticas y electorales. Hubo otros vencedores, un tanto más callados; pero vencedores al fin y al cabo. Me refiero a los gobernadores y alcaldes y, en general a toda la redecilla de cargos de elección popular del nivel estadal y local se salvaron de la “tropa de autoridades federales” –y por lo tanto destinadas a dedo- que venía en camino con la reforma constitucional. Pero por encima de todo, la victoria de la oposición rescató la importancia y la verdadera trascendencia del voto, como mecanismo de participación popular e incidencia política.

El surgimiento de un contrapeso democrático

La nueva polarización que se presenta ahora cuenta un sector alternativo emergente que permite balancear democráticamente el ejercicio del gobierno en el país. Y es que, desde 1998 se había producido una peligrosa acumulación de poder en un solo sector político. Esa acumulación de poder impedía el verdadero ejercicio de la democracia participativa y la auténtica inclusión de los ciudadanos y ciudadanos en los asuntos públicos de su interés. En realidad, lo que venía ocurriendo en Venezuela era el progresivo copamiento de los espacios de participación e incidencia pública; es decir, se preparaba la instalación de un sistema de gobierno sin contrapeso alguno.

Ahora la situación cambia sustancialmente. Los resultados electorales demarcan la presencia de una fuerza social y política alternativa que puede regular con éxito –y esto se acaba de demostrar-, las operaciones del sector oficialista. La conformación del sistema político venezolano nos muestra que posee unas “reservas políticas democráticas” con potencialidad de generar alternancia y control social sobre el Estado y el gobierno. Esto sin lugar a dudas, constituye un avance en dirección opuesta al modelo fundamentado en el autoritarismo y en la centralización y la concentración del poder.

El juego político nacional se refresca y se diversifica. Los actores alternativos ganan espacios (PODEMOS, el Movimiento Estudiantil). Por otra parte, se amplían las posibilidades de debate plural y se obliga a cada uno de los sectores en disputa a una sana reflexión autocrítica constante destinada a potenciar sus operaciones en un contexto político definitivamente plural, compartido y competido. Por supuesto, la revolución bolivariana no hace fiestas por ello; pero no le queda más opción que aceptar el nuevo contrapeso democrático que se ha conformado frente a sí.

La articulación de una plataforma de naturaleza popular, social y democrática, y que sea efectivamente alternativa a esta revolución, pasa por el avance de la agenda de las justas reivindicaciones que tienen los distintos sectores que conforman la sociedad venezolana. Y esta es una agenda de vasto alcance. Estas luchas de estricto carácter social deben ser plurales e incluyentes. El otro sentido verdaderamente vital de un contrapeso democrático es proponerse obligar al gobierno de turno a gestionar los asuntos públicos en el marco de la Constitución y el marco legal vigente; y, con apego estricto al respeto de los derechos humanos fundamentales.

La combinación práctica de estos dos elementos será garantía para la restitución de la democracia plena en Venezuela. Una democracia que no se perdió por el esfuerzo de unos y la toma de conciencia de otros. Sin embargo, aún la democracia no se ha ganado. Pero podemos hacerlo para su disfrute responsable y ciudadano. Feliz Navidad y un próspero año nuevo para todos.

UNA PRIMERA IMPRESIÓN: NOS SALVAMOS TODOS

La victoria político-electoral obtenida por la oposición el pasado domingo 2 de diciembre tiene una trascendencia de largo alcance. Primero, impidió que se legitimara en Venezuela, una proyecto político fundamentado en el autoritarismo; y en la centralización y la concentración del poder. En segundo lugar, significó también una dura derrota para el uso abusivo y discrecional de los recursos públicos por parte del gobierno que pretendió imponer su propuesta mediante toda suerte de propaganda; y, de un marcado ventajismo institucional. En tercer lugar, rescató la importancia del sufragio, del voto como mecanismo de participación popular e incidencia política. En cuarto lugar, la derrota del oficialismo ofrece un claro mensaje a la comunidad internacional sobre la fortaleza de las “reservas democráticas” que existen en el país.

La victoria del 2-D fue asimismo, un emblema del encuentro y la concertación de la más amplia diversidad de sectores políticos y sociales (incluso identificados con el Presidente Chávez) que salieron al frente a defender la amenazada democracia venezolana. Pero además, se puede agregar que el triunfo popular del pasado domingo 2 de Diciembre, rompió finalmente el mito de la “invencibilidad electoral” del régimen.

Desde el domingo pasado quedó definida una nueva correlación de fuerzas entre los factores deliberantes venezolanos de naturaleza económica, social y política. Los componentes oficialistas están “disminuidos” por el reciente descalabro electoral; por el rechazo de su proyecto socialista de país y, por carecer de un partido político consolidado. En el otro lado, han emergido nuevos factores de incidencia como el movimiento estudiantil y asimismo, se han consolidado otros como los medios de comunicación social independientes y la iglesia. Por último, el reagrupamiento de los partidos democráticos también constituye una buena noticia.

Los voceros del oficialismo tratarán de justificar su derrota. Pero la realidad es muy sencilla: las propuestas de reelección indefinida, de restringir la propiedad privada, y de implantar un Estado socialista fueron vencidas y rechazadas por el pueblo venezolano. Felicidades Venezuela, nos salvamos todos.

EN "LE MONDE": 01-12-2007

La "révolution bolivarienne" n'est pas parvenue à réduire la dépendance à l'égard du pétrole
LE MONDE | 01.12.07 | 14h01


Noublie pas d'apporter du sucre et du lait en poudre", dit Julia Hernandez, avant de raccrocher. Sa fille, étudiante à Bogota, va venir à Caracas pour voter non, dimanche 2 décembre, au référendum sur la réforme constitutionnelle du président Hugo Chavez. A l'aéroport de Maiquetia, qui dessert la capitale vénézuélienne, José fait ses affaires. Aux voyageurs qui débarquent, il offre discrètement 5 000 bolivars pour 1 dollar, alors que le cours officiel est à 2 150 bolivars. José revendra ses dollars 10 % plus cher "à un type qui voyage souvent aux Etats-Unis".
Dopée par l'argent du pétrole et les dépenses publiques, l'économie vénézuélienne continue d'afficher un taux de croissance à faire pâlir ses voisins. Il pourrait dépasser les 9 % fin 2007. Toutefois, les problèmes d'approvisionnement, le marché parallèle de devises et l'inflation - supérieure à 16 %, un record en Amérique latine - reflètent les déséquilibres d'un marché que l'Etat tente de réguler.
"La réforme constitutionnelle, si elle est approuvée, ne fera qu'aggraver la situation", juge l'universitaire José Guerra, promoteur d'un "manifeste des économistes". Les signataires s'inquiètent de "l'économie socialiste" aux contours mal définis que prétend instaurer le nouveau texte, en octroyant de larges pouvoirs à l'exécutif.

L'inquiétude porte sur le moyen terme. Pour le moment, les caisses de l'Etat sont pleines, le secteur de la construction progresse, la consommation explose, le chômage est baisse et la part de l'emploi informel diminue - même s'il concerne encore plus de 40 % des Vénézuéliens. Selon un récent rapport de la Commission économique pour l'Amérique latine (Cepal), la pauvreté a chuté au Venezuela de 31 % au cours des neuf ans du gouvernement Chavez. "Et certains se demandent encore pourquoi Chavez reste populaire", ironise un fonctionnaire de la Cepal.
Cependant, les produits de première nécessité manquent dans les rayons des supermarchés. Le gouvernement incrimine les spéculateurs. Les producteurs et les importateurs accusent, eux, le contrôle des prix et Mercal, le réseau de distribution de produits alimentaires à des prix subventionnés.

"Pour ne pas vendre à perte le sucre aux consommateurs, les producteurs préfèrent le vendre à l'industrie agroalimentaire, qui en fera des bonbons ou des boissons gazeuses, dont le prix n'est pas contrôlé", explique l'universitaire Miguel Gonzalez. L'importation de lait n'est plus rentable pour les opérateurs privés et l'Etat peine à prendre la relève. "Les problèmes d'approvisionnement restent sporadiques, mais ils ont le don d'exaspérer les gens, qui y voient le symbole de l'inefficacité et de la corruption qui règne au sein de l'Etat", note M. Gonzalez.

PASSAGE AU "BOLIVAR FORT"

La réforme agraire annoncée par M. Chavez a semé la panique chez les grands propriétaires terriens, sans réussir à réduire la dépendance alimentaire du Venezuela, qui continue d'importer plus de 70 % de ses besoins. L'augmentation des revenus des milieux populaires s'est traduite par une hausse de la consommation de certains produits, comme la viande et le lait. Inquiètes de l'avenir, les classes moyennes préfèrent consommer des voitures ou des dollars, plutôt qu'épargner dans une monnaie dépréciée.
Le passage au "bolivar fort", le 1er janvier - quand la monnaie nationale perdra trois zéros - ne suffit pas à rassurer. Les investisseurs nationaux et étrangers se montrent pour le moins frileux. "La désindustrialisation du pays est dramatique", souligne José Guerra.

Le gouvernement met en avant l'exceptionnelle croissance du secteur non pétrolier, qui, depuis 2004, progresse plus rapidement que le pétrolier, en déclin relatif. Les chavistes y voient un succès de la "révolution bolivarienne", qui s'est fixé pour objectif de réduire la dépendance pétrolière du pays. Le pétrole représente toujours 27 % du produit intérieur brut, 47 % des recettes de l'Etat et 90 % des exportations.
A en croire Domingo Maza Zavala, qui fut jusqu'à 2006 directeur de la Banque centrale, la contraction du secteur pétrolier hypothèque à terme le développement du pays. Pour financer ses programmes sociaux, le gouvernement puise dans les réserves de l'entreprise publique Petroleos de Venezuela (PDVSA), qui n'a pas retrouvé le niveau de production antérieur à la grève de 2003 et qui ne réalise pas les investissements nécessaires à son maintien.

Faute d'une politique économique et industrielle cohérente, juge M. Maza Zavala, le Venezuela est aujourd'hui "plus vulnérable, plus instable et plus dépendant du pétrole qu'hier".
M. Ds

AL CIERRE DE LA CAMPAÑA

El referendo constitucional del próximo 2 de Diciembre es un evento electoral; es decir, el referendo se definirá mediante el sufragio. No se ganará mostrando encuestas por la televisión, ni tampoco haciendo llamados a la abstención. La decisión de aprobar o no, la propuesta de reforma constitucional –a pesar del ventajismo gubernamental y de la cuestionada imparcialidad parcialidad del Consejo Nacional Electoral-, dependerá del número de votos contabilizados para cada una de las opciones que rivalizan en la consulta electoral. Por lo tanto, hay que salir a votar.

En una circunstancia electoral como la que vivimos, las posibilidades de victoria de asientan en buena parte en la capacidad de organización y movilización popular que tengan los factores en competencia. El gobierno ha puesto en marcha de nuevo, un gigantesco operativo financiero y propagandístico para mover a su seguidores y a su clientela natural. La oposición hace lo mismo, con muchos menos recursos; pero con una fuerte convicción moral y, esa convicción moral libertaria se convierte en un agregado político importante y, hasta decisivo.

Una derrota de la propuesta oficial no significa la salida ni el fin del gobierno del Presidente Chávez. El actual Presidente de la República continuaría en ejercicio gubernamental hasta el año 2012, cuando le tocaría entregar el poder a un nuevo gobernante surgido de elecciones directas, universales y secretas; de acuerdo a lo establecido en la Constitución Bolivariana de 1999 (todo esto después de trece años de gobierno). La derrota de la propuesta oficialista también se traduciría en la relegitimación de las condiciones democráticas vigentes en la actualidad en Venezuela. También implicaría algo fundamental y extremadamente importante, como lo es la restitución del equilibrio democrático perdido en el país en los últimos ocho años. Hay que ir a sufragar.

Una eventual derrota de la oposición en el referendo del 2 de Diciembre tendría por supuesto, amplias repercusiones en la vida de todos los venezolanos y venezolanas. El gobierno ya ha anunciado la implementación de un “tsunami legal” con la aprobación de unas cien leyes aprovechando la habilitación legislativa que le otorgó la Asamblea Nacional y consolidar el nuevo Estado socialista. Sin embargo, aún en este caso la situación no será fácil para el oficialismo. Este deberá entender y asimilar obligatoriamente, que pese a una victoria tendrá frente sí a una considerable porción del país que no votó ni comparte un proyecto basado en la exclusión y en el pensamiento único. En este escenario, la oposición venezolana se hallaría obligada con más razón, a sobreponerse con celeridad y actuar en defensa de los sectores democráticos del país.

La presión que genera la incertidumbre sobre el resultado electoral del próximo 2 de Diciembre se nota en los voceros oficialistas. El discurso gubernamental se ha tornado más agresivo y se ha encasillado en la amenaza y el insulto. Se trata de intimidar a todo aquel venezolano o venezolana que no suscriba o critique el pensamiento, o que evalúe críticamente las ejecutorias gubernamentales. Así, voceros de la iglesia, de los estudiantes, de los periodistas y de los artistas son catalogados de enemigos o de cualquier otro epíteto insultante, con tal de acallar su opinión disidente. ¿Acaso, será este el preludio de la democracia socialista que se nos promete con la reforma?

La oposición venezolana –deslastrándose de alguna manera, de anteriores errores políticos- se ha concentrado en movilizarse por el país explicando la reforma; y además, exigiendo en forma pública y notoria el debido cumplimiento de los mandatos legales vigentes en esa materia. Por ello ha acudido ante las instancias jurisdiccionales competentes para presentar formalmente sus legítimas aspiraciones y reclamos; aunque no se espera que las acciones de carácter legal resulten favorables.


Un elemento adicional –y profundamente crítico- al proceso de consulta electoral viene dado por los nuevos y más recientes tropiezos que ha sufrido el gobierno en el plano internacional. No cabe duda que, con el anunciado congelamiento de las relaciones diplomáticas con España y con los señalamientos al Presidente Uribe y la congelación de las relaciones con Colombia, el gobierno intente matizar las tendencias y el clima electoral que hoy predomina en Venezuela.

El bloque oficialista acude a la consulta electoral dividido y sin tener todas las variables políticas bajo su total control, como en otras ocasiones. Su oportunidad de triunfo se reduce a la identificación de la propuesta de reforma con el liderazgo del Presidente Chávez. Nada más, no tiene otra opción. La entrevista realizada la pasada noche del Domingo 25 de Noviembre (transmitida por canales estatales y la mayoría de emisoras privadas) al presidente Chávez en el Palacio de Miraflores, es un claro indicativo de la fragilidad conque el gobierno autoevalúa su participación en el referendo.

El bloque opositor (integrado por una diversidad de movimientos sociales independientes, gremios, sindicatos, partidos políticos democráticos y, últimamente por una parte de la disidencia del “chavismo”) asiste al evento comicial un tanto más organizado que en oportunidades anteriores, con objetivos políticos más transparentes y con más entusiasmo. No sabemos si esto será suficiente para que alcance la victoria. De lo que sí tenemos certeza, es que iremos a votar.

EN EL DIARIO "TAL CUAL": CONSEJOS POLICIALES

Carlos Crespo
(16 de noviembre 2007)

"Yo no quiero meterme en problemas", esa es la respuesta que da Judith Sabalta cuando se le consulta acerca de los comités de Seguridad y Defensa de los consejos comunales, encargados de resguardar la seguridad de la comunidad, tanto de la delincuencia como de posibles (o imposibles) invasiones externas. Sin embargo, como bien lo dice esta dirigente del barrio Hoyo de la Puerta, a las personas que viven en los sectores populares no les entusiasma mucho la idea de convertirse en delatores de los azotes de barrios.

Sabalta explica que en el consejo comunal de su barrio la conformación del comité de Seguridad y Defensa fracasó. Primero se le asignó la tarea a un hombre de 75 años y luego a un joven "con muchas enfermedades"; por supuesto, ninguno de ellos tuvo mucho éxito en sus funciones y hoy no encuentran a ninguna persona que quiera asumir este rol. Sabalta explica que situaciones similares también se han dado en otros consejos comunales de la zona.

Para el analista social y comunitario Miguel González Marregot, esta es una consecuencia lógica de la complicada situación de inseguridad que se vive en los sectores populares del país: "El tema de ser sapos, de andar persiguiendo a alguien no le agrada mucho a la gente", señala y agrega que varios dirigentes comunales le han expresado preocupaciones similares a las de Sabalta.

Además, este analista considera que el Gobierno deja caer un peso demasiado grande en las comunidades: "Vincularse al tema de la seguridad, cuando el mismo Gobierno no ha podido controlarlo, se le hace muy cuesta arriba a gente que no está preparada para ello", peso que se acrecienta cuando además se le agrega que las comunidades, también, deben responder en el caso de que se produzca una invasión externa. Sin embargo, González hace una acotación sobre esto: "Con lo de la invasión hay mucha manipulación, mucho mito y la gente ya se está dando cuenta", apunta.

Por su parte, el director de Provea, Marino Alvarado, argumenta que las pretensiones del Gobierno con la instauración de estas instancias tienen implicaciones aún más graves: "Lo que se intenta es construir un Estado policial, en el que se convierte al ciudadano en un policía que vigila a sus vecinos, amigos y compañeros", lo que tendría graves consecuencias, sobre todo si se considera la polarización en la que está sumergida Venezuela desde hace varios años.

Para Alvarado, estas instancias distorsionan lo que son las verdaderas funciones de las organizaciones sociales: "Le estás dando a los consejos comunales una responsabilidad que es del Estado, que es el que debe tener el monopolio de las armas" y agrega que, junto con otras instancias como las cooperativas, los consejos obreros, estudiantiles, entre otros, el verdadero propósito del Gobierno es crear una especie de red de inteligencia social que vigile cualquier comportamiento "sospechoso" (disidente): "Esto seguramente también afectará a la gente del mismo gobierno".

LA HORA DEL REFERENDO

El momento del referendo constitucional se aproxima cada vez más; aunque sin una definición clara. El gobierno está consciente de ello y, de sus posibilidades de derrota. Del otro lado, la oposición pareciera que aún no cree en las considerables oportunidades de victoria que ha venido construyendo con tesón y demostrando su fuerza y capacidad de movilización popular. Las cartas están echadas, las cartas están sobre la mesa; y, no hay vuelta atrás.

La aceptación popular de la propuesta de reforma constitucional ha sido precaria. Su autoritarismo originario, la manipulación política impulsada desde la Asamblea Nacional y, la violencia propiciado por el mismo gobierno han signado su rechazo popular. En tal sentido, el oficialismo ha comenzado a mover sus fichas. El Presidente realiza de nuevo, visitas puntuales a determinados estados del país montando su “camioncito rojo”. Y aprovecha para reiterar en forma amenazante que: “votar por el NO es votar contra Chávez”.

Como complemento, la burocracia pública también se mueve buscando apoyos electorales. Para ello ofrece recursos a los consejos comunales o implementa operativos asistenciales en los sectores populares. Un detalle adicional, es la “presión sutil” que ya se ejerce sobre la nómina de empleados públicos -y que alcanzaría el millón doscientos mil de trabajadores-, a los cuales se les recuerda la conveniencia de votar en favor de la propuesta de reforma. En síntesis, se trata de conseguir los votos a como de lugar.

Hay voceros gubernamentales que se han desmedido en su discurso de apoyo al proyecto de reforma constitucional. Y en efecto, la amenaza y la intimidación se incorporaron como argumento frente a las críticas formuladas por la oposición. Expresiones como: “ya sabemos donde están” o “los iremos a buscar por oponerse a la reforma” son los nuevos razonamientos para un oficialismo que carece de respuestas asertivas en la discusión planteada. En realidad, lo que ocurre es que el gobierno siente que perdió el debate sobre la reforma constitucional en el ámbito de la opinión pública. Y esa sensación de la derrota gubernamental se traduce en amenazas, manifestaciones de violencia y represión política. Así de sencillo.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) es una pieza vital en este proceso de referendo. Formalmente es la institución que rige el proceso de consulta. Sin embargo, en Venezuela nadie apuesta por la imparcialidad de ese Consejo Nacional Electoral. Es público y notorio para afectos y desafectos al proceso revolucionario que la conformación del CNE, obedece y responde al proyecto del Gobierno Nacional. Y de hecho, sus últimas actuaciones parecieran más bien dirigidas a silenciar a la oposición que a garantizar la realización de una consulta popular confiable, responsable y transparente. El Consejo Nacional Electoral se encuentra en la obligación ética y moral de expresar en forma pública y notoria (nacional e internacionalmente) que reconocerá los resultados electorales en caso de una victoria del “NO”. En el país nadie duda que ese reconocimiento ocurriría –y con rapidez- si el factor SÍ obtuviera el triunfo. Pero en caso contrario, hay un inmenso océano de incertidumbre. En tal sentido, el tribunal electoral venezolano tiene la obligación ineludible de emitir una declaración donde exprese que reconocerá y avalará una ganancia electoral del bloque del “NO”.

En igual situación, queda ubicado el Gobierno Nacional. Para el país, lo más recomendable sería que las autoridades públicas nacionales – y fundamentalmente el Presidente de la República- emitieran una posición similar; es decir, aquella de reconocer en el caso de que sucediese una victoria de los factores democráticos. Una declaración de este tenor contribuiría a bajar la presión y a reducir las tensiones políticas que se han venido inculcando en los sectores participantes. La situación de la oposición es un tanto diferente. Ella está constituida por movimientos sociales y populares, que no se encuentran incrustados en la institucionalidad pública, ni poseen armas ni tampoco mando de tropas. Y la oposición, por ejemplo, ya reconoció el triunfo electoral del Presidente Chávez el pasado año. ¿Por qué no habría de hacerlo ahora?

El fenómeno de la abstención sigue vigente. Esta opción política no ha desaparecido. Sólo que en esta oportunidad la abstención afecta las posibilidades de triunfo de los dos factores en disputa. La abstención para los factores sociales que mantienen un apoyo al Gobierno Nacional, podría significar una posibilidad de no romper en forma definitiva este vínculo sin tener que apoyar un proyecto de reforma constitucional que no comparten o al menos no entienden. Además para los sectores populares aún afectos al proceso; así como para todo resto del país, la reforma no resuelve en lo absoluto los problemas de inseguridad, de desabastecimiento, de educación, de salud y de vivienda que conforman una agenda de asuntos pendientes y aún por resolver, después de casi nueve años de gobierno revolucionario.

En la oposición, la propuesta abstencionista ha tenido su fuerza y posicionamiento. De hecho, en otras oportunidades –como en las pasadas elecciones parlamentarias de 2005-, la tesis abstencionista se impuso finalmente y la oposición no concurrió a tal proceso, cediendo la totalidad de los espacios parlamentarios al oficialismo revolucionario. En realidad y de cara al proceso refrendario del 2 de Diciembre, la propuesta abstencionista ha venido perdiendo alguna relevancia política en el seno de la oposición venezolana.

Un elemento crucial en el desarrollo de esta nueva medición de fuerzas será la capacidad de organización popular y de movilización de votantes que, efectivamente tengan los dos bloques enfrentados. Vamos hacia un nuevo estadio de la polarización en esta Venezuela del siglo XXI que no se resolverá con el referendo consultivo del 2 de Diciembre. Y es que por los vientos que soplan, la democracia no se perderá tan fácilmente.

NOS FREGAMOS TODOS

Si se aprueba la reforma “nos fregamos todos” fue la conclusión que sacaron un grupo de activistas y líder comunitarios oficialistas del área metropolita de Caracas, luego de un taller de análisis sobre el contenido de la propuesta. Y arribar a esa conclusión para ellos no fue fácil. Además fue doloroso. Y les dolió porque el liderazgo del Presidente Chávez, aún sigue vigente en sus sentimientos.

¿Y por qué, nos fregaríamos todos? Por la tendencia hacia la perpetuación en el poder de un hombre, las serias restricciones que en materia de derechos económicos y políticos y, el enorme riesgo de “cubanización” que viene con la propuesta. El venezolano no es tonto, aún participando del PSUV o siendo un anónimo beneficiario de las políticas sociales del proceso. El venezolano chavista ha comenzado a percibir –y a sentir- que el régimen de libertades democráticas, que se sostiene en Venezuela se encuentra amenazado de muerte.

La violencia política que ha envuelto este proceso, la inseguridad que padece la población en general; y, la escasez de alimentos que se muestra cada día más, como una nueva condición de la calidad de vida del pueblo venezolano, se han convertido últimamente en sólidos argumentos disuasivos del apoyo “chavista” a la propuesta reforma constitucional. Y es que al parecer, la fiebre con el “discurso social” del gobierno ha disminuido entre sus seguidores que ya sienten cierto escalofrío ante la posibilidad de instaurar “con su voto” un régimen autoritario, corrupto e ineficaz en el país.

El drama sigue para ellos, porque la ruptura con la reforma constitucional supone la búsqueda de otra referencia ideológica-política. Y esa otro referente ideológico-político no se vislumbra aún consolidado en el panorama político nacional. De allí, que resulte comprensible el desasosiego que predomine en ciertos sectores del oficialismo militante y también de su periferia inmediata.

No se, si las dudas que afloran alrededor de la reforma en el seno del chavismo culminen en un voto castigo contra de la propuesta presidencial, o propiciando una abstención entre el propio oficialismo. Lo que sí aprendí, en ese taller, fue que la frase “nos fregamos todos” nos acercó a compartir incertidumbres y temores y aspiraciones y esperanzas sobre el futuro de Venezuela.
¡NO, A ESA REFORMA CONSTITUCIONAL!

DIPLOMA DE ESTUDIOS SUPERIORES EN "PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA LOCAL"

Este lunes 5 de noviembre, a partir de la 5 de la tarde, comienza el Diploma en “Participación en la Gestión Pública Local” en el Centro de Extensión Profesional (CEP) de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

El DEUS en “Participación en la Gestión Pública Local”, esta dirigido especialmente a líderes sociales y comunitarios, a representantes y voceros populares en instancias de participación ciudadana, y funcionarios públicos nacionales, regionales y locales. Tendrá doscientas horas académicas de duración.

Entre sus principales objetivos se encuentran:

• Fortalecer las capacidades gerenciales y operativas de los gobiernos locales, de las entidades no estatales y de las comunidades en los procesos de participación en la gestión de asuntos públicos.
• Elevar la formación conceptual y técnica de los participantes comunitarios, sociales y oficiales para concebir, aplicar y evaluar de manera creativa y eficaz proyectos de intervención social en el marco de la corresponsabilidad en la gestión gubernamental.
• Proveer a los participantes de destrezas y herramientas para el diseño de estrategias dirigidas al adecuado manejo de un entorno local cada día más exigente.

El contenido académico del DEUS incluye el conocimiento del marco constitucional que promueve la participación popular, la comprensión de las finanzas públicas locales, el desarrollo de técnicas de diagnóstico social y de identificación de necesidades, el diseño de planes, proyectos y presupuestos inclusivos, el análisis de posibilidades de innovación de la gestión local; mediante las tecnologías de información y de comunicación pública y, el avance en los procesos de control ciudadano y la mediación de conflictos, resultan elementos indispensables para avanzar hacia una gestión local mucho más moderna y democrática; y basada en la corresponsabilidad del gobierno y de la ciudadanía.

En este programa de estudios superiores universitarios contaremos con la participación docente de expertos académicos e investigadores y de líderes sociales y comunitarios, de amplio reconocidos por sus contribuciones en el área y, entre los cuales podemos mencionar a Luz Elena Aldazoro, Consuelo Ascanio, Yolanda D´Elia, José Gregorio Delgado e Iván Zambrano.

El Ingeniero Carmelo Ecarri, activista comunitario y experto académico en el tema de participación comunitaria, tendrá a cargo la “Lección Magistral” que inaugurará el DEUS en “Participación en la Gestión Pública Local”.

Centro de Extensión Profesional (CEP). Centro Comercial Los Chaguaramos. Piso 7. e-mail: direccioncep@gmail.com. Teléfonos: 0212-662.23.97

EL GIRO DE LA REFORMA

Se acaba de producir un viraje en el proceso de reforma constitucional. El Presidente Chávez anunció el Miércoles 31 de Octubre, la posibilidad de votar por bloques su propuesta de cambio de la Constitución Bolivariana. Esta nueva posición política nos indica la posible percepción negativa del Jefe del Estado sobre el trabajo realizado en la Asamblea Nacional por el propio oficialismo aderezado; además con el escaso calado que ha tenido la propuesta en amplios sectores de la población.

Una división en bloques de la propuesta constitucional quizás le permitiría al oficialismo, refrescar “la fachada de la reforma”, ante su público natural y también frente a los sectores políticos más blandos de la oposición. El viraje también podría abrir – o ahondar- una brecha en el bloque opositor para así neutralizar los avances, que lentamente ha venido obteniendo la oposición democrática del país alrededor del tema. Por otra parte, se tendería un puente o se lanzaría un mensaje a determinadas fuerzas políticas que, como el partido PODEMOS han marcado distancia de las actitudes asumidas por el bloque revolucionario oficial.

En todo caso, para el Presidente Chávez resulta ineludible y estratégico impulsar con rapidez y ganar con holgura la reforma constitucional. La posibilidad de posponer el referendo de la reforma no existe para el gobierno. Y esa posibilidad no existe, porque políticamente significaría una derrota definitiva para sus pretensiones hegemónicas. Por lo tanto, allí, con ese punto no hay oportunidades de negociación. De eso, no hay dudas.

En tal sentido, la opción de dividir la propuesta de reforma es una salida razonable –así deje en ridículo a algunos de los voceros más encendidos de la revolución-, en una situación de relativa incertidumbre electoral y en medio de una creciente movilización social de la oposición. Por supuesto, el gobierno aún cuenta con amplios recursos; entre ellos, el control absoluto de toda la institucionalidad del Estado; además de las frecuentes inconsistencias de la misma dirigencia opositora (algunos hasta solicitan ingenuamente la posposición de la reforma). En todo caso, queda claro que el gobierno busca ganar tiempo, se repliega para reordenar sus fichas y moverlas con mayor precisión. Y esto debe hacerlo con rapidez. De lo contrario, el desconcierto puede seguir creciendo en las filas revolucionarias, al percibir que el mensaje de la oposición es una cruda realidad.

La conformación de los bloques dependerá de quienes realicen el trabajo. Al respecto, tampoco dudamos que “la tarea” sea emprendida por el equipo más cercano al Presidente. La Asamblea Nacional queda relegada. Nos muestra el escaso “peso político” que posee en este proceso revolucionario. Nos enseña también el final de aquellos incondicionales de la revolución. La oposición por su parte, tiene que entender la nueva situación –sin candidez-; pero continuando con su estrategia de construir consensos populares alrededor de los valores democráticos.

PONENCIA PRESENTADA EN EL SEMINARIO "CONSEJOS COMUNALES, PLANIFICACIÓN MUNICIPAL Y PODER POPULAR"

Alcances de la Planificación Municipal
en el Marco de las Competencias de los Consejos Comunales

Municipios y consejos comunales

Los municipios constituyen la base territorial para la organización de la República; gozan de autonomía y personalidad jurídica. La autonomía municipal comprende: la elección de sus autoridades, la gestión de sus competencias y la creación y recaudación de sus ingresos. Las competencias municipales están determinadas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal; entre otros referentes legales. La organización del Poder Público Municipal contemplada en la LOPPM, se ejerce a través de cuatro funciones: la función ejecutiva, realizada por el alcalde, responsable del gobierno y la administración; la función legislativa (deliberante) correspondiente al Concejo Municipal; la función del control fiscal; cuya responsabilidad es de la Contraloría Municipal y, la función de planificación que será ejercida conjuntamente con el Consejo Local de Planificación Pública.

Los principios constitucionales de la participación en la formación, gestión y control de la gestión pública determinan cualidades y procesos de inclusión ciudadana al Poder Público Municipal. La ejecutiva debe desarrollarse con la participación (de manera vinculante o no) de la opinión popular en la formación y ejecución de programas públicos. La función deliberante del Poder Municipal se encuentra obligada a propiciar la implementación de mecanismos de consulta pública y de recepción de las iniciativas legislativas, a las cuales tienen derecho las comunidades organizadas de cada entidad local. Los contralores municipales están obligadas legalmente a atender las denuncias ciudadanas. Las organizaciones de contraloría social, son parte del sistema nacional de control fiscal. Y la función de planificación otorgada a los CLPP es compartida e incluyente para otras formas asociativas no estatales como los consejos comunales, los comités de tierras, las mesas técnicas (de agua, de energía) y otras instancias de participación popular. Por último, el presupuesto participativo –en este contexto-, constituye una herramienta única y formidable; mediante la cual las comunidades organizadas tienen la posibilidad de incidir en la gestión pública.

Los consejos comunales –hasta el presente- son instancias de participación, articulación e integración entre las diversas organizaciones comunitarias, grupos sociales y ciudadanos que permiten al pueblo organizado, ejercer la gestión de las políticas públicas y proyectos. (LCC: artículo 2).

A los efectos de nuestro ejercicio, es factible agrupar las funciones de los consejos comunales; de acuerdo a la división funcional del poder público municipal. Así ubicamos funciones de carácter ejecutivo; tales como: impulsar el desarrollo comunitario, propiciar la articulación de las organizaciones de la comunidad, promocionar la participación popular en empresas comunitarias, promover acuerdos de transferencia de servicios, promover núcleos de desarrollo endógeno; la promoción de la seguridad ciudadana y la defensa de la nación; así como la prestación de asistencia social.

De la misma manera, podemos mencionar funciones de carácter deliberante, como la definición de normas de convivencia comunitaria; el emprendimiento de la iniciativa legislativa y la participación en los procesos de consulta en el parlamentarismo social de calle. En materia de control, hay funciones que prescriben la contraloría social del propio consejo comunal y los programas y proyectos de inversión de carácter nacional, estadal o municipal que se realicen en su ámbito. Por último, en materia de planificación, compete a la asamblea de ciudadanos y ciudadanas y al consejo comunal, aprobar y elaborar del plan de desarrollo comunal, el diagnóstico y presupuesto participativo, la preparación de proyectos de inversión y el diseño de sistemas de información comunitaria.

Esta “realidad participativa” y la posibilidad de sincronizar funciones entre municipio y ciertas instancias de participación que supone el marco constitucional y legal vigente, plantea -sin lugar a dudas-, el reto de pasar de un modelo de gestión centralista y auto-referenciado y por lo tanto excluyente, a otro abierto y descentralizado orientado a la satisfacción de las demandas sociales con base a las nuevas relaciones entre el Estado, en sus distintos niveles político-territoriales y sus entidades orgánicas y los ciudadanos y ciudadanas y la sociedad civil; a través de sus expresiones asociativas.

La planificación municipal en el marco del Sistema Nacional de Planificación
La planificación es un mandato constitucional. En efecto, el artículo 299 de la actual CBRV establece con claridad que “…el Estado, conjuntamente con la iniciativa privada promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional… mediante una planificación estratégica, democrática, participativa y de consulta abierta”. De allí que, en los Lineamientos Generales de Desarrollo Económico-Social 2001-2007, el diseño e implantación del Sistema Nacional de Planificación se convirtió en uno de sus objetivos. De la misma manera, la Asamblea Nacional aprobó en el año 2001 una Ley Orgánica de Planificación para regular; tanto el proceso de planificación como el proceso técnico gubernamental y, como mecanismo de inclusión popular.

El planteamiento teórico del Sistema Nacional de Planificación –ya que nunca se logró implementar- comprendía la articulación de un conjunto sistemático de planes de distinto tipo y alcance (nacionales, institucionales, sectoriales, operativos) y de una red de instancias estatales y públicas nacionales, regionales, estadales y municipales responsables de elaborar e impulsar la actividad de planificación; de acuerdo a los mandatos establecidos en la Constitución Bolivariana y el resto del marco legal; tales como el Consejo Federal de Gobierno (CRBV: artículo 185); los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas (CRBV: artículo 166) y los Consejos Locales de Planificación Pública (CRVB: artículo 182).

Más aún, en materia de planificación y desarrollo regional estadal y municipal, el sistema suponía los planes regionales de desarrollo; a cargo de los organismos regionales de desarrollo (LOP: artículo 23), los planes estadales de desarrollo a cargo del gobernador de la entidad federal (LOP: artículo 24) y bajo la coordinación de los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas (LOP: artículo 25) y, los planes municipales de desarrollo bajo responsabilidad del alcalde de cada municipio, como máxima autoridad civil (LOP: artículo 26) y bajo la coordinación del respectivo Consejo Local de Planificación Pública (LOP: 27).

La planificación municipal se concebía como el eslabón más cercano a la población de urbanizaciones, barriadas, aldeas y caseríos. En este contexto, el CLPP fue creado como “el órgano de planificación integral ... del gobierno local orientado a lograr la incorporación de las comunidades y grupos vecinales …; mediante la descentralización y la desconcentración de competencias y recursos (LCLPP: artículo 2). Los Consejos Locales de Planificación Pública estaban integrados a la red de los consejos parroquiales y consejos comunales. Además; según la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (año 2005) se define al municipio como el espacio primario para la participación ciudadana en la planificación, diseño, ejecución, control y evaluación de la gestión pública (LOPPM: artículo 7).

Pese a este conjunto de previsiones conceptuales y legales, el Sistema Nacional de Planificación nunca funcionó. El Consejo Federal de Gobierno no contó con el apoyo del Ejecutivo Nacional para ser implementado, los Consejos Estadales no funcionaron como instancias de concertación entre el Estado y la sociedad civil; los Consejos Locales de Planificación Pública fueron obstruidos de manera sistemática; y aquellos que finalmente se consolidaron no adelantaron sus respectivas redes de consejos parroquiales y comunales. La cascada de planes -desde el nivel nacional hacia los niveles estadales y municipales-, no funcionó de manera eficaz ni como supone el marco legal que pretende regular “el Sistema Nacional de Planificación”.

En síntesis, la apuesta bolivariana inicial para lograr la inclusión popular en la formulación de las políticas públicas fue asfixiada institucional y políticamente. Sin embargo, desde el gobierno hubo un replanteamiento del tema: en el año 2006 se relanzan los Consejos Comunales; y luego dentro de los Cinco Motores se propone la “Explosión del Poder Comunal”. A mediados del presente año, se creó mediante el Decreto 528, la Comisión Central de Planificación con el propósito de impulsar la transición hacia un modelo de planificación centralizada con la integración de los planes de alcaldías y gobernaciones, y demás entes funcionales de la administración pública.

La planificación municipal: una responsabilidad diversa y compartida
La planificación municipal posee diversas manifestaciones. Es decir, dentro de un municipio hay distintos tipo de planes y de niveles de planificación. Por ejemplo, el Plan Municipal de Desarrollo es uno de ellos; y quizás el fundamental, porque expresa las directrices de gestión en un período de cuatro años de cada municipio (LOP: artículos 55, 56, 57). Además, cada municipio tendrá un plan que contemple la ordenación de su desarrollo económico y social (LOPPM: artículo 60) y de la misma manera, cada municipio con vocación turística tendrá su plan local de turismo. Uno de los aspectos más controversiales en la planificación municipal lo constituye el plan de desarrollo urbano local. El PDUL es un instrumento; mediante el cual se regula el uso y aprovechamiento del suelo. De tal forma que, el PDUL contendrá una clasificación de los suelos y sus usos; definiendo sus espacios libres y su equipamiento comunitario e incluso podría determinar y fijar medidas para la protección del ambiente, para la conservación de la naturaleza. El PDUL contendrá las operaciones para las ciudades del municipio (LOPPM: artículo 62).
Otro elemento central en la planificación municipal lo constituye el presupuesto correspondiente a cada ejercicio fiscal. El presupuesto municipal es un instrumento estratégico de planificación y gestión para el gobierno local (LOPPM: artículo 230). El presupuesto municipal contempla el denominado “presupuesto de inversión municipal” dirigido al desarrollo humano, social, cultural y económico de cada entidad local. Este presupuesto será conformado por las prioridades presentadas por las comunidades organizadas (LOPPM: artículo 234).

Así como una hay diversidad de planes en el municipio, la actividad de planificación está sujeta a su realización compartida con los vecinos y vecinas, con las organizaciones comunitarias y con las comunidades organizadas. Recordemos que esta corresponsabilidad se sustenta en la participación y la inclusión de ciudadanos y ciudadanas en la gestión pública local. El marco constitucional vigente establece como un derecho y como un deber la participación popular en los asuntos públicos y comunitarios del país (CRBV: artículos 62 y 132). Pero además, en materia de planificación está determinado que, los sectores sociales tienen el derecho a estar debidamente informados, a elaborar propuestas, a identificar prioridades y también a formular recomendaciones en el proceso de planificación (LOP: artículos 14 y 58).
Los consejos locales de planificación pública, el presupuesto participativo y los consejos comunales son los órganos, procesos e instancias que se han impulsado desde el gobierno central, con el propósito de incluir a ciudadanos y ciudadanas en los distintos eventos de planificación de políticas públicas en el ámbito municipal y en los espacios locales. El mismo Presidente Chávez, ha resaltado la importancia de los consejos locales de planificación pública y del presupuesto participativo como elementos fundamentales de la “Nueva Democracia Popular” (Mapa de los 10 Objetivos Estratégicos: 2004).

La participación popular en la planificación municipal es un evento ineludible dentro de una democracia participativa. Los planes que deban realizar y emprender las autoridades públicas locales tienen que considerar la opinión y las propuestas de la ciudadanía. Esto resulta un paso imprescindible.
En resumen, el Plan Municipal de Desarrollo (PMD), el Plan de Desarrollo Urbano Local (PDUL); así como también el Presupuesto de Inversión Municipal –por medio del presupuesto participativo (LOPPM: 271)- o cualquier otro plan de carácter económico, social, de servicios o de infraestructura debe contar con la opinión del pueblo, sus entidades asociativas naturales y también de los consejos comunales. Por último, las autoridades municipales se encuentran en la obligación de implementar los mecanismos para el ejercicio pleno de la participación popular y corresponsable.

Los consejos comunales y sus responsabilidades en la planificación municipal

Los Consejos Comunales constituyeron -hasta hace poco-, la última propuesta del Gobierno Nacional en materia de organización popular. La propuesta de reforma constitucional incluye otros mecanismos de organización popular; tales como: los consejos populares de estudiantes, de campesinos, de trabajadores, de la tercera edad, de discapacitados, de artesanos y de deportistas; entre otros.

Los Consejos Comunales estuvieron articulados inicialmente a los Consejos Locales de Planificación Pública (LCLPP, 2002: artículo 8; y LOPPM; 2005: artículos 112 y 113). Los primeros consejos comunales organizados datan del año 2003 y fueron promovidos por el CLPP de la ciudad de Valencia; y aún se encuentran vigentes y operativos. Sin embargo, la experiencia de los CLPP y por ende, de los consejos comunales no fue exitosa. Tres factores fueron determinantes para ello: en primer lugar, la resistencia de los factores partidistas (de todos las tendencias políticas) a la implementación de los CLPP y en consecuencia de los consejos parroquiales y comunales; en segundo término, la baja capacidad estratégica y operativa de las instituciones del poder público municipal, y en tercer término, la debilidad y la desmovilización de los sectores comunitarios alrededor del tema.

Los Consejos Comunales fueron lanzados como instancias para el ejercicio de los derechos ala participación del pueblo en el año 2006, con la promulgación de su correspondiente ley. En esta ocasión los consejos comunales fueron separados de su ámbito institucional natural como eran los CLPP y las alcaldías; pasando a ser adscritos a las Comisiones Presidenciales del Poder Popular (nacional, estadal y local). Esta nueva afiliación generó amplias reservas en los gobiernos estadales y municipales y en la misma sociedad civil, por considerarla centralista. Por último, la LCC creó el Fondo Nacional de los Consejos Comunales (adscrito al Ministerio de Finanzas), y de cuyo funcionamiento no se tiene una información transparente. Los Consejos Comunales tienen que registrarse ante los Consejos Locales de Planificación Pública, para articularse al Sistema Nacional de Planificación.

Finalmente, con la reforma de la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública del mes de Diciembre 2006, se trata de vincular de nuevo, los Consejos Comunales a los CLPP; mediante la elección de los representantes comunitarios de esa instancia (LCLPP: artículo 6); y así mismo, se le confieren funciones precisas en la formulación y control del plan y en el presupuesto de inversión municipal (LCLPP: Título III, De la Participación Ciudadana en el Plan y Presupuesto Municipal, artículos 34-40).

Los Consejos Comunales han tenido un relativo éxito en el país. Tanto en barrios como en urbanizaciones hay consejos comunales. Desde Abril de 2006 y, hasta el presente, se han conformado un poco más de 30.000 consejos comunales en todo el país; y se les ha asignado aproximadamente 6 billones de bolívares para la ejecución de proyectos; según cifras oficiales. La distribución territorial de los consejos comunales se concentra en el interior del país, donde estados como Delta Amacuro, Falcón, Lara y Mérida despuntan por su alto número de instancias constituidas.

Los Consejos Comunales poseen funciones directas y específicas en materia de planificación municipal. De esto, no debe quedar duda alguna. En principio, y como hemos señalado, constitucionalmente tales instancias tienen el derecho y la obligación de participar en la vida social y comunitaria del país. De la misma manera, tienen la atribución de elaborar y aprobar el plan de desarrollo de su comunidad respectiva y los proyectos que se deriven de ese plan. Por otra parte, los consejos comunales participan en los procesos de formulación, ejecución y control de los planes y presupuestos municipales incorporando a estos instrumentos de gestión las propuestas; según el marco legal que se ha señalado. En tal sentido, los consejos comunales podrían convertirse en la instancia de planificación más cercana a las vecindades y a los ciudadanos y ciudadanas, si su actividad se desarrollara al menos, en un marco valorativo de democracia, inclusión, solidaridad, pluralidad y transparencia.

Para el Gobierno Nacional –según la Comisión Presidencial del Poder Popular- los Consejos Comunales deben cumplir con “un ciclo comunal” que comprendería cinco fases; a saber: el diagnóstico participativo, el plan de desarrollo comunitario, el presupuesto participativo, la ejecución del proyecto comunitario y la contraloría social. En realidad, la actividad general de los consejos comunales se ajusta poco a esta “prescripción técnica”. Lo que ha pasado es que consejos comunales ha presentado “proyectos específicos” a organismos nacionales, gobernaciones o ante las mismas alcaldías para acceder a recursos; mediante mecanismos de financiamiento como la Ley del Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDES) o la Ley de Asignaciones Económicas Especiales, sin que se tenga una visón global e integrada de las necesidades de cada comunidad y de los planes diseñados o emprendidos por las autoridades públicas municipales.

Existe un alto número de casos, en los que los consejos comunales no están informados y suelen ser ignorados, en cuanto a la planificación municipal se refiere. Generalmente, los municipios se encuentran atrasados en relación al tema de los planes municipales de desarrollo o de aquello vinculados al tema del ordenamiento y del desarrollo urbanístico. Para completar el panorama, una buena parte de los consejos comunales no tiene información sobre el tema o son simplemente manipulados. Esta situación -sin duda-, debilita y pone en entredicho las posibilidades reales del ejercicio de participación ciudadana de la población; y, se afecta en forma negativa la calidad de vida de amplios sectores de la población.

La planificación como nexo entre la población, los consejos comunales y las instancias de gobierno municipal

La planificación puede ser una conexión eficaz entre gobiernos locales, vecinos y vecinas, y, consejos comunales. Un enfoque participativo de la planificación de las políticas públicas locales redundará en un mayor acierto de los diagnósticos de las necesidades comunitarias; así como también en la legitimidad y la transparencia en al asignación de recursos a los proyectos de inversión pública que hayan sido definidas mediante este esfuerzo. Por supuesto, esta visión de este proceso gubernamental requiere de un gran esfuerzo institucional por parte de todos los actores involucrados: autoridades públicas y los ciudadanos y ciudadanas organizados de manera independiente, o por medio, de los consejos locales de planificación pública y los mismos consejos comunales.

Un comentario adicional e infaltable en este contexto debe estar referido a al comportamiento ético y responsable tanto de los funcionarios públicos, como de los voceros y representantes comunitarios vinculados a estos procesos. La utilización de los medios de organización popular para obtener “provecho ilegítimo” de los fondos públicos; o la manipulación conciente de esos fines con fines ideológico-partidistas con conductas impropias e inaceptables para la organización popular y ciudadana. La contraloría social y ciudadana y aquellos de mecanismos de rendición de cuentas son intrínsecos al ejercicio de los derechos de participación ciudadana; y de manera simultánea constituyen el mejor antídoto para enfrentar constructivamente y con éxito las desviaciones que suelen presentarse en el desarrollo de estos procesos de relación –tan complejos- entre el gobierno y la sociedad civil.

LOS INVITO A CONVERSAR: SEMINARIO "CONSEJOS COMUNALES, PLANIFICACIÓN MUNICIPAL Y PODER POPULAR"

Seminario
Consejos Comunales, Planificación Municipal y Poder Popular
Salón La Terraza, Hotel Ávila, 31 de Octubre de 2007

Programa

8:00 a.m. Registro de participantes
8:30 a.m. Instalación del Seminario. Palabras de apertura a cargo de:
• Dr. José Gregorio Delgado, Coordinador General de la Escuela de Vecinos de Venezuela
• Dr. Kurt-Peter Schütt, Director del ILDIS y Representante en Venezuela de la Fundación Friedrich Ebert
8:45 a.m. Introducción al seminario: objetivos y modalidad de desarrollo, a cargo del Ing. Flavio Carucci, Coordinador de Proyectos del ILDIS
9:00 a.m. Los Consejos Comunales en el Contexto de la Normativa Legal Vigente
Ponente: Dr. José Gregorio Delgado, Escuela de Vecinos de Venezuela
9:20 a.m. Alcances de la Planificación Municipal en el Marco de las Competencias de los Consejos Comunales
Ponente: Lic. Miguel González Marregot, Profesor de la Universidad Católica Andrés Bello
9:40 a.m. Poder Popular, Municipios y Participación Ciudadana en la Propuesta de Reforma Constitucional
Ponente: Dr. Carlos Ayala, Profesor de la Universidad Católica Andrés Bello
10:00 a.m. La Planificación Comunitaria en el Marco del Desarrollo Local
Ponente: Dr. Fausto Fernández, Profesor de la Escuela Venezolana de Planificación
10:20 a.m. Refrigerio
10:35 a.m. Intervención de lo(a)s participantes
Moderador: Ing. Flavio Carucci, Coordinador de Proyectos del ILDIS
1:00 p.m. Almuerzo en el Hotel
2:00 p.m. Conformación e instalación de las Mesas de Trabajo
2:15 p.m. Diálogo y debate en las Mesas de Trabajo
3:45 p.m. Refrigerio
4:00 p.m. Diálogo y debate en las Mesas de Trabajo (Continuación)
4:15 p.m. Presentación de resultados por Mesa de Trabajo
Moderador: Dr. José Gregorio Delgado, Coordinador General de la Escuela de Vecinos de Venezuela
5:45 p.m. Cierre del Seminario y entrega de certificados

EL PULSO DE LA REFORMA

El objeto de la reforma constitucional es implantar en Venezuela un modelo socialista, unitario en su concepción prospectiva del tema político-territorial, con un eje central de poder y toma de decisiones en el Ejecutivo Nacional (y más específicamente en la Presidencia de la República); en el que la intervención del Estado (basado en la utilización de la renta petrolera) sea determinante y “principal motor” de la actividad económica y social del país; por encima del emprendimiento popular y por lo tanto, de la iniciativa privada.

Bajo este enfoque, se trataría de alcanzar la “suprema felicidad” del pueblo venezolano bajo la indiscutida –y cuasi infalible- dirección de una vanguardia revolucionaria y un comandante, que determinarían lo permitido y lo prohibido para la vida del país y también, la conducta que sería políticamente correcta y aquello que no lo sería. En tal sentido, toda aquella manifestación que objetara los planes, proyectos y estrategias postulados por el Estado socialista y por el gobierno socialista, pasarían a ser considerados como “contrarrevolucionarios” y desestabilizadores. Por ende, la oposición o la disidencia estarían proscritas en ese contexto.

En el campo internacional, la reforma ya asoma su posible impacto, con la propuesta de fundar repúblicas –o quizás confederaciones de ellas- con base a proyectos específicos (ver artículo 153 en el informe de la Comisión Mixta de la Asamblea Nacional). Y en realidad, en estos tiempos de globalización cualquier revolución que se precie como seria, tendría que rescatar los añejos planteamientos del internacionalismo proletario. En tal sentido, la aspiración de lograr un “mismo gobierno” para Cuba y Venezuela o también para Bolivia y Nicaragua, resulta lógica para ese pensamiento. Incluso, hasta podría plantearse una confederación con naciones revolucionarias de otros continentes como serían el caso de Irán o ¿de Corea del Norte?

El instrumento por excelencia para impulsar un proyecto revolucionario es el partido. Al menos, ese ha sido uno de los postulados clásicos surgidos de las revoluciones socialistas, a lo largo de su historia. Y si ese partido revolucionario es único; es decir, no admite la presencia de otra organización partidista que le compita el poder político; pues es mucho mejor para el proceso de construcción del socialismo. En el caso venezolano, la imposición del partido único en las filas del oficialismo ha encontrado sus dificultades. La pobre demostración organizativa brindada en el Poliedro de Caracas, donde recientemente tan sólo se alcanzó a juramentar unos 14.000 promotores (o voceros) del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) provenientes de todo el país, nos indica el escaso calado popular de ese partido.

En ese mismo entorno, el Partido Comunista de Venezuela (PCV) ha desistido de fusionarse con el PSUV. Y el mismo sendero ha sido tomado; por ahora, por el partido Patria para Todos (PPT). El caso del partido PODEMOS es de singular importancia por varias razones. Veamos. En primer lugar, con su actitud crítica en el parlamento venezolano ha intentado rescatar la visión democrática del socialismo, basado en la valoración de la libertad y en el respeto a la pluralidad ideológica. En segundo lugar, esta organización partidista ha demostrado una gran entereza política al soportar toda una serie de descalificaciones políticas, amenazas de mociones de censura y ataques personales (hasta las vacaciones de un diputado de esa bancada salieron a relucir en la Asamblea Nacional) originadas por el simple hecho de exigir; según su criterio, el estricto cumplimiento de los procesos constitucionales para el tratamiento legislativo de la reforma constitucional. En tercer lugar, la actitud del partido PODEMOS -hasta el presente-, se ha convertido en una verdadera lección de parlamentarismo democrático; sobre todo para aquellos sectores políticos y mediáticos de la oposición que han jugado al abstencionismo y a la descalificación de cualquier iniciativa política, organizativa y electoral emprendida por otros partidos democráticos de la oposición venezolana. Por último, la disensión de PODEMOS dejó al descubierto de nuevo, el estilo autoritario e intolerante que predomina dentro de los factores políticos oficialistas.

Esa misma intolerancia oficialista sufrida por el partido PODEMOS se manifestó la pasada semana en el Teatro Teresa Carreño (en la ciudad de Caracas), cuando un grupo de dirigentes estudiantiles acompañados de trabajadores intelectuales (artistas y periodistas) fueron maltratados y expulsados de un acto público convocado por la propia Asamblea Nacional, por el solo hecho de manifestar su desacuerdo, con algunos puntos de la propuesta de reforma constitucional. Y esa misma intolerancia se hizo presente en la parroquia Antímano (al oeste de la ciudad capital) cuando un pequeño grupo intentó sabotear un acto público donde el partido de oposición “Un Nuevo Tiempo” exponía ante los vecinos, sus puntos de vista sobre el tema constitucional. La medida impuesta por el Consejo Nacional Electoral al canal independiente de noticias Globovisión impidiendo la transmisión de una serie de micro-informativos producidos por la ONG “Ciudadanía Activa”, que trataba desde una óptica crítica la reforma constitucional, puede entenderse como otra demostración de intolerancia y censura, para acallar a aquellas opiniones alternativas o contrapuestas a las propuestas de la revolución.

Pese a la censura y al ventajismo oficial, instituciones sociales; así como expresiones asociativas populares, que conforman un verdadero tejido social autónomo y democrático, continúan expresando sus reservas y opiniones en torno a la propuesta constitucional. La Conferencia Episcopal Venezolana; por ejemplo, acaba de emitir una importante valoración desde el punto vista católico sobre el tema. En efecto, la Iglesia Católica venezolana considera que la implantación de un Estado socialista conllevaría al cese del pluralismo y de la libertad política y de conciencia para la población del país. Sobre este particular, no nos quedan dudas que el gobierno tratará de descalificar los señalamientos de la Iglesia Católica, por la alta credibilidad que ésta posee ante la mayoría del pueblo venezolano.

De igual manera, organizaciones ciudadanas defensoras de los derechos civiles han comenzado a denunciar la situación de precariedad en la que quedarían derechos humanos fundamentales, de aprobarse artículos como el 337 incluido en la propuesta de reforma por la Comisión Mixta de la Asamblea Nacional. Así el “Foro por la Vida” que reúne a varias organizaciones cívicas como “Espacio Público”, “Provea” y COFAVIC presentaron un documento con 32 observaciones al proyecto de reforma. La posición de estas organizaciones no gubernamentales es muy clara y contundente: los derechos humanos son progresivos, irrenunciables e intransferibles; por tanto no pueden ser sometidos a referendo. Los derechos fundamentales no son negociables.

Redes vecinales y asambleas de ciudadanos en los ámbitos comunitarios están haciendo su esfuerzo contributivo para conformar un movimiento de oposición democrática, frente a la reforma socialista. El movimiento estudiantil continúa con sus actividades de calle tratando de llevar a la mayor cantidad de ciudadanos y ciudadanas, información crucial sobre los riesgos que encierra la implantación de un sistema de vida basado en un pensamiento único. Las agrupaciones partidistas de oposición también mantienen su actividad; aunque allí un sector insiste en tratar de torpedear lo que hace el otro. Así las iniciativas emprendidas por organizaciones democráticas como “Un Nuevo Tiempo”, “Primero Justicia”, “COPEI” o la histórica “Acción Democrática” son desmenuzadas a diario, por algún sesudo opinador o por algún dirigente de la “resistencia” (en su pleno derecho después de todo) que no reconocen aún que en Venezuela, sí hay una oposición política seria y comprometida con la libertad y con la democracia.

La propuesta socialista de reforma constitucional requiere de un poder central omnímodo y, para ello propone la reelección exclusiva e indefinida para la Presidencia de la República. Por ello también debilita en extremo a los gobiernos intermedios (gobernaciones y alcaldías) por ser considerados como posibles fuentes de liderazgos emergentes. De la misma manera, la propuesta reduce las posibilidades de participación popular suprimiendo el ejercicio democrático a la elección y al sufragio e imponiendo una supremacía del Estado frente a cualquier iniciativa ciudadana y popular. Allí no hay nada nuevo. Los sectores democráticos del país tienen ahora el reto de tomar el pulso de la reforma. No hacerlo sería, cometer un craso error.

AL FILO DE LA REFORMA

La “Comisión Mixta” de la Asamblea Nacional, en nombre del pueblo –que en su mayoría no conoce el contenido de la propuesta original; según los sondeos de opinión realizados en Venezuela-, incorporó una serie de modificaciones al proyecto de reforma constitucional presentado inicialmente por el Presidente Chávez, sin la realización previa de un adecuado proceso de consulta pública democrático, eficaz e incluyente. Las modificaciones incorporadas que afectan temas como los derechos humanos, el aporte de la economía privada, la inversión extranjera, la propiedad intelectual, las relaciones entre los poderes públicos nacionales y entre el poder civil y el militar, en el ámbito de la justicia.

El método inconsulto y anti-popular empleado por la Asamblea Nacional para añadir los nuevos cambios a la propuesta de reforma constitucional, es otra demostración del sesgo autoritario y excluyente que caracteriza al oficialismo al momento de tratar asuntos de interés estratégico para el país, como lo representa la reforma de su Carta Magna. En realidad, el tratamiento poco democrático de la reforma de la Constitución Bolivariana se prefiguraba con claridad luego que el oficialismo evadiera -a priori y apresuradamente-, la realización de una Asamblea Nacional Constituyente para debatir un tema fundamental como la reforma.

Las modificaciones agregadas por la “Comisión Mixta” de la Asamblea Nacional parecieran ser el “complemento idóneo” para las propuestas formuladas inicialmente desde el Ejecutivo Nacional y que se orientaban hacia la concentración y centralización del poder político alrededor de la figura de la Presidencia de la República, en detrimento de la auténtica democracia participativa. En ese sentido, la Asamblea Nacional o más exactamente, la fracción del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), ha querido hacer su contribución al proceso de reforma; mediante la adición de modificaciones que también restringen las posibilidades de participación ciudadana en las distintas manifestaciones de la vida nacional: en materia de cultura se elimina la propiedad al trabajo intelectual (artículo 98); en materia económica se impulsa la visión estatista y monopólica del desarrollo y la actividad productiva (artículos 299, 301 y 303); se desfavorece la participación popular en materia de referendos abrogatorios, referendos revocatorios, y de iniciativas para la enmienda y la reforma constitucional y, por supuesto, para el proceso constituyente (artículos 72, 74, 341, 342 y 348). Pero el aporte del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) va un poco más allá. También contribuye a burocratizar las posibilidades de organización y de participación del pueblo, con la creación de más “consejos populares” destinados a construir “el socialismo” (artículo 70). Por si fuera poco, al Consejo de Estado se le atribuyen más funciones, sin considerar la participación y el protagonismo de esos consejos populares (artículo 251).

Otra contribución trascendente del PSUV a los fines de apuntalar un régimen autoritario y centralista se ubica en la propuesta de reforma del artículo 337, referido a los Estados de Excepción. Con la propuesta aprobada por la “Comisión Mixta” de la Asamblea Nacional se suprimen el derecho al debido proceso y el derecho a la información. De tal manera, a juicio del Ejecutivo Nacional que en una situación de orden social, económico, político, natural o ecológico, sea necesario su intervención excepcional, la ciudadanía quedaría sometida a los medios informativos oficiales; y también desamparado frente a cualquier tipo de abuso –por involuntario que fuese- cometido por las autoridades públicas; mientras dure el “Estado de Excepción”. Desde nuestra visión, al suprimir estos derechos se colocaría al país, al margen de tratados y convenciones internacionales sobre los derechos humanos. Por otra parte, esta visión autoritaria del tratamiento de situaciones de emergencia, tan sólo incrementa desconfianza y la desazón en amplios sectores de venezolanos. Por si fuera poco, algunos voceros de la revolución ya han apuntado contra los medios de comunicación independientes (su blanco favorito) como posibles objetivos de tomarse una medidas de este tipo. En todo caso, una propuesta de este tipo activa las alarmas de la ciudadanía, en un país donde las amenazas a la libertad de expresión (¿recuerdan RCTV?) y la impunidad y la injusticia son temas de todos los días.

Un comentario adicional merece la disminución de las competencias del Consejo Nacional Electoral, en materia de organización de procesos electorales. Sobre este particular, el CNE dejaría de “organizar” elecciones de sindicatos, gremios profesionales y organizaciones con fines políticos y otras entidades no gubernamentales (desconocemos cuántos procesos de este tipo ha organizado, efectivamente) para asumir un rol asesor y, por lo tanto, no vinculante en tales eventos. Nuestra observación se fundamenta en que esta propuesta ocurre justo en el momento cuando aparecen un conjunto de entidades político-territoriales (asambleas de ciudadanos y ciudadanas del poder popular, consejos comunales y la red de consejos populares) que requerirían de un proceso de regulación y acompañamiento para su conformación. ¿Curioso, verdad? También pudiera considerarse que, el debilitamiento de las competencias operativas del Consejo Nacional Electoral, se compadecen con la muy particular visión que del poder popular tiene el Gobierno Nacional, al considerar que “este no nace de sufragio alguno”.

En cuanto a las propuestas de incorporación de la no discriminación por orientación sexual o condiciones de salud (artículo 21) o a la disminución de la edad de votar de 18 a 16 años (artículo 64), son plausibles siempre y cuando, su aplicación no dependa de otro tipo de “filtros”; de los cuales un buen sector de la población venezolana “tiene una amarga experiencia”.

En este contexto, gobierno y oposición han hecho notables esfuerzos para dar a conocer sus puntos de vista. Sin embargo, el grueso de la población no conoce a conciencia el alcance de la reforma propuesta; aún cuando ha manifestado su rechazo mayoritario en el caso de la reelección indefinida o en cuanto al tema de la vulneración de la propiedad privada; mientras ha demostrado su aceptación en referencia a la reducción de la jornada laboral o la inclusión de los trabajadores independientes en la seguridad social.

Al Gobierno Nacional, le ha costado mucho vender la reforma constitucional hasta dentro de su propia clientela natural. Y es que el pueblo venezolano posee una cultura democrática muy arraigada, que entra en conflicto ahora con la “simpatía” que pueda sentir por el Presidente Chávez o los beneficios que ese mismo pueblo pueda recibir de las políticas re-distributivas de su gobierno. Incluso, el anuncio realizado por la presidenta de la Asamblea Nacional, de rectificar y corregir la redacción del artículo 115, presentada inicialmente en el proyecto de reforma no ha logrado bajar las tensiones y los resquemores en la población.

La oposición organizada; por su parte, viene haciendo su trabajo –con relativo éxito- mediante la difusión crítica de la propuesta de reforma constitucional. Y no hay dudas que, pese a la escasez de recursos institucionales y financieros por la que atraviesan los sectores democráticos (partidistas e independientes) han logrado revertir la amplísima propaganda oficial, a favor de la reforma en ciertos temas. Ahora bien, la mayor debilidad de la oposición democrática, es la actitud escéptica sobre su propia fuerza y sus propios logros. El oficialismo está consciente de ello, y por supuesto le saca provecho político.

El éxito del proyecto de reforma depende mucho del carisma del Presidente Chávez; y de la esperanza que aún mantienen amplios sectores poblacionales en sus promesas de alcanzar una vida mejor. Sin embargo, esa misma promesa encierra el riesgo de la pérdida de las libertades democráticas y la imposición de una visión hegemónica del mundo. Ya hay sectores afectos a la revolución tomando conciencia de ello. La batalla que se libra hoy en Venezuela, confronta a la “propaganda” contra la “información”. De un lado, el gobierno con todos sus recursos, aupando la vieja utopía socialista, del otro la oposición democrática informando sobre la realidad y los riesgos totalitarios que esas utopías socialistas acarrean indefectiblemente.

NO A LA REFORMA

La propuesta de reforma constitucional coloca a los venezolanos frente a una decisión crucial, optar por el totalitarismo o defender la democracia. Y sobre esa decisión no hay escape, ni postergación posible. El momento de decidir ha llegado. Desde el gobierno se considera al modelo socialista como única vía posible de desarrollo para Venezuela. La opción oficialista rememora al viejo esquema socialista donde “una vanguardia revolucionaria” instalada en el poder, conduce -sin reconocer oposición- al resto de la sociedad, hacia unos fines “preclaramente establecidos” desde el Estado.

De allí, el notable empeño gubernamental en descalificar cualquier “iniciativa privada” y por lo tanto, ciudadana y soberana. Por ello, también el constante ataque oficial a la autonomía de las expresiones asociativas del pueblo como los sindicatos, las organizaciones no gubernamentales, las expresiones vecinales y de cualquier otra manifestación “empoderamiento” popular que pueda ser independiente y por ende, alternativo a la visión hegemónica y belicista del mundo y del hecho social, que desde la “vanguardia revolucionaria” se nos quiere imponer. Y peor aún, la calificación oficial de “enemigo interno” “desestabilizador” o de “lacayo del imperialismo” a cualquier voz crítica de sus aspiraciones hegemónicas.

Frente a la propuesta de reforma constitucional transcurre la vida de una Venezuela agobiado por la ineficacia e ineficiencia gubernamental y revolucionaria para resolver los problemas básicos de la población como la educación, la justicia, la salud, la seguridad o la vivienda. Y es que las demandas y necesidades sociales más apremiantes han quedado supeditadas a la estabilidad del régimen, a la agenda ideológica, política y clientelar de la revolución. Así de sencillo.

Nuestro país reclama del establecimiento de controles ciudadanos y sociales sobre la gestión de gobierno. Venezuela se encuentra urgida del reagrupamiento de los sectores democráticos sobre la defensa de la libertad, la inclusión, la propiedad, la tolerancia y la prosperidad. Oponerse cívicamente a la reforma constitucional y derrotarla electoralmente, representa la oportunidad para detener en forma definitiva las pretensiones hegemónicas del régimen de turno. No a la reforma constitucional.

"GOBERNABILIDAD Y GERENCIA POLÍTICA" EN EL ESTADO ZULIA

En el marco del “II Programa de Gobernabilidad y Gerencia Política” que actualmente se realiza en el Instituto Zuliano de Estudios Políticos y Sociales (IZEPES) de la Gobernación del Estado Zulia, compartimos experiencias y conocimientos con un grupo de simpatizantes, militantes y dirigentes zulianos del partido político “Un Nuevo Tiempo” (UNT).

El análisis –desde una óptica democrática- de la movilización de base, de la participación ciudadana y del asociacionismo social y comunitario fueron los temas relevantes del encuentro. El grupo de activistas zulianos expresaron sus experiencias en tema como los consejos comunales, donde mencionaron que hasta el presente han contribuido a organizar de manera independiente a más de tres mil de esas instancias pese a la resistencia de los organismos oficiales nacionales que han retrasado su reconocimiento. Por otra parte, el grupo de participantes refirmó con alegría su compromiso en la construcción de los contrapesos políticos y sociales democráticos frente a cualquier pretensión hegemónica que pretenda imponerse en Venezuela.

El “Programa de Gobernabilidad y Gerencia Política” es una experiencia académica exitosa, que desde hace cinco años auspician la Universidad George Washington (GWU), la Corporación Andina de Fomento (CAF), la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). Actualmente se desarrolla simultáneamente en cuatros sedes en el país (Caracas, Maturín, Valencia y Maracaibo). En el “Programa de Gobernabilidad y Gerencia Política” es un espacio académico abierto a la participación de activistas sociales, comunitarios y políticos sin distinción de ideologías ni militancias políticas.

EN EL DIARIO "TAL CUAL" EL JUEVES 4 DE OCTUBRE 2007

Día a día
Misión Chávez

Para el analista Miguel González Marregot, con la reforma constitucional las misiones quedan a discrecionalidad de Chávez. El politólogo Ricardo Sucre cree que los programas sociales se convertirán en mecanismos electoralistas

Carlos Crespo

Pese a lograr en sus inicios atender algunas de las necesidades más básicas de los sectores populares, las misiones han venido padeciendo un progresivo proceso de desgaste y su transformación en meras estructuras clientelares, de acuerdo con el analista social Miguel González Marregot y el politólogo Ricardo Sucre, quienes estiman que esta tendencia se consolidará de aprobarse la reforma constitucional propuesta por el presidente Chávez.

Para González Marregot, la modificación del artículo 141 de la Constitución Nacional incurre en un error conceptual al tratar de separar “las administraciones públicas burocráticas o tradicionales” de “las misiones” : “Uno de los grandes aportes de Max Weber fue establecer que toda administración pública es burocrática per se”, argumenta el analista, quien agrega que brindar asistencia social a los más desfavorecidos no tiene nada de extraordinario: “Es una función clásica del Estado”.

González además advierte que el texto presentado por el primer mandatario el pasado 15 de agosto le otorga una excesiva discrecionalidad al Ejecutivo cuando establece que este podrá aplicar “sistemas excepcionales, e incluso, experimentales” en la administración de los programas sociales.

Consultado sobre si este artículo protegía al presidente Chávez del control fiscal de la administración pública, aseguró que aunque el artículo es bastante ambiguo: “ningún funcionario puede quedar libre de ese control. Que intente hacerlo es otra cosa”.

González aclara que el establecimiento de programas sociales para atender a los más necesitados es inobjetable; sin embargo, considera que el Gobierno ha intentado establecer las misiones como escenarios para la partidización y la obtención de lealtad política.

Por su parte, el politólogo Ricardo Sucre alega que desde hace un buen tiempo las misiones perdieron “la magia” que las caracterizó en sus inicios y que con la aprobación de la reforma constitucional esta tendencia se consolidaría: “Quedarían como una estructura más de la administración pública”.

No en vano, agrega, estos programas sociales aparecieron como una “fuerza emancipadora” que permitía la redistribución de las oportunidades en los sectores populares: “Hoy parecen quedar como meros mecanismos de clientelismo político”, advierte.

Asimismo, para este politólogo es necesario señalar que aunque el Gobierno nacional ha creado más de 20 programas de asistencia social, tan sólo unos tres (Barrio Adentro, Mercal y Robinson) han tenido un impacto importante en la opinión pública. “La efectividad de las demás misiones es bastante cuestionable”, asevera.

González Marregot coincide con esta explicación y señala que las constantes protestas en reclamo de reivindicaciones sociales son la mejor muestra de que programas como la misión Villanueva no han tenido el éxito anticipado por el Gobierno.

EN EL DIARIO "TAL CUAL" EL MARTES 2 DE OCTUBRE 2007

Día a día


La farsa del primer poder

Carlos Crespo
(Periodista del diaro TAL CUAL)

El experto en políticas públicas, Miguel González, advierte que Chávez incumplió su promesa de transformar al poder comunal en el primer poder constitucional
Corría el 10 de enero del año 2007 y el presidente Hugo Chávez transmitía, en cadena de radio y televisión, su acto de toma de posesión tras la victoria electoral del 3 de diciembre. Quizás dejándose llevar por la euforia del momento, el primer mandatario anunció que se iba a "radicalizar el proceso".

Como parte de esa radicalización ofreció convertir a los consejos comunales en el principal factor político del país: "Hay que llevar a nivel constitucional al poder comunal y no llamarlo el sexto poder. Es el primer poder. Ese debe ser el primer poder, no el sexto sino el primero si es que vamos a darle orden de prelación".

Lo cierto es que el poder comunal no terminó siendo ni el primero ni el sexto poder constitucional, al menos dentro de los planteamientos de reforma hechos por el Presidente.

Incluso, de acuerdo con el experto en políticas públicas Miguel González Marregot, estas estructuras apenas quedaron como unas instancias locales y burocráticas, lo que limita la participación efectiva de los ciudadanos.

De acuerdo con este analista la concepción presidencial de estas estructuras comunitarias las equipara a una "pequeña corporación de servicios" encargadas del agua, la electricidad, la seguridad y las demás necesidades vecinales. Por ello argumenta que es necesario que el Gobierno nacional brinde capacitación técnica a estas instancias.

Asimismo, la transferencia de recursos desde los diferentes poderes públicos a los consejos comunales, hace necesario que el Ministerio del Poder Popular para la Participación y Desarrollo Social (Minpopopades) publique la data sobre estas instancias para cumplir con lo principios de transparencia que establece la Constitución Nacional.

Según González esta obligación no cambia con la implementación de la reforma constitucional por cuanto la coordinación de estas estructuras queda bajo lo que la propuesta presidencial llama la "administraciones públicas burocráticas o tradicionales", lo que le obliga a regirse por las leyes de Contraloría y de la Administración Pública.

De acuerdo a lo anunciado por el propio mandatario los consejos comunales recibirán hasta 10 billones de bolívares, recursos que de acuerdo con González deben ser vigilados de cerca.

Para el experto en políticas públicas, el problema ha sido que la comisión presidencial que coordina estas estructuras de participación social ha tenido un enfoque excesivamente "economicista". "Pareciera que para el Gobierno toda la relación se limita a la transferencia de recursos", acota.

El analista comunitario consideró igualmente que los cambios propuestos por el primer mandatario no incluyen al poder comunal en instancias de importancia como el Consejo Nacional de Gobierno.

Igualmente, la modificación del artículo 252 del texto, en el que se establece la conformación del Consejo de Estado, deja sin representante a los consejos comunales. Por lo que parece que las nuevas estructuras constitucionales no apuntan hacia la "explosión del poder comunal", sino más bien hacia la consolidación del poder presidencial.

EL TERCER FORO EN DEFENSA DE LA CIUDAD DE CARACAS

La próxima semana comienza el III Foro
en Defensa de la Ciudad de Caracas
El primer Foro en Defensa de la Ciudad de Caracas fue en 1977, el segundo en 1987 y ahora, desde octubre de 2007 y hasta julio de 2008, se realizará el tercero. Durará 9 meses, contando con varias jornadas centrales, pero haciendo énfasis en foros y reuniones, talleres o iniciativas en las propias comunidades o en las universidades. Su densidad, presencia e impacto dependerán del compromiso que asuman los caraqueños y las caraqueñas.

A. Los 4 grandes temas del III Foro

Creará espacios de encuentro y promoverá iniciativas sobre: 4 áreas, a partir de un documento para cada una, lleno de reflexiones y dilemas para estimular el debate y los consensos y que estimulen para la actuación articulada en red. Las áreas son:

1. Caracas piensa su futuro político territorial.
2. Caracas piensa su futuro urbanístico.
3. Caracas se prepara para una emergencia.
4. Caracas resuelve sus problemas, hoy.

B. El Comité Organizador

Retomando la experiencia de los foros anteriores, simplemente creará el espacio, estimulará y facilitará el proceso. Queda en manos de las organizaciones comunitarias y de los centros de estudio la organización de las más importantes iniciativas, las locales. Por ello, por ser un proceso, durará (en principio) 9 meses. La propia conformación del Comité ya es una red, un inicio de la necesaria articulación. Veamos:

Universidades como la UCV y la USB. Con especial participación de sus centros de pensamiento como el Instituto de Urbanismo y el Laboratorio de Ciencias Sociales y el Instituto de Estudios Regionales y Urbanos, respectivamente.

Agrupaciones ciudadanas como la Escuela de Vecinos de La Pastora, Pro Catia, La Escuela de Ciudadanos, Por la Caracas Posible, Gente de Soluciones, Mi Condominio.com, Proyecto Municipal y el Radar de los Barrios.

Instituciones como el Centro de Estudios y Debate sobre la Ciudad, el Ateneo de Caracas, el Colegio de Arquitectos de Venezuela, la Red Urbana y la Fundación para la Cultura Urbana. También participan el proyecto EnCaracas, La Radio Comunitaria y el semanario Correo del Ávila.

C. El comienzo del III Foro

La primera semana de actividades, que coincide con el Día del Habitat, 1 de octubre, y el Día del Vecino, 3 de octubre, dice mucho de lo que serán sus próximos 9 meses:

En defensa de los barrios en situación de emergencia

El lunes 1, en que se celebra mundialmente el Día del Hábitat, se realizará la I Jornada, centrada en la defensa de los barrios en situación de emergencia, en el auditorio de la Facultad de Arquitectura de la UCV, durante todo el día. La entrada es libre. Tomarán la palabra las propias comunidades y se elaborará un documento, que se presentará en la siguiente jornada. La coordinadora es la profesora Teolinda Bolívar junto a la Red Solidaria de Comunidades Autónomas.

En defensa de la ciudad gobernable, democrática y sustentable

El miércoles 3, en que se conmemora el Día del Vecino, será la II Jornada, dedicada a la posibilidad de que Caracas sea gobernable, justa y segura. Se presentará la propuesta de reforma constitucional en lo relativo a la capital, brindando elementos como la historia del ordenamiento capitalino, el análisis de su situación actual y las tendencias de opinión de sus habitantes sobre su futuro. Finalmente se analizará la propuesta presidencial, desde diversas posturas y se considerará el resultado de una encuesta entre los participantes. Será en la Sala E de la UCV, durante la mañana. La coordinadora es la profesora Zulma Bolívar.

En defensa de las asociaciones de vecinos

El sábado 6, la III Jornada del Foro será el VIII Encuentro de Asociaciones de Vecinos de Caracas (retomando la tradición de encuentros organizados en los años 80 y 90). Se conmemorará el Día del Vecino, se iniciará la celebración de los 50 años de la fundación de la primera asovecinos en Venezuela y, especialmente, se compartirán experiencias para reflexionar sobre la refundación de las asociaciones de vecinos y su relación con condominios y consejos comunales. El coordinador es Elias Santana y realizará en La Escuela de Ciudadanos, durante la mañana.

D. Contactos para participar y vocer@s de la semana inicial.

Para participar en estas primeras jornadas puede escribirse a info@foroendefensadecaracas.org.ve y para conocer más detalles del III Foro y a su Comité Organizador, puede visitarse www.foroendefensadecaracas.org.ve