El momento del referendo constitucional se aproxima cada vez más; aunque sin una definición clara. El gobierno está consciente de ello y, de sus posibilidades de derrota. Del otro lado, la oposición pareciera que aún no cree en las considerables oportunidades de victoria que ha venido construyendo con tesón y demostrando su fuerza y capacidad de movilización popular. Las cartas están echadas, las cartas están sobre la mesa; y, no hay vuelta atrás.
La aceptación popular de la propuesta de reforma constitucional ha sido precaria. Su autoritarismo originario, la manipulación política impulsada desde la Asamblea Nacional y, la violencia propiciado por el mismo gobierno han signado su rechazo popular. En tal sentido, el oficialismo ha comenzado a mover sus fichas. El Presidente realiza de nuevo, visitas puntuales a determinados estados del país montando su “camioncito rojo”. Y aprovecha para reiterar en forma amenazante que: “votar por el NO es votar contra Chávez”.
Como complemento, la burocracia pública también se mueve buscando apoyos electorales. Para ello ofrece recursos a los consejos comunales o implementa operativos asistenciales en los sectores populares. Un detalle adicional, es la “presión sutil” que ya se ejerce sobre la nómina de empleados públicos -y que alcanzaría el millón doscientos mil de trabajadores-, a los cuales se les recuerda la conveniencia de votar en favor de la propuesta de reforma. En síntesis, se trata de conseguir los votos a como de lugar.
Hay voceros gubernamentales que se han desmedido en su discurso de apoyo al proyecto de reforma constitucional. Y en efecto, la amenaza y la intimidación se incorporaron como argumento frente a las críticas formuladas por la oposición. Expresiones como: “ya sabemos donde están” o “los iremos a buscar por oponerse a la reforma” son los nuevos razonamientos para un oficialismo que carece de respuestas asertivas en la discusión planteada. En realidad, lo que ocurre es que el gobierno siente que perdió el debate sobre la reforma constitucional en el ámbito de la opinión pública. Y esa sensación de la derrota gubernamental se traduce en amenazas, manifestaciones de violencia y represión política. Así de sencillo.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) es una pieza vital en este proceso de referendo. Formalmente es la institución que rige el proceso de consulta. Sin embargo, en Venezuela nadie apuesta por la imparcialidad de ese Consejo Nacional Electoral. Es público y notorio para afectos y desafectos al proceso revolucionario que la conformación del CNE, obedece y responde al proyecto del Gobierno Nacional. Y de hecho, sus últimas actuaciones parecieran más bien dirigidas a silenciar a la oposición que a garantizar la realización de una consulta popular confiable, responsable y transparente. El Consejo Nacional Electoral se encuentra en la obligación ética y moral de expresar en forma pública y notoria (nacional e internacionalmente) que reconocerá los resultados electorales en caso de una victoria del “NO”. En el país nadie duda que ese reconocimiento ocurriría –y con rapidez- si el factor SÍ obtuviera el triunfo. Pero en caso contrario, hay un inmenso océano de incertidumbre. En tal sentido, el tribunal electoral venezolano tiene la obligación ineludible de emitir una declaración donde exprese que reconocerá y avalará una ganancia electoral del bloque del “NO”.
En igual situación, queda ubicado el Gobierno Nacional. Para el país, lo más recomendable sería que las autoridades públicas nacionales – y fundamentalmente el Presidente de la República- emitieran una posición similar; es decir, aquella de reconocer en el caso de que sucediese una victoria de los factores democráticos. Una declaración de este tenor contribuiría a bajar la presión y a reducir las tensiones políticas que se han venido inculcando en los sectores participantes. La situación de la oposición es un tanto diferente. Ella está constituida por movimientos sociales y populares, que no se encuentran incrustados en la institucionalidad pública, ni poseen armas ni tampoco mando de tropas. Y la oposición, por ejemplo, ya reconoció el triunfo electoral del Presidente Chávez el pasado año. ¿Por qué no habría de hacerlo ahora?
El fenómeno de la abstención sigue vigente. Esta opción política no ha desaparecido. Sólo que en esta oportunidad la abstención afecta las posibilidades de triunfo de los dos factores en disputa. La abstención para los factores sociales que mantienen un apoyo al Gobierno Nacional, podría significar una posibilidad de no romper en forma definitiva este vínculo sin tener que apoyar un proyecto de reforma constitucional que no comparten o al menos no entienden. Además para los sectores populares aún afectos al proceso; así como para todo resto del país, la reforma no resuelve en lo absoluto los problemas de inseguridad, de desabastecimiento, de educación, de salud y de vivienda que conforman una agenda de asuntos pendientes y aún por resolver, después de casi nueve años de gobierno revolucionario.
En la oposición, la propuesta abstencionista ha tenido su fuerza y posicionamiento. De hecho, en otras oportunidades –como en las pasadas elecciones parlamentarias de 2005-, la tesis abstencionista se impuso finalmente y la oposición no concurrió a tal proceso, cediendo la totalidad de los espacios parlamentarios al oficialismo revolucionario. En realidad y de cara al proceso refrendario del 2 de Diciembre, la propuesta abstencionista ha venido perdiendo alguna relevancia política en el seno de la oposición venezolana.
Un elemento crucial en el desarrollo de esta nueva medición de fuerzas será la capacidad de organización popular y de movilización de votantes que, efectivamente tengan los dos bloques enfrentados. Vamos hacia un nuevo estadio de la polarización en esta Venezuela del siglo XXI que no se resolverá con el referendo consultivo del 2 de Diciembre. Y es que por los vientos que soplan, la democracia no se perderá tan fácilmente.
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