Carlos Crespo
(16 de noviembre 2007)
"Yo no quiero meterme en problemas", esa es la respuesta que da Judith Sabalta cuando se le consulta acerca de los comités de Seguridad y Defensa de los consejos comunales, encargados de resguardar la seguridad de la comunidad, tanto de la delincuencia como de posibles (o imposibles) invasiones externas. Sin embargo, como bien lo dice esta dirigente del barrio Hoyo de la Puerta, a las personas que viven en los sectores populares no les entusiasma mucho la idea de convertirse en delatores de los azotes de barrios.
Sabalta explica que en el consejo comunal de su barrio la conformación del comité de Seguridad y Defensa fracasó. Primero se le asignó la tarea a un hombre de 75 años y luego a un joven "con muchas enfermedades"; por supuesto, ninguno de ellos tuvo mucho éxito en sus funciones y hoy no encuentran a ninguna persona que quiera asumir este rol. Sabalta explica que situaciones similares también se han dado en otros consejos comunales de la zona.
Para el analista social y comunitario Miguel González Marregot, esta es una consecuencia lógica de la complicada situación de inseguridad que se vive en los sectores populares del país: "El tema de ser sapos, de andar persiguiendo a alguien no le agrada mucho a la gente", señala y agrega que varios dirigentes comunales le han expresado preocupaciones similares a las de Sabalta.
Además, este analista considera que el Gobierno deja caer un peso demasiado grande en las comunidades: "Vincularse al tema de la seguridad, cuando el mismo Gobierno no ha podido controlarlo, se le hace muy cuesta arriba a gente que no está preparada para ello", peso que se acrecienta cuando además se le agrega que las comunidades, también, deben responder en el caso de que se produzca una invasión externa. Sin embargo, González hace una acotación sobre esto: "Con lo de la invasión hay mucha manipulación, mucho mito y la gente ya se está dando cuenta", apunta.
Por su parte, el director de Provea, Marino Alvarado, argumenta que las pretensiones del Gobierno con la instauración de estas instancias tienen implicaciones aún más graves: "Lo que se intenta es construir un Estado policial, en el que se convierte al ciudadano en un policía que vigila a sus vecinos, amigos y compañeros", lo que tendría graves consecuencias, sobre todo si se considera la polarización en la que está sumergida Venezuela desde hace varios años.
Para Alvarado, estas instancias distorsionan lo que son las verdaderas funciones de las organizaciones sociales: "Le estás dando a los consejos comunales una responsabilidad que es del Estado, que es el que debe tener el monopolio de las armas" y agrega que, junto con otras instancias como las cooperativas, los consejos obreros, estudiantiles, entre otros, el verdadero propósito del Gobierno es crear una especie de red de inteligencia social que vigile cualquier comportamiento "sospechoso" (disidente): "Esto seguramente también afectará a la gente del mismo gobierno".
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