La “Comisión Mixta” de la Asamblea Nacional, en nombre del pueblo –que en su mayoría no conoce el contenido de la propuesta original; según los sondeos de opinión realizados en Venezuela-, incorporó una serie de modificaciones al proyecto de reforma constitucional presentado inicialmente por el Presidente Chávez, sin la realización previa de un adecuado proceso de consulta pública democrático, eficaz e incluyente. Las modificaciones incorporadas que afectan temas como los derechos humanos, el aporte de la economía privada, la inversión extranjera, la propiedad intelectual, las relaciones entre los poderes públicos nacionales y entre el poder civil y el militar, en el ámbito de la justicia.
El método inconsulto y anti-popular empleado por la Asamblea Nacional para añadir los nuevos cambios a la propuesta de reforma constitucional, es otra demostración del sesgo autoritario y excluyente que caracteriza al oficialismo al momento de tratar asuntos de interés estratégico para el país, como lo representa la reforma de su Carta Magna. En realidad, el tratamiento poco democrático de la reforma de la Constitución Bolivariana se prefiguraba con claridad luego que el oficialismo evadiera -a priori y apresuradamente-, la realización de una Asamblea Nacional Constituyente para debatir un tema fundamental como la reforma.
Las modificaciones agregadas por la “Comisión Mixta” de la Asamblea Nacional parecieran ser el “complemento idóneo” para las propuestas formuladas inicialmente desde el Ejecutivo Nacional y que se orientaban hacia la concentración y centralización del poder político alrededor de la figura de la Presidencia de la República, en detrimento de la auténtica democracia participativa. En ese sentido, la Asamblea Nacional o más exactamente, la fracción del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), ha querido hacer su contribución al proceso de reforma; mediante la adición de modificaciones que también restringen las posibilidades de participación ciudadana en las distintas manifestaciones de la vida nacional: en materia de cultura se elimina la propiedad al trabajo intelectual (artículo 98); en materia económica se impulsa la visión estatista y monopólica del desarrollo y la actividad productiva (artículos 299, 301 y 303); se desfavorece la participación popular en materia de referendos abrogatorios, referendos revocatorios, y de iniciativas para la enmienda y la reforma constitucional y, por supuesto, para el proceso constituyente (artículos 72, 74, 341, 342 y 348). Pero el aporte del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) va un poco más allá. También contribuye a burocratizar las posibilidades de organización y de participación del pueblo, con la creación de más “consejos populares” destinados a construir “el socialismo” (artículo 70). Por si fuera poco, al Consejo de Estado se le atribuyen más funciones, sin considerar la participación y el protagonismo de esos consejos populares (artículo 251).
Otra contribución trascendente del PSUV a los fines de apuntalar un régimen autoritario y centralista se ubica en la propuesta de reforma del artículo 337, referido a los Estados de Excepción. Con la propuesta aprobada por la “Comisión Mixta” de la Asamblea Nacional se suprimen el derecho al debido proceso y el derecho a la información. De tal manera, a juicio del Ejecutivo Nacional que en una situación de orden social, económico, político, natural o ecológico, sea necesario su intervención excepcional, la ciudadanía quedaría sometida a los medios informativos oficiales; y también desamparado frente a cualquier tipo de abuso –por involuntario que fuese- cometido por las autoridades públicas; mientras dure el “Estado de Excepción”. Desde nuestra visión, al suprimir estos derechos se colocaría al país, al margen de tratados y convenciones internacionales sobre los derechos humanos. Por otra parte, esta visión autoritaria del tratamiento de situaciones de emergencia, tan sólo incrementa desconfianza y la desazón en amplios sectores de venezolanos. Por si fuera poco, algunos voceros de la revolución ya han apuntado contra los medios de comunicación independientes (su blanco favorito) como posibles objetivos de tomarse una medidas de este tipo. En todo caso, una propuesta de este tipo activa las alarmas de la ciudadanía, en un país donde las amenazas a la libertad de expresión (¿recuerdan RCTV?) y la impunidad y la injusticia son temas de todos los días.
Un comentario adicional merece la disminución de las competencias del Consejo Nacional Electoral, en materia de organización de procesos electorales. Sobre este particular, el CNE dejaría de “organizar” elecciones de sindicatos, gremios profesionales y organizaciones con fines políticos y otras entidades no gubernamentales (desconocemos cuántos procesos de este tipo ha organizado, efectivamente) para asumir un rol asesor y, por lo tanto, no vinculante en tales eventos. Nuestra observación se fundamenta en que esta propuesta ocurre justo en el momento cuando aparecen un conjunto de entidades político-territoriales (asambleas de ciudadanos y ciudadanas del poder popular, consejos comunales y la red de consejos populares) que requerirían de un proceso de regulación y acompañamiento para su conformación. ¿Curioso, verdad? También pudiera considerarse que, el debilitamiento de las competencias operativas del Consejo Nacional Electoral, se compadecen con la muy particular visión que del poder popular tiene el Gobierno Nacional, al considerar que “este no nace de sufragio alguno”.
En cuanto a las propuestas de incorporación de la no discriminación por orientación sexual o condiciones de salud (artículo 21) o a la disminución de la edad de votar de 18 a 16 años (artículo 64), son plausibles siempre y cuando, su aplicación no dependa de otro tipo de “filtros”; de los cuales un buen sector de la población venezolana “tiene una amarga experiencia”.
En este contexto, gobierno y oposición han hecho notables esfuerzos para dar a conocer sus puntos de vista. Sin embargo, el grueso de la población no conoce a conciencia el alcance de la reforma propuesta; aún cuando ha manifestado su rechazo mayoritario en el caso de la reelección indefinida o en cuanto al tema de la vulneración de la propiedad privada; mientras ha demostrado su aceptación en referencia a la reducción de la jornada laboral o la inclusión de los trabajadores independientes en la seguridad social.
Al Gobierno Nacional, le ha costado mucho vender la reforma constitucional hasta dentro de su propia clientela natural. Y es que el pueblo venezolano posee una cultura democrática muy arraigada, que entra en conflicto ahora con la “simpatía” que pueda sentir por el Presidente Chávez o los beneficios que ese mismo pueblo pueda recibir de las políticas re-distributivas de su gobierno. Incluso, el anuncio realizado por la presidenta de la Asamblea Nacional, de rectificar y corregir la redacción del artículo 115, presentada inicialmente en el proyecto de reforma no ha logrado bajar las tensiones y los resquemores en la población.
La oposición organizada; por su parte, viene haciendo su trabajo –con relativo éxito- mediante la difusión crítica de la propuesta de reforma constitucional. Y no hay dudas que, pese a la escasez de recursos institucionales y financieros por la que atraviesan los sectores democráticos (partidistas e independientes) han logrado revertir la amplísima propaganda oficial, a favor de la reforma en ciertos temas. Ahora bien, la mayor debilidad de la oposición democrática, es la actitud escéptica sobre su propia fuerza y sus propios logros. El oficialismo está consciente de ello, y por supuesto le saca provecho político.
El éxito del proyecto de reforma depende mucho del carisma del Presidente Chávez; y de la esperanza que aún mantienen amplios sectores poblacionales en sus promesas de alcanzar una vida mejor. Sin embargo, esa misma promesa encierra el riesgo de la pérdida de las libertades democráticas y la imposición de una visión hegemónica del mundo. Ya hay sectores afectos a la revolución tomando conciencia de ello. La batalla que se libra hoy en Venezuela, confronta a la “propaganda” contra la “información”. De un lado, el gobierno con todos sus recursos, aupando la vieja utopía socialista, del otro la oposición democrática informando sobre la realidad y los riesgos totalitarios que esas utopías socialistas acarrean indefectiblemente.
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