En Diciembre del pasado 2006, la Asamblea Nacional aprobó la reforma de la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública (CLPP). Dicha reforma legal -publicada en la Gaceta Oficial N° 38.591 de fecha 26-12-06-, ordena la relegitimación de los CLPP en todo el país en un lapso no mayor de noventa días continuos. Este mandato legal representa una oportunidad formidable para la sociedad civil en su propósito de rescatar la autonomía, la pluralidad y la eficacia en cada uno de los municipios del país. Sin embargo, a pocas semanas de cumplirse el mandato, los preparativos institucionales para la realización de estos comicios ciudadanos parecen lejos de cumplirse con lo cual se estaría cometiendo un nuevo fraude a los derechos de participación popular de venezolanos y venezolanas.
La reforma de la Ley de los CLPP trae varias innovaciones. Por ejemplo, crea la figura de un Vicepresidente (electo del seno de los representantes comunitarios y sectoriales) para suplir las ausencias de los alcaldes. Otro nuevo aspecto es la prohibición expresa de la participación de funcionarios públicos (nacionales, regionales y locales), como representantes ciudadanos. De igual manera, la nueva Ley de los CLPP otorga una dieta a los representantes de la sociedad por su asistencia a las reuniones; además aumenta el número de representantes ciudadanos y, dispone que una asamblea de voceros de los consejos comunales elija a los representantes vecinales. Un detalle adicional es que la reforma introduce la participación de las Juntas Electorales Municipales en el proceso electoral.
Los Consejos Locales de Planificación Pública están contemplados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (artículo 182) y comenzaron a impulsarse a partir del año 2002. La realidad es que en la mayoría de los municipios venezolanos, la experiencia de los CLPP no ha sido exitosa. Cabe agregar, que los CLPP son casi desconocidos e intrascendentes para la mayoría de la población venezolana, con independencia de su nivel socio-económico y su posición política. Tan sólo sectores ciudadanos comprometidos y militantes con una visión progresista y descentralizadora de la gestión pública local, se han ocupado de hacer funcionar esas instancias de participación. Empero los resultados obtenidos no han sido muy halagadores hasta el presente.
El drama de esta situación es que los CLPP, están llamados a cumplir importantes funciones en la planificación y en el desarrollo urbanístico de nuestras vecindades, parroquias, ciudades y municipios; es decir, legalmente son espacios para que los ciudadanos de cada municipio puedan incidir en la formación, ejecución y control de las políticas públicas locales. Temas como el diagnóstico comunitario y el presupuesto participativo constituyen elementos sustanciales que pueden servir a las comunidades para mejorar su calidad de vida. Sin embargo, la apropiación ciudadana de estas posibilidades sigue lejana. Y es sumamente lamentable cuando para el presente ejercicio fiscal, los consejos locales de planificación pública tienen una asignación presupuestaria que se aproxima a los ocho billones de bolívares. Lo escribiré de nuevo: ocho billones de bolívares para proyectos de inversión municipal y local, donde vecinas y vecinos pudieran incidir en su programación específica.
La reforma que se hizo en el año 2006 de la Ley de los CLPP, pretende relanzar a estas figuras como la plataforma institucional para impulsar un esquema de gestión corresponsable entre el Estado, la ciudadanía y sus expresiones asociativas en el ámbito municipal. Y al respecto, cabe recordar que el municipio es el espacio donde se produce la mayor cercanía entre el gobierno y la población. De allí que, el proceso de relegitimación de los CLPP exija de las autoridades públicas que garanticen ciertas condiciones mínimas para su realización de una manera transparente, confiable y responsable. Por ejemplo, cada municipio tenía treinta días para adecuar su marco legal; mediante una ordenanza que se ajustara a sus condiciones específicas. También se necesita del establecimiento de un registro electoral confiable de organizaciones sociales y de consejos comunales con derecho a elegir. En relación a esto; tanto al Ministerio de Participación Popular, a FUNDACOMUN y a la Junta Electoral Municipal les corresponde desempeñar unas funciones vitales. Por otra parte, el suministro de información oportuna y veraz de todas las etapas de los comicios de las autoridades locales hacia la ciudadanía es un requisito indispensable en esta relegitimación de los CLPP. Por último, la realización transparente de la elección de las asambleas sectoriales y de los consejos comunales sería la pauta final deseable y obligatoria para cumplir con el mandato de esta ley.
Todo lo anterior suena bien. Pero la realidad es muy dura. Cuando nos encontramos muy próximos al cumplimiento del lapso establecido por la ley, en casi ningún municipio se ha avanzado en los preparativos señalados para estos comicios vecinales. De nuevo, las autoridades públicas nacionales, estadales y locales han incumplido. Y otra vez, las posibilidades de inclusión de los ciudadanos en las políticas públicas directamente relacionadas con su calidad de vida, están siendo golpeadas. Y es que en la práctica, en el terreno de los hechos pareciera que el tema de la participación ciudadana no es de interés, ni es prioridad para la gran mayoría de autoridades oficiales.
Por otra parte, la ciudadanía también se encuentra desinformada e indiferente. Y hasta en algunos círculos comunitarios y sociales se prefiere “cerrar los ojos” ante las posibilidades de participación ciudadana, y por ende, de mejorar su calidad de vida, con tal de “hacerle oposición al gobierno”. Craso error.
Por si fuera poco, la renovación de los CLPP, se encuentra subsumida en el torbellino del nacimiento del Poder Comunal (el cual analizaremos en nuestra próxima entrega). En tal sentido, muchos activistas comunitarios y sociales están confundidos ante el “tsunami de consejos comunales” que se pregona desde el Gobierno Nacional. ¿Qué pasará con los CLPP ante los futuros Consejos Sociales Comunales Municipales; por ejemplo? Y, ¿vale la pena participar en estos comicios ciudadanos; si luego vendrán otros cambios en la “estructura participativa” con la reforma constitucional? Menudo lío.
En medio de estas circunstancias, las organizaciones no gubernamentales que pregonan la defensa de los derechos electorales de los ciudadanos han guardado silencio hasta el momento. Quizás porque para ellas los comicios ciudadanos que están por venir no sean lo suficientemente rentables para sus intereses político-organizativos.
De tal manera que, las inminentes elecciones para escoger a los representantes sociales y sectoriales ante los Consejos Locales de Planificación Pública (aproximadamente unos 4.000 mil, en todo el país) se encuentran en una situación de indefensión institucional. Estaríamos de esta forma, en la ruta de presenciar un nuevo fraude a la democracia participativa y protagónica.
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