LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN ACCIÓN

En Venezuela, los movimientos sociales se encuentran involucrados -de lleno- en un conjunto de debates y acciones en directa y legítima contraposición, a ciertas ejecutorias gubernamentales. Los temas que componen, con mayor o menor énfasis, esta agenda del debate entre el gobierno y la sociedad civil son la orientación curricular de la educación y el acceso a las instituciones de educación superior, la intervención estatal en propiedades agrícolas productivas o sobre asuntos más locales como el uso de los espacios públicos urbanos, y los medios de organización comunitaria.

El desarrollo de estos asuntos que ha sido complejo y desigual, nos refleja la dinámica actual de Venezuela. Las relaciones del binomio Estado-sociedad se vienen caracterizando por el conflicto con múltiples expresiones y con serias posibilidades de irse incrementando, paulatinamente. Al parecer, el gobierno nacional aún se resiste a aceptar los resultados del referendo consultivo del pasado 2 Diciembre, cuando la mayoría de la población desechó el modelo socialista que se ofrecía.

En el campo educativo, el gobierno acaba de sufrir una trascendental derrota. La propuesta de reforma curricular bolivariana, asentada más sobre criterios ideológico-políticos que sobre desarrollos didácticos y pedagógicos tuvo que ser “elegantemente” recogida y pospuesta por el propio Presidente Chávez. La propuesta educativa mostró la enorme brecha entre la visión que tiene el oficialismo sobre el tema educativo y, las verdaderas necesidades y urgencias del sector. También desnudó la muy baja calidad gerencial y técnica que predomina en el Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE), que pretendía imponer la reforma este mismo año.

En ese sentido, la propuesta presidencial de someter la reforma curricular a un proceso refrendario el próximo año suena más a propaganda que a otra cosa. En el tratamiento de la reforma curricular bolivariana, quedaron demostradas las reservas analíticas y propositivas de las organizaciones no gubernamentales del sector educativo y, la capacidad de movilización y lucha de los gremios educativos y las familias venezolanas.

El tema del acceso a las instituciones de educación superior ha sido otro asunto de importante relevancia en la agenda del país. Allí, la propuesta oficial pretende sustituir las pruebas de admisión interna de las universidades públicas y privadas, para garantizar el “acceso universal” a dichas instituciones; con base a un registro único de estudiantes y el simple promedio de notas (calificaciones) de los estudiantes de educación media.

Hasta el momento, la contienda no luce definida. Las universidades nacionales autónomas (por mandato constitucional) no eliminaron sus pruebas internas de selección. Por su parte, el gobierno nacional; a través de Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior (MPPES) accedió por este año a mantener los actuales mecanismos de admisión; mientras continúan las conversaciones con las autoridades universitarias, para alcanzar un acuerdo. Lo que queda claro es que, el debate en cuanto al ingreso al subsistema de educación superior se ha reducido a dos actores públicos como son: las autoridades universitarias y su contraparte gubernamental. El movimiento estudiantil independiente bajó su perfil en este caso.

Últimamente, se ha producido en el estado Lara una escalada de intervenciones en el sector agrícola. Hasta treinta y dos fincas en pleno proceso de producción –según la versión de sus dueños-, han sido intervenidas por autoridades públicas nacionales. El argumento esgrimido por los agentes gubernamentales, no es otro que la improductividad de la mayoría de esas fincas. Esta medida para muchos ciudadanos, no es otra cosa que la continuación de la arremetida del gobierno contra la iniciativa privada, en su afán de consolidar su posición de principal agente interventor en el desarrollo económico del país. Al respecto, baste recordar las recientes estatizaciones de las empresas cementeras y siderúrgicas que operaban en el país.

En esta situación, el tejido asociativo de productores de la zona –fundamentalmente vinculados a la producción de caña de azúcar-, ha comenzado a defender de manera legítima y por la vía jurídica sus propiedades. Todo indica que, los productores iniciarán su lucha para defenderse de aquellas que ha emprendido el Estado; bajo criterios poco transparentes.

El uso de los espacios públicos en el Área Metropolitana de Caracas cobró inusitada relevancia mediática, últimamente. Pasa que los terrenos de La Carlota se convirtieron en una especie de paradigma de las luchas vecinales urbanas. Lo más importante -en este caso-, es que los actores involucrados (autoridades públicas, nacionales y locales y voceros ciudadanos) comprendan que inician un proceso de negociación compartida y responsable, en el cual debe privilegiarse el sentido ético, la pertinencia técnica y el interés social para la definición del uso de ese espacio público.

Con mucho menos cobertura mediática, una alianza de veintisiete consejos comunales de la zona de Hoyo de La Puerta, en el municipio Baruta logró detener la construcción de una planta de transferencia de desechos sólidos. Con este evento, de nuevo, las comunidades organizadas propiciaron una contundente derrota a las autoridades del Ministerio del Poder Popular del Ambiente, a la Alcaldía Metropolitana de Caracas, a la Alcaldía de Baruta y a la empresa FOSPUCA (de carácter privado). Aquí el establecimiento de redes de cooperación entre los consejos comunales y otras organizaciones sociales del sector fue decisivo para detener, a quienes de manera inconsulta pretendían construir el depositario de desechos sólidos.

En el campo comunitario, vienen otros debates muy interesantes e igualmente trascendentes. Uno de ellos se dará alrededor de la nueva Ley de Los Consejos Comunales que ya prepara el gobierno nacional. En una versión de la reforma de esta ley –la segunda para el sector en dos años-, se ignora la relación de los consejos con las autoridades regionales y locales, modifica los mecanismos de elección de los voceros comunales, eleva el número de comités de trabajo y exige que los proyectos considerados por el consejo comunal, se ajusten al “modo de producción socialista”. Los consejos comunales se han convertido en “genuinos motores” de la protesta social que vienen realizando amplios sectores populares en todo el país de manera independiente; por lo tanto, es muy probable que un intento de cooptación ideológica se genere de nuevo un rechazo natural a esa iniciativa oficialista.