La intervención del gobierno nacional; a través del Vice-Presidente Carrizales en el conflicto de La Carlota, trajo varios beneficios directos: primero, logró una tregua que permitió reposicionar y refrescar la imagen oficial ante la opinión pública, segundo, produjo el reconocimiento –como interlocutor válido- al movimiento vecinal aledaño a la base aérea y sus reclamaciones sobre las obras que allí se adelantaban y, tercero, redimensionó el ámbito del problema y difuminó la base social que puede ahora participar en el largo proceso de consulta ciudadana propuesto.
También la intervención del alto gobierno, omitió las iniciativas del Cabildo Metropolitano que venía asumiendo compromisos con los vecinos para la solución del problema; es decir, en el sector público, el poder central asumió el liderazgo. El riesgo de esta circunstancia es que ahora se concentren y se centralicen ciertas decisiones, en detrimento de las atribuciones de la Alcaldía Metropolitana y de los municipios que componen Caracas. Por tanto, es necesario recordarle al gobierno nacional, que se encuentra en la obligación de aceptar la presencia y la participación de las autoridades municipales locales, con sus respectivos planes de gestión ambiental y territorial; con el propósito de hilvanar un proyecto metropolitano coherente y con posibilidades reales de coordinación. De no ocurrir esto, se creará inevitablemente un conflicto adicional.
Pero siendo optimistas, nos encontramos frente a una oportunidad formidable para tratar un tema especialmente estratégico como es el referido al uso de los espacios públicos en Caracas de manera democrática, incluyente y participativa. Y es que con las mesas de trabajo, propuestas por el gobierno, se podría impulsar una experiencia de planificación democrática del desarrollo urbanístico de nuestra ciudad capital. Todo dependerá de la capacidad de construir consensos; por parte de los actores participantes.
En tal sentido, las autoridades públicas y la vocería ciudadana (especialmente) necesitan adquirir conciencia plena de que apenas inician un proceso técnico y político de formulación, discusión y evaluación de alternativas. Y que, en dicho proceso no siempre habrá visiones coincidentes. Así que, tener paciencia no es malo.
Las condiciones del conflicto de La Carlota cambiaron sustancialmente. El Estado central luce ahora con relativa ventaja para negociar ante una sociedad civil diversa y con enfoques quizás encontrados. Sin embargo, si la representación del gobierno nacional se empecina en imponer su visión y su proyecto para La Carlota, sólo agravará la disputa –especialmente con los sectores medios- y las repercusiones electorales que justamente trata de evitar. Del otro lado, si el movimiento vecinal se limita a “patalear”, por una mera consigna enunciativa; sin otro aporte cualitativo, muy probablemente termine aislado. Los promotores vecinales deben comprender que de ahora en adelante, el tema de La Carlota sobrepasó la dimensión de las urbanizaciones de Chuao o El Cafetal; por lo que tendrán que aumentar sus capacidades estratégicas, técnicas y operativas.
Un fracaso de la mesa de trabajo metropolitana significaría el desperdicio de una magnífica oportunidad para contribuir con el desarrollo urbano democrático, incluyente y sustentable de Caracas. Apostemos entonces a su éxito.
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