El gobierno nacional acaba de promulgar -vía habilitante-, la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional (LOSPCPN). Con esta ley se pretende sentar las bases institucionales para la gestión policial en los distintos niveles político-territoriales de la República. En un análisis frío, tres aspectos llaman la atención: su carácter marcadamente centralista, la incorporación de ciertos valores progresistas; y por último, la apertura hacia mecanismos de control y evaluación ciudadanos.
La Ley de Policía Nacional permite la intervención discrecional del gobierno central sobre las policiales estadales y municipales. Las policiales de esas entidades podrán ser intervenidas o suspendidas directamente, sin intermediación judicial del Ministerio Público o del Tribunal Supremo de Justicia. También la organización de las policías estadual y municipal y, la designación de sus autoridades tendrán que contar con el “visto bueno” del MPP de Relaciones Interiores y Justicia. La ley crea un Consejo General de Policía con representación de las policías regionales y locales; pero con un carácter meramente asesor y deliberativo. En otras palabras, el gobierno ha apelado al viejo modelo centralista para el tratamiento del tema de la seguridad pública.
La ley nos ofrece; sin embargo, algunas sorpresas como el respeto de los derechos humanos, la inclusión de otros valores progresistas; tales como: la actuación proporcional, la celeridad, la cooperación, la eficiencia, la información, la igualdad, la imparcialidad y la participación ciudadana. Otro aspecto resaltante es el control ciudadano sobre la gestión policial. La ley otorga a las organizaciones sociales y a los consejos comunales, facultades para la participación en la programación y control social de la gestión policial. Además, establece la obligación de los cuerpos policiales de rendir cuentas de su actividad pública; lo cual es positivo. Estos aspectos significan una apertura que los movimientos sociales y las comunidades organizadas no deberían desperdiciar.
Aún queda un amplio margen dudas razonables en cuanto a la aplicación eficaz de esta ley. La ideologización con que han venido siendo manipuladas las políticas públicas en materia de seguridad desde el gobierno nacional, crea un margen de incertidumbre ampliamente justificado. Tampoco el rendimiento decreciente de las ejecutorias públicas ofrece perspectivas halagadoras en el sector. Lo que pasa en el fondo es que el gobierno nacional no constituye un actor institucional confiable para la mayoría de la población del país; y esa condición afecta de manera notable, la credibilidad y la eficacia de sus acciones. En todo caso, habrá que esperar los primeros resultados de su aplicación. Estaremos pendientes.
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