EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Un proceso de inclusión ciudadana que tiene estrecha vinculación con la calidad de vida de las comunidades, se acaba de abrir en todo el país. Se trata del presupuesto participativo que se elabora en conjunto con las comunidades organizadas, de cada uno de los trescientos treinta y cinco municipios del país; entre los meses de Junio y Noviembre de cada año.

El presupuesto participativo se encuentra contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como parte de los derechos del pueblo a participar en los procesos de formación, ejecución y control de los asuntos públicos (artículo 62); y más precisamente como el derecho de las comunidades, de los ciudadanos y ciudadanas a vincularse en la formulación de propuestas de inversión, ante autoridades estadales y municipales (artículo 184).

Por otra parte, la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPMP, 2005) determina las condiciones para la incorporación de las necesidades y propuestas presentadas por las comunidades en el presupuesto de inversión de cada alcaldía (artículo 234). De la misma manera, el presupuesto participativo está determinado como un medio del pueblo en el ejercicio de su soberanía (artículo 261); y también es definido -en forma particular-, como el resultado de la utilización de los procesos; mediante los cuales vecinas y vecinos proponen, deliberan y deciden en la formulación, ejecución, control y evaluación del presupuesto de inversión anual de cada municipio (artículo 271).

El presupuesto participativo está recogido de manera especial en la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública (año 2006). En esa ley de los CLPP se estima al presupuesto participativo como parte del Plan Municipal de Desarrollo (artículo 34). También se ofrece un concepto de presupuesto participativo (artículo 35) acorde con la contenida en la LOPPM; y, se incorpora una importante definición del diagnóstico participativo (artículo 36), como una fase importante para la elaboración del presupuesto participativo. Cabe destacar, que esta la Ley de los CLPP establece la necesaria incorporación de los Consejos Comunales a toda esta serie de eventos de transcendencia para el desarrollo del municipio. Y por supuesto, que la Ley de los Consejos Comunales del año 2006 también incluye el tema del presupuesto participativo, como una función de la unidad de gestión financiera de cada consejo (artículo 22).

Aparte de los aspectos jurídico-formales, la realización del presupuesto participativo trae consigo una serie de implicaciones y compromisos éticos y operativos para las autoridades públicas y las comunidades organizadas involucradas en su realización. Las autoridades públicas deben preparar de manera adecuada sus procedimientos técnico-administrativos; así como a su personal para abordar esta responsabilidad gubernamental ineludible. Dentro de ello, las autoridades locales se encuentran obligadas a suministrar la información presupuestaria destinada a la inversión por cada sector correspondiente. Esta información debe llegar a vecinas y vecinos, a comunidades organizadas y organizaciones no gubernamentales en el momento oportuno y, además debe ser completa y veraz. Por otra parte, las autoridades municipales tienen el compromiso de suministrar la información en forma detallada de cada uno de los pasos previstos para la articulación y la elaboración final del presupuesto de inversión municipal; con base a las necesidades y a las propuestas presentadas por las comunidades.

Ciudadanos y ciudadanas, comunidades y sus expresiones asociativas deben prepararse también de manera rigurosa para participar con eficacia y responsabilidad del proceso de presupuesto participativo. Este medio de participación constituye una oportunidad formidable y directa para el ejercicio del protagonismo y la corresponsabilidad ciudadanas. En tal sentido, la realización de “diagnósticos participativos” objetivos, incluyentes y debidamente documentados; por parte de las comunidades involucradas es un requisito indispensable para el buen desarrollo de este mecanismo de inclusión ciudadana. Cabe agregar que, tanto autoridades públicas municipales como sociedad civil no deben asumir el presupuesto participativo en forma clientelar; es decir, de acuerdo a la “cercanía electoral, política o personal” que puedan tener entre sí, ambos actores. Un presupuesto participativo para que sea efectivo, requiere de reglas claras, procedimientos sencillos y de una elaboración transparente.

En Venezuela, la aplicación del presupuesto participativo no es muy reciente. Su experiencia se remonta a unos casi veinte años. El mismo se inició por allá en el estado Bolívar, específicamente en la Alcaldía de Caroní (muy lejos de la capital del país); en la que en 1990 se emprendía la tarea de la elaboración del presupuesto municipal, tratando de responder las solicitudes de la población. Como todos sabemos las experiencias pioneras del presupuesto participativo en América se ubican en Brasil, en la ciudad de Porto Alegre y también en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina.

El presupuesto participativo aún no está consolidado en Venezuela; pese a contar con un marco constitucional y legal que lo favorece y lo promueve. Quizás sean causa de ello, la debilidad institucional o el recelo de los gobernantes locales para su aplicación; sumado al escepticismo ciudadano frente un mecanismo de participación, aún incomprendido.

La apertura del nuevo ciclo de elaboración del presupuesto participativo en Venezuela nos brinda otra oportunidad para seguir avanzando hacia el ejercicio pleno y más consciente de los derechos a participación en la gestión pública. En este año 2008, el presupuesto participativo coincide con la campaña electoral de gobernadores, alcaldes metropolitanos y alcaldes en general; circunstancia que le agrega un incentivo particular. Vecinos y vecinas, comunidades organizadas y autoridades municipales tenemos el desafío conjunto y la tarea pendiente.