Existen un conjunto de medios e instancias de participación ciudadana que se encuentran articulados al Distrito Metropolitana de Caracas. Tales instancias de participación popular se fundamentan en la Constitución Bolivariana y el resto del marco legal vigente en Venezuela. Esos medios de participación son los siguientes:
1. Consejo Federal de Gobierno (CFG)
2. Consejo Estadal de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas (CEPLACOP) del estado Miranda
3. Consejo Metropolitano de Planificación de Políticas Públicas (CMPPP)
4. Consejos Locales de Planificación Pública (CLPP)
5. Consejos Comunales
6. Presupuesto Participativo
1. Consejo Federal de Gobierno
Esta instancia que no se ha implementado aún representa una de las mayores deudas que tiene el Gobierno Nacional para cumplir su obligación de impulsar el modelo político-territorial de inclusión popular en los decisorios sobre políticas públicas. El Consejo Federal de Gobierno, es la instancia responsabilizada de planificar e impulsar el proceso de descentralización y transferencia entre los distintos niveles gubernamentales del Estado venezolano; y entre estos y las distintas expresiones asociativas de la sociedad civil.
El Consejo Federal de Gobierno está presidido por el Vicepresidente Ejecutivo de la República, e integrado por los Ministros, los Gobernadores y un Alcalde por cada estado y por representantes de la sociedad organizada. El Consejo Federal de Gobierno, contará con una Secretaría Ejecutiva, integrada por el Vicepresidente Ejecutivo, dos Ministros, tres Gobernadores y tres Alcaldes.
Un detalle adicional – muy importante- es que del Consejo Federal de Gobierno dependerá el Fondo de Compensación Interterritorial, destinado al financiamiento de inversiones públicas en las diferentes regiones y comunidades del país con especial énfasis en aquellas de menor desarrollo relativo.
2. Consejo Estadal de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas (CEPLACOP) del estado Miranda
El Consejo Estadal de Planificación de Políticas Públicas (CEPLACOP) es un medio de participación ciudadana, establecido por el artículo 166 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y por la su propia Ley publicada en Gaceta Oficial N° 37.509 de fecha 20-08-2002; y, la Ley Orgánica de Planificación publicada en Gaceta Oficial N° 5.554 de fecha 13-11-2001.
Cuatro de los cinco municipios del Distrito Metropolitano de Caracas están representados en esa instancia; tanto por sus autoridades máximas los alcaldes como por la representación de la ciudadanía. El CEPLACOP debe elaborar el plan estadal de desarrollo. Su representación ciudadana (vecinal y sectorial) está vencida por lo menos desde hace dos años.
3. Consejo Metropolitano de Planificación de Políticas Públicas (CMPPP)
El Consejo Metropolitano de Planificación de Políticas Públicas está establecido en el artículo 33 de la Ley Especial sobre el Régimen del Distrito Metropolitano de Caracas, publicada en la Gaceta Oficial N° 36.906 de fecha 08-04-2000; y, por la ordenanza aprobada por el Cabildo Metropolitano, publicada en la Gaceta Oficial N° 0098 de fecha 20-02-2006. El CMPPP acaba de aprobar una reforma a su Reglamento Interno; según nota de prensa emitida por la Alcaldía Metropolitana.
El CMPPP -entre otras funciones- tendría que aprobar el Plan Metropolitano de Desarrollo, cosa que no ha logrado hacer. Sin embargo, existe el Plan Urbano Metropolitano (PUM) elaborado por la Alcaldía Metropolitana. En su conformación reúne al Alcalde Metropolitano; quien lo preside, los cinco alcaldes del DMC, los concejales metropolitanos, los presidentes de concejos municipales, los presidentes de las juntas parroquiales, un representante de la Asamblea Nacional, un representante de la Gobernación de Miranda y otro del Ejecutivo Nacional. Además el CMPPP cuenta con una representación ciudadana de aproximadamente sesenta voceros. El Consejo Metropolitano de Planificación de Políticas Públicas tiene pautado renovarse en Marzo de 2009.
4. Consejos Locales de Planificación Pública (CLPP)
El Consejo Local de Planificación Pública (CLPP) es un órgano de participación establecido en el artículo 182 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; además se rige por la Ley de los CLPP (reformada), publicada en la Gaceta Oficial N° 38.591 de fecha 26-12-2006; y por la Ley Orgánica del Planificación, publicada en la Gaceta Oficial N° 5.554 de fecha 13-11-2001; y, la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, publicada originalmente en la Gaceta Oficial N° 38.204 de fecha 08-06-2005.
Los CLPP tienen como misión básica integrar en el proceso de planificación municipal (plan municipal de desarrollo, plan urbano local, presupuesto participativo) a las comunidades organizadas y a los sectores sociales que hacen vida en cada municipio. La Alcaldía Metropolitana, fundamentalmente por medio del CMPPP interactúa con los CLPP de los municipios Baruta, Chacao, El Hatillo, Libertador y Sucre. Los CLPP han tenido un rendimiento deficiente e incluso han sido obstaculizados por algunas autoridades municipales. La mayoría de los CLPP deben renovarse en el año 2009.
5. Consejos Comunales
Los consejos comunales fueron creados; mediante la Ley de los Consejos Comunales publicada en la Gaceta Oficial N° 5.806 extraordinario, de fecha 10-04-2006. Los consejos comunales poseen un marco legal que se ha venido ampliando; según las funciones que discrecionalmente les ha asignado el Gobierno Nacional.
En el Distrito Metropolitano de Caracas, existirían quinientos noventa y nueve (599) consejos comunales; según cifras de la Alcaldía Metropolitana de Caracas. No todos estos consejos comunales se encontrarían activos. No se poseen cifras confiables.
Parroquias N° Consejos Comunales %
Sucre--- 148--- 24.7
Baruta--- 34--- 5.7
Chacao--- 07--- 1.1
El Hatillo--- 30--- 5.1
Libertador--- 380--- 63.4
Total--- 599--- 100
Fuentes: Alcaldía Metropolitana, Noviembre, 2007
Para el Ministerio del Poder Popular para la Participación y la Protección Social (MINPOPOPAPROS), existen efectivamente doscientos cincuenta (250) consejos comunales en el municipio Libertador. Para la misma Alcaldía Metropolitana, tan sólo ciento catorce (114) manejan directamente proyectos. En el último evento realizado –por cierto, en el municipio Chacao- por este órgano metropolitano con los consejos comunales, asistieron ciento veinte (120) consejos.
En términos generales, y atendiendo a criterios formales establecidos en la vigente ley, una buena parte de los dieciocho mil (18.000) consejos comunales; según cifras del MINPOPOPAPROS, tendría que comenzar a renovarse o confirmar a sus voceros. Otro dato importante es que ya se discuten y se preparan dos nuevas leyes vinculadas al tema: la Ley de los Consejos Comunales del Poder Popular y la Ley Orgánica del Poder Popular.
6. Presupuesto Participativo
El presupuesto participativo está contemplado en el numeral 2 del artículo 184 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El presupuesto participativo es también contemplado en las leyes de los consejos locales de planificación pública, de los consejos comunales y, en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal que establece con claridad su procedimiento.
El presupuesto participativo se desarrolla por mandato legal, desde Junio y hasta Noviembre de cada ejercicio fiscal. Este año su práctica coincidirá a plenitud con el proceso electoral metropolitano y municipal. Por ende, este presupuesto participativo reúne unas características particularmente relevantes.
domingo, julio 27, 2008
sábado, julio 26, 2008
GRACIAS POR EL PREMIO...MANUEL ÁNGEL
Muy estimados lectores, por favor les ruego acepten mis disculpas por la siguiente nota. Pero tengo pendiente expresar mi más sentido reconocimiento y agradecimiento a Manuel Ángel Arrias, economista de la Universidad del Zulia (Venezuela) quien creó un premio denominado "BLOG ÁCIDO" con motivo de celebrar un año de su blog (excelente por lo demás) y denominado http://delibreopinionpolitica.blogspot.com
Lo cierto del caso es que Manuel Ángel Arrias, decidió "democráticamente" entregar un premio "BLOG ÁCIDO" a CIUDADANOLIBRE por haber servido de inspiración junto con otros blogs para producir el suyo.
Como le escribí a Manuel Ángel, no estoy seguro de merecer ese premio, pero lo acepto muy gustosamente, porque no todos lo días aparece por la internet un bloguero bondadoso y buena gente otorgando reconocimientos.
De verdad muchísimas gracias, y deseo resaltar que actitudes como esta del economista zuliano Manuel Ángel Arrias nos incentivan a seguir pregonando la participación ciudadana desde un punto de vista democrático, incluyente y plural.
jueves, julio 24, 2008
PERDIENDO EL CONTROL
Nadie pone en duda la importancia de la función contralora sobre la gestión pública. De hecho, las contralorías tienen la obligación de velar por la adecuada, responsable y transparente utilización de los recursos públicos. Y es que, una eficaz acción de auditoría y control sobre la actividad gubernamental contribuye decididamente al fortalecimiento de los sistemas fundamentados en la democracia. Sin embargo, con el caso de las inhabilitaciones políticas la Contraloría General de la República y el Sistema de Control Fiscal parece haber entrado en una crisis institucional.
La Constitución Bolivariana vigente, es muy estricta en materia de control y rendición de cuentas. Establece que la administración pública estará al servicio de los ciudadanos y, fundamentará su actuación en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad. También la Carta Magna prescribe un conjunto de controles; tales como: el control parlamentario –a través de la Asamblea Nacional-, sobre el Ejecutivo Nacional; el control constitucional –ejercido por medio de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia- y, así mismo, propende el control social de la gestión gubernamental.
En esa red institucional sobresalen la Contraloría General de la República y el Consejo Moral Republicano (integrado además por la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la República), como organismos encargados de prevenir, investigar y sancionar los hechos que vulneren la ética pública y la moral administrativa. En otras palabras, el Estado venezolano se encuentra dotado formalmente de una red de órganos y entidades responsabilizadas –cada en su campo; pero de manera concurrente- por la adecuada administración del patrimonio público.
Para que la actividad de cada una de estas instituciones sea verdaderamente eficaz, su acción debería fundamentarse y aplicarse con desapego de cualquier parcialidad ideológica, con una correcta realización de las indagaciones administrativas correspondientes y, con atención a las normas del debido proceso que establecen la Constitución Bolivariana y el marco legal vigente.
La inhabilitación política de dirigentes de oposición, con aspiraciones electorales legítimas y posibilidades de victoria reales en las elecciones regionales de Noviembre ha echado un manto de dudas sobre la legalidad, exactitud y sinceridad del proceso sancionatorio emprendido por el órgano contralor. Destacados juristas venezolanos; así como algunos ex-integrantes de la Asamblea Constituyente del año 1999 han cuestionado con firmeza la decisión de la Contraloría General de la República. La comunidad internacional ha mostrado una creciente preocupación por el tema. Y por si fuera poco, (según sondeos de opinión) una amplia mayoría de la población del país rechaza la medida, por considerarla por lo menos, sesgada.
La credibilidad de la Contraloría General de la República queda herida de muerte ante todo el país. Un país, que por cierto, reclama su actuación firme y enérgica frente a una serie de desafueros administrativos que le han imputado al gobierno actual. Y es que no sabemos cuán eficaz resulten las inhabilitaciones políticas en el plano electoral, los que sí intuimos es que una gestión contralora sesgada por razones político-partidistas se convierte –irremediablemente- en el mejor incentivo para la corrupción administrativa.
La Constitución Bolivariana vigente, es muy estricta en materia de control y rendición de cuentas. Establece que la administración pública estará al servicio de los ciudadanos y, fundamentará su actuación en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad. También la Carta Magna prescribe un conjunto de controles; tales como: el control parlamentario –a través de la Asamblea Nacional-, sobre el Ejecutivo Nacional; el control constitucional –ejercido por medio de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia- y, así mismo, propende el control social de la gestión gubernamental.
En esa red institucional sobresalen la Contraloría General de la República y el Consejo Moral Republicano (integrado además por la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la República), como organismos encargados de prevenir, investigar y sancionar los hechos que vulneren la ética pública y la moral administrativa. En otras palabras, el Estado venezolano se encuentra dotado formalmente de una red de órganos y entidades responsabilizadas –cada en su campo; pero de manera concurrente- por la adecuada administración del patrimonio público.
Para que la actividad de cada una de estas instituciones sea verdaderamente eficaz, su acción debería fundamentarse y aplicarse con desapego de cualquier parcialidad ideológica, con una correcta realización de las indagaciones administrativas correspondientes y, con atención a las normas del debido proceso que establecen la Constitución Bolivariana y el marco legal vigente.
La inhabilitación política de dirigentes de oposición, con aspiraciones electorales legítimas y posibilidades de victoria reales en las elecciones regionales de Noviembre ha echado un manto de dudas sobre la legalidad, exactitud y sinceridad del proceso sancionatorio emprendido por el órgano contralor. Destacados juristas venezolanos; así como algunos ex-integrantes de la Asamblea Constituyente del año 1999 han cuestionado con firmeza la decisión de la Contraloría General de la República. La comunidad internacional ha mostrado una creciente preocupación por el tema. Y por si fuera poco, (según sondeos de opinión) una amplia mayoría de la población del país rechaza la medida, por considerarla por lo menos, sesgada.
La credibilidad de la Contraloría General de la República queda herida de muerte ante todo el país. Un país, que por cierto, reclama su actuación firme y enérgica frente a una serie de desafueros administrativos que le han imputado al gobierno actual. Y es que no sabemos cuán eficaz resulten las inhabilitaciones políticas en el plano electoral, los que sí intuimos es que una gestión contralora sesgada por razones político-partidistas se convierte –irremediablemente- en el mejor incentivo para la corrupción administrativa.
domingo, julio 20, 2008
ALGUNAS IDEAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DEMOCRÁTICA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE CARACAS
El Distrito Metropolitano de Caracas requiere un proceso de transformación integral y de largo plazo, orientado hacia la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos y ciudadanas. En mi opinión, ese evento de transformación integral tendría que se basarse en una alianza entre el gobierno y los ciudadanos, impulsada desde la propia Alcaldía Metropolitana. Con esta nueva alianza se viabilizaría una gobernabilidad democrática que conforme la base para las transformaciones que requiere nuestra ciudad, con un marcado y distintivo acento participativo y social.
La transformación de la ciudad de Caracas requiere de una variada gama de acciones realizadas con la suficiente eficacia y transparencia en distintos campos como: la gobernabilidad y la participación, la seguridad, la inclusión y habilitación de barrios, la economía, el bienestar y la solidaridad social, la transformación urbana, la movilidad y el rescate del medio ambiente y los espacios públicos.
Tales transformaciones suponen una ciudad dirigida bajo una visión autónoma, descentralizada y moderna; con un gobierno transparente y fortalecido y, con una clara delimitación de sus competencias y atribuciones. De la misma manera, la transformación de Caracas reclama su viabilidad financiera y presupuestaria que le permita elevar su desempeño en la ejecución de las políticas públicas; y sobre todo, el rescate de la participación ciudadana; mediante la revalorización de sus mecanismos y la red de organizaciones existentes.
En ese contexto, el cambio sustantivo de Caracas bajo una visión autónoma, descentralizada y moderna pasaría por la realización de un gran foro democrático y participativo para redefinir las atribuciones y competencias del Distrito Metropolitano, de cara al nuevo milenio. De la misma manera, es indispensable la elaboración de un Plan Estratégico de Desarrollo Metropolitano, que recoja la diversidad de opiniones de los sectores gubernamentales y las fuerzas vivas del Área Metropolitana de Caracas, que privilegie la corresponsabilidad, la descentralización y la desconcentración como medios de gestión programática.
Por otra parte, Caracas le urge un gobierno eficaz, responsable y transparente. En tal sentido, la revisión y actualización funcional y operativa del Consejo Metropolitano de Gobierno (como máxima instancia de asesoría y consulta del Alcalde Metropolitano), es una necesidad impostergable. Otro elemento crucial es la modernización de los sistemas de gestión de políticas públicas de la Alcaldía Metropolitana, en sus aspectos de planificación y presupuesto, sistemas de información, control de gestión y de rendición de cuentas.
En materia de optimación de la capacidad del gobierno metropolitano parece estratégico el mejoramiento funcional y operativo de las Casas del Poder Popular; las cuales deben ser verdaderas instancias de atención comunitaria. Finalmente, el establecimiento de una nueva cultura de servicio público en el personal adscrito a la Alcaldía.
Afirmé al principio que Caracas, para el beneficio de sus habitantes, requiere convertirse en una capital financieramente viable y sostenible. Para ello, la optimación del subsidio de capitalidad y del resto de las transferencias que se acuerden en el presupuesto nacional, para cada ejercicio fiscal. De la misma manera, resulta indispensable la incorporación del sector privado; mediante incentivos tributarios para la realización exitosa de los proyectos consensuados y contemplados en el los planes concebidos para Caracas. Y en este ámbito económico-financiero, deben ser líneas estratégicas -dentro de una visión de cambio del Distrito Metropolitano de Caracas-, el apoyo al desarrollo de la economía formal y de los emprendedores populares como mecanismos para impulsar fuentes de generación de empleo y desarrollo económico.
La transformación de nuestra ciudad implica el rescate de la participación popular. Una primera medida es sin lugar a dudas, la renovación democrática e institucional del Consejo Metropolitano de Planificación de Políticas Públicas (CMPPP), como instancia de participación y protagonismo popular y social en la gestión de la Alcaldía Metropolitana. En segundo lugar, el mejoramiento de las instancias y figuras de participación; otorgando un sentido de eficacia, inclusión y pluralidad a la red de consejos comunales, a la justicia de paz, a las contralorías sociales y a diversidad de consejos sectoriales; tales como: de la mujer, de la niñez y la adolescencia, de la tercera edad y de los discapacitados; entre otros.
En este mismo sentido, se hace muy importante el rescate y relanzamiento institucional del presupuesto participativo del Área Metropolitana de Caracas, como un instrumento confiable de incidencia comunitaria en la formulación de proyectos de inversión. Y por último, tendría que desarrollarse un amplio proyecto de educación y de apoyo institucional para la participación ciudadana, con una programación permanente de formación y capacitación para la organización comunitaria y social y con apoyo institucional necesario, que ofrezca espacios y tecnologías para que la ciudadanía desarrolle su actividad participativa en condiciones favorables.
La transformación de la ciudad de Caracas requiere de una variada gama de acciones realizadas con la suficiente eficacia y transparencia en distintos campos como: la gobernabilidad y la participación, la seguridad, la inclusión y habilitación de barrios, la economía, el bienestar y la solidaridad social, la transformación urbana, la movilidad y el rescate del medio ambiente y los espacios públicos.
Tales transformaciones suponen una ciudad dirigida bajo una visión autónoma, descentralizada y moderna; con un gobierno transparente y fortalecido y, con una clara delimitación de sus competencias y atribuciones. De la misma manera, la transformación de Caracas reclama su viabilidad financiera y presupuestaria que le permita elevar su desempeño en la ejecución de las políticas públicas; y sobre todo, el rescate de la participación ciudadana; mediante la revalorización de sus mecanismos y la red de organizaciones existentes.
En ese contexto, el cambio sustantivo de Caracas bajo una visión autónoma, descentralizada y moderna pasaría por la realización de un gran foro democrático y participativo para redefinir las atribuciones y competencias del Distrito Metropolitano, de cara al nuevo milenio. De la misma manera, es indispensable la elaboración de un Plan Estratégico de Desarrollo Metropolitano, que recoja la diversidad de opiniones de los sectores gubernamentales y las fuerzas vivas del Área Metropolitana de Caracas, que privilegie la corresponsabilidad, la descentralización y la desconcentración como medios de gestión programática.
Por otra parte, Caracas le urge un gobierno eficaz, responsable y transparente. En tal sentido, la revisión y actualización funcional y operativa del Consejo Metropolitano de Gobierno (como máxima instancia de asesoría y consulta del Alcalde Metropolitano), es una necesidad impostergable. Otro elemento crucial es la modernización de los sistemas de gestión de políticas públicas de la Alcaldía Metropolitana, en sus aspectos de planificación y presupuesto, sistemas de información, control de gestión y de rendición de cuentas.
En materia de optimación de la capacidad del gobierno metropolitano parece estratégico el mejoramiento funcional y operativo de las Casas del Poder Popular; las cuales deben ser verdaderas instancias de atención comunitaria. Finalmente, el establecimiento de una nueva cultura de servicio público en el personal adscrito a la Alcaldía.
Afirmé al principio que Caracas, para el beneficio de sus habitantes, requiere convertirse en una capital financieramente viable y sostenible. Para ello, la optimación del subsidio de capitalidad y del resto de las transferencias que se acuerden en el presupuesto nacional, para cada ejercicio fiscal. De la misma manera, resulta indispensable la incorporación del sector privado; mediante incentivos tributarios para la realización exitosa de los proyectos consensuados y contemplados en el los planes concebidos para Caracas. Y en este ámbito económico-financiero, deben ser líneas estratégicas -dentro de una visión de cambio del Distrito Metropolitano de Caracas-, el apoyo al desarrollo de la economía formal y de los emprendedores populares como mecanismos para impulsar fuentes de generación de empleo y desarrollo económico.
La transformación de nuestra ciudad implica el rescate de la participación popular. Una primera medida es sin lugar a dudas, la renovación democrática e institucional del Consejo Metropolitano de Planificación de Políticas Públicas (CMPPP), como instancia de participación y protagonismo popular y social en la gestión de la Alcaldía Metropolitana. En segundo lugar, el mejoramiento de las instancias y figuras de participación; otorgando un sentido de eficacia, inclusión y pluralidad a la red de consejos comunales, a la justicia de paz, a las contralorías sociales y a diversidad de consejos sectoriales; tales como: de la mujer, de la niñez y la adolescencia, de la tercera edad y de los discapacitados; entre otros.
En este mismo sentido, se hace muy importante el rescate y relanzamiento institucional del presupuesto participativo del Área Metropolitana de Caracas, como un instrumento confiable de incidencia comunitaria en la formulación de proyectos de inversión. Y por último, tendría que desarrollarse un amplio proyecto de educación y de apoyo institucional para la participación ciudadana, con una programación permanente de formación y capacitación para la organización comunitaria y social y con apoyo institucional necesario, que ofrezca espacios y tecnologías para que la ciudadanía desarrolle su actividad participativa en condiciones favorables.
domingo, julio 13, 2008
APUNTES: EL X PLAN DE LA NACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Como hemos comentado con anterioridad el tema de la participación ciudadana se ha considerado, en los nueve anteriores planes nacionales de desarrollo, con un mayor o menor énfasis, según el enfoque predominante del gobierno de turno. En trabajos pasados les ofrecí un muy ajustado resumen de las propuestas que alrededor de este tema fueron propuestas por los gobiernos de Acción Democrática, COPEI y la alianza encabezada por Convergencia y el MAS.
Por supuesto, nos quedaba aún pendiente recoger para ustedes las ideas que sobre este particular ha puesto sobre la mesa el Presidente Chávez. De todos es sabido que la participación popular y protagónica ha sido uno de sus postulados discursivos más recurrentes. En tal sentido, ofrezco a continuación una síntesis de las propuestas que en materia de participación ciudadana recogidas en las “Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, 2001-2007”.
El X Plan de la Nación, establecía cinco componentes programáticos denominados “equilibrios” que agrupaban los distintos lineamientos y proyectos para la acción que debían marcar la gestión del gobierno en el período 2001-2007. Tales equilibrios eran los siguientes:
- Equilibrio Económico
- Equilibrio Social
- Equilibrio Político
- Equilibrio Territorial
- Equilibrio Internacional
1. El equilibrio económico, se planteaba como propósito ampliar y profundizar la democracia económica que enfatice la cultura del trabajo y la producción, y que eliminara la dependencia del rentismo petrolero. También consideraba diversificar la economía petrolera y estimular la economía social. En materia de participación ciudadana dentro de este componente se planteaba como objetivo fortalecer la microempresa y las cooperativas.
2. El equilibrio social se planteaba como objetivo alcanzar la justicia social; estableciendo la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil; e incorporando nuevos actores, con especial énfasis en la acción comunitaria para formular, ejecutar y evaluar políticas públicas y rendición de cuentas.
En cuanto a la participación popular se consideraba el fortalecimiento de la participación social y la generación de poder ciudadano, en espacios públicos de decisión. Teniendo como estrategia la descentralización de la políticas sociales con la participación para incentivar redes sociales, la promoción de organizaciones de base, el estímulo de la sociedad como contralora de lo público y el fomento de la corresponsabilidad ciudadana.
3. El equilibrio político estaba orientado hacia el establecimiento de una democracia social de derecho y de justicia, respetando los derechos humanos y logrando en la práctica una vida colectiva basada en la libertad, la igualdad, la solidaridad, y la equidad. Se trataba de impulsar una democracia participativa y protagónica. Con el equilibrio político se proponía alcanzar como metas más concretas; el diseño e impulso del sistema nacional de planificación, la institucionalización de los compromisos de gestión, propiciar la participación ciudadana y construir el Estado federal descentralizado.
4. El equilibrio territorial se proponía entre otros objetivos el incremento de la superficie nacional ocupada; el mejoramiento de la infraestructura física y social y el aumento de la población y de las actividades productivas. El plan contemplaba tres fachadas de integración, a saber: la Amazónica, la Andina y la Caribeña. El plan también consideraba tres ejes de desconcentración tales como: el Occidental, el Orinoco-Apure y el Oriental. Este componente no recogía propuestas de participación ciudadana, en un sentido estricto.
5. Por último, el equilibrio internacional suponía enmarcarse en las relaciones internacionales buscando ampliar y profundizar la democracia, la solidaridad y la paz. Así también se establecía la defensa de la soberanía nacional y la promoción de un mundo multipolar; y, el desarrollo económico y social internacional. En materia internacional, el X Plan de la Nación contemplaba la promoción de la democracia participativa y protagónica.
En una próxima entrega les presentaré una visión sobre las propuestas que en materia de participación nos traen las “Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013”.
Por supuesto, nos quedaba aún pendiente recoger para ustedes las ideas que sobre este particular ha puesto sobre la mesa el Presidente Chávez. De todos es sabido que la participación popular y protagónica ha sido uno de sus postulados discursivos más recurrentes. En tal sentido, ofrezco a continuación una síntesis de las propuestas que en materia de participación ciudadana recogidas en las “Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, 2001-2007”.
El X Plan de la Nación, establecía cinco componentes programáticos denominados “equilibrios” que agrupaban los distintos lineamientos y proyectos para la acción que debían marcar la gestión del gobierno en el período 2001-2007. Tales equilibrios eran los siguientes:
- Equilibrio Económico
- Equilibrio Social
- Equilibrio Político
- Equilibrio Territorial
- Equilibrio Internacional
1. El equilibrio económico, se planteaba como propósito ampliar y profundizar la democracia económica que enfatice la cultura del trabajo y la producción, y que eliminara la dependencia del rentismo petrolero. También consideraba diversificar la economía petrolera y estimular la economía social. En materia de participación ciudadana dentro de este componente se planteaba como objetivo fortalecer la microempresa y las cooperativas.
2. El equilibrio social se planteaba como objetivo alcanzar la justicia social; estableciendo la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil; e incorporando nuevos actores, con especial énfasis en la acción comunitaria para formular, ejecutar y evaluar políticas públicas y rendición de cuentas.
En cuanto a la participación popular se consideraba el fortalecimiento de la participación social y la generación de poder ciudadano, en espacios públicos de decisión. Teniendo como estrategia la descentralización de la políticas sociales con la participación para incentivar redes sociales, la promoción de organizaciones de base, el estímulo de la sociedad como contralora de lo público y el fomento de la corresponsabilidad ciudadana.
3. El equilibrio político estaba orientado hacia el establecimiento de una democracia social de derecho y de justicia, respetando los derechos humanos y logrando en la práctica una vida colectiva basada en la libertad, la igualdad, la solidaridad, y la equidad. Se trataba de impulsar una democracia participativa y protagónica. Con el equilibrio político se proponía alcanzar como metas más concretas; el diseño e impulso del sistema nacional de planificación, la institucionalización de los compromisos de gestión, propiciar la participación ciudadana y construir el Estado federal descentralizado.
4. El equilibrio territorial se proponía entre otros objetivos el incremento de la superficie nacional ocupada; el mejoramiento de la infraestructura física y social y el aumento de la población y de las actividades productivas. El plan contemplaba tres fachadas de integración, a saber: la Amazónica, la Andina y la Caribeña. El plan también consideraba tres ejes de desconcentración tales como: el Occidental, el Orinoco-Apure y el Oriental. Este componente no recogía propuestas de participación ciudadana, en un sentido estricto.
5. Por último, el equilibrio internacional suponía enmarcarse en las relaciones internacionales buscando ampliar y profundizar la democracia, la solidaridad y la paz. Así también se establecía la defensa de la soberanía nacional y la promoción de un mundo multipolar; y, el desarrollo económico y social internacional. En materia internacional, el X Plan de la Nación contemplaba la promoción de la democracia participativa y protagónica.
En una próxima entrega les presentaré una visión sobre las propuestas que en materia de participación nos traen las “Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013”.
jueves, julio 10, 2008
LA MOVILIZACIÓN POPULAR HABILITADA
La democracia venezolana enfrenta una nueva amenaza: la restricción del derecho a la libre elección de sus autoridades y representantes gubernamentales; mediante una medida administrativa dictada por un funcionario, sin que medie una sentencia firme de alguna instancia jurisdiccional competente. Así, cuatrocientos venezolanos, en su gran mayoría de oposición al régimen, han sido inhabilitados, para el ejercicio de funciones públicas por una decisión discrecional del ciudadano Contralor General de la República.
Esta medida emprendida desde la Contraloría General -a juicio de expertos-, no se ajusta al marco constitucional vigente en la República Bolivariana de Venezuela; y además transgrede acuerdos sobre el debido respeto y tratamiento de los derechos humanos contenidos en tratados internacionales y que son vinculantes para el gobierno venezolano. Más grave aún es que, con la politización de una instancia tan importante para el adecuado resguardo de la gestión pública como la Contraloría General de la República, queda ahora deslegitimada ante el país.
Por otra parte, en el contexto internacional organizaciones políticas importantes y de altísima credibilidad como la Internacional Socialista (IS), y la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA), ya han manifestado su preocupación por la puesta en marcha de este nuevo “apartheid político” impulsado desde el Estado venezolano. De hecho, nuestro país ha pasado a ser comparado por algunos especialistas con regímenes que practican la exclusión política como Bielorusia, Irán o Mozambique.
Las fuerzas políticas y sociales democráticas y alternativas al régimen han convocado a la más amplia manifestación popular, como medio legítimo de denuncia y resistencia constitucional y pacífica, frente al atropello oficialista a derechos humanos fundamentales. Y es que de nuevo, al pueblo venezolano le corresponde asumir de manera protagónica otra lucha por la restitución del equilibrio democrático en Venezuela, que parece definitiva. Las inhabilitaciones políticas de la Contraloría General de la República, habilitarán ahora la movilización de la gran mayoría de los venezolanos que clama por la verdadera justicia. ¡Vamos todos a marchar, el 12 a las 12!
Esta medida emprendida desde la Contraloría General -a juicio de expertos-, no se ajusta al marco constitucional vigente en la República Bolivariana de Venezuela; y además transgrede acuerdos sobre el debido respeto y tratamiento de los derechos humanos contenidos en tratados internacionales y que son vinculantes para el gobierno venezolano. Más grave aún es que, con la politización de una instancia tan importante para el adecuado resguardo de la gestión pública como la Contraloría General de la República, queda ahora deslegitimada ante el país.
Por otra parte, en el contexto internacional organizaciones políticas importantes y de altísima credibilidad como la Internacional Socialista (IS), y la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA), ya han manifestado su preocupación por la puesta en marcha de este nuevo “apartheid político” impulsado desde el Estado venezolano. De hecho, nuestro país ha pasado a ser comparado por algunos especialistas con regímenes que practican la exclusión política como Bielorusia, Irán o Mozambique.
Las fuerzas políticas y sociales democráticas y alternativas al régimen han convocado a la más amplia manifestación popular, como medio legítimo de denuncia y resistencia constitucional y pacífica, frente al atropello oficialista a derechos humanos fundamentales. Y es que de nuevo, al pueblo venezolano le corresponde asumir de manera protagónica otra lucha por la restitución del equilibrio democrático en Venezuela, que parece definitiva. Las inhabilitaciones políticas de la Contraloría General de la República, habilitarán ahora la movilización de la gran mayoría de los venezolanos que clama por la verdadera justicia. ¡Vamos todos a marchar, el 12 a las 12!
lunes, julio 07, 2008
EL RESCATE
El exitoso operativo militar emprendido por el gobierno del Presidente Uribe y, que culminara con el rescate de doce ciudadanos colombianos (entre los cuales resalta la figura de Ingrid Betancourt, ex candidata a la Presidencia de la República de Colombia) y de tres ciudadanos estadounidenses, constituye -sin lugar a dudas- otro evento trascendente y quizás definitorio en el desarrollo de la lucha contra la subversión y el narcotráfico –de izquierda y de derecha-, en ese país.
El rescate de los quince secuestrados es una victoria no sólo para el ejército regular de un gobierno legítimo y electo por vía popular y democrática; sino también representa un triunfo para la restitución de los derechos humanos al grupo de ciudadanos liberados y, sobre todo la devolución de la alegría y de la fe al hermano pueblo colombiano, que ha sufrido durante décadas los embates de la violencia y el terrorismo.
El secuestro es una de las formas más abominables de violación de los derechos humanos más elementales. Y es que, ni siquiera el Comandante Fidel Castro -último lider guerrillero trascendente en América Latina-, aprueba esa práctica como método de lucha. La privación ilegítima de la libertad de cualquier persona constituye un acto censurable y considerable un delito de lesa humanidad.
Por supuesto que, el rescate de estos quince ciudadanos no resuelve el horror que padecen, el resto de más de setecientos rehenes que aún permanecen en cautiverio y en condiciones infrahumanas; según las propias narraciones de quienes han logrado salir de esa condición. Sin embargo, este logro significa una buena señal para la continuidad de la política de “Seguridad Democrática” que viene implementando el Presidente Álvaro Uribe Vélez.
En Venezuela, la noticia del rescate fue recibida con alegría y entusiasmo popular. El Presidente Chávez, -quien inicialmente quedó frio con la noticia del rescate-, manifestó su contento y sus felicitaciones al gobierno colombiano; al mismo tiempo que reiteraba su deslinde con la lucha armada. Tan sólo algunos sectores identificados ideológicamente con “la revolución” recibieron el éxito del gobierno colombiano con mezquindad y hasta con aparente frustración política. En el ámbito internacional analistas y opinadores de cierta tendencia de la izquierda intentaron desprestigiar la acción gubernamental colombiana; sobreponiendo su resaca política a una inobjetable realidad: la inminente derrota político-militar de los movimientos insurreccionales de Colombia.
miércoles, julio 02, 2008
SOBRE EL DISTRITO METROPOLITANO DE CARACAS
Uno de los espacios geopolíticos de más intensa disputa en la presente campaña electoral será el Distrito Metropolitano de Caracas; tanto en su componente ejecutivo constituido por la Alcaldía Metropolitana, como en su ámbito legislativo representado en el Cabildo Metropolitano. Ambas instancias de gobierno se encuentran en manos del oficialismo, desde hace ocho años. Esta circunstancia determina que obtener una victoria en el Distrito Metropolitano de Caracas sea un asunto vital para los sectores democráticos de la oposición.
El Distrito Metropolitano de Caracas fue creado después del proceso constituyente del año 1999; pretendiendo ser una respuesta eficaz a la reorganización político-administrativa de la sede territorial de los poderes nacionales. Sin embargo, luego de sus primeros ocho años de existencia, su gestión no ha tenido una incidencia positiva en la calidad de vida de los habitantes del Área Metropolitana de Caracas. Y es que, el Distrito Metropolitano presenta una serie de carencias que disminuyen en forma directa sus posibilidades reales de ser el organismo gubernamental integrador y coordinador del desarrollo armónico y sostenible de nuestra capital.
En el plano jurídico-competencial, sus atribuciones funcionales no se hayan debidamente desarrolladas; en atención a la complejidad político-territorial donde le corresponde operar como agencia gubernamental de nivel intermedio, entre las municipalidades que lo componen y las instancias de gobierno estadual y nacional, con las cuales también le toca interactuar. Pero hay otras dificultades.
En plano financiero-presupuestario, el Distrito Metropolitano de Caracas suele encontrar serios aprietos. En términos generales, la gestión presupuestaria de la Alcaldía Metropolitana resulta inviable por un subsidio de capitalidad insuficiente, a causa de su baja capacidad de generar recursos propios; y, por la mora reiterada en la recepción de las transferencias nacionales y también de aquellas correspondientes a sus municipios integrantes.
Por otra parte, Caracas y su Área Metropolitana no poseen un plan estratégico que indique con la requerida precisión política, social y técnica; los lineamientos generales y los proyectos para su desarrollo como un espacio humano incluyente, sostenible y sustentable. Y en realidad, el tema de la ciudad como proyecto, como actividad vital y trascendente ha sobrepasado la capacidad de gobierno de las dos gestiones (legislativas y ejecutivas) que ha tenido hasta el presente, el Distrito Metropolitano de Caracas. Adicionalmente, desde de la propia Alcaldía Metropolitana se ha emprendido un “proceso de recentralización” hacia el gobierno central en materia de seguridad y de salud pública. Y es que pareciera que, ante una inminente posibilidad de cambio, el actual gobierno metropolitano ha decidido liquidar institucionalmente a esta instancia de gestión.
Por último, el tema de la participación ciudadana fue “envilecido ideológicamente”. A las distintas medios e instancias de participación ciudadana se le otorgó desde el ejecutivo metropolitano, un tratamiento burocrático, clientelar y excluyente. De esta manera, el ejercicio del verdadero protagonismo popular en la formación, gestión y control de los asuntos públicos fue eliminado de hecho.
El enfoque oficialista de la problemática del Distrito Metropolitano de Caracas, es absolutamente ideologizado y ajeno a la problemática real que padecen las caraqueñas y caraqueños. Y es que no deja de ser tragicómico escuchar como el principal argumento electoral del candidato del PSUV a la Alcaldía, no sea otro que la defensa del Presidente Chávez ante el “imperialismo norteamericano”. Por si fuera poco, se solicitan diagnósticos comunitarios que incluyan listas de los enemigos de la revolución; y se prosigue con una arenga discursiva que promueve el odio y el resentimiento social.
Con las inhabilitaciones políticas, el gobierno intenta frenar una derrota inminente en varias regiones del país y, muy especialmente en el Área Metropolitana de Caracas; sin embargo, el liderazgo de Leopoldo López no queda en duda ni en situación de riesgo. Muy por el contrario, el actual Alcalde de Chacao, se encuentra a punto de consolidar su proyección nacional como referente político democrático.
Las fuerzas democráticas deben aterrizar en el plano de la realidad. Ya pareciera ser tiempo suficiente de la realización de análisis y cálculos electorales de escritorio o de restaurantes, en el mejor de los casos. Es el momento de la toma de decisiones trascendentes y verdaderamente apegadas a las aspiraciones de una población que está dispuesta a asumir su protagonismo ciudadano. En ese sentido, tres temas resultan de impostergable definición; a saber: i) la lucha por la defensa al derecho a elegir, de acuerdo al marco constitucional vigente ii) la definición de las candidaturas; tanto a la Alcaldía como al Cabildo Metropolitano; y iii) la estructuración de una plataforma programática de carácter unitario y de alcance metropolitano. Con base a estos tres elementos, podría emprenderse la campaña por la conquista democrática y ciudadana de nuestra capital.
La organización y la movilización popular deben ser los principales cursos de acción que los factores democráticos deben emprender en la defensa del derecho a elegir, que hoy se ven afectados debido a inhabilitaciones políticas inconstitucionales. Los partidos políticos, los movimientos sociales y demás expresiones asociativas de la sociedad civil venezolana deben trabajar en red, en pro de la defensa de los derechos democráticos incluidos en la Constitución Bolivariana.
No cabe duda que, Leopoldo López es el candidato y lider natural del proceso de cambio en el Área Metropolitana de Caracas. En tal sentido, los fuerzas democráticas que lo apoyan deben ponderar los distintos cursos tácticos y estratégicos que se desarrollan a su alrededor, para así defender su candidatura. Tomar las decisiones acertadas, en el momento oportuno, ayudaría a consolidar el triunfo de los sectores democráticos y populares en el Distrito Metropolitano.
Por otra parte, hay que rescatar para la ciudad y sus habitantes el Cabildo Metropolitano; hasta ahora secuestrado por una mayoría que sólo vela por sus intereses políticos y burocráticos. Recordemos que, el Cabildo del Distrito Metropolitano es el órgano legislativo del Distrito que designa tanto al Contralor como al Procurador Metropolitanos y, que también se pronuncia sobre el presupuesto del Distrito Metropolitano de Caracas.
El Cabildo Metropolitano constituye una tribuna política, que puede jugar a favor o en contra de la gestión de transformación que es necesario impulsar desde la Alcaldía Metropolitana con una perspectiva de cambio. Por lo tanto, hay que garantizar una mayoría de calidad y comprometida con la población caraqueña en el Cabildo Metropolitano de Caracas.
El programa de gobierno tendría que ser estructurado con base una visión integral de Caracas, que vincule el desarrollo sostenible y sustentable y, que además esté articulado al ejercicio pleno de los derechos de ciudad para todas y todos los caraqueños. Resulta indudable que, el Distrito Metropolitano de Caracas requiere un cambio sustancial y estratégico. Un cambio; cuyo centro de atención sea sus ciudadanos y ciudadanas y, cuyo paradigma comprenda la democracia, la corresponsabilidad, la inclusión, el respeto a la ley y a la pluralidad como sus valores predominantes.
El Distrito Metropolitano de Caracas fue creado después del proceso constituyente del año 1999; pretendiendo ser una respuesta eficaz a la reorganización político-administrativa de la sede territorial de los poderes nacionales. Sin embargo, luego de sus primeros ocho años de existencia, su gestión no ha tenido una incidencia positiva en la calidad de vida de los habitantes del Área Metropolitana de Caracas. Y es que, el Distrito Metropolitano presenta una serie de carencias que disminuyen en forma directa sus posibilidades reales de ser el organismo gubernamental integrador y coordinador del desarrollo armónico y sostenible de nuestra capital.
En el plano jurídico-competencial, sus atribuciones funcionales no se hayan debidamente desarrolladas; en atención a la complejidad político-territorial donde le corresponde operar como agencia gubernamental de nivel intermedio, entre las municipalidades que lo componen y las instancias de gobierno estadual y nacional, con las cuales también le toca interactuar. Pero hay otras dificultades.
En plano financiero-presupuestario, el Distrito Metropolitano de Caracas suele encontrar serios aprietos. En términos generales, la gestión presupuestaria de la Alcaldía Metropolitana resulta inviable por un subsidio de capitalidad insuficiente, a causa de su baja capacidad de generar recursos propios; y, por la mora reiterada en la recepción de las transferencias nacionales y también de aquellas correspondientes a sus municipios integrantes.
Por otra parte, Caracas y su Área Metropolitana no poseen un plan estratégico que indique con la requerida precisión política, social y técnica; los lineamientos generales y los proyectos para su desarrollo como un espacio humano incluyente, sostenible y sustentable. Y en realidad, el tema de la ciudad como proyecto, como actividad vital y trascendente ha sobrepasado la capacidad de gobierno de las dos gestiones (legislativas y ejecutivas) que ha tenido hasta el presente, el Distrito Metropolitano de Caracas. Adicionalmente, desde de la propia Alcaldía Metropolitana se ha emprendido un “proceso de recentralización” hacia el gobierno central en materia de seguridad y de salud pública. Y es que pareciera que, ante una inminente posibilidad de cambio, el actual gobierno metropolitano ha decidido liquidar institucionalmente a esta instancia de gestión.
Por último, el tema de la participación ciudadana fue “envilecido ideológicamente”. A las distintas medios e instancias de participación ciudadana se le otorgó desde el ejecutivo metropolitano, un tratamiento burocrático, clientelar y excluyente. De esta manera, el ejercicio del verdadero protagonismo popular en la formación, gestión y control de los asuntos públicos fue eliminado de hecho.
El enfoque oficialista de la problemática del Distrito Metropolitano de Caracas, es absolutamente ideologizado y ajeno a la problemática real que padecen las caraqueñas y caraqueños. Y es que no deja de ser tragicómico escuchar como el principal argumento electoral del candidato del PSUV a la Alcaldía, no sea otro que la defensa del Presidente Chávez ante el “imperialismo norteamericano”. Por si fuera poco, se solicitan diagnósticos comunitarios que incluyan listas de los enemigos de la revolución; y se prosigue con una arenga discursiva que promueve el odio y el resentimiento social.
Con las inhabilitaciones políticas, el gobierno intenta frenar una derrota inminente en varias regiones del país y, muy especialmente en el Área Metropolitana de Caracas; sin embargo, el liderazgo de Leopoldo López no queda en duda ni en situación de riesgo. Muy por el contrario, el actual Alcalde de Chacao, se encuentra a punto de consolidar su proyección nacional como referente político democrático.
Las fuerzas democráticas deben aterrizar en el plano de la realidad. Ya pareciera ser tiempo suficiente de la realización de análisis y cálculos electorales de escritorio o de restaurantes, en el mejor de los casos. Es el momento de la toma de decisiones trascendentes y verdaderamente apegadas a las aspiraciones de una población que está dispuesta a asumir su protagonismo ciudadano. En ese sentido, tres temas resultan de impostergable definición; a saber: i) la lucha por la defensa al derecho a elegir, de acuerdo al marco constitucional vigente ii) la definición de las candidaturas; tanto a la Alcaldía como al Cabildo Metropolitano; y iii) la estructuración de una plataforma programática de carácter unitario y de alcance metropolitano. Con base a estos tres elementos, podría emprenderse la campaña por la conquista democrática y ciudadana de nuestra capital.
La organización y la movilización popular deben ser los principales cursos de acción que los factores democráticos deben emprender en la defensa del derecho a elegir, que hoy se ven afectados debido a inhabilitaciones políticas inconstitucionales. Los partidos políticos, los movimientos sociales y demás expresiones asociativas de la sociedad civil venezolana deben trabajar en red, en pro de la defensa de los derechos democráticos incluidos en la Constitución Bolivariana.
No cabe duda que, Leopoldo López es el candidato y lider natural del proceso de cambio en el Área Metropolitana de Caracas. En tal sentido, los fuerzas democráticas que lo apoyan deben ponderar los distintos cursos tácticos y estratégicos que se desarrollan a su alrededor, para así defender su candidatura. Tomar las decisiones acertadas, en el momento oportuno, ayudaría a consolidar el triunfo de los sectores democráticos y populares en el Distrito Metropolitano.
Por otra parte, hay que rescatar para la ciudad y sus habitantes el Cabildo Metropolitano; hasta ahora secuestrado por una mayoría que sólo vela por sus intereses políticos y burocráticos. Recordemos que, el Cabildo del Distrito Metropolitano es el órgano legislativo del Distrito que designa tanto al Contralor como al Procurador Metropolitanos y, que también se pronuncia sobre el presupuesto del Distrito Metropolitano de Caracas.
El Cabildo Metropolitano constituye una tribuna política, que puede jugar a favor o en contra de la gestión de transformación que es necesario impulsar desde la Alcaldía Metropolitana con una perspectiva de cambio. Por lo tanto, hay que garantizar una mayoría de calidad y comprometida con la población caraqueña en el Cabildo Metropolitano de Caracas.
El programa de gobierno tendría que ser estructurado con base una visión integral de Caracas, que vincule el desarrollo sostenible y sustentable y, que además esté articulado al ejercicio pleno de los derechos de ciudad para todas y todos los caraqueños. Resulta indudable que, el Distrito Metropolitano de Caracas requiere un cambio sustancial y estratégico. Un cambio; cuyo centro de atención sea sus ciudadanos y ciudadanas y, cuyo paradigma comprenda la democracia, la corresponsabilidad, la inclusión, el respeto a la ley y a la pluralidad como sus valores predominantes.
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