La Ley Orgánica de Planificación (Gaceta Oficial Nº 5.554 Extraordinario, de fecha 13-11-2001). Sienta tres precedentes importantes:
i) definió un “sistema de planificación” encabezado por autoridades ejecutivas de cada nivel político-territorial; con su respectiva instancia de participación popular con el cual, Venezuela comienza a transitar el camino hacia un sistema de gestión planificado verticalmente;
ii) definió por primera vez, el concepto de control social; entendido como la participación de los sectores sociales en la supervisión y evaluación del cumplimiento de las acciones planificadas y la proposición de correctivos, cuando se estimen convenientes y,
iii) otorgó a los consejos locales de planificación pública la función de asegurar la coordinación y participación social en la elaboración y seguimiento del Plan Municipal de Desarrollo, los programas y acciones que se ejecuten en el municipio y su articulación con los planes estadales de desarrollo (LOP, artículo 27).
La Ley Orgánica de Planificación también determina la obligación de elaborar el plan municipal de desarrollo; el cual debe contener las directrices de gobierno de cada municipio, con un horizonte temporal de cuatro años (artículo 55). Además dicta que, los planes y proyectos se articulen al plan municipal de desarrollo (artículo 56), correspondiendo al alcalde la responsabilidad de dictar las instrucciones necesarias para la elaboración de todos los planes de la administración pública municipal.
Con la promulgación de Ley Orgánica de Planificación se pretendía que la gestión pública en el ámbito municipal respondiera a un plan estratégico, en cuya elaboración y posterior evaluación y seguimiento intervinieran los representantes vecinales y sectoriales organizados en el consejo local de planificación pública de cada municipio. Un detalle adicional es que, la ley reconoce la participación social como un derecho que comprendía el acceso a la información y también la posibilidad de elaborar propuestas, identificar prioridades y recomendar formas de participación que incidieran en el cumplimiento de los planes (LOP, artículo 58). Pudiera concluirse que, con la incorporación de los representantes ciudadanos a la elaboración y seguimiento de los planes municipales se quebró el “monopolio” que sobre la función de planificación del desarrollo venían ejerciendo durante años las autoridades públicas de este nivel.
Finalmente cabe agregar que, para este momento la Comisión de Participación Ciudadana, Descentralización y Desarrollo Regional de la Asamblea Nacional prepara un proyecto de reforma de la actual Ley de Orgánica de Planificación, con el objeto de estructurar en forma definitiva un sistema de planificación vertical que involucre desde el nivel central hasta los distintos niveles político-territoriales que conforman la República (al respecto debe recordarse la creación de la Comisión Central de Planificación). Ese proyecto también implicaría la redefinición de las funciones de los consejos locales de planificación pública en el ámbito municipal y, la incorporación de las comunas y los consejos comunales como componentes básicos de ese sistema de planificación, que ahora se intenta.
lunes, marzo 29, 2010
miércoles, marzo 24, 2010
FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE LAS COMUNAS Y DEL CNE ATROPELLAN PARTICIPACIÓN POPULAR EN MUNICIPIO BARUTA
Hoy 24 de marzo, mediante una convocatoria írrita y en un lugar cuasi-oculto, solo descubierto a última hora, el Ministerio de las Comunas, con apoyo del Consejo Nacional Electoral, realizó una asamblea de consejos comunales para elegir los representantes del municipio Baruta, al encuentro regional que elegiría a los voceros del estado Miranda ante el Consejo Federal de Gobierno.
En realidad, presenciamos un espectáculo de muy baja calidad ciudadana y democrática donde los funcionarios del Ministerio de las Comunas y el representante del CNE, impidieron que se realizara una discusión fluida con la participación de todas las partes involucradas. Vecinas representantes de los consejos comunales de Prados del Este y Santa Rosa de Lima, y voceras del CLPP-Baruta, (como Kiomara Scovino y María Elena Arnal), les fue impedido que expresaran sus observaciones sobre la ilegalidad del acto, y el irrespeto al derecho a la participación ciudadana.
Cabe señalar que solamente se registraron como participantes en la asamblea aproximadamente 33 consejos comunales, (sin ningún tipo de comprobación) los cuales no alcanzarían una cantidad calificada para tomar decisiones de tal naturaleza. La mayoría de los consejos comunales del municipio no fueron convocados a participar; y de los asistentes, un grupo no convalidó ni la convocatoria ni los métodos empleados para realizar la asamblea en cuestión.
Por otra parte, el evento se convirtió en un evento “ideologizante” donde se trataron temas como el socialismo del XXI, el poder popular y la campaña admirable; dejando de lado, la discusión de asuntos de verdadera importancia, como la observancia a las normas democráticas y la constitución vigente, la vigencia de la descentralización, el reconocimiento a la inclusión y el debido respeto a pluralidad política, social y comunitaria. Por si fuera poco, la asamblea convocada por Ministerio de las Comunas y “validada” por el CNE, se terminó convirtiendo en un evento interno del PSUV, hecho que consideramos un atropello al ejercicio de la libre participación y organización popular.
La realización de este tipo de asambleas supone una profunda reflexión por parte de aquellos que impulsamos la participación ciudadana desde una óptica democrática e incluyente. Esa reflexión nos debe conducir a redoblar los esfuerzos para rescatar la participación y los espacios para su ejercicio, de las prácticas clientelares y la exclusión ideológica que desea imponer la burocracia política oficialista.
En realidad, presenciamos un espectáculo de muy baja calidad ciudadana y democrática donde los funcionarios del Ministerio de las Comunas y el representante del CNE, impidieron que se realizara una discusión fluida con la participación de todas las partes involucradas. Vecinas representantes de los consejos comunales de Prados del Este y Santa Rosa de Lima, y voceras del CLPP-Baruta, (como Kiomara Scovino y María Elena Arnal), les fue impedido que expresaran sus observaciones sobre la ilegalidad del acto, y el irrespeto al derecho a la participación ciudadana.
Cabe señalar que solamente se registraron como participantes en la asamblea aproximadamente 33 consejos comunales, (sin ningún tipo de comprobación) los cuales no alcanzarían una cantidad calificada para tomar decisiones de tal naturaleza. La mayoría de los consejos comunales del municipio no fueron convocados a participar; y de los asistentes, un grupo no convalidó ni la convocatoria ni los métodos empleados para realizar la asamblea en cuestión.
Por otra parte, el evento se convirtió en un evento “ideologizante” donde se trataron temas como el socialismo del XXI, el poder popular y la campaña admirable; dejando de lado, la discusión de asuntos de verdadera importancia, como la observancia a las normas democráticas y la constitución vigente, la vigencia de la descentralización, el reconocimiento a la inclusión y el debido respeto a pluralidad política, social y comunitaria. Por si fuera poco, la asamblea convocada por Ministerio de las Comunas y “validada” por el CNE, se terminó convirtiendo en un evento interno del PSUV, hecho que consideramos un atropello al ejercicio de la libre participación y organización popular.
La realización de este tipo de asambleas supone una profunda reflexión por parte de aquellos que impulsamos la participación ciudadana desde una óptica democrática e incluyente. Esa reflexión nos debe conducir a redoblar los esfuerzos para rescatar la participación y los espacios para su ejercicio, de las prácticas clientelares y la exclusión ideológica que desea imponer la burocracia política oficialista.
sábado, marzo 20, 2010
NOTICA SOBRE PLANIFICACIÓN Y PARTICIPACIÓN POPULAR
La planificación puede convertirse en una herramienta estratégica para la construcción del país que merecemos todos los venezolanos y venezolanas. La planificación será concebida como un instrumento para la participación, la descentralización y la construcción de consensos con los distintos sectores de la ciudadanía de nuestra nación. Para ello, una ley de participación que considera la planificación definirá los procesos de consulta abierta y democrática que comprenda a las autoridades estadales, las autoridades del ámbito metropolitano y locales de los municipios; así como también a los representantes y voceros comunitarios y, la vocería de los sectores económicos y sociales del país, como exponentes del poder popular ciudadano.
A los efectos de lograr una mayor eficacia en los objetivos de inclusión y participación ciudadana, se considerará al sector privado como un aliado estratégico para el desarrollo de una nueva cultura ciudadana y participativa dentro del proceso de cambio y planificación, que nuestro país requiere. Una ley de participación que conidera la planificación promoverá las buenas prácticas de responsabilidad social empresarial y, en general, las iniciativas del sector privado que contribuyan a la realización exitosa de los proyectos consensuados y contemplados en los distintos niveles político-territoriales de gobierno.
A los efectos de lograr una mayor eficacia en los objetivos de inclusión y participación ciudadana, se considerará al sector privado como un aliado estratégico para el desarrollo de una nueva cultura ciudadana y participativa dentro del proceso de cambio y planificación, que nuestro país requiere. Una ley de participación que conidera la planificación promoverá las buenas prácticas de responsabilidad social empresarial y, en general, las iniciativas del sector privado que contribuyan a la realización exitosa de los proyectos consensuados y contemplados en los distintos niveles político-territoriales de gobierno.
viernes, marzo 12, 2010
OTRAS NOTAS PARA UNA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PODER POPULAR
La Ley de Participación Ciudadana y Poder Popular (LOPCYPP) debe considerar que, todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a la participación activa, libre y responsable en el desarrollo de Venezuela; así como también a contribuir y disfrutar de su desarrollo cultural, económico, social, político y territorial en un marco de respeto a la Constitución Bolivariana, a los derechos humanos y a la democracia.
En tal sentido, la LOPCYPP deberá servir para establecer una alianza con los ciudadanos y sus organizaciones, que comprenderá: el respeto a los valores democráticos, la gestión transparente y eficaz de los recursos públicos y la promoción de la participación popular, de manera efectiva y con objetivos claros; así como el fortalecimiento de la organización autónoma de las comunidades y de los distintos sectores sociales de todos los ámbitos del país.
Considero que el respeto por la autonomía de los movimientos populares, comunales y sociales tiene que ser uno de los ejes de la LOPCYPP. La LOPCYPP deberá promocionar el “tejido social”, como medio de control democrático y social de la gestión pública nacional, estadual y municipal.
La LOPCYPP se tendrá que desarrollar con estricto apego al marco constitucional y legal vigente; prescribiendo la discriminación y la exclusión basada en creencias políticas o religiosas, condición social, de raza o de género o cualquier otro tipo, que viole los derechos humanos y las libertades democráticas. De la misma manera, el acceso a la información pública de calidad -de manera oportuna y veraz-, será garantizado mediante mecanismos precisos contemplados en el contenido de la LOPCYPP.
Desde nuestra propuesta, consideramos que la LOPCYPP debe incorporar y fundamentar como principios lo siguiente:
- el derecho a la participación de los ciudadanos y colectivos sociales, como componentes del poder popular en las decisiones públicas relacionadas con la elección, dirección y gestión de los distintos niveles político-territoriales de gobierno.
- el derecho a la disidencia y a la movilización de la sociedad civil, como expresión del pueblo organizado en la legítima defensa de sus derechos o exigiendo modificaciones en las políticas y comportamientos de los distintos niveles político-territoriales de gobierno.
- el derecho autónomo a la libre asociación de los ciudadanos, de las comunidades y de los colectivos sociales como componentes del poder popular.
- el derecho a la libre asociación entre ciudadanos, comunidades y sectores sociales para diagnosticar y emprender soluciones de asuntos y propios, con independencia del Estado, en beneficio de sus intereses y de la colectividad; de acuerdo al marco constitucional vigente.
En síntesis, la LOPCYPP se fundamentará de conformidad plena con los valores supremos democráticos de la pluralidad, de la representación y la participación popular, la descentralización y la desconcentración y la corresponsabilidad social, garantizando los derechos ciudadanos, la autonomía y diversidad de las organizaciones de la sociedad civil e impulsando la no discriminación
En tal sentido, la LOPCYPP deberá servir para establecer una alianza con los ciudadanos y sus organizaciones, que comprenderá: el respeto a los valores democráticos, la gestión transparente y eficaz de los recursos públicos y la promoción de la participación popular, de manera efectiva y con objetivos claros; así como el fortalecimiento de la organización autónoma de las comunidades y de los distintos sectores sociales de todos los ámbitos del país.
Considero que el respeto por la autonomía de los movimientos populares, comunales y sociales tiene que ser uno de los ejes de la LOPCYPP. La LOPCYPP deberá promocionar el “tejido social”, como medio de control democrático y social de la gestión pública nacional, estadual y municipal.
La LOPCYPP se tendrá que desarrollar con estricto apego al marco constitucional y legal vigente; prescribiendo la discriminación y la exclusión basada en creencias políticas o religiosas, condición social, de raza o de género o cualquier otro tipo, que viole los derechos humanos y las libertades democráticas. De la misma manera, el acceso a la información pública de calidad -de manera oportuna y veraz-, será garantizado mediante mecanismos precisos contemplados en el contenido de la LOPCYPP.
Desde nuestra propuesta, consideramos que la LOPCYPP debe incorporar y fundamentar como principios lo siguiente:
- el derecho a la participación de los ciudadanos y colectivos sociales, como componentes del poder popular en las decisiones públicas relacionadas con la elección, dirección y gestión de los distintos niveles político-territoriales de gobierno.
- el derecho a la disidencia y a la movilización de la sociedad civil, como expresión del pueblo organizado en la legítima defensa de sus derechos o exigiendo modificaciones en las políticas y comportamientos de los distintos niveles político-territoriales de gobierno.
- el derecho autónomo a la libre asociación de los ciudadanos, de las comunidades y de los colectivos sociales como componentes del poder popular.
- el derecho a la libre asociación entre ciudadanos, comunidades y sectores sociales para diagnosticar y emprender soluciones de asuntos y propios, con independencia del Estado, en beneficio de sus intereses y de la colectividad; de acuerdo al marco constitucional vigente.
En síntesis, la LOPCYPP se fundamentará de conformidad plena con los valores supremos democráticos de la pluralidad, de la representación y la participación popular, la descentralización y la desconcentración y la corresponsabilidad social, garantizando los derechos ciudadanos, la autonomía y diversidad de las organizaciones de la sociedad civil e impulsando la no discriminación
sábado, marzo 06, 2010
¿UNA LEY PARA LA PARTICIPACIÓN Y EL PODER POPULAR ?
La participación es un derecho humano fundamental vinculado a la libertad, al ejercicio pleno de la ciudadanía y también es expresión del verdadero poder popular. El derecho a la participación se encuentra consagrado en los principales acuerdos, declaraciones y pactos del derecho internacional público; tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (10-12-1948); el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (16-12-1966); la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos / Pacto de San José (7 al 22 de Noviembre de 1969) y la Carta Democrática Interamericana (11-09-2001); entre otros documentos.
En el caso venezolano, la Constitución Bolivariana reconoce el derecho a la participación en 37% de sus artículos; convirtiéndolo en un valor supremo y estratégico de su contenido; pero además, la Carta Magna garantiza -al menos formalmente-, el respeto de los derechos humanos, en el marco del derecho internacional público con mandatos expresos y vinculantes.
Una ley para la participación ciudadana y poder popular debe garantizar su pleno desarrollo, como proceso social y político autónomo, crítico y dinámico que se propone la democratización de las relaciones de poder en la sociedad venezolana. De la misma manera, una ley para la participación ciudadana y el poder popular debe establecer las obligaciones estatales y las responsabilidades de la sociedad civil, como expresión del pueblo organizado para el ejercicio pleno de la participación como derecho humano fundamental.
Un marco jurídico para la participación ciudadana y el poder popular, supone un nuevo paradigma para el funcionamiento de la gestión gubernamental en forma democrática, descentralizada, desconcentrada, incluyente y responsable. Bajo este paradigma, la participación ciudadana potenciará el poder popular como expresión del posicionamiento del pueblo, (entendido como individuo, como comunidad y como entidad asociativa), en torno a la incidencia democrática y social sobre los procesos gubernamentales que inciden o pueden incidir en su calidad de vida inmediata.
El poder popular es la suma de saberes y relaciones individuales y colectivas que promueven la cercanía entre el Estado, los ciudadanos y sus expresiones asociativas; que propicia una mayor legitimidad y transparencia a las políticas adoptadas por los funcionarios públicos, posibilita una gestión pública más ajustada a las demandas sociales; favoreciendo de esta manera, la solidaridad, la confianza y el civismo y, en consecuencia, la gobernabilidad democrática.
En el caso venezolano, la Constitución Bolivariana reconoce el derecho a la participación en 37% de sus artículos; convirtiéndolo en un valor supremo y estratégico de su contenido; pero además, la Carta Magna garantiza -al menos formalmente-, el respeto de los derechos humanos, en el marco del derecho internacional público con mandatos expresos y vinculantes.
Una ley para la participación ciudadana y poder popular debe garantizar su pleno desarrollo, como proceso social y político autónomo, crítico y dinámico que se propone la democratización de las relaciones de poder en la sociedad venezolana. De la misma manera, una ley para la participación ciudadana y el poder popular debe establecer las obligaciones estatales y las responsabilidades de la sociedad civil, como expresión del pueblo organizado para el ejercicio pleno de la participación como derecho humano fundamental.
Un marco jurídico para la participación ciudadana y el poder popular, supone un nuevo paradigma para el funcionamiento de la gestión gubernamental en forma democrática, descentralizada, desconcentrada, incluyente y responsable. Bajo este paradigma, la participación ciudadana potenciará el poder popular como expresión del posicionamiento del pueblo, (entendido como individuo, como comunidad y como entidad asociativa), en torno a la incidencia democrática y social sobre los procesos gubernamentales que inciden o pueden incidir en su calidad de vida inmediata.
El poder popular es la suma de saberes y relaciones individuales y colectivas que promueven la cercanía entre el Estado, los ciudadanos y sus expresiones asociativas; que propicia una mayor legitimidad y transparencia a las políticas adoptadas por los funcionarios públicos, posibilita una gestión pública más ajustada a las demandas sociales; favoreciendo de esta manera, la solidaridad, la confianza y el civismo y, en consecuencia, la gobernabilidad democrática.
martes, marzo 02, 2010
VENEZUELA: SOBRE LAS CANDIDATURAS AL PARLAMENTO
El gobierno sigue tocado. Y quizás más que antes, porque no ha podido articular una estrategia propagandística que le permita recomponer su presencia, frente a sus seguidores. Además, la oposición democrática –imbuida en su problemática electoral interna-, tampoco ha cometido errores tácticos que puedan usados por el sector gubernamental. La salida del gobernador Henri Falcón de las filas del PSUV representa un revés para los propósitos electorales del oficialismo. Mientras el rendimiento de las ejecutorias gubernamentales sigue siendo ineficaz e ineficiente, en un entorno general donde el empobrecimiento de la calidad de vida de la población es el factor dominante.
Por supuesto, no todo está listo ni decidido. Hay un largo camino por recorrer antes del 26 de Septiembre; pero todo parece indicar (según los estudios de opinión) que, en la población venezolana ha germinado la conciencia de tener una Asamblea Nacional que recoja la pluralidad y diversidad del país. Y eso representaría, desde ya, un gran logro para restituir el equilibrio democrático en Venezuela. Cada uno de los bloques ideológico-políticos que se enfrentan en el escenario electoral por el control de la Asamblea Nacional viene disponiendo –aunque de manera asimétrica- de los recursos políticos, organizativos y financieros para estructurar su oferta parlamentaria.
En el campo oficialista la selección de las candidaturas siempre será más sencilla; a pesar de que ya se anticipe una pérdida, de por lo menos la mitad de los curules actuales, bajo su control. En la selección de los candidatos del PSUV será determinante la opinión del lider del partido por encima de la popularidad de los aspirantes en la base del partido. Empero, lo que sí parece relevante es el esfuerzo financiero y político que viene haciendo el bloque oficialista por consolidar su plataforma organizativa; a través del Congreso del PSUV. Esa iniciativa no hay que perderla de vista; pues el aspecto político-organizativo siempre es decisivo en estos procesos de confrontación y movilización.
La Mesa de la Unidad Democrática sigue funcionando con lentitud; pero con coherencia política y siguiendo los acuerdos establecidos el pasado año. La creación de la Mesa de la Unidad Democrática fue un verdadero acierto político; sin su gestión, la atomización y la dispersión de las fuerzas opositoras hubiera sido irremediable. Sin embargo, y de forma paradójica sus principales adversarios están dentro del amplio mosaico de las fuerzas opositoras. Y quizás no podía ser de otra manera, en atención a la ausencia preliminar de una vanguardia política consolidada que fijara lineamientos de acción claros.
Desde mi punto de vista, uno de los trabajos políticos más arduos que la ha tocado a la Mesa de la Unidad Democrática ha sido tratar justamente de actuar de forma unitaria y coordinada. Múltiples presiones internas y externas inciden a diario para impedir que eso suceda; sin embargo la Mesa de la Unidad Democrática sigue su actividad en función de los objetivos planteados. Y es que, la diversidad de la oposición es muy amplia y, su acción se acentúa mucho más en una coyuntura electoral. Así aspiran a ser diputados en la nueva Asamblea Nacional desde ciudadanos bien intencionados, dirigentes comunitarios locales, voceros de movimientos, gremios y organizaciones sociales, líderes de opinión, presos políticos y, hasta los líderes regionales y nacionales de los partidos políticos.
La rutina diaria del debate electoral (legítimo y democrático, por demás) nos muestra a opinadores que desde sus programas televisivos o radiales atacan las acciones y los acuerdos de la Mesa de la Unidad, para luego sugerir candidatos en nombre de la llamada sociedad civil o exigiendo discrecionalmente la realización de unas elecciones primarias. Por ello, conformar la plataforma unitaria de la oposición será -sin lugar a dudas-, un verdadero triunfo. En tal sentido, se debe comprender que no todos los aspirantes que hoy ofrecen su nombre serán seleccionados dentro de la plataforma unitaria, sin que esto implique que su lucha haya sido en vano.
Para mi gusto como elector, preferiría unos candidatos comprometidos con plataformas ideológicas y programáticas; por encima de otras opciones sujetas simplemente a un enfoque individualista del tema político. Los candidatos de la unidad tendrían que poseer una formación ideológica y política fundamentada en los valores superiores de la democracia, la ética, la libertad, la solidaridad, la inclusión, la tolerancia, el respeto a los derechos humanos y el cumplimiento de la Constitución y la ley. De la misma manera, esas candidaturas deben responder a un claro compromiso de rescate de la autonomía de la Asamblea Nacional, como máximo escenario legislativo del país, como instancia controladora de la gestión del Ejecutivo Nacional de manera efectiva y, como espacio de encuentro para todo el pueblo venezolano.
Por otra parte, los candidatos de la unidad tendrían que demostrar capacidades técnicas para asumir con responsabilidad plena los procesos inherentes a su cargos como representantes del pueblo. Pero hay más. La nueva fracción democrática que estará presente en la Asamblea Nacional después del 26 de Septiembre tendrá que impulsar de manera prioritaria, el fortalecimiento de una nueva alianza con el pueblo en general y con las comunidades y sectores sociales organizados, para la construcción de un tejido social que consolide la restitución de la democracia en Venezuela.
Mucho se habla de la participación de los presos políticos como candidatos en la plataforma unitaria como una forma de buscar su liberación. Y en realidad, este es un tema estrechamente vinculado a la emotividad, al legítimo y natural reclamo de justicia. Desde un punto de vista sentimental no cabe duda que, para los familiares de los presos políticos (yo añadiría también a perseguidos políticos como Carlos Ortega, Manuel Rosales y Oscar Pérez; entre otros), la posibilidad de alcanzar una diputación, implica una esperanza de libertad incuestionable.
La existencia de presos y perseguidos políticos supone un sistema judicial en crisis y, por lo tanto, incapaz de cumplir con sus verdaderos propósitos institucionales. Pero además, hay que recordar que la crisis del sistema judicial venezolano no se agota allí; sino que afecta a todo el segmento de la población venezolana que se encuentra privada de libertad y recluida en condiciones cuasi-infrahumanas. Por último, detenidos y perseguidos políticos indican la existencia en Venezuela de algo más aterrador aún: la criminalización de la disidencia, y por lo tanto, la criminalización de la libertad del pensamiento.
La dolorosa muerte del disidente cubano Orlando Zapata nos debe servir de ejemplo de lo que significa la dignidad y el compromiso en la lucha por la libertad y la democracia. En Venezuela, Franklin Brito y su esposa Elena Rodríguez, representan otro ícono de templanza en la lucha por la dignidad y vigencia de los derechos humanos; sin ninguna otra aspiración de por medio. En tal sentido, los candidatos de la plataforma unitaria –sean presos o no-, tienen la obligación ineludible de anteponer el interés colectivo del pueblo venezolano sobre sus motivaciones particulares.
Por supuesto, no todo está listo ni decidido. Hay un largo camino por recorrer antes del 26 de Septiembre; pero todo parece indicar (según los estudios de opinión) que, en la población venezolana ha germinado la conciencia de tener una Asamblea Nacional que recoja la pluralidad y diversidad del país. Y eso representaría, desde ya, un gran logro para restituir el equilibrio democrático en Venezuela. Cada uno de los bloques ideológico-políticos que se enfrentan en el escenario electoral por el control de la Asamblea Nacional viene disponiendo –aunque de manera asimétrica- de los recursos políticos, organizativos y financieros para estructurar su oferta parlamentaria.
En el campo oficialista la selección de las candidaturas siempre será más sencilla; a pesar de que ya se anticipe una pérdida, de por lo menos la mitad de los curules actuales, bajo su control. En la selección de los candidatos del PSUV será determinante la opinión del lider del partido por encima de la popularidad de los aspirantes en la base del partido. Empero, lo que sí parece relevante es el esfuerzo financiero y político que viene haciendo el bloque oficialista por consolidar su plataforma organizativa; a través del Congreso del PSUV. Esa iniciativa no hay que perderla de vista; pues el aspecto político-organizativo siempre es decisivo en estos procesos de confrontación y movilización.
La Mesa de la Unidad Democrática sigue funcionando con lentitud; pero con coherencia política y siguiendo los acuerdos establecidos el pasado año. La creación de la Mesa de la Unidad Democrática fue un verdadero acierto político; sin su gestión, la atomización y la dispersión de las fuerzas opositoras hubiera sido irremediable. Sin embargo, y de forma paradójica sus principales adversarios están dentro del amplio mosaico de las fuerzas opositoras. Y quizás no podía ser de otra manera, en atención a la ausencia preliminar de una vanguardia política consolidada que fijara lineamientos de acción claros.
Desde mi punto de vista, uno de los trabajos políticos más arduos que la ha tocado a la Mesa de la Unidad Democrática ha sido tratar justamente de actuar de forma unitaria y coordinada. Múltiples presiones internas y externas inciden a diario para impedir que eso suceda; sin embargo la Mesa de la Unidad Democrática sigue su actividad en función de los objetivos planteados. Y es que, la diversidad de la oposición es muy amplia y, su acción se acentúa mucho más en una coyuntura electoral. Así aspiran a ser diputados en la nueva Asamblea Nacional desde ciudadanos bien intencionados, dirigentes comunitarios locales, voceros de movimientos, gremios y organizaciones sociales, líderes de opinión, presos políticos y, hasta los líderes regionales y nacionales de los partidos políticos.
La rutina diaria del debate electoral (legítimo y democrático, por demás) nos muestra a opinadores que desde sus programas televisivos o radiales atacan las acciones y los acuerdos de la Mesa de la Unidad, para luego sugerir candidatos en nombre de la llamada sociedad civil o exigiendo discrecionalmente la realización de unas elecciones primarias. Por ello, conformar la plataforma unitaria de la oposición será -sin lugar a dudas-, un verdadero triunfo. En tal sentido, se debe comprender que no todos los aspirantes que hoy ofrecen su nombre serán seleccionados dentro de la plataforma unitaria, sin que esto implique que su lucha haya sido en vano.
Para mi gusto como elector, preferiría unos candidatos comprometidos con plataformas ideológicas y programáticas; por encima de otras opciones sujetas simplemente a un enfoque individualista del tema político. Los candidatos de la unidad tendrían que poseer una formación ideológica y política fundamentada en los valores superiores de la democracia, la ética, la libertad, la solidaridad, la inclusión, la tolerancia, el respeto a los derechos humanos y el cumplimiento de la Constitución y la ley. De la misma manera, esas candidaturas deben responder a un claro compromiso de rescate de la autonomía de la Asamblea Nacional, como máximo escenario legislativo del país, como instancia controladora de la gestión del Ejecutivo Nacional de manera efectiva y, como espacio de encuentro para todo el pueblo venezolano.
Por otra parte, los candidatos de la unidad tendrían que demostrar capacidades técnicas para asumir con responsabilidad plena los procesos inherentes a su cargos como representantes del pueblo. Pero hay más. La nueva fracción democrática que estará presente en la Asamblea Nacional después del 26 de Septiembre tendrá que impulsar de manera prioritaria, el fortalecimiento de una nueva alianza con el pueblo en general y con las comunidades y sectores sociales organizados, para la construcción de un tejido social que consolide la restitución de la democracia en Venezuela.
Mucho se habla de la participación de los presos políticos como candidatos en la plataforma unitaria como una forma de buscar su liberación. Y en realidad, este es un tema estrechamente vinculado a la emotividad, al legítimo y natural reclamo de justicia. Desde un punto de vista sentimental no cabe duda que, para los familiares de los presos políticos (yo añadiría también a perseguidos políticos como Carlos Ortega, Manuel Rosales y Oscar Pérez; entre otros), la posibilidad de alcanzar una diputación, implica una esperanza de libertad incuestionable.
La existencia de presos y perseguidos políticos supone un sistema judicial en crisis y, por lo tanto, incapaz de cumplir con sus verdaderos propósitos institucionales. Pero además, hay que recordar que la crisis del sistema judicial venezolano no se agota allí; sino que afecta a todo el segmento de la población venezolana que se encuentra privada de libertad y recluida en condiciones cuasi-infrahumanas. Por último, detenidos y perseguidos políticos indican la existencia en Venezuela de algo más aterrador aún: la criminalización de la disidencia, y por lo tanto, la criminalización de la libertad del pensamiento.
La dolorosa muerte del disidente cubano Orlando Zapata nos debe servir de ejemplo de lo que significa la dignidad y el compromiso en la lucha por la libertad y la democracia. En Venezuela, Franklin Brito y su esposa Elena Rodríguez, representan otro ícono de templanza en la lucha por la dignidad y vigencia de los derechos humanos; sin ninguna otra aspiración de por medio. En tal sentido, los candidatos de la plataforma unitaria –sean presos o no-, tienen la obligación ineludible de anteponer el interés colectivo del pueblo venezolano sobre sus motivaciones particulares.
lunes, marzo 01, 2010
UNA NOTA AMBIENTAL
En esta época de tanto calor y sequía en Venezuela, la toma de conciencia sobre la protección de los recursos naturales cobra especial relevancia. El deterioro de la capa de ozono, el derrame indiscriminado de sustancias tóxicas en el ambiente, la tala y la desforestación indiscriminada y la minería ilegal en zonas selváticas y boscosas, son algunas de las prácticas nocivas contra la biodiversidad y el mantenimiento de estándares mínimos de preservación ecológica y medioambiental.
El cuidado del medio ambiente se ha convertido en un objetivo trascendente y estratégico para la propia supervivencia de la civilización y el mundo, como lo conocemos. Y no se trata de una mera especulación derivada del Calendario Maya o de una disquisición fundamentada en una película de ciencia-ficción; se trata de una posición ideológica y política que busca ampliar el concepto de calidad de vida incorporando justamente un elemento básico como es el lugar donde habitamos; es decir, la tierra. Cabe destacar que, el Pacto Mundial por la Responsabilidad Social Empresarial (Davos, 1999) incluyó dentro de sus diez principios; tres referidos a la adecuada relación y tratamiento del medio ambiente; mediante el mantenimiento de un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente, por medio del fomento de iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental y, favoreciendo el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas del medio ambiente. En otras palabras, la preservación del medio ambiente es un asunto de prioridad mundial.
En Venezuela -por la combinación de efectos de los fenómenos naturales y también por la más pura ineficacia gubernamental-, nos encontramos atravesando por una dura crisis de los servicios de agua y de electricidad. Además de ello, el inadecuado tratamiento de los desechos tóxicos y sólidos, la invasión de zonas verdes, el abandono de amplias zonas selváticas y boscosas en todo el territorio nacional coloca en “entredicho” la salud ecológica del país. En ese contexto, nos llama la atención la práctica de la actividad denominada “Funrace 4x4” que se desarrolla a cielo abierto en distintos parajes naturales de nuestra Venezuela. El ejercicio de esta “actividad recreativa” consiste en conducir vehículos de doble tracción; a través de quebradas, manantiales, ríos y bosques sin importar mucho los daños irreparables ocasionados por el paso de estos carros. La práctica del “Funrace 4x4” parece altamente contaminante por las descargas de los fluidos energéticos y químicos utilizados por los vehículos en estos recorridos (gasolina, aceite, liga de freno; entre otros). Además se produce un arrollamiento indiscriminado a la flora de los espacios por los que se transita y se lleva a cabo este “deporte”. En contraparte, y gracias a Dios, el “Funrace 4x4” constituye -sin lugar a dudas-, una recreación francamente elitista y restringida a unos pocos que pueden costear semejante distracción. Pero acaso, ¿tiene una minoría en función de su muy particular concepto de recreación, la potestad de agredir y maltratar a la naturaleza y de cometer por lo tanto, un ecocidio? Indudablemente, la respuesta es negativa. Una minoría no puede usurpar el derecho de todos los venezolanos y venezolanas de disfrutar de un ambiente sano.
En todo caso, la práctica del “Funrace 4x4” debería efectuarse en espacios claramente determinados y dedicados para ese fin. ¿Es muy difícil entender esto? En tal sentido, las empresas públicas y privadas que patrocinan esta actividad deberían tomar conciencia del grave daño que ocasiona al patrimonio de nuestro país como es su medio ambiente y a la protección de la biodiversidad, a lo largo y ancho de su territorio.
El cuidado del medio ambiente se ha convertido en un objetivo trascendente y estratégico para la propia supervivencia de la civilización y el mundo, como lo conocemos. Y no se trata de una mera especulación derivada del Calendario Maya o de una disquisición fundamentada en una película de ciencia-ficción; se trata de una posición ideológica y política que busca ampliar el concepto de calidad de vida incorporando justamente un elemento básico como es el lugar donde habitamos; es decir, la tierra. Cabe destacar que, el Pacto Mundial por la Responsabilidad Social Empresarial (Davos, 1999) incluyó dentro de sus diez principios; tres referidos a la adecuada relación y tratamiento del medio ambiente; mediante el mantenimiento de un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente, por medio del fomento de iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental y, favoreciendo el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas del medio ambiente. En otras palabras, la preservación del medio ambiente es un asunto de prioridad mundial.
En Venezuela -por la combinación de efectos de los fenómenos naturales y también por la más pura ineficacia gubernamental-, nos encontramos atravesando por una dura crisis de los servicios de agua y de electricidad. Además de ello, el inadecuado tratamiento de los desechos tóxicos y sólidos, la invasión de zonas verdes, el abandono de amplias zonas selváticas y boscosas en todo el territorio nacional coloca en “entredicho” la salud ecológica del país. En ese contexto, nos llama la atención la práctica de la actividad denominada “Funrace 4x4” que se desarrolla a cielo abierto en distintos parajes naturales de nuestra Venezuela. El ejercicio de esta “actividad recreativa” consiste en conducir vehículos de doble tracción; a través de quebradas, manantiales, ríos y bosques sin importar mucho los daños irreparables ocasionados por el paso de estos carros. La práctica del “Funrace 4x4” parece altamente contaminante por las descargas de los fluidos energéticos y químicos utilizados por los vehículos en estos recorridos (gasolina, aceite, liga de freno; entre otros). Además se produce un arrollamiento indiscriminado a la flora de los espacios por los que se transita y se lleva a cabo este “deporte”. En contraparte, y gracias a Dios, el “Funrace 4x4” constituye -sin lugar a dudas-, una recreación francamente elitista y restringida a unos pocos que pueden costear semejante distracción. Pero acaso, ¿tiene una minoría en función de su muy particular concepto de recreación, la potestad de agredir y maltratar a la naturaleza y de cometer por lo tanto, un ecocidio? Indudablemente, la respuesta es negativa. Una minoría no puede usurpar el derecho de todos los venezolanos y venezolanas de disfrutar de un ambiente sano.
En todo caso, la práctica del “Funrace 4x4” debería efectuarse en espacios claramente determinados y dedicados para ese fin. ¿Es muy difícil entender esto? En tal sentido, las empresas públicas y privadas que patrocinan esta actividad deberían tomar conciencia del grave daño que ocasiona al patrimonio de nuestro país como es su medio ambiente y a la protección de la biodiversidad, a lo largo y ancho de su territorio.
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