El ritmo de la noche

https://youtu.be/mb6UfPj9NaA

Otras consideraciones sobre la elección de concejales y concejalas del 9-D

Uno de los "viejos debates" que surge en cada elección municipal en Venezuela, es el de vecinos contra políticos. Así venimos, desde los años 70, y aun no se resuelve pese a los tantos resultados electorales obtenidos por cada bando. En 2018, la rivalidad es más acentuada.
La rivalidad entre vecinos y políticos ha venido creciendo por el progresivo interés de aquellos en participar en política. Y en efecto, la politización de los vecinos es positiva y preferible a una sociedad civil "apolítica" incapaz de reconocer la complejidad de los asuntos públicos.
En este contexto, la sociedad civil viene irrumpiendo en la arena política local donde aspira más protagonismo y mayor incidencia en las decisiones públicas. Por supuesto, los políticos tradicionales y su organizaciones perciben éstas aspiraciones ciudadanas como una intromisión en su zona de confort.
En ese sentido, tanto alcaldes como activistas vecinales han presentado planchas diferentes y que compiten entre sí, a las elecciones de concejales. Esta división entre las opciones distintas al bloque oficialista ha comenzado a generar una polarización entre los políticos y los vecinos, que a mi modo de ver no conduce a nada positivo.
Para las elecciones del próximo 9-D la situación se complica un poco más en atención a la triple presión que reciben los gobiernos locales de la unidad democrática de parte:
i) del oficialismo,
ii)de las direcciones nacionales sus propios partidos y
iii) de una ciudadanía ilusionada de protagonismo.
Que los 28 alcaldes de la oposición llamen a votar y se activen en defensa de sus municipios es válido y hasta su obligación. Si a algún sector no les gusta, es otra cosa. Pero hay que tener claro que el principal adversario de las alcaldías opositoras es el bloque oficialista y no los activistas vecinales. Sin confusión.
Quizás mucho de estos entuertos se hubieran evitado mediante el establecimiento de acuerdos unitarios, sin embargo, no fue así.
Cabe agregar que además de las apetencias conservadoras de las organizaciones partidistas surgieron las aspiraciones de viejos activistas vecinales (que terminan siendo aspiraciones políticas) y que tratan de aprovechar el repliegue actual de las fuerzas políticas para ocupar esos espacios de la arena política local.

@migonzalezm

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EL CONCEJO MUNICIPAL Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA LOCAL (y II)

La participación ciudadana constituye un principio transcendente y transversal en la Constitución Bolivariana y, por ende, en cada uno de los niveles político-territoriales del Poder Público. En tal sentido, la gestión del municipio y la de su Cámara Municipal debe ceñirse al cumplimiento de los preceptos constitucionales y legales sobre la participación ciudadana en los asuntos públicos locales.

A modo de resumen se presentan a continuación los artículos referidos de manera directa a la actividad del Concejo Municipal y el derecho a la participación ciudadana. Tales artículos están, contenidos en el Título VI de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal “DE LA PARTICIPACIÓN PROTAGÓNICA EN LA GESTIÓN LOCAL” y sus Capítulos 1, 2 y 3. Veamos.

Sobre los medios de participación

Los medios de participación serán desarrollados de acuerdo a la realidad y condiciones de cada municipio; mediante los instrumentos jurídicos correspondientes para señalar los requisitos, procedimientos, períodos, condiciones  y demás elementos que se requieran para hacer efectivo su cumplimiento en el municipio, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana, en esta ley y otra. (artículo 255 de la LOPPM).

Sobre los cabildos abiertos

Los ciudadanos y ciudadanas, y sus organizaciones tienen el derecho y el deber de utilizar los medios de participación aquí señalados. Los municipios deberán legislar acerca de los requisitos  exigibles para demostrar el interés legítimo local de aquellos interesados en el ejercicio  de algunos de estos medios de participación, sin menoscabo de los derechos y limitaciones que establece la Constitución Bolivariana de Venezuela y la legislación aplicable. (artículo 260 de la LOPPM)

La iniciativa de convocar a cabildos abiertos corresponde al Concejo Municipal, a las Juntas Parroquiales por acuerdo de la mayoría de sus integrantes; al alcalde o alcaldesa y a los ciudadanos y ciudadanas, de conformidad con lo establecido en la respectiva ordenanza. (artículo 261 de la LOPPM).

Las decisiones adoptadas en cabildos abiertos serán válidas con la aprobación de la mayoría de los presentes, siempre y cuando sean asuntos atinentes a su ámbito espacial y, sin prejuicio de los establecidos en la legislación respectiva. (artículo 262 de la LOPPM).

Sobre la apertura de espacios de intercambio y opinión

El Concejo Municipal deberá abrir espacios de discusión e intercambios de opiniones a los ciudadanos y ciudadanas para considerar materias de interés local. Estas materias estarán incluidas en el orden del día y en dicha sesión, el público asistente podrá formular preguntas, emitir opiniones y hacer proposiciones. El Concejo Municipal deberá dar respuesta oportuna y razones a sus planteamientos  y solicitudes. En todo caso, para la celebración  de esta reunión, se convocará; entre otras a organizaciones vecinales, gremiales, sociales, culturales, educativas y deportivas de la comunidad.

En la ordenanza correspondiente se regulará; según la especificidad y diversidad municipal, las formas y procedimientos para hacer efectivo el ejercicio de este deber legal. (artículo 265 de la LOPPM).

Sobre los procesos de consulta

El Concejo Municipal deberá consultar a los ciudadanos y ciudadanas y a la sociedad organizada, durante el proceso de discusión y aprobación de los proyectos de ordenanzas a los fines de promover la incorporación de sus propuestas. Esta consulta se hará a través de diversas modalidades de participación que garanticen una consulta abierta a los efectos de aprobar su contenido, todo de acuerdo con lo establecido en su reglamento Interior y de Debates  y, demás normativas relativas a la materia de participación.  (artículo 266 de la LOPPM).

Sobre la cooperación vecinal

EL Concejo Municipal requerirá, de conformidad que dispongan los reglamentos, la cooperación vecinal para labores de asesoramiento:

1.- Comisiones permanentes del propio Concejo Municipal

2.- Comisiones de vecinos encargadas de vigilar el funcionamiento de los servicios públicos y cualesquiera otras de la competencia prestacional del municipio. (artículo 268 de la LOPPM).

Sobre las propuestas de inversión pública local

El presupuesto participativo es el resultado de utilización de los procesos; mediante los cuales ciudadanos y ciudadanas del municipio proponen, deliberan y deciden en la formulación, ejecución, control y evaluación del presupuesto anual municipal. Todo ello con el propósito de materializarlo en proyectos que permitan el desarrollo del municipio, atendiendo a las necesidades y propuestas de las comunidades y sus organizaciones en el Consejo Local de Planificación Pública. (artículo 269 de la LOPPM).

Obligación de rendición de cuentas

Los ciudadanos y ciudadanas podrán solicitar que, a través de algunos de los medios de  participación previstos en el municipio, el alcalde o alcaldesa, los concejales o concejalas, y el cuerpo colegiado de las Juntas Parroquiales rindan cuenta de una gestión determinada, antes de la finalización de su mandato. (artículo 272 de la LOPPM).

Sobre los referendos consultivos, revocatorios, abrogatorios o aprobatorios

La solicitud y validez del referendo consultivo, revocatorio, abrogatorio o aprobatorio deberá cumplir con los requisitos establecidos en la Constitución de la República y en la legislación electoral y deberá hacerse por ante el Consejo Nacional Electoral quien organizará, administrará, dirigirá y vigilará todos los actos relativos a los referendos.

La convocatoria a referendos sobre un proyecto de ordenanza o cualquier materia objeto de consulta, solo podrá hacerse una sola vez, en el mismo período constitucional. (artículo 274 de la LOPPM).

Sobre los proyectos de ordenanzas y proyectos de reformas de las ordenanzas vigentes

Los ciudadanos y ciudadanas, en un porcentaje no menor al cero coma uno por ciento (0,1%) de los electores del municipio podrán presentar proyectos de ordenanzas o de modificación de las ya existentes. Estos proyectos de ordenanzas deberán ser sometidos a la consideración del Concejo Municipal para su admisión o rechazo; previamente el Concejo Municipal deberá fijar una reunión con los presentadores de la iniciativa legislativa a fin de discutir su contenido. Una vez examinado el proyecto, el Concejo Municipal deberá pronunciarse sobre su admisión o rechazo dentro de los treinta días siguientes a su presentación.

Admitido el proyecto, el debate del mismo iniciarse en el lapso de los treinta días siguientes. Si el debate no se inicia dentro el lapso antes señalado, el proyecto se someterá a consulta popular de conformidad con lo establecido en la legislación electoral. El Concejo Municipal deberá motivar el rechazo a la iniciativa, cuando sea el caso. (artículo 275 de la LOPPM).    

Sobre los procesos de descentralización

Los municipios de acuerdo a su ordenanza y a las leyes que regulan la materia, descentralizarán y transferirán a las comunidades y grupos vecinales organizados la prestación de los servicios públicos municipales; previa capacidad para prestarlos (artículo 278 de la LOPPM).

El municipio podrá intervenir el servicio o reasumir la prestación del servicio público transferido o descentralizado a comunidades y grupos vecinales organizados, cuando se deje de prestar el servicio o se preste deficientemente. Para que proceda esta medida será necesario el voto favorable de la mayoría absoluta de los integrantes del Concejo Municipal (artículo 281 de la LOPPM).

Sobre las elecciones de concejales y concejalas (I)

Este año 2018, en el mes de diciembre se elegirá a un total de 4.914 cargos de concejales y/o concejalas (entre principales y suplentes). Dichos cargos de representación popular se escogerán de acuerdo a los siguientes criterios: 1.703 nominales; 685 por lista y 69 indígenas. Los concejales son los principales protagonistas de la gestión deliberante en el municipio, por medio del Concejo Municipal.

En efecto, al Concejo Municipal le corresponde el ejercicio pleno de la función legislativa del municipio; mediante un conjunto de funciones que determinan su gestión deliberante y de control político. Las atribuciones y deberes del Concejo Municipal están recogidos en el artículo 95 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM).

La dirección de la gestión de la Cámara Municipal está bajo la responsabilidad de su Presidente o Presidenta; cuyas atribuciones están establecidas en el artículo 96 de la LOPPM.

El Concejo Municipal podrá crear comisiones de trabajo para el mejor cumplimiento de sus funciones deliberativas y de control de la administración pública municipal. El número de comisiones de trabajo dependerá del tamaño y de las características de cada municipio. Las mismas serán creadas mediante ordenanza que establecerá sus propósitos y funciones.

Los vecinos y vecinas de cada municipio podrán participar; previa solicitud en la actividad de las comisiones de trabajo para el tratamiento de asuntos de interés comunitario. De hecho, la ordenanza que regulará la actividad interna y de debates del Concejo Municipal tendrá que ser sometida a procesos de consulta con las comunidades y vecinos de la entidad político-territorial. 

Además de las comisiones de trabajo, el Concejo Municipal posee órganos auxiliares como la Secretaría. El secretario o secretaria será designado o designada por el Concejo Municipal y debe ser venezolano o venezolana, mayor de edad y gozar de sus derechos civiles y políticos. Además se considera recomendable que posea título universitario o de técnico superior; según la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM). 

Otras instancias auxiliares que podría tener el Concejo Municipal, según su tamaño y posibilidades presupuestarias atenderían al área de asesoría legal, recursos humanos, atención al ciudadano; entre otras.

Como afirmamos al principio, los concejales y las concejalas son los protagonistas principales de la actividad institucional de los Concejos Municipales como el componente deliberante del Poder Público Municipal. Para ser concejal o concejala hay que cumplir una serie de requisitos legales, además de participar y ganar en un proceso electoral. En esta parte del texto se abordarán esos aspectos; así como también la distribución de concejales y concejalas según la población de los municipios. 

Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos legales y específicos para ser concejal o concejala en un municipio que establece la Ley Orgánica del Poder Público Municipal? 
Tales requisitos exigidos son los siguientes: 
Ser venezolano Ser mayor de veintiún (21) años 
Tres (3) años de residencia en el municipio donde aspira a la concejalía y diez (10) años, en el caso de los municipios fronterizos

Además, ¿existen algunos impedimentos para ser para postulados como concejal o concejal? En efecto, además cumplir con los requisitos mencionados en el punto anterior existen ciertas condiciones legales que impedirían la postulación para los cargos de elección popular como son los de alcalde o alcaldesa, de concejal o concejala o de los miembros de juntas parroquiales. Tales condiciones: 

Quienes estén sujetos a interdicción civil o inhabilitación política 
Quienes, por sí o por interpuesta persona, ejecuten contratos o presten servicio público por cuenta del municipio, fundación, empresa con participación de la entidad municipal; o tuvieren acciones, participaciones o derechos en empresas que tengan contratos con el municipio, los deudores morosos, en cualquier entidad municipal o al tesoro nacional hasta que hubieren pagado sus obligaciones. 
Quienes estén inhabilitados para el ejercicio de la función pública. 

@migonzálezm

Leyendo sobre la Microhistoria

La microhistoria, una práctica historiográfica cuyo método se interesa ante todo y sobre todo por los procedimientos concretos y detallados empleados por el historiador. Sin embargo, la microhistoria no posee un cuerpo de ortodoxia establecido; sino que pudiera ser considerada como un trabajo experimental del ejercicio de la investigación del pasado, con una amplia relación con las ciencias sociales. La microhistoria se ubicaría en el contexto de la denominada “nueva historia”

La microhistoria emergió en los años setenta y, su aparición se enmarcó en el contexto crítico y dubitativo de los valores y conceptos vinculados a la realización de los procesos de cambio social surgidos en esa década y en la década de los ochenta. Originalmente, los historiadores que optaron por el desarrollo de la microhistoria fundamentaron su visión en el marxismo; intentando por esa vía adquirir una visión más realista del comportamiento humano y/o de sus intereses más concretos.  

Un aspecto trascendente en la conceptualización de la microhistoria y, quizás su esencia, es la reducción de la escala de observación y de análisis. Es decir, el análisis de la microhistoria sería “microscópico”; pero fundamentado en un estudio intensivo del material documental referido y vinculado al problema o hipótesis considerados en la investigación. Así, para este enfoque, un análisis a micro-escala del objeto o problema a estudiar serviría para medir (y valorar) sus distintos aspectos en el campo de las relaciones sociales y culturales más específicas.

Según Geovanni Levi, el principio unificador de toda investigación micro-histórica es la creencia que la observación microscópica develará aspectos no considerados antes, en ciertos problemas históricos. El tema de la reducción de la escala es un procedimiento analítico aplicable en cualquier lugar, con independencia del objeto analizado. La reducción en la escala de observación y análisis histórico supone la partida de un punto específico de la vida real que permitiría la ejemplificación de conceptos generales.

Cabe agregar que, los análisis realizados desde un enfoque basado en la microhistoria no estarían la margen de los conceptos generales y metodológicos de la Historia como ciencia, aunque se supondría una aplicación más flexible de los mismos. Aquí, es necesario acotar que la microhistoria por su particularidad y su enfoque microscópico requiere de una exhaustiva valoración documental para certificar la validez del relato histórico que elaborará el historiador a posteriori. Un ejemplo de esa valoración documental lo encontramos en la investigación titulada “El Queso y los Gusanos” de Carlo Ginzburg.

Otro aspecto resaltante de la microhistoria es su relación con el relato histórico. En realidad, esta relación representa un asunto crucial; pues en principio, el relato histórico constituye la conexión comunicacional entre el historiador (y su actividad investigativa) y el mundo académico y social donde se desenvuelve. En la Historia el relato histórico se fundamenta en las pruebas documentales, el recuento de ejemplos concretos y mediante el uso de adecuadas técnicas de exposición y presentación. En el binomio “Microhistoria y relato histórico" se identifican dos aspectos básicos; a saber:

1.- La intención de los investigadores de demostrar -mediante una relación de hechos consistentes-, el verdadero funcionamiento de ciertos aspectos de la sociedad o de algún hecho del pasado que pudieran ser distorsionados en su verdadera trascendencia bajo una óptica analítica general; y,

2.- La incorporación al cuerpo principal del relato de los procedimientos de la misma investigación, las limitaciones documentales y otros aspectos metodológicos que fortalezcan la veracidad del relato histórico. Así, la investigación (y sus facetas) se hacen explícitas en la narración histórica; estableciendo un nuevo tipo de relación entre el lector y la secuencia (acontecimiento, proceso) histórico presentado.

Un tercer asunto se relaciona con la forma de construcción de conocimiento empleado en la microhistoria. Al respecto, el autor nos indica que el enfoque microhistórico aborda la construcción del conocimiento; mediante la consideración de diversos “indicios, signos y síntomas” y de aspectos particulares e individuales ubicados en un contexto específico definidos de manera no convencional.

Esa nueva contextualización no convencional creada para el análisis microhistórico trascendería su definición clásica basada en la identificación de características comunes definidas previamente; mediante criterios de naturaleza lingüística o cuantitativa (por ejemplo). La nueva contextualización corresponde de manera directa a la aplicación de la escala observación y análisis micro-focalizado, propios del enfoque.

En otras palabras, la microhistoria crea espacios para el estudio e investigación fundamentados no solo en similitudes asociativas socio-culturales tradicionales; sino también con base a la actividad cotidiana, a las contradicciones e intereses específicos de mujeres y hombres que en un contexto subterráneo e invisibilizado también hicieron historia.

@migonzalezm

Breves apreciaciones “Sobre la República en el Brasil y el Positivismo”

El texto nos ofrece un balance, desde la óptica “positivismo brasileño” sobre los aportes iniciales que ofreció esa corriente filosófica al proceso de creación de la Republica de Brasil. El pensamiento positivista de Augusto Comte (1798-1857) significó en buena parte de Latinoamérica, una justificación para emprender la ruptura con el “antiguo régimen” heredado de la propia colonia europea (España y Portugal, fundamentalmente). En la región se trataba de alcanzar un nuevo estado de civilización, basado en la libertad que brindara el orden y que permitiera alcanzar el progreso.

En Brasil, la corriente positivista tuvo una gran relevancia de la mano de pensadores y prácticos como Benjamín Constant Bothelo, Raimundo Texeira, Miguel Lemos y Manuel Pereira; entre otros. De hecho, Benjamín C. Bothelo fue fundador de la Sociedad Positivista de Brasil y como profesor en la academia militar de Brasil desarrolló notable influencia entre los jóvenes de esa institución. También en Brasil surgió la Iglesia Positiva a partir de 1882 que, bajo la dirección de Lemos y Texeira contribuyó a la gestación del nacimiento de la República de esa nación.

Así pues que, el texto destaca como aportes del “pensamiento positivista” los siguientes aspectos:

1.       La influencia de esa corriente filosófica y política en la juventud; sobre todo en el ámbito militar, base social de apoyo para la fundación de la nueva República.

2.       La separación entre la Iglesia y el Estado, que de paso determinó el establecimiento del “casamiento civil” y la secularización de los cementerios.

3.       La inscripción del lema “Orden y Progreso” en la nueva bandera de la República de Brasil.

4.       El decreto que instituyó un nuevo calendario de fiestas nacionales en ese país, que recogía los postulados positivistas de fraternidad universal; por ejemplo.

Al margen de los logros específicos alcanzados por la Iglesia Positivista al momento del cambio republicano en Brasil, el grupo dirigido por Lemos y Texeira había elaborado un programa político más amplio que se fundamentaba en los postulados e idearios de su mentor Augusto Comte. Esas propuestas programáticas eran las siguientes:

A.      Conservación de la dictadura republicana surgida el 15 de noviembre de 1889.

B.      La abolición; por parte del gobierno provisional del parlamento e iniciar de inmediato la elaboración de una nueva Constitución que sería sometida al examen popular.

C.      El sometimiento del proyecto de Constitución elaborado a la aprobación de la población o de las municipalidades, con lo cual se incorporaría la opinión de instancias institucionales de base e intermedias entre el gobierno central y la ciudadanía.

D.      El proyecto Constitucional positivista implicaría; entre otros aspectos: el carácter vitalicio y la concentración de las funciones legislativas y judiciales en el ejecutivo, la separación de la Iglesia del Estado y la presencia de una asamblea unicameral encargada de las finanzas públicas (presupuesto) y del control del gasto.

En términos generales, las propuestas político-institucionales (salvo las señaladas supra) no pasaron la compleja trama de toma de decisiones de la época y quedaron relegadas. Cuestiones y debates en torno a asuntos públicos como el tratamiento de la inmigración, las relaciones internacionales con determinadas naciones como Austria, España, Francia, Gran Bretaña, Hungría, Italia y Portugal también tuvieron un tratamiento crítico de parte de los positivistas brasileños.

De igual manera, la implementación de ciertos programas públicos de naturaleza sanitaria como la higiene, como vacunar de manera obligatoria de los niños hasta los seis meses, recibieron así mismo su cuestionamiento político y fueron conceptuadas como decisiones de “pedantócratas” o de una “tiranía académica”

En Latinoamerica, el positivismo pudo sentirse orgulloso de su legado: su Apostolado Brasileño logró estampar en su bandera nacional, en su estandarte republicano el lema ideado por Augusto Comte: “Orden y Progreso”. Un logro que quedó marcado en la historia, para siempre.

@migonzalezm

E.         

Importancia del estudio de la participación ciudadana (y II)

En nuestro país, los estudios sobre las ideas, propuestas e iniciativas vinculadas al tema de la participación ciudadana adquirieron particular relevancia, a partir de la aprobación popular y vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999. El interés sobre el tema participativo emergió al ser considerado como un rasgo distintivo esencial de la nueva democracia, la democracia participativa contemplada en la nueva Carta Fundamental.

A partir de 1999, la participación ciudadana captó el interés de académicos, de activistas comunitarios y sociales y por supuesto, de la dirigencia política independiente, oficialista y opositora. Pueden registrarse una notable cantidad de literatura (analítica y también  propagandística) que intentaba comprender y explicar la democracia participativa que se iniciaba en aquel momento. Sin embargo, la experiencia participativa anterior, esa experiencia teórica, documental y práctica no fue considerada en su verdadera dimensión y singularidad histórica; sino tan sólo como meros “antecedentes” a la propuesta de la recién inaugurada democracia participativa.

Y no cabe duda que, las experiencias de participación ciudadana realizadas durante el lapso 1958-1998 constituyen antecedentes de una propuesta de democracia participativa. Al aceptar esta valoración retrospectiva, la democracia participativa se ubicaría como la  continuación, o si se quiere, una evolución de la democracia de la IV República. Aún más, significaría que el rasgo participativo de esta nueva democracia sería un complemento de la democracia liberal y representativa, y no como una ruptura con ese modelo.

El tratamiento historiográfico de la participación ciudadana como parte del estudio; tanto de la democracia venezolana como de la evolución de su sociedad civil ha sido precario y casi inexistente. Al respecto, quizás haya una valoración académica inapropiada del “hecho participativo” como un asunto relevante para la investigación histórica. Aunque hay que destacar que las investigaciones de Amelia González de Pacheco, María Pilar García, Luis Salamanca y Luis Gómez Calcaño (entre otros investigadores) hacen aportes fundamentales para la comprensión de la evolución de los sujetos de la participación ciudadana en el país.

Para muchos el abordaje científico del movimiento participativo en Venezuela es un asunto más bien relacionado con las ciencias sociales y políticas que con la historia. En todo caso, emprender un estudio sobre el tema, constituye un reto pendiente para construir una visión de mayor amplitud y rigurosidad científica de nuestra historia.

@migonzalezm

Una primera visión sobre los consejos ciudadanos

La figura de los consejos ciudadanos ha venido emergiendo durante los dos (2) últimos años; tanto en la zona centro-occidental del país como en la región andina. Inicialmente, la experiencia comenzó con los Consejos Consultivos de la Ciudad de Barquisimeto (Lara) y también del municipio Córdova del estado Táchira. La experiencia del municipio Iribarren, pareciera ser la más desarrollada.

Por otra parte, los municipios Jiménez y Palavecino fueron incorporados a la iniciativa de estas figuras que por su innovación y por el drástico cambio político electoral quedó en suspense en la mayoría de los casos. Sin embargo, habría que distinguir entre los Consejos Consultivos de la Ciudad tipo Barquisimeto y otros consejos ciudadanos que serían una derivación no gubernamental de los primeros.

Queda claro que la propuesta de los consejos ciudadanos intentaría erigirse como un mecanismo alternativo y autónomo de participación ciudadana en los municipios; lo cual es válido aunque habría que determinar con claridad, su perfil institucional. En realidad, a lo largo de estos 19 años de la administración gubernamental chavista se han emprendido una de serie de ensayos organizativos (de un lado y de otro), para uniformar la participación comunitaria.

En esa competencia (la uniformar la participación comunitaria), el gobierno central lleva las de ganar por dos (2) razones básicas: primero, tiene los recursos económicos (pues aún en plena crisis económico-financiera siempre tendrá más recursos que cualquier municipio), y segundo -hasta ahora-, ha logrado posicionar una “forma organizativa” en el ámbito comunitario, como es el consejo comunal. Por supuesto, no se trata de cesar en el empeño de proponer y crear mecanismos de organización local alternativos, pero hay que valorar estos dos factores.

Los consejos ciudadanos como mecanismos de organización social tendrían que ser innovadores y eficaces y para que puedan defender los intereses de sus comunidades e incidir en los asuntos locales de su verdadera incumbencia. En realidad, la participación ciudadana individual y hasta colectiva requiere de unos sujetos (individuales o colectivos) “cívicamente perfectos”. Es decir, unos sujetos participativos con pleno interés y conocimiento absoluto y completo, de cada posibilidad de participación que haya en el municipio; y ese sujeto participativo (individual o colectivo), no existe. Lo que sí existe son públicos temáticos, con intereses y conocimientos en áreas específicas de la vida social y de la municipalidad; como lo son: el ambiente, la cultura, el deporte, la economía local o los derechos humanos; entre otros. Por lo tanto, una “nueva estrategia” para la organización social y comunitaria alternativa en el municipio tendría que basarse en el reconocimiento de la diversidad y en los intereses específicos de los distintos “públicos temáticos” que cohabitan y que hacen vida en ese ámbito.

¿Pero es posible articular iniciativas y políticas en medio de la diversidad? Pensamos que sí. Y uno de los mecanismos para ello es la planificación local. Los planes de desarrollo local pueden servir como mecanismos de coordinación, integración y construcción de los consensos necesarios para gobernar y construir ciudadanía. Un plan debe recoger los distintos diagnósticos que hagan los públicos temáticos locales para construir una visión municipal adecuada, que oriente la gestión de gobierno y que contribuya a su desarrollo.

¿Dónde calzan los consejos ciudadanos en todo esto? Podrían calzar como instancias no gubernamentales (no estatales) basadas en el reconocimiento de su propia especificidad, en la defensa de sus intereses comunitarios inmediatos; pero con capacidad de participar en la gestión del municipio por medio de su incidencia en la elaboración del plan de gestión municipal. Por otra parte, el gobierno local tendría que prepararse para ello, en una doble función: como organismo promotor de la participación de los ciudadanos y de su organización autónoma, incluyente y responsable; y como organismo receptor de las acciones, proposiciones y recomendaciones de la sociedad civil local, por medio de los consejos ciudadanos.

@migonzalezm

Importancia del estudio de la participación ciudadana (I)

El tema de la participación ciudadana en la gestión de los asuntos gubernamentales ha cobrado una importancia fundamental durante los últimos años del siglo XX y en los comienzos del recientísimo siglo XXI. Desde nuestro punto de vista, la participación en los asuntos públicos comprende un ejercicio de la ciudadanía ante el Estado de manera directa o a través de sus representantes; en igualdad de condiciones y sin discriminación alguna. En tal sentido, ciudadanía y participación son condiciones unidas e integradas a una visión democrática de la sociedad, como espacio para la evolución plena de las personas en libertad, paz y solidaridad.
La participación ciudadana –es un derecho humano-, y se encuentra reconocida y recogida en distintos tratados internacionales del Derecho Internacional Público; tales como: la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (1966), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), la Carta Democrática Interamericana (2001) y la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública (2009).
De la misma manera, la participación se encuentra contemplada como un derecho específico en la relación de las personas con su entorno social inmediato; es decir, con las ciudades con lo cual se refuerza el vínculo y la corresponsabilidad entre la ciudadanía y las autoridades gubernamentales locales en el tratamiento de los asuntos públicos. En ese contexto, podemos citar algunos tratados; a saber: Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en Ciudad (2000), la Carta Mundial al Derecho a la Ciudad (2001), la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad (2010), la Carta Social de Las Américas (2012), la Carta de los Derechos Humanos en la Ciudad de Gwangju (2012), la Carta Ciudadana impulsada por las “Comunidades Democráticas” (2016) y también la Declaración de París para el Gobierno Abierto (2016).
En el caso venezolano, el derecho a la participación está contemplado en nuestro marco jurídico y en la práctica de movimientos comunitarios y sociales desde el año 1958. Es decir, la tradición participativa cuenta en el sistema político venezolano con una trayectoria de los últimos sesenta años; sin añadir las experiencias de organización popular iniciadas por las Ligas de Colonos en 1934.
En la actualidad y desde 1999, la participación ciudadana es un mandato transversal contenido en la Constitución de la República Bolivariana que determina la naturaleza participativa de la gestión del Poder Público, en tres niveles político-territoriales de la República. La Constitución Bolivariana reconoce el derecho a la participación en 37% de sus artículos; convirtiéndolo en un valor supremo y estratégico de su contenido.
En tal sentido, el estudio y la elaboración de la historia de la participación ciudadana en Venezuela representa una alternativa académica válida y socialmente necesaria para fortalecer el conocimiento cívico de nuestra sociedad; así como también para ampliar el horizonte analítico de nuestra historia. La elaboración de esta historia destacaría las raíces sociales de la democracia deliberativa y participativa que ahora se pregona. Esas raíces, en este caso, lamentablemente se encuentran ocultas y, de paso no lo suficientemente valoradas como parte del capital cultural de nuestra sociedad.

@migonzalezm

16 años de la Ley de los CLPP: ¿otra oportunidad perdida?

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El 12 de junio del año 2002 se promulgó la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública (CLPP). Con este acto gubernamental se daba cumplimiento a uno de los mandatos de la nueva Constitución Bolivariana de 1999, que mediante su artículo 182 creaba esta figura institucional de carácter local, con el propósito de favorecer la participación de las organizaciones y de los sectores vecinales en la planificación municipal, al lado de sus autoridades electas: el alcalde, los concejales y los presidentes de la juntas parroquiales.

Suponía pues el CLPP, una innovación institucional que pretendía democratizar la gestión de los gobiernos locales ampliando la representación y la participación de la ciudadanía en órganos públicos vinculados a los procesos de formulación, ejecución y control de los planes, programas y proyectos destinados al desarrollo del municipio. La propuesta inicial del CLPP era establecer mecanismos de gobernanza que permitieran recoger e incluir la diversidad de enfoques e intereses presentes y, así construir una mayor calidad de vida para todos.

Por otra parte, los CLPP fueron pensados como componentes de una nueva arquitectura institucional para el municipio venezolano. En efecto, la nueva Carta Magna trajo consigo un nuevo modelo para el Poder Público Municipal, fundamentado en una clara diferenciación de sus cuatro componentes funcionales: el ejecutivo municipal (alcalde o alcaldesa), la función legislativa (concejo municipal), la contralora (contraloría municipal) y la función de planificación (consejo local de planificación pública). Ese nuevo modelo significaba el relanzamiento del municipio en Venezuela; bajo unos nuevos parámetros de gestión.    

El proceso de creación y conformación de los CLPP en el país no fue sencillo, se caracterizó por un avance desigual en relación con el nivel de aceptación o resistencia de los actores locales. Inicialmente, correspondió la responsabilidad de impulsar su creación al gobierno nacional; mediante la acción de los ministerios de Interior y Justicia y el de Planificación y Desarrollo Social, en los que los Organismos Regionales de Desarrollo sirvieron de apoyo importante. De manera paradójica, esos órganos destinados a impulsar la descentralización nacieron de la mano y de la  guiatura del gobierno central.

Los primeros CLPP fueron creados a partir de 2003 en los municipios El Hatillo del estado Miranda y Valencia del estado Carabobo; mediante el esfuerzo combinado de los gobiernos locales de la época y de los movimientos vecinales y sociales. Cabe agregar que, en varios municipios los procesos de conformación de los CLPP fueron objeto de impugnaciones; alegando irregularidades legales (aprobación inadecuada de ordenanzas) y electorales (ventajismo partidista sobre las iniciativas ciudadanas). En resumen, su conformación no fue un proceso fluido; sino complejo y controvertido.

En realidad y, con el tiempo se demostró que los CLPP se convirtieron en un “objeto incómodo”; tanto para los actores políticos tradicionales del municipio (partidos políticos, burocracias locales) como para los movimientos vecinales, más pendientes estos de formar Consejos Comunales; bajo la falsa premisa de que las Asociaciones de Vecinos habían sido eliminadas que de hacer valer sus derechos a la participación ciudadana en la gestión de los asuntos públicos locales. Y de verdad, la implantación de los CLPP en la gestión local constituyó un recambio, frente a la forma de hacer política en los municipios; pues implicaba el impulso a la organización de las vecindades, la recopilación de propuestas de las comunidades organizadas, la elaboración de nuevos instrumentos de gestión como los mapas de necesidades, la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, la evaluación y control social de planes y proyectos de inversión local y, por supuesto, el control y vigilancia de la ejecución del Plan Municipal de Desarrollo. ¿Estaban preparados los agentes gubernamentales y de la sociedad civil para sumir este cambio? Indudablemente, no lo estaban y, aún parecen no estarlo.  

Para complicar un poco más la situación de los CLPP, a partir del año 2006, el gobierno del presidente Chávez inició (o quizás aceleró), un viraje de su administración hacia el socialismo. Ese viraje trajo consigo el consiguiente desmontaje del modelo federal y descentralizado que contemplaba la Constitución de 1999. Ese mismo giro produjo un rediseño de la conformación de los CLPP, que se realizó mediante sucesivas reformas legales.

En el 2006, ocurrió la primera reforma de su ley (Gaceta Oficial N° 38.591 del 26-12-2006) y cuyo objeto, fue más bien parco al plantear la regulación de la organización y funcionamiento y, su relación con las instancias de participación y protagonismo del pueblo. Esta reforma ocurrió justo después de que los Consejos Comunales fueran separados de la estructura del CLPP y, adscritos a una Comisión Presidencial. Esa decisión del Ejecutivo Nacional constituyó un duro golpe para estas instancias y para las competencias de organización comunitaria de los alcaldes y alcaldesas (Gaceta Oficial N° 5.806 del 10-04-2016).   

En el año 2010 se produjo una segunda reforma legal (Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.017 del 30-12-2010). Dicha reforma trajo consigo varias novedades; tales como: el ejercicio de la tutela efectiva del derecho a la participación por parte del CLPP y la orientación de la gestión de ese organismo hacia la construcción de la sociedad socialista.

Ya en el 2015 se materializó una tercera reforma legal que ratificó el objeto de ejercer la tutela efectiva sobre la participación ciudadana y también el propósito de  construcción de una sociedad socialista. Además, en esta nueva versión de la LCLPP se borró todo vestigio de la libre participación vecinal y social al determinar que, los integrantes no gubernamentales de ese órgano fueran voceros de consejos de planificación comunal, de unidades socio-productivas y de movimientos sociales.  

Por último, mediante la Sentencia 335 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (de fecha 17 de mayo de 2017) se estableció que, los CLPP son espacios institucionales responsables para garantizar la integridad del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, a nivel de las entidades locales. Esta sentencia se ubica en el contexto de las demandas por inconstitucionalidad contra la reforma de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (Gaceta Oficial Extraordinaria, del 28-09-2010) y que entre otras “innovaciones” supeditaba la planificación municipal a un plan centralizado y eliminaba la elección directa, universal y secreta de los miembros de las juntas parroquiales.

Mi experiencia como integrante del CLPP del municipio Baruta me indica que estas entidades están por encima del nivel de nuestra cultura política y, por debajo de la resistencia al cambio del modo de entender la gestión pública local. La gestión del alcalde Henrique Capriles dejó -al menos- un Plan Municipal de Desarrollo (el único hasta el presente). Por su parte, la gestión del alcalde Gerardo Blyde ofreció una eficaz  y transparente práctica de presupuesto participativo. El alcalde Darwin González recién empieza una gestión llena de incertidumbre. De igual manera, considero que el desinterés y/o debilidad del movimiento vecinal frente a la actividad del CLPP-Baruta ha sido determinante para que el rendimiento de ese Consejo haya venido decreciendo de manera paulatina. Me queda claro, que si los representantes vecinales y de la sociedad civil locales no lo asumen como suyo, los CLPP quedarán como un objeto decorativo e inútil en la vida municipal.

En Venezuela, aún hay municipios en los cuales el CLPP no sesiona ni funciona con la periodicidad establecida en su marco legal (debería sesionar, una vez al mes). Hay también municipalidades donde su funcionamiento es esporádico y para el cumplimiento de ciertas formalidades vinculadas a la aprobación del Plan de Inversión Municipal, la consideración de proyectos de inversión local y a la aplicación anual del presupuesto participativo. Pareciera que después de 16 años de la primera Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública y del nuevo modelo del Poder Público Municipal contemplado en la Carta Magna, queda poco o casi nada.

@migonzalezm

Posmodernismo, posverdad, historia y construcción de ciudadanía

La pretendida relación entre el posmodernismo, la posverdad y la historia nace de la preocupación sobre la creciente manipulación de los hechos y de la Historia que se percibe en la realidad socio-política y comunicacional actual. 

El posmodernismo; entre otros supuestos considera la historia desde un punto de vista poliédrico con la finalidad de liberarla de los tradicionales moldes académicos o metodológicos (Aurell y Burke, 2013). Y aunque no de manera necesariamente premeditada ese concepto poliédrico de la historia podría ser el germen de esa tendencia denominada “posverdad” que se basaría en que los hechos objetivos son menos influyentes en la formación de la opinión pública, que en la apelación a la emoción y a la creencia personal (Bianco, 2017).

¿Acaso la manipulación intencionada de hechos, documentos y textos históricos no correspondería al uso de criterios basados en la posverdad para influir en determinados públicos; a fin de obtener cierto provecho? ¿No contribuiría la posverdad a la reducción de la cientificidad y pertinencia de la historia? ¿Una historia manipulada no contribuiría a desconstrucción de una ciudadanía y una colectividad consciente de su pasado histórico? En tal sentido, el reconocimiento de la amenaza de la posverdad para la cientificidad del estudio de la historia, ofrece a su vez, una oportunidad formidable para rescatar la verdadera dimensión del conocimiento histórico y su utilidad transcendente en la construcción de una ciudadanía democrática.

@migonzalezm

La invisibilidad de la oposición democrática

El único logro conseguido por los sectores democráticos del país; mediante la desmovilización popular y la abstención, ha sido desconectarse de la amplia mayoría de la población que aspira el cambio de gobierno en Venezuela. En el sector democrático se optó por ambas estrategias; bajo una falsa creencia de que así se desmontaría al régimen de Maduro. En realidad, el abstencionismo sólo benefició al bloque oficialista que obtuvo mayores espacios gubernamentales; además de propiciar la progresiva invisibilidad de la oposición democrática.    

La crisis que atraviesa Venezuela requiere de una fuerza de cambio identificada de manera plena con la defensa de los derechos sociales y los derechos políticos, que padece a diario la amplia mayoría de su población y, eso no está ocurriendo ahora mismo en nuestro país. De allí que, ante la ausencia de referentes democráticos vitales y creíbles, la ciudadanía se sienta huérfana y frustrada ante un régimen que utiliza cualquier medio ajeno a la moral pública para mantenerse en el poder. Se necesita una dirigencia opositora cercana a luchas populares y, que trascienda las redes sociales.

Lo más dramático; tanto para el país como para sus posibilidades de cambio, es el deterioro político-organizativo que han venido sufriendo los componentes de la alianza democrática. Ese deterioro ha debilitado -de manera notable-, la capacidad de convocatoria de la MUD (y del Frente Amplio); pero por encima de todo le ha quitado credibilidad a sus planteamientos. Si a esta situación se le agrega el inusitado llamado a la no participación (abstención) en las elecciones presidenciales del 20 de mayo, no es difícil imaginar que la oposición tal como la conocimos hasta el año 2015; pudiera desaparecer de la escena política del país.

En ese contexto, los movimientos sociales, gremiales y comunitarios también han visto muy mermada su capacidad de lucha. El movimiento estudiantil, por ejemplo, otrora vanguardia de las manifestaciones democráticas está desaparecido casi por completo. Igual ocurre con los gremios más combativos (el magisterio, el periodístico) cuyos perfiles de denuncia y combate bajaron de manera notable. Los sindicatos siguen atomizados y el movimiento vecinal ha venido siendo desarticulado por la “estrategia comunal” del régimen. Quedan las ONG’s defensoras de los DDHH que siguen su lucha, pero en términos generales el panorama del tejido socio-democrático no es alentador. Y eso es muy negativo para el restablecimiento de la democracia.

No cabe duda que, la reclusión y/o inhabilitación de líderes trascendentes del sector democrático del país ha sido determinante en la errática conducción de la oposición política venezolana y de sus aliados sociales; así como también la prevalencia de intereses más menudos sobre los verdaderos asuntos de interés colectivo. Eso es cierto ¿Pero es posible reconstruir el tejido socio-político del bloque democrático del país y ponerlo en sintonía con las precariedades de la ciudadanía? La respuesta más que afirmativa es imperativa, impostergable y vital. Porque Venezuela, esa Venezuela libre, esa Venezuela de la que todos conversamos y en la que todos soñamos, ha comenzado a agonizar. ¿Dejamos de ser invisibles?

@migonzalezm

Venezuela: semblanzas de la crisis y el cambio democrático

La crisis en Venezuela ha explotado en forma definitiva. Millones de venezolanos deambulan en ciudades, pueblos y caseríos tratando de acceder a alimentos, medicinas y servicios conexos esenciales en medio de un ambiente de escasez, especulación e ineficacia gubernamental. Mientras otros miles de compatriotas han salido o tratan de salir del país, huyendo de una crisis consolidada y que desbordó; tanto al gobierno como a los principales actores políticos opositores. Venezuela, se encuentra en medio de un caos y sin avizorar una propuesta de cambio que logre aglutinar a las grandes mayorías.

Pese al cerco de la comunidad internacional Nicolás Maduro aún intenta; obtener la reelección presidencial (para el período 2019-2025), con o sin la participación de los partidos democráticos del país. Con su reelección Maduro impondría su proyecto de “estado comunal” que se basa en la centralización absoluta del gobierno, la estatización y colectivización de la economía y el control hegemónico de la sociedad. Después de la derrota político-electoral de 2015, el bloque oficialista se ha preparado con la adopción de estrategias; tanto para debilitar a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) como para fortalecer sus propias capacidades electorales.

Contra la MUD se realizó una cacería implacable: la persecución, detección o inhabilitación de sus principales líderes (Leopoldo López, Henrique Capriles; entre otros muchos), la ilegalización de sus tarjetas electorales (ocurrió con la tarjeta de la MUD) y también de sus organizaciones partidistas (casos de los partidos Voluntad Popular y Primero Justicia). Pero además, el bloque gubernamental logró la división interna del sector democrático; logrando insertar una guerra intestina entre quienes valoran la participación electoral y, otros que argumentan a favor de la abstención y, últimamente valoran una intervención extranjera.   

El bloque oficialista sigue utilizando de manera inescrupulosa y en su beneficio, las instituciones gubernamentales incentivando además su red de organización y de control popular (consejos comunales y comunas), ahora fortalecida con el “carnet de la patria”, los comités locales de alimentación y producción (CLAP), la distribución de subsidios directos (a sectores vulnerables y empobrecidos) y, más recientemente mediante los comités constituyentes estadales y las asambleas de base constituyentes (ABC). Es otras palabras, el régimen se preparó internamente para afrontar el reto de su permanencia sin importar la secuela de atropellos, clientelismo y corrupción.

La eventual reelección de Maduro; mediante unas “elecciones trucadas” no sería un proceso fácil. En principio carecería del reconocimiento político de la comunidad internacional; quien ya ha anunciado sus claras exigencias por la realización de elecciones libres y con plenas garantías en Venezuela. Pero ojo y, esto es verdaderamente trascendente, una reelección de Maduro tampoco contaría con el reconocimiento interno  de vastos sectores de la población venezolana y sobre todos de la legítima Asamblea Nacional. Visto así, el régimen, la legitimidad del gobierno madurista y su viabilidad estaría muy comprometida.

No cabe duda que, la solución más limpia y adecuada para la crisis venezolana es la electoral, de acuerdo a los mandatos constitucionales. Sin embargo, esa solución democrática tiene un gran obstáculo: la dispersión y la debilidad político-organizativa del sector democrático. La MUD se ha debilitado; tanto por sus propios errores como por la ofensiva sistemática desatada por el gobierno contra ella. La MUD no se muestra ahora como aquella otrora opción de cambio unitario, popular y democrático que alcanzó una victoria contundente en las elecciones parlamentarias del año 2015. El cambio en Venezuela requiere de una oposición unida, coherente y organizada. Mientras esas condiciones no se cumplan la restitución de la democracia se relentizará aún más.

Del ámbito internacional existen logros importantes contra las tropelías del régimen. Las sanciones a altos funcionarios; por parte de los gobiernos de Canadá, los Estados Unidos y la Unión Europea (UE), los señalamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) e investigación iniciada por la Corte Penal Internacional (CPI) son pruebas de ello. Sin embargo, aún persisten algunas dificultades; por ejemplo: la Organización de Estados Americanos (OEA) desistió de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana (CDI) y las Mesas de Diálogo, con supervisión internacional no fueron eficaces para alcanzar los objetivos humanitarios y constitucionales planteados por la representación de la Asamblea Nacional.  

Más allá de la institucionalidad internacional hay también posiciones variadas. Por ejemplo, el grupo de Lima ha sido muy firme en la defensa de la democracia venezolana. Pero de igual manera, se manifiestan otros enfoques de naturaleza “guerrerista” o “supremacista” y que denotan visiones pocas asertivas y simplistas sobre la crisis venezolana: para Ricardo Hausmann (catedrático de Harvard) se necesita una intervención militar extranjera, para Marcos Rubio (senador por el estado de Florida) lo requerido es un golpe de estado dado por militares, para Diego Arria (exdiplomático venezolano) habría que desconocer a la MUD y hasta la propia Asamblea Nacional. En realidad, sobre estas últimas opciones no dudo que sean vitoreadas en el lado oficialista.   

La situación económica, política y social que padece nuestro país pareciera que se agravará más en el corto y mediano plazo. Lo único que detendría sus devastadoras consecuencias sería una alternativa de cambio democrático que fuera socialmente incluyente y políticamente responsable y eficaz. El cambio de régimen que necesita Venezuela debe ser sostenible y con plena conciencia de los retos que supone desplazar un régimen basado en el clientelismo y la corrupción, por otro distinto y fundamentado en valores éticos y democráticos. Necesitamos reconstruir el tejido social y construir ciudadanía para hacer viable el cambio que aspiramos. De lo contrario, habremos perdido tiempo, recursos y la oportunidad de rescatar el país.

 

@migonzalezm

UN NUEVO GOBIERNO MUNICIPAL EN BARUTA

El municipio Baruta aún se encuentra disfrutando del inicio del gobierno (100 primeros días de gestión), de su nuevo alcalde Darwin González. En ese lapso he presenciado -como vecino baruteño-, las iniciativas emprendidas por la novísima gestión en áreas de ciertos servicios públicos  como la vialidad; además de atender ciertas emergencias puntuales vinculadas al alumbrado público. Por otra parte, se ha promocionado la realización de actividades culturales en algunos espacios públicos del municipio; lo cual está muy bien.

A parte del éxito que deseamos al alcalde Darwin González, presentimos que en general, la gestión de los gobiernos municipales luce comprometida en los actuales tiempos; tanto por las serias restricciones financieras y presupuestarias que ya se padecen como por la incidencia del proyecto socialista y comunal que se pretenderá imponer desde la “Asamblea Nacional Constituyente”. Todo esto hace que, los alcaldes deban acercarse a sus vecinos y electores de manera responsable y transparente no solamente en función de desarrollar un gobierno local eficaz; sino fundamentalmente para defender la autonomía municipal y, quizás hasta la propia existencia de los municipios; tal cual como los conocemos hoy día.

Creo que la presencia de un gobernador vinculado con claridad al proyecto oficialista-comunal determinará en buena parte, la gestión de todos los municipios del estado Miranda y, en especial de aquellos municipios del Área Metropolitana de Caracas que gracias a la lealtad de su electorado; aún permanecen bajo la gestión de sectores democráticos, tales como: Chacao, El Hatillo, Los Salias y, por supuesto, Baruta. En ese contexto, las relaciones con los diferentes niveles de coordinación intergubernamental tendrían que ocupar un lugar importante en la agenda de asuntos institucionales de cada uno de los alcaldes.

Existen instancias de coordinación intergubernamental en las que los alcaldes no pueden incidir de manera significativa por la composición y las características de las mismas. También hay otros órganos institucionales donde sí pueden hacerlo. En el primer caso, se ubican el Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas (CEPLACOP) presidido por el gobernador y los denominados Distritos Motores de Desarrollo (DMD), figura del esquema territorial centralista y que el nuevo gobernador mirandino ha comenzado a implementar.  En el segundo caso, se ubican los Consejos Locales de Planificación Pública (CLPP) que son presididos por los acaldes y que cuentan con la participación de los concejales del municipio y con una representación vecinal (ahora más limitada en número de integrantes, por la nueva ley).

Para ambos casos, los nuevos alcaldes deben estar preparados y asumir con responsabilidad sus funciones ejecutivas y de representación del gobierno municipal, cuando sea necesario. En el caso, del municipio Baruta, el nuevo alcalde tendría que revisar la situación del CLPP y emprender la actualización de su conformación que está vencida, desde hace ya algún tiempo. Por otra parte, el alcalde Darwin González le corresponderá presentar ante esa misma instancia, los lineamientos del Plan Municipal de Desarrollo (PMD) para así cumplir con la LOPPM. Al respecto cabe mencionar que, el último PMD fue presentado por Henrique Capriles Radonski para el lapso 2004-2008.

El tema de la planificación municipal ha sido un asunto muy mencionado en el discurso político municipal; pero de poca aplicación en ese mismo ámbito local. Quizás el bajo índice de diseño y aplicación de Planes Municipales de Desarrollo se deba a que aún no tengamos (me incluyo) certeza de una metodología adecuada para hacerlo y, tampoco la certidumbre de la eficacia política institucional que brinda la planificación en las actuales circunstancias políticas que atraviesa el país y todos sus municipios.

En mi opinión, el alcalde Darwin González debe abordar con premura y eficacia el tema del CLPP-Baruta, que de paso constituye un órgano del Poder Público Municipal que él preside y, rescatarlo como una herramienta de gobernanza y de cercanía con el movimiento vecinal baruteño. Por otra parte, la opción de diseñar un Plan Municipal de Desarrollo para Baruta significaría una oportunidad para la nueva gestión que recién empieza, de emprender junto al voluntariado vecinal, social y comunitario del municipio una jornada que suponga la construcción de la imagen del “municipio soñado”, que tanto se suele mencionar en los discursos de campaña electoral..

@migonzalezm

Nota adicional:

Hace falta un acuerdo entre la alcaldía, el sector comercial y los vecinos sobre el tema de los desechos sólidos en el municipio. Baruta luce en estos tiempos descuidada y desaseada y, además del aspecto estético, la acumulación de basura puede convertirse en un asunto de salud pública.  

El día D Hausmann

No pasó desapercibido en las redes sociales, el artículo escrito por el profesor Ricardo Hausmann titulado: “El día D para Venezuela”. El artículo nos presenta la angustiosa percepción del catedrático venezolano sobre la crisis que padece el país, en el que se propone como solución posible la eventual destitución del presidente Maduro; por parte de la Asamblea Nacional con la intervención y apoyo posterior de una fuerza militar extranjera, que el autor justifica citando las experiencias de intervención de alianzas militares internacionales practicadas en Europa, entre los años 1940 y 1944.

En realidad, la solución del profesor Hausmann genera una buena cantidad de interrogantes sobre su viabilidad y credibilidad; bajo las actuales circunstancias. Veamos algunas de ellas: ¿Estaría dispuesta la Asamblea Nacional a saltarse la Constitución Nacional que tanto ha defendido y asumir funciones que no le corresponden?, ¿Tendría capacidad el presidente Trump de convencer al Congreso de los Estados Unidos de intervenir de manera armada en Venezuela y, para conseguir los fondos para una acción de esa naturaleza?, ¿Cuáles países estarían dispuestos a formar una alianza militar para intervenir a Venezuela?, ¿Cuáles países latinoamericanos prestarían su territorio para la ubicación de las bases militares necesarias para realizar la intervención?, ¿Y po cuánto tiempo se estima la duración de esa intervención? ¿Permanecerían China, Rusia e Irán impasibles ante la intervención militar propuesta?, ¿Y cómo responder a las posiciones de apoyo al régimen de Maduro, que seguramente harían países como Bolivia, Cuba y Nicaragua en organismos como la OEA y la CIDH?, ¿Y cuál sería la posición de organismos internacionales como la OEA y CIDH frente a una invasión militar en Venezuela?, ¿Pero acaso no representa el sueño dorado de un régimen autoritario como el de Maduro, que el “imperio” lo ataque e intente derrocarlo? ¿Además esa supuesta intervención no funcionaría como un elemento cohesionador del “chavismo”? Y finalmente y, por encima de todo, ¿tendría aceptación popular una escalada militar extranjera en Venezuela?

Al margen de las respuestas que podamos dar a las interrogantes planteadas; quizás lo más importante de la propuesta del autor es que nos indica la profunda preocupación y desazón que existe en todos los ámbitos de ciertas élites internacionales sobre la tragedia que padece Venezuela y, sobre la incapacidad e ineficacia política demostradas -hasta ahora-, por sus propios ciudadanos por resolverla. Cabe agregar que, en la práctica, nuestro país se ha convertido en un “territorio con soberanía limitada”; pues viene siendo objeto de diversas intervenciones diplomáticas y económicas; tanto a favor de un cambio democrático como por el contrario, en favor de mantener el “status quo”.  

La idea de una salida bélica -como estrategia alternativa frente al actual gobierno- no es novedosa, al menos, en el mundo virtual de las redes sociales y donde suele ser un tema de tratamiento diario. En la realidad, la política en Venezuela ha sido violenta durante los últimos años: segregación y exclusión, persecución y detenciones arbitrarias, protestas masivas y muertes de manifestantes han caracterizado su tesitura. Así mismo, otras formas de violencia política también han sido utilizadas como lo son: los reiterados intentos de imponer una neo-lengua revolucionaria, la censura y la manipulación informativa.

En ese contexto político y, como otro de los legados del “chavismo han venido emergiendo nuevas posiciones políticas extremistas y neo-autoritarias (auto-denominadas “resistencia”), que con base a la descalificación del voto, del diálogo y de la negociación intentan ganar algún espacio político. Esa posición extremista (enemigos declarados del centro político democrático) viene operando con base a una oferta discursiva limitada a 4 puntos; a saber: la abstención, la calle sin retorno, el golpe cívico-militar y la intervención militar extranjera. En ese enfoque de la resistencia, cualquier opción de cambio democrático está descartada.  

No afirmo que el profesor Hausmann avale a ese nuevo tipo de autoritarismo venezolano. Pero sí me parece que el distinguido académico fue alcanzado, al final por ese “imaginario criollo” de la salida mágica, militar y caudillista; ahora representada en una alianza militar internacional. La crisis venezolana es terrible, todos los que vivimos aquí la padecemos a diario en mayor o menor medida y, también la han padecido los cientos de miles de compatriotas que han huido del país. ¿Constituye la muerte, la guerra civil  como la única esperanza que desde el exterior se le puede ofrecer a los venezolanos?

En mi opinión, la única opción viable para construir y avanzar hacia una posibilidad de cambio democrático y ciudadano la representa el fortalecimiento de la unidad democrática, que logre despolarizar a la sociedad venezolana y que presente un discurso creíble de las metas y propósitos que se desean alcanzar. Reconstruir el tejido socio-político que brindó victorias y avances a los sectores democráticos como quedó demostrado en las elecciones de los años 2013, 2015 y 2017 es la estrategia a seguir. Hay que cambiar el imaginario popular-militarista.

Agradezco la preocupación del profesor Hausmann, de paso está en su derecho. Pero la hubiera  agradecido mucho más, si su propuesta estuviera mejor focalizada.

Saludos cordiales

@migonzalezm 

2018: a esperar un año para el final de Games of Thrones

La cadena televisiva HBO anunció recientemente y, de manera oficial que el estreno de la octava y última temporada de la mundialmente conocida y aclamada serie “Game of Thrones” (GOT), se estrenará en el año 2019. Por ende, los seguidores de la saga tendremos que esperar quizás más de un año para disfrutar de sus seis episodios finales. Sin embargo, lo que probablemente suceda es que el tan esperado desenlace se conozca mucho antes de la fecha pautada, para su estreno definitivo.

En realidad y, como ocurre con otras series; pero muy especialmente con GOT, la red informal de críticos y comentaristas logren conseguir y publicar información referida al contenido de los capítulos de la octava y última entrega de la serie. Va a ser muy difícil que, la empresa productora HBO -pese al conjunto y variado menú de medidas de seguridad alrededor de los guiones y filmaciones-, logre controlar de manera eficiente las posibles filtraciones y “spoilers”.

Ya ha ocurrido en temporadas pasadas (la 7ma temporada; por ejemplo) que se difundieran a través de las redes sociales escenas y adelantos de algunos de sus capítulos. Y es que difundir  “spoilers” sobre series famosas se ha convertido en un negocio lucrativo para algunos “youtubers”, que de paso compiten entre sí, para obtener un mayor número de seguidores en sus respectivos canales. Así que, luce complicado que al menos, no se conozcan las líneas maestras de los capítulos restantes.

El tema de la preservación de los detalles culminantes de la octava temporada resultan relevantes, porque ya la mayoría de la audiencia presupone su desenlace. Por ejemplo, el resultado del  enfrentamiento entre el “Rey de la Noche”,  sus caminantes blancos contra la alianza encabezada por la nueva pareja real que conformarían Daenerys Targaryen y Jon Snow (o si prefieren Aegon Targaryen), se da por descontado. Al igual que, el destino de Cersei Lannister y hasta de sus hermanos Jaime y Tyrion.

Desde hace un tiempo, George RR Martin (creador de toda la historia) advirtió que la serie tendría un final agridulce; afirmación que suena lógica por la multitud de personajes y de tramas y sub-tramas enfrentadas que han estado presentes en el desarrollo de GOT, a lo largo en sus siete temporadas anteriores. Sobre ese final agridulce hay diversas especulaciones que se concentran en la posible muerte o no, de Jon Snow, personaje construido  y convertido progresivamente como la figura central de la trama televisiva.

Pienso que, el final agridulce será dosificado. En otras palabras, tendrá sus partes o segmentos. Por ejemplo, una parte dulce correspondería a la unión de Daenerys y Jon (ocurrida al final de la 7ma temporada), y otra parte dulce, sería la victoria de los vivos contra los muertos; incluyendo al Rey de la Noche. Las partes agrias del final serían el deceso de Jon Snow (¿y su lobo huargo Ghost?), y la pérdida de algún otro personaje secundario; pero querido por los “fanseries”.

Cabe agregar que, la mayoría de las familias de la saga GOT están casi extintas. Los Baratheon, los Lannister, los Stark, han visto mutiladas sus posibilidades de procreación. Otras casas como los  Frey, los Tyrell y los Martell también han sucumbido; es decir, una verdadera masacre. Y esto también forma parte de ese final pronosticado como agridulce. Entre tanta disputa por el poder, un final feliz supondría el exterminio de alguno de los bandos en pugna. Y ese final sería moralmente inapropiado.

El mundo medieval creado y extraordinariamente narrado por George RR Martin nos presenta la vieja lucha entre el bien y el mal, en un contexto épico donde el terror y la opresión a la que son sometidas en mayor o menor grados sus personajes, es el hilo conductor de la obra. ¿Cómo entonces, no podría ser agridulce el final de esta serie?

Volveré a escribir sobre esta serie fantástica que me agrada. Tenemos más un año para hacerlo.

Saludos a tod@s

@migonzalezm