Para el próximo jueves 14 de diciembre, se ha
anunciado un encuentro entre Nicolás Maduro (Venezuela) y Mohamed Irfaan Alí
(Guyana) en San Vicente y Las Granadinas. En el encuentro auspiciado por el
CELAC y CARICOM se tratará el tema del territorio Esequibo, que como sabemos,
es una zona bajo legítima reclamación por parte de nuestro país. No cabe duda que,
sobre la reunión recaen una serie de expectativas que apuntan hacia la apertura
de un diálogo constructivo entre ambas naciones, aunque en estos momentos pareciera
difícil.
En realidad, las circunstancias actuales donde
se desarrolla el diferendo limítrofe entre Venezuela y la República Cooperativa
de Guyana son muy complicadas. Maduro enfrenta un complicado escenario
internacional que implica una investigación en la Corte Penal Internacional. Irfaan
Alí se encuentra bajo la enorme presión de pasar a la historia como un mandatario
que perdió dos tercios del territorio de su nación, si acaso no llega a algún
acuerdo compensatorio con Venezuela.
Venezuela, por otra parte, mantiene un crisis económico-social
de grandes proporciones con una tasa nominal de inflación en alimentos que
alcanza un 414% con base a estimaciones del mes de julio de 2023 (siendo la
mayor del mundo, según el Banco Mundial). Además, la migración de venezolanos
hacia el exterior supera ya los siete millones de personas y las condiciones de
precariedad social continúan invariables.
Guyana es una nación sobre la cual los
venezolanos de a pie, conocemos poco. Al respecto, algunos datos: único país anglófono
en Suramérica, posee una superficie de 214.969 km2
con
808.726 habitantes lo cual lo convierte en un territorio despoblado. Guyana se
define en su marco constitucional como una nación en “transición del capitalismo
hacia el socialismo”. Es un Estado unitario y de naturaleza parlamentaria con
un presidente electo en segundo grado por el parlamento unicameral. La
estructura vertical de gobierno de Guyana comprende al presidente de la República,
la Asamblea Nacional (con 65 miembros), el Congreso de los Gobiernos Locales,
los Consejos Regionales (uno por cada región) y, por último, un nivel
territorial conformado por los Consejos Vecinales, los Concejos Municipales y
los Consejos de Villa de Amerindios. El territorio guyanés está dividido en
diez regiones, encontrándose la mayoría de ellas ubicadas en la zona en reclamación
(de norte a sur: Barima Waini, Islas
Esequibo-Demerara Occidental,
Pomerón Supenaam, Cuyuní Mazaruni, Potato Siparuni y Alto Tucutú Alto Esequibo)[1].
A primera vista, la estructura gubernamental regional
y sobre todo local de Guyana se basa en una red de consejos que nos recuerda a la
propuesta comunal del PSUV.
En general, el análisis de los expertos se
centra en los recursos naturales que existen en el territorio Esequibo tanto en
tierra como en la plataforma continental y, en efecto, son los intereses
económicos el principal motor del diferendo, además de los argumentos históricos
y políticos. La existencia de grandes reservas de petróleo y gas en la plataforma
continental y las minas de oro en tierra firme, constituyen un claro incentivo
en la disputa entre dos naciones del Tercer Mundo, que sirven de campo para la inversión
capitalista de empresas chinas, estadounidenses, españolas, etc.
El diferendo podría constituir una disputa
asimétrica entre ambas naciones por la enorme diferencia entre Venezuela y Guyana
en materia de recursos militares tanto humanos como materiales. ¿Pero podría
haber un enfrentamiento armado entre Venezuela y Guyana? Sin ser un experto,
considero que no habría posibilidades, pues tocaría una enorme madeja de
intereses no sólo de las multinacionales que tienen inversiones en la zona,
sino fundamentalmente por la incidencia política del mosaico de los países de
la región latinoamericana y caribeña. Además,
un enfrentamiento bélico requiere sostenibilidad en el tiempo y esa cualidad no
la tienen ni Venezuela ni Guyana.
Uno de los aspectos más delicados en el
desarrollo del diferendo Venezuela-Guyana radica en el componente humano y sus naturales
diferencias histórico-culturales. De este asunto crucial se ha hablado y se ha
escrito poco, quizá por lo dominante de la óptica capitalista en el tratamiento
del asunto. Juguemos con la imaginación: ¿Es posible la integración de estos
dos pueblos cercanos en el plano geográfico, pero lejanos en su desarrollo
social y cultural? ¿Cuánto tiempo transcurriría para una aceptación mutua años,
lustros, décadas? Al margen del diferendo, ¿cómo se perciben venezolanos y
guyaneses mutuamente? Sin lugar a dudas, se trata de un asunto humano muy complicado
y con más incertidumbres que respuestas.
En Venezuela, la gestión de Maduro tomó al
menos formalmente una serie de medidas institucionales (unas más simbólicas que
otras) orientadas a emprender en el terreno de los hechos la disputa por el
Esequibo. Una de ellas, fue la creación de una comisión nacional conformada por
tres instancias constitucionales como son el Consejo de Defensa de la Nación (CRBV,
236) el Consejo Federal de Gobierno (CFG, 185) y el Consejo de Estado (CRBV,
251). Estas dependencias tendrían la responsabilidad de fijar estrategias
institucionales para avanzar en la recuperación del territorio Esequibo.
Otra medida administrativa fue la creación de
las divisiones de PDVSA y CVG destinadas a tramitar las concesiones y los
negocios relacionadas con los recursos naturales de la zona en reclamación.
Ambas divisiones tendrían que esperar los resultados de las acciones
emprendidas contra las empresas que actualmente operan en esa subregión y que
tendrían que suspender sus actividades en los próximos tres meses. ¿Atenderá Chevron
el llamado de atención formulado desde Venezuela? ¿Existe capacidad en PDVSA y
la CVG para asumir las asociaciones estratégicas que implicarían la explotación
de petróleo, gas y oro en el Esequibo?
Una medida muy particular, fue la creación de
una Zona de Defensa Integral (ZODI) dentro de la Región de Defensa Integral Guayana
(REDI) para atender los asuntos de la zona
en reclamación, desde la ciudad de Tumeremo ubicada en el municipio Sifontes del
estado Bolívar. De esta manera el gobierno nacional busca dar cuerpo al nuevo estado
Guayana Esequiba, que comprendería toda la zona en diferendo. La ZODI de
Tumeremo estará al mando del General Cabello Ramírez.
Este conjunto de medidas produjo quejas y reacciones
en el gobierno guyanés que se dirigió tanto a la Organización de las Naciones Unidas
como a la propia Organización de Estados Americanos (OEA), así como también
solicitó el apoyo de los Estados Unidos de Norteamérica y de Cuba.
Venezuela está en la obligación de presentar
ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en fecha 8 de abril de 2024 su
contra memoria o el descargo de sus argumentos en contra de los recursos
presentados por la República Cooperativa de Guyana. No cumplir con este requisito
colocaría al país en franca desventaja ante el sistema internacional de
justicia y, podría obstaculizar la aplicación del Acuerdo de Ginebra de 1966. Lo
adecuado desde nuestro punto de vista, es impulsar la aplicación de este
Acuerdo y buscar mediante las negociaciones directas, la asociación y la
participación de nuestro país en los emprendimientos multinacionales en las
costas guyanesas y en zonas marítimas no definidas. Se trata de un proceso de
negociación largo y quizá tedioso pero indefectible, por el cual se tendrá que
transitar.
[1]
Las otras regiones
administrativas de la República Cooperativa de Guyana son:
Demerara-Mahaica, Mahaica-Berbice, Berbice Oriental-Corentyne, y
Demerara-Berbice.
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