miércoles, diciembre 25, 2024

Guasón II

 


Pude finalmente ver la segunda película del Guasón, protagonizada por Joaquín Phoenix y Lady Gaga, en una producción de calidad (de ello no hay duda) pero de lento contenido a pesar de constituir un musical. 

En realidad, Guasón II nos presenta al mismo Arthur Fleck, un niño adoptado, engañado y violentado por su madre adoptiva y cuya aspiración era convertirse en un comediante, una aspiración en la que inicialmente fracasa. En la cinta nos conseguimos a Arthur sometido en la prisión de Arkham, en medio de sus días finales, previos al juicio donde brillará en algún momento y también a su muerte a manos de otro sicópata que quería ser como Fleck o sustituirlo.

El personaje de Arthur Fleck esta bien tratado se nota una diferencia notable entre el pusilánime esquizoide de la penitenciaria y el Guasón trajeado en pleno juicio, una vez que asume su propia defensa. Una brillante actuación de Joaquín Phoenix; mientras Lady Gaga cumple con su papel muy secundario y casi gris, salvo por ser la pareja de baile del Guasón en alguna pieza de musical.

Dije que Arthur Fleck fracasó rotundamente en su aspiración de ser un comediante reconocido al principio de la saga. Y es cierto, el tipo era un perfecto fracaso hasta que apareció en el show de televisión (a donde fue invitado) maquillado y de paso matando de varios disparos, al infeliz animador del programa. Allí comenzó verdaderamente su carrera exitosa, rutilante y de amplio calado social, pues bastó ver la multitud se anónimos seguidores que comenzaron a seguirle y a auparle incondicionalmente. El Guasón mas que comediante se convirtió en un líder social del "lumpemproletariado" de ciudad Gótica. Un lumpen que le siguió y le apoyo hasta su juicio e incluso dinamitó la sala del tribunal. 

Se ha criticado, con cierta razón, que esta versión del Guasón haya sido un musical. En realidad, ya la primera producción apuntaba hacia ese ámbito. Nos encontramos a un individuo, a un payaso marginal, vinculado al submundo del espectáculo que logra presentarse en uno de los shows televisivos más relevantes de la ciudad, con musiquita y todo. Es decir, el Guasón, en su trayectoria estuvo siempre vinculado al mundo del espectáculo (llevado de mala manera ciertamente), y  ala larga con unos gags cargados de criminalidad. En tal sentido, me parece lógica la versión musical del segundo film para terminar el arco del personaje de Arthur Fleck.

Un detalle importante, es que este Guasón rompe con las narrativas anteriores en cuanto a su relación con Batman. De hecho, cuando matan a los padres de Bruce Wayne, siendo este un niño, ya Arthur era un adulto. No tuvieron la posibilidad de coexistir en el mundo del crimen de ciudad Gótica. Además, Arthur Fleck muere en prisión apuñalado como vimos. En otras palabras, el Guasón tampoco tuvo chance de desarrollar una carrera criminal trascendente ni de enfrentarse a Batman.

Una duda que me asalta es la cantidad de asesinatos cometidos por el personaje de Fleck, veamos: cometió tres disfrazado de payaso en el metro (los cuales podrían ser considerados en defensa propia, aunque eso nos llevaría a otra discusión), luego mató a su madre a sangre fría, realizó otro homicidio en su apartamento despachando a un colega payaso y finalmente mató a Murray en su propio show televisivo. En total serían 6 asesinatos, lo cual ciertamente no es un chiste. Pero me asalta la duda en cuanto al personaje de April Grace, la siquiatra que lo entrevista en el manicomio en una celda de la cual huye Artur Fleck dejando un rastro de sangre al final de la película. ¿Qué pasó con ese personaje, la mató también? Hay una laguna argumental, si no es así ofrezco mis disculpas.

Por último, me da la impresión que el contenido musical de esta entrega es casi un relleno que compensó un guion dramático flojo, a pesar de su relación con el mundo del espectáculo que rodeaba al personaje la parte musical no agrega mucho. Quizá, muchos cinéfilos  nos quedamos con las ganas de apreciar a un Arthur Fleck o al Guasón en unas secuencias más atractivas que viéndolo danzar o cantar unas cancioncitas.


domingo, diciembre 22, 2024

Adiós al Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro (IEPFT)

 

TEXTO DEL COMUNICADO

Por decisión de su Asamblea de Miembros en fecha 31 de octubre de 2024 el Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro ha cesado sus actividades.

Las publicaciones pasan a un fondo editorial al que seguirán teniendo acceso gratuito a través de https://abediciones.ucab.edu.ve/descargar-ab/ y de eticacivica-ab.com

Como siempre, deseamos que el significado de las festividades fortalezcan el deseo de reencontrarnos con nuestras familias, brinden tiempo para la reflexión y proyectemos un 2025 de paz y libertad. 

Después de 13 años el Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro ha cesado sus actividades.


MI COMENTARIO


Para mi, fue una experiencia muy nutritiva profesionalmente tener la oportunidad participar en el IEPFT a lo largo de once (11) de sus trece (13) años de existencia. Siempre estaré agradecido con todo el equipo directivo, institucional y profesional con el cual compartí actividades de investigación y de formación en todo el país.

Por otra parte, considero que la decisión del cese de actividades del IEPFT, constituye un golpe a los procesos de formación ciudadana que desde un enfoque democrático, plural e incluyente se practicaba en esa entidad. Por lo demás, estimo que la desaparición de esa entidad obedece también a la coyuntura que atraviesa el país.

Finalmente, reitero mi agradecimiento profesional y estoy convencido que en un futuro el Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro (IEPFT), retornará para continuar su labor de pedagogía política cívica y democrática.

Hasta pronto amigos








lunes, diciembre 02, 2024

Justicia para los vecinos

 


Se ha creado una expectativa en el movimiento vecinal por la reciente aprobación de una nueva Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de la Justicia de Paz Comunal (2024)[1] y por ende, por la muy próxima elección de sus jueces de paz correspondientes, este 15 de diciembre. Estos jueces paz serán electos por votación popular en unos circuitos comunales predefinidos externamente al municipio. La preocupación del activismo vecinal es comprensible porque la ley determina que la nueva Justicia de Paz Comunal se organizará al margen del municipio y las parroquias que son los espacios político-territoriales naturales reconocidos por el marco legal vigente[2].

Comentarios

En realidad, el desarrollo institucional previo de la Justicia de Paz en Venezuela ha sido accidentado y no muy exitoso. No se trata de descalificar la utilidad de ese medio de participación para la convivencia, la mediación y la resolución alternativa de conflictos vecinales o comunitarios; pero si se trata de reconocer que la justicia de paz, no ha sido lo suficientemente apoyada por las autoridades públicas de los tres niveles político-territoriales de la República ni tampoco por las propias comunidades, que aún incluso desconocen su existencia y utilidad. Un hecho cierto, es que desde 1994 la aplicación de la justicia de paz en Venezuela ha sido limitada e incompleta desaprovechando así, sus potencialidades pedagógicas como creadora de ciudadanía.

En un muy breve recorrido por su trayectoria, encontramos que la justicia de paz fue incluida por el Libertador Simón Bolívar en la Constitución de 1819 a propósito de la creación de la Gran Colombia. A partir de ese momento del siglo XIX, son muy pocos los estudios y registros sobre el desempeño de esa institución ciudadana; y es hasta bien entrado el pasado siglo XX, cuando encontramos una iniciativa firme para el desarrollo de la justicia de paz, por parte de una entidad de la sociedad civil.

En efecto, fue la Asociación Civil Constitución Activa en 1989 retomó el tema e incluso logró presentar a la opinión pública un proyecto denominado Ley de Tribunales de Paz, elaborado bajo la coordinación de Omar Mago Bendahán. Un año después de esa presentación en 1990, se logró el interés del Concejo Municipal de Caracas que realizó lo que sería el primer taller de justicia de paz del siglo XX.

En el año 1993, el magistrado Alirio Abreu Burelli presentó en el Congreso de la República, un proyecto de Ley de Tribunales y Procedimientos de Paz, basado en el proyecto previamente elaborado por Omar Mago Bendahán. Ocurrió sin embargo, que el proyecto presentado Abreu Burelli tuvo varias observaciones y objeciones que provocó la preparación y redacción de otro proyecto que finalmente dio origen a la Ley Orgánica de Justicia de Paz en 1994.

La Ley Orgánica de Justicia de Paz (1994).[3]

Según la Ley Orgánica de Justicia Paz, el propósito fundamental del Juez de Paz era lograr la justicia en el caso específico sometido a su consideración y viabilizar su solución y la convivencia pacífica de los miembros de la comunidad vecinal. El Juez de Paz, procedía del ejercicio del sufragio directo universal y secreto de los votantes de su respectiva comunidad (parroquia). Sus decisiones eran vinculantes y podía ser revocado bajo ciertas circunstancias.

La primera elección de un Juez de Paz en Venezuela se realizó el 5 de agosto de 1995, en el municipio Baruta, del estado Miranda, siendo electo el ciudadano Pulido Antonio, quien ejerció el cargo durante 7 años.[4] El proceso constituyente de 1999 consagró a la justicia de paz como un derecho constitucional. En el artículo 178, numeral 7, la justicia de paz fue enmarcada en las competencias municipales; y en el artículo 258 se estableció que los jueces serían elegidos por votación directa, universal y secreta: y además, se ratificaba que la ley promovería el arbitraje, la conciliación y la mediación.

Un dato curioso fue que el 16 de enero de 2010, el entonces presidente Chávez en el marco de la estrategia de avance del modelo socialista bolivariano, anunciaba la creación de un Consejo de Justicia Socialista, cuyos integrantes egresarían de la Escuela Nacional de la Magistratura. Dos años después en 2012, se promulgó la Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de la Justicia de Paz Comunal, que sustituiría a la LOJP de 1994. Una de las principales características de esta ley fue separar de facto la justicia de paz del ámbito municipal y ubicarla en el contexto de los consejos comunales y, supeditar la elección de los jueces de paz a la realización de asambleas de voceros de consejos comunales.[5] En la práctica el alcance de esta ley fue aún más limitado por su cooptación al ámbito comunal que determinó la muy baja participación y reconocimiento vecinal.

La nueva ley del 14 de noviembre

La nueva ley de Paz Comunal nos deja muy claro ciertos aspectos territoriales y funcionales:

En primer lugar, según la LOJPC la Justicia Comunal ya no compete al ámbito municipal. En efecto, la justicia de paz comunal pasa a ser una instancia de participación del poder popular (LOJPC, artículo 1). En tal sentido, el municipio deja de ser reconocido como entidad político territorial que posee en sus competencias la justicia de paz.

En segundo lugar, los jueces de paz comunal serán electos en unos circuitos comunales (en territorios comunales) cuyo origen y alcance es desconocido por la población, lo que convierte su elección en proceso poco transparente. Además, los aspirantes deben pasar por un proceso previo de probable impugnación ante una comisión electoral comunal.

En tercer término, la justicia de paz y sus decisiones dependerán de una cadena de comités y consejos para intervenir en su gestión, tales como: Comité de Justicia Comunal de cada Consejo Comunal, el Consejo de Justicia Comunal de cada Comuna y la Coordinación Nacional de Justicia Comunal del Tribunal Supremo de Justicia. La justicia de paz se integra pues a un sistema que está pensado hacia arriba en forma vertical y centralizada.

En cuarto lugar, y como comentario adicional, destaca el muy bajo interés ciudadano que ha causado la propuesta de paz comunal presentada por el gobierno en la población en general, salvo para aquellos sectores vecinales tradicionalmente activos y siempre en defensa de sus comunidades. Pero lo cierto, es que la propuesta no ha levantado interés ciudadano.

Algunas interrogantes

¿Resulta confiable la elección de una justicia de paz basada en el desconocimiento del marco legal vigente? ¿Hubo alguna consulta ciudadana previa para demarcación de los territorios y circuitos comunales? ¿Por qué tanta premura en la realización de un proceso que requiere de la más amplia información, consulta y difusión de la ciudadanía? ¿Es necesario que la justicia de paz sea comunal, popular y socialista? ¿Es este el momento más adecuado para la realización de ese proceso?  

Finalmente, es muy probable que esta elección de Jueces de Paz fracase por la baja participación vecinal. Pero, y lo más importante es que se continuará oficialmente con el maltrato y menosprecio a una herramienta democrática y ciudadana como es la Justicia de Paz.


[1] Publicada en la Gaceta Oficial N° 6.854 Extraordinario de 14 de noviembre de 2024

[2] Nos referimos a la Constitución Bolivariana de la República Bolivariana de Venezuela (1999) y a la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2010)

[3] Publicada en Gaceta Oficial N° 4.817 Extraordinario de fecha 21 de diciembre de 1994

[4] Hay reportes de actuaciones en la jurisdicción de paz: en el Manicomio 1992 (parroquia la Pastora) en Guanare (estado Portuguesa) con Cecilia Morillo en 1993. En el barrio Manicomio 1996, se habría realizado un juicio vinculante que sirvió de modelo para la Constitución de 1999, según Omar Mago B. También hay registros de iniciativas pioneras en la justicia de paz en las parroquias El Recreo, Macarao, El Recreo y Sucre en 1994, según registros de la Escuela de Vecinos.

[5] En Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 39.913 de fecha 2 de mayo de 2012

sábado, noviembre 30, 2024

Citizen Participation as an Alternative to Government

 

Contents

  Citizen Participation: Brief Background and Concept

  Public Activity Spaces for Citizen Participation

  Institutional Conditions for Citizen Participation

  Advantages and Difficulties of Citizen Participation

  Participatory Democracy versus Representative Democracy?

  Is Citizen Participation the Alternative?


The complex Latin American reality is still characterized by poverty, social exclusion, high levels of public and private corruption, human rights violations, and widespread governmental inefficiency. This situation undoubtedly requires a new approach that involves establishing institutional mechanisms that allow for the unification of efforts between the State, citizens, and civil society to construct viable short, medium, and long-term solutions in an environment of freedom, inclusion, responsibility, and efficiency. In this context of needs, specialists and experts have turned their attention to the possibility of citizens participating in public management as an alternative for institutional change and "improvement" of our democracies.

Is it possible, then, to promote a new democratic functioning scheme where the citizen, the people, and civil society take a leading role in front of the State, its institutions, and its government? Can citizen participation contribute to achieving the path of development, prosperity, and modernity in our countries? Let's explore some of its distinctive features and perhaps then draw conclusions.


Citizen Participation: Brief Background and 

Concept

The incorporation of the participation topic into the agenda of various governments in our region has been progressive and motivated by several reasons. One of them was the recognition of the State's inability to effectively and efficiently address the diversity of demands and problems in its specific environment. This situation led governments in the region to promote deregulation, privatization, decentralization, and administrative deconcentration measures, trying to incorporate the private sector in resolving an agenda full of unresolved


Issues.

Another motivating cause for participation was the need to democratize relations between the State and civil society as a modernizing element and a refreshing of democracy as a political system (Venezuela was a typical case of this type of initiative starting in the late 1980s).

A third path resulted from the development of civil society itself, which, combined with the emergence of new political leaderships in Latin America, also contributed to opening spaces for individuals to participate in public management.

The emergence of new managerial approaches and State reform fostered new forms of accountability and control of public management through the incorporation of communities and specific social sectors (New Public Management from the 1990s).

Finally, the presence of multilateral development and technical cooperation organizations (the World Bank, the Inter-American Development Bank, the Andean Development Corporation, or the United Nations Development Programme) has also contributed to the expansion of this participatory trend through training programs and even financing local development projects that involve co-management of official and private entities.

In very simple terms, citizen participation is the process by which citizens, directly or through their associative expressions, influence certain governmental processes that define public policies. That is, through citizen participation, individuals, communities, and organized social sectors have the opportunity to intervene in various ways in resolving certain matters of collective interest. But being even more direct, we must indicate that this citizen intervention in public affairs translates into the possibility of participating in three fundamental events: namely, the formulation, execution, and control of public policies. We will make some very brief comments on these three aspects.

Citizen participation in the formulation of public policies implies the obligation of governmental entities to: i) define the administrative acts that may be subject to consultation (laws, regulations, plans, programs, or investment projects, urban or urban planning ordinances, to name a few); and ii) establish the conditions, mechanisms, procedures, and duration of each respective public consultation. It should be added that the complexity of these civic consultation processes will depend on the political-territorial scope where they are carried out, whether at the national, state (provincial, state, departmental), and municipal (local) levels.

On the other hand, citizen participation in the execution of public policies is somewhat clearer. Indeed, there is much more experience in this area in the Latin American region. In this regard, it is enough to recall the processes of privatization, public concessions, decentralization, or agreements with private parties (with or without profit motives) for the provision of certain services.

Finally, the concept of citizen participation directly implies the exercise of social control. This social control involves the participation of citizens, communities, and organized social sectors in the supervision, control, and monitoring of public policies with national, regional, local, and community impact, with special emphasis on those aimed at human development. Social control is an important and strategic segment of citizen participation that requires extensive and urgent technical and legislative development to make it a reality effectively and efficiently.


Public Activity Spaces for Citizen Participation

On the other hand, and to reflect on the relevance of citizen participation as a new paradigm of democratic functioning, we must distinguish its different areas of impact within governmental activity. Indeed, citizen participation initiatives for better understanding can be located in six distinct areas of public activity that are clearly distinguishable. Let's see.

One of them is citizen participation linked to the social sector. Here, citizen initiatives, those driven by organized communities and other specific sectors of society, would have the right to co-manage public educational, health, cultural, sports policies, and those related to housing construction and related services.

A second area of operation is the economic one, which also offers the possibility for the incorporation of civil society in the management of public programs related to the so-called social economy, such as the development of agricultural cooperatives, popular markets, savings banks, and micro-enterprises.

A third area for citizen participation is represented by the defense of human rights against the State, more specifically against the judicial and penal-penitentiary system, and against possible abuses from entities within the private sphere of society. The defense of gender, children's and adolescents' rights, the elderly, political or conscience prisoners, freedom of expression, and environmental rights, among others, are a field where social volunteering and thematic organizations have consolidated their presence and operational capacity.

Another sector for the development of citizen participation is linked to local planning, which includes municipal planning, urban development, urban planning, and the incorporation of citizens and organized communities in the discussion of public budgets. In this particular sector, notable successes have been achieved in our America, such as the participatory budget experiences in the Municipality of Caron( (ALMACARONI) in the state of Bolivar (Venezuela) and, of course, the renowned and more well-known participatory budget experience carried out in the city of Porto Alegre, Brazil.

Citizen participation in the processes of electing peace judges and community representatives to local management bodies (urban or environmental authorities) is another significant segment for the exercise of a citizen democracy.

Finally, we must mention the classic form of citizen participation (this of a political nature and directly linked to the democratic system) that refers to the possibility of electing members and components of the different branches of the State. Here we refer to the possibility of electing Presidents, Vice Presidents, Governors, and Mayors within the executive branch. To select Senators, Deputies, State Representatives, and Councilors in the legislative power and to elect other officials such as Magistrates within the judicial power or Rectors or members of electoral bodies. Political participation would also imply the right to convene and conduct referendums, constitutional, constituent, and even recall consultations (as in the Venezuelan case) and also the possibility of presenting legislative initiatives by citizens in the different legislative bodies that each Republic possesses.

Institutional Conditions for Citizen 

Participation


Participation as a citizen event, as a social process, requires the fulfillment of a series of conditions for its full exercise. A first institutional condition is the indispensable existence of a democratic legal framework that supports, promotes, and supports the exercise of citizen participation directly or semi-directly (through their associations) in an environment of equality, transparency, simple procedures, and timely responses. A second condition is that the practice of citizen participation develops within ethical principles based on honesty, solidarity, tolerance, free criticism, and responsibility. Thirdly, citizen participation requires the development of educational programs aimed at raising the civic and participatory capacities of citizens, communities, and organized social sectors in a democratic, plural, and free framework. But also, and linked to the previous point, the participatory process requires the implementation of a training and training process for members of public bureaucracies as a direct counterpart to the technical processes and events that would derive from the new participatory condition of the administration. Fourthly, the State and its institutions must facilitate organizational, technical, and technological resources, informational and computer resources, and physical spaces for the effective fulfillment of citizen participation processes. A fifth condition is the timely and sufficient provision by the State of budgetary resources to guarantee the functioning of the different citizen participation bodies. Finally, for the realization of citizen participation processes, strong support and political commitment from governmental forces in alliance with organized civil society are needed. Without a firm political conviction, citizen participation will only be a declaration of well-intentioned principles.


Advantages and Difficulties of Citizen 

Participation

The practice of citizen participation in its transcendence entails a series of advantages and risks that should not be avoided in this global overview we have undertaken around the topic.

Let's start with the most relevant advantages.

One of the benefits of citizen participation is its direct contribution to the increase of Social

Capital. Indeed, participation strengthens citizen associativity, cooperation, and solidarity, civic

awaæness, anu values. UI coulse, Mils conuluon requires an Insuwuonal e1101L governmental agencies to consolidate these established links and their benefits. Similarly, participation favors the Empowerment of Citizenship and the most vulnerable Communities. Under a governmental paradigm based on participation, it allows the fulfillment of four key characteristics of empowerment, such as access to information, inclusion, responsibility, and civic organization capacities.

Thirdly, participation also allows the articulation of Networks as alternative and autonomous organizational means of communities and organized social sectors in solving their problems. Networks contribute to the exchange of experiences among citizens, thus strengthening their negotiation capacity and independence from the State. Lastly, a participatory scheme substantially redefines the relationships between the State and civil society, under a framework of belonging, co-responsibility, and mutual accountability and control.

Citizen participation has some difficulties. The first, which is obvious, is the possible hindrance of government management due to the presumed continuous realization of consultation processes and hearings with the citizenry. Added to this is (and it is not a risk but a reality) the resistance of the public bureaucracy in our countries to accept "the invasion" of an external agent (the citizenry) into their patrimonial domain. Similarly, it must be mentioned that citizen participation is prone to being manipulated for clientelist and political-party purposes, thus distorting its essence of citizen protagonism. Lastly, citizen participation cannot be seen or idealized as a panacea under the risk of wanting to replace it with the natural instances of government without any result.


Participatory Democracy versus Representative Democracy?

A redefinition of the functioning of democracy should not be based on the false dichotomy of "a representative democracy versus a participatory one." Participation and representation are not mutually exclusive. On the contrary, they are two intimately linked and even inseparable qualities. All democracy is based on the combination of three strategic aspects, such as: i) the direct and/or semi-direct participation of its citizens; ii) the presence of representative public entities, and iii) the separation and independence of the executive, legislative, and judicial powers. As we have seen, through participation, citizens have the opportunity to influence the events that occur in the instances that make up a democratic model of government. Therefore, there is no antagonism between participation and representation.

Is Citizen Participation the Alternative?

And why not? The path to prosperity and development of our continent is a shared responsibility between citizens and their associative expressions in a leading role and the State as the ultimate guarantor of the nation's order. This historical situation is unavoidable.


Continuing under statist models, where the will of the citizenry remains hijacked by the omnipresence of a single actor, is to continue navigating in failure, blaming external factors for our own mistakes and our lack of future vision. The time for citizens has come. The opportunity to start a new model of government open to citizens: responsible, democratic, plural, and inclusive is in front of us. The only possible mistake is not to embark on this path.



Miguel Gonzålez Marregot. Venezuelan educator, with postgraduate studies in Political Science at Simon Bolivar University. Specialist in Public Management from the Venezuelan Institute of Planning, IVEPLAN. Elected representative to the Local Council of Public Planning (CLPP) of the Baruta Municipality (2004-2006 period). President of the Permanent Commission of

Institutional Affairs and Public Security of the CLPP. Advisor to the Chacao Municipality,

Miranda state, in the area of Citizen Participation and Social Capital. ciudadanolibre@gmail.com

Rights reserved PADH - UASB Andean Human Rights Program - Andean University Simon

Bolivar Andean Contributions Journal No. 14. Participation and Citizenship. July 2005 http://www.uasb.edu.ec/padh



domingo, noviembre 24, 2024

Nota sobre los superhéroes

En días pasados escribía en Bluesky (@ciudadanolibre.bsky.social) sobre la mini serie Pingüino producida por HBO y protagonizada por Colin Farrel y, comentaba en post que es una producción televisiva de altos quilates, de indiscutible calidad y de necesaria vista en el mundo policíaco. Ese comentario, me llevo de inmediato a recordar otra producción también para televisión: Gotham (Warner Brothers, 2014) ¿la recuerdan? Sí, aquella serie que trataba sobre las peripecias del detective James Gordon (en manos de Benjamín McKenzie) en el mundo corrupto y agresivo de Gotham City, todo esto como marco preliminar al futuro desarrollo como héroe de Bruce Wayne en su rol de Batman. Pero, además también evoqué la película Guasón de 2019; en efecto, aquel film donde un fracasado cómico llamado Arthur Fleck (encarnado por Joaquín Phoenix) termina convertido en un asesino loco y registró entre sus víctimas indirectas a los padres del niño Bruce Wayne. Por último, decidí recordar a The Dark Knight Rises de 2008 (con Christian Bale a la cabeza de un gran elenco) donde vemos a un Batman a punto de emprender el retiro de su vida pública.

Y escribía sobre Batman porque dentro del genero de ficción policiaca me parece uno de los sub mundos más ricos y con mayores posibilidades de contenido, a diferencia de otros superhéroes y sus respectivas sagas. Salvo quizás el Avispón Verde y un poco de Linterna Verde (que tiene contacto con civilizaciones extraterrestres) que ofrecen posibilidades de ser “humanos corrientes”, los demás super héroes están muy supeditados a sus superpoderes (paradójico), nos referimos Superman, Flash, el Detective Marciano, Aquamán o la Mujer Maravilla (Marvila) y limitan sus posibilidades de desarrollo creativo y argumental.

Dentro de ese mundo fantasioso siempre será más creíble para el espectador mirar a una Batman dudoso y hasta recibir una tunda en su lucha contra sus villanos (que también son  de esta planeta) conformarse con observar a unos superhéroes que salvan y salva a la tierra, una y otra vez de enemigos alienígenas. En fin, parece preferible dentro de la categoría de los héroes de ficción policial aquellos protagonistas que demuestren que de vez en cuando, les duele la barriga.  



La foto pertenece a un cuadro ubicado en la Galería de Arte Nacional, Caracas, Venezuela

jueves, noviembre 21, 2024

Nota sobre los movimientos sociales

Los movimientos sociales son formas que reúnen a individuos y organizaciones con el propósito de influir en el sistema político de acuerdo a aspiraciones políticas y/o de reclamo de derechos. Hay una línea directa entre la acción de los movimientos sociales y luchas democráticas por los derechos humanos.

Los movimientos sociales reúnen un conglomerado diverso de expresiones sectoriales, tales como los trabajadores y sus sindicatos, los activistas por los derechos civiles y políticos, los grupos pacifistas, los grupos feministas y por la igualdad de género, los movimientos estudiantiles, las asociaciones ecologistas, los activistas LGBTI, los defensores de las comunidades indígenas, los grupos antiglobalización y los grupos vecinales, entre otros.

En América latina se pueden identificar varios grupos sociales en Brasil por ejemplo destaca el Movimiento de los sin Tierra; en Argentina, el Movimiento de Pobladores; en Colombia ubicamos al Movimiento de las Víctimas de la Violencia; en Bolivia destaca el Movimientos Indígena y el de los Trabajadores Mineros, y en Venezuela podemos mencionar el Movimiento Estudiantil (1928), el Sindical consolidado con la huelga petrolera (1936), el de las Mujeres con la Liga Femenina (1934) y el movimiento vecinal  con la Liga de Colonos (1934).

Los movimientos tienen un objetivo básico (a conseguir) que les otorga identidad. Además, poseen capacidad de organización y movilización y también capacidad para manejar su composición diversa y desigual. Pero su principal rasgo es la autonomía, es decir la capacidad para tomar decisiones y emprender acciones según sí mismos.

En nuestro país los movimientos aún están debilitados y si se quiere en período de reconstrucción tal como se pudo percibir en las elecciones del pasado 28 de julio de 2024. Los movimientos sociales nacionales han sufrido cooptación tanto partidista como clientelar e incluso durante los últimos años los gobiernos han tratado de neutralizar sus capacidades organizativas y de movilización. Sin embargo, su cultura democrática y su arraigo en el tejido social les ha permitido ir recuperando espacios. Sobre este tema volveremos...







martes, noviembre 12, 2024

Un comentario sobre la victoria de Trump

 

El triunfo de Donald Trump significó el deseo de cambio de los estadounidenses ya cansados de un gobierno valorado como como incapaz. Quizás el tiempo del liderazgo mundial indiscutido de los Estados Unidos de América ya pasó, y ahora lo indicado sea atender con eficacia sus problemas domésticos como la emigración, la seguridad y la economía, por ejemplo.

Trump, o cualquier líder político, siempre serán polémico pues escalar a la jefatura de gobierno de los Estados con mayor desarrollo económico, poderío militar avance tecnológico no es cualquier cosa. Sobre todo, considerando la trayectoria de los Estados Unidos tanto en su evolución como nación libre, capitalista y democrática como su incidencia en el ámbito de las relaciones internacionales.

Por supuesto, los tiempos han cambiado, y las relaciones internacionales también. Ahora, China de presenta como un serio rival de Estados Unidos para asumir el liderazgo político, acaso ya no lo hizo en ciertas regiones del planeta como África. El BRICS es otra alternativa multilateral (encabezada por India, China y Suráfrica) que pretende desplazar al patrón dólar estadounidense de la hegemonía del mercado. Además, la presunción de la Unión Europea de no ser afectada por las medidas que pudiera adoptar Trump también forma del paquete internacional.

Es por ello que la atención del nuevo gobierno de Trump deberá dedicar su énfasis a fortalecer la identidad de los Estados Unidos y recuperar su potencialidad económica. Se trata de proteger a América, y de relanzar a esa a esa nación lo cual parece absolutamente razonable. Si el presidente Trump se aparta un poco el micrófono y se dedica y focaliza sus capacidades gerenciales a impulsar su proyecto de gestión hará un gran gobierno.

El tema de inmigración es un aspecto trascendente para el país del norte. Y en realidad acoger diariamente a miles de migrantes es una situación insostenible, tanto para el Estado receptor como para la persona que intenta llegar al “sueño de una vida mejor”. Y aunque suene duro y poco grato los recursos para atender los problemas públicos son limitados y compiten entre sí. En otras palabras, los recursos públicos dirigidos a atender la migración extranjera se restan a otros sectores de actividad estatal. O si se quiere, los legítimos derechos humanos no son gratuitos y tienen un coste presupuestario y financiero que alguien tiene asumir.

La problemática de los emigrantes es un tema internacional. Así como los Estados Unidos lo padecen a diario en la Unión Europea ocurre igual. Una oleada humana necesita, urgida y en búsqueda de mejores opciones para su vida se desplaza de África y cerco oriente hacia Europa o también de los países suramericanos hacia los Estados Unidos. ¿Son las deportaciones la política pública adecuada? ¿O mejor se ensaya con la transferencia de inversiones hacia las naciones que generan migración? En todo caso, siempre asoma en ambas alternativas de política, un coste político para el Estado receptor que se encuentra en la indefectible obligación de defender a su pueblo y su soberanía.

Creo que Donald Trump va a estar bastante ocupado en atender la agenda de asuntos pendientes de los Estados Unidos; una agenda cuya atención es impostergable.



martes, noviembre 05, 2024

Una opinión ciudadana sobre la dana valenciana

Foto BBC


La tragedia sufrida por la Comunidad Autónoma de Valencia en España es verdaderamente impactante no solamente por la significación de pérdidas de vidas humanas, de enseres y propiedades sino también por la repercusión en la vida de cada una de las poblaciones de esa comunidad regional que tardará un tiempo largo para reponerse y volver a una normalidad, que nunca será la misma. Pero, además la “dana” también evidenció un conjunto de problemas institucionales y políticos que existen en el Estado español y que ahora salen a flote.

La “dana” dejó un conjunto de interrogantes urbanísticos referidos a la construcción de comunidades y asentamientos humanos en espacios potencialmente inundables o proclives a sufrir este tipo de dificultades naturales porque ¿acaso esos pueblos, villas y ciudades fueron levantadas sin considerar sus condiciones geográficas? Y además ¿hubo algún planeamiento urbano o simplemente se ignoró esa posibilidad técnica que debería ser indispensable para una nación del primer mundo?

Otra cosa son las advertencias del calentamiento global y su debate con el llamado negacionismo. El calentamiento de la tierra es una realidad con unas secuelas ciertamente tormentosas. Esa situación (la del calentamiento global), supone entonces el emprendimiento de un conjunto de acciones preventivas de naturaleza ecológica con visión de futuro y también revisar el desarrollo urbanístico actual que puede ser (o ya lo ha sido) víctima de fenómenos naturales catastróficos. En este contexto, el tema de las ciudades sostenibles y sustentables cobra una particular relevancia en atención a la inmensa cantidad de población que habita en las ciudades de todo el mundo. Atender con eficacia, responsabilidad y democracia las exigencias de un nuevo desarrollo urbano y urbanístico constituye un reto ineludible para la humanidad de hoy y, por ende, de la posible humanidad futura.

La “dana” valenciana evidenció la lentitud y la falta de coordinación de los servicios de atención de desastres del Estado español. Sobre ello, no quedas duda. Al respecto cabe señalar que, los ayuntamientos afectados son entidades administrativas pequeñas y con recursos limitados y, que por tanto, su capacidad de respuesta fue insuficiente desde un principio para atender tal acontecimiento sobrevenido. Eso resalta la lentitud y poca eficacia conque actuaron inicialmente, los gobiernos comunitarios y nacionales. Lo anterior nos lleva a concluir que, el sistema de atención de emergencias prevaleciente en España tiene que ser revisado con urgencia; tanto en su conceptualización como en sus protocolos de gestión. Y cabe preguntarse ¿están preparadas los habitantes de los poblados locales para afrontar emergencias? ¿Desarrollan las corporaciones locales programas de formación ciudadana que incluyan el tema? Las respectivas administraciones públicas fallaron inicialmente.

Un elemento a comentar fue la reacción de la población, que no fue única ni homogénea. En primer lugar, se encuentran los ciudadanos afectados por la vaguada quienes padecieron de manera directa y sin oportunidades, los efectos del fenómeno natural. Hasta ahora se cuentan más de doscientos muertos y cientos de desaparecidos (aunque no se tiene una cifra oficial), familias rotas y sin enseres ni servicios públicos resintieron la lentitud de la respuesta estatal, que en última instancia es la de mayor responsabilidad. Los afectados directos han aguantado de manera firme en defensa de lo que queda de sus familias, de sus hogares y reclamando sus derechos. En segundo lugar, se encuentra el movimiento voluntario de miles de españoles que salieron en auxilio de sus paisanos sin escatimar esfuerzo alguno y con una actitud solidaria. El voluntariado nos indica un alto grado de cohesión social que posee la población de España y ese rasgo es muy positivo. Un comentario adicional en este segmento quiero referirlo al error de tratar de contraponer la acción del voluntariado con la acción oficial. Este enfoque además de injusto; pues el Estado ha movilizado sus recursos materiales y humanos, supone no reconocer las tareas de atención y rescate que han venido realizando los efectivos estatales. En tercer lugar, se ubica un sector delincuencial (evidentemente muy minoritario) que ha tratado de aprovechar las circunstancias de la tragedia para cometer fechorías y emprender robos y saqueos en comercios durante la noche, lo que ha supuesto la intervención de los cuerpos de seguridad del Estado para reducir estas manifestaciones delictivas. En cuarto lugar, la calidad de la cobertura de los de los medios de comunicación social y sobre todo de las redes sociales ha sido variable y oscilante entre la información y el amarillismo. Ha habido mucha repetición de imágenes y reciclaje de noticias que a veces termina por ser alarmista y poco informativo. En quinto lugar, es ineludible referirse a los sucesos violentos acaecidos en la comunidad de Paiporta ante la visita de los Reyes y de los jefes del gobierno nacional y de la propia región valenciana. En realidad, el descontento de los afectados ante la lentitud de la acción oficial puede ser comprensible, pero lanzar objetos contundentes y llamarlos asesinos no va a resolver las cosas. Pienso que ese mini estallido social de Paiporta nos indica la ruptura y la lejanía que percibe la población española con sus autoridades y, eso resulta muy grave. De hecho, durante estos días de dura crisis la falta de liderazgo institucional y político ha sido de lo más relevante. En la mayoría de los casos la dirigencia política de los países (democráticos o no) termina distanciándose de la realidad cotidiana de sus ciudadanos porque se concentra y vive dentro de una burbuja de relaciones burocráticas que generalmente no expresa ni recoge el sentir popular. Este aislamiento de la realidad que padecen los políticos se hace más grave en aquellos países democráticos, pues lo único que terminan consiguiendo aquellos que pregonan su popularidad es la deslegitimación de sus gobiernos. La dirigencia política española deberá bajar de su pedestal o de lo contrario, lo hará el pueblo.

 


martes, octubre 29, 2024

Las comunidades en movimiento: las huellas de las Ligas de Colonos I

 

La historia de los movimientos comunitarios en Venezuela, desde principios del siglo pasado, resulta ser un tema apasionante. Pues, se trata de indagar y descubrir las entrañas de la historia social de nuestro país, desde sus bases como lo son las comunidades y sus expresiones asociativas. Los grupos comunitarios forman parte de otros movimientos más amplios que, en el caso venezolano reunieron a los trabajadores, a los maestros, a los estudiantes, a las mujeres y a el movimiento de los artesanos que se fueron formando durante el gomecismo, a pesar de la represión y persecución de ese régimen y que emergieron con mucha fuerza reivindicativa después de la muerte del dictador.

Sobre el origen específico de los movimientos comunitarios en Venezuela hay un consenso relativo que apunta a las llamadas Ligas de Colonos que surgieron en Caracas a partir de los años treinta; en medio de una crisis social y urbanística por la que atravesaba la ciudad y en la cual los sectores populares asumieron los reclamos por el acceso a los servicios públicos (agua y transporte) y el acceso y alto costo del alquiler de las viviendas y de las pensiones.  Sin embargo, hay imprecisiones en cuanto a su denominación de Liga de Colonos y en torno a su origen. Ambas interrogantes podrían encontrar respuesta en la migración interna de los sectores rurales hacia la ciudad (de Caracas) y que se tradujeron en la fundación de barrios en lugares marginales como en cerros y quebradas y, en terrenos particulares y baldíos. Es decir, esas invasiones fueron protagonizadas por personas migrantes que terminarían siendo llamados Colonos y cuyo origen era la provincia del país.

Sobre las primeras Ligas de Colonos hay consensos relativamente aceptados. Por ejemplo, la historiografía ha venido aceptando el surgimiento de las Ligas en las parroquias de Santa Rosalía (1920), San Agustín, Antímano y La Vega a partir de 1930. Al respecto, se afirma que la parroquia San Agustín fue pionera de la organización popular y cultural. En el año de 1930 se constituye la primera organización denominada Liga de los Colonos como una iniciativa de dos sectores de la Parroquia Santa Rosalía: el Barrio San Agustín del Sur y el Barrio San Agustín del Norte que en el futuro llevaría a la independencia de la Parroquia Santa Rosalía, según consta en la Gaceta Municipal Número Extraordinario del 22 de diciembre de 1936, en el que se decreta la creación de la Parroquia San Agustín. (Hernández, Agapito, periódico San Agustín, Pág. 15. 2005).

La Liga de Colonos de San Agustín estuvieron integradas por profesores universitarios, dirigentes de partidos políticos, empresarios, comerciantes, representantes de la iglesia católica, estudiantes, obreros, amas de casas y autoridad civil. Y suele afirmarse que durante su existencia se lograría reivindicaciones principalmente para los habitantes de la parte sur, como fueron pavimentación de algunas calles, alumbrado público, empotramiento de aguas servidas y aguas blancas, escuelas, dispensarios, el mercado libre en el antiguo Nuevo Circo de Caracas y la rebaja de los precios de los terrenos.

Con datos duros podemos afirmar que, la Liga de Colonos (al menos, la ubicada en San Agustín) inició sus actividades en 1936, siendo legalizada en 1937 y manteniéndose activa y en relación con los habitantes de la parroquia. Al respecto, cabe mencionar el proceso de renovación de su directiva realizada en 1944, según se recogía en nota informativa, el Diario El País en su edición de fecha 8 de febrero de ese mismo año. La nueva Junta Directiva escogida para la Liga de Colonos de San Agustín estuvo encabezada por Julia de Romero y Margarita Monje quienes informaron que la entidad para ese momento contaba con 358 miembros. Un dato adicional -y unos años antes- fue que Rómulo Betancourt (líder del Partido Democrático Nacional y, posteriormente presidente de la República de Venezuela) escribía en su columna del Diario Ahora que desde el Ministerio de la Sanidad se había realizado una donación a la Junta Administradora de La Liga de Colonos en 1938 para atender unas emergencias, producto de las lluvias en esa parroquia. Este hecho nos indica el grado de consolidación institucional que tenía la entidad comunitaria.

También las Ligas de Colonos son asociadas a la gestión de los concejales de Acción Democrática (AD). Los representantes electos de AD que formaron mayoría en el Concejo Municipal de 1939 a 1942, (…) se centraron en organizar una mejora de los barrios existentes. Crearon la Caja Municipal de Crédito Popular, un fondo municipal para otorgar préstamos públicos a particulares para financiar la construcción de sus viviendas. Ese mismo año, el cabildo estableció sus primeras Juntas Pro-Mejoras (consejos ejecutivos responsables del desarrollo urbano) a nivel parroquial y de barrio; así como las Ligas de Colonos (asociaciones de colonos). Un dirigente de AD, llamado Gonzalo Barrios, también estableció un Consejo Ejecutivo Humanitario llamado Junta Pro-Habitantes de Puentes y Quebradas (Olliver, 2023).

Alrededor de la Liga de Colonos de San Agustín se abre un debate sobre su naturaleza como asociación vecinal independiente o adscrita a un partido político en este caso Acción Democrática (que en sus inicios se denominaba Partido Democrático Nacional) o también del Partido Comunista de Venezuela (PCV), otrora gran partido que junto al partido AD impulsó la organización en los barrios. En todo caso, queda establecida la existencia de la Ligas de Colonos como organizaciones primarias de la organización comunitaria a principios del pasado siglo XX.

Un comentario final, de esta primera entrega lo referimos a la presencia de estas organizaciones vecinales en otras parroquias de Caracas (y debe ser así), aunque nos falta -por ahora-, la documentación pertinente de Santa Rosalía (a partir de 1920) y en Antímano y La Vega (en los años treinta). Al respecto, cabe señalar la necesaria revisión hemerográfica para contrastar su existencia y alcance y, enriquecer y ampliar el conocimiento de los orígenes de los movimientos comunitarios en Venezuela. En eso andamos, amigos…