La tragedia sufrida por la
Comunidad Autónoma de Valencia en España es verdaderamente impactante no solamente
por la significación de pérdidas de vidas humanas, de enseres y propiedades
sino también por la repercusión en la vida de cada una de las poblaciones de esa
comunidad regional que tardará un tiempo largo para reponerse y volver a una
normalidad, que nunca será la misma. Pero, además la “dana” también evidenció
un conjunto de problemas institucionales y políticos que existen en el Estado
español y que ahora salen a flote.
La “dana” dejó un conjunto de
interrogantes urbanísticos referidos a la construcción de comunidades y
asentamientos humanos en espacios potencialmente inundables o proclives a sufrir
este tipo de dificultades naturales porque ¿acaso esos pueblos, villas y ciudades
fueron levantadas sin considerar sus condiciones geográficas? Y además ¿hubo algún
planeamiento urbano o simplemente se ignoró esa posibilidad técnica que debería
ser indispensable para una nación del primer mundo?
Otra cosa son las advertencias
del calentamiento global y su debate con el llamado negacionismo. El
calentamiento de la tierra es una realidad con unas secuelas ciertamente
tormentosas. Esa situación (la del calentamiento global), supone entonces el emprendimiento
de un conjunto de acciones preventivas de naturaleza ecológica con visión de
futuro y también revisar el desarrollo urbanístico actual que puede ser (o ya lo
ha sido) víctima de fenómenos naturales catastróficos. En este contexto, el tema
de las ciudades sostenibles y sustentables cobra una particular relevancia en
atención a la inmensa cantidad de población que habita en las ciudades de todo
el mundo. Atender con eficacia, responsabilidad y democracia las exigencias de
un nuevo desarrollo urbano y urbanístico constituye un reto ineludible para la
humanidad de hoy y, por ende, de la posible humanidad futura.
La “dana” valenciana evidenció la
lentitud y la falta de coordinación de los servicios de atención de desastres
del Estado español. Sobre ello, no quedas duda. Al respecto cabe señalar que, los
ayuntamientos afectados son entidades administrativas pequeñas y con recursos
limitados y, que por tanto, su capacidad de respuesta fue insuficiente desde un
principio para atender tal acontecimiento sobrevenido. Eso resalta la lentitud
y poca eficacia conque actuaron inicialmente, los gobiernos comunitarios y
nacionales. Lo anterior nos lleva a concluir que, el sistema de atención de
emergencias prevaleciente en España tiene que ser revisado con urgencia; tanto
en su conceptualización como en sus protocolos de gestión. Y cabe preguntarse
¿están preparadas los habitantes de los poblados locales para afrontar
emergencias? ¿Desarrollan las corporaciones locales programas de formación
ciudadana que incluyan el tema? Las respectivas administraciones públicas
fallaron inicialmente.
Un elemento a comentar fue la
reacción de la población, que no fue única ni homogénea. En primer lugar, se
encuentran los ciudadanos afectados por la vaguada quienes padecieron de manera
directa y sin oportunidades, los efectos del fenómeno natural. Hasta ahora se
cuentan más de doscientos muertos y cientos de desaparecidos (aunque no se
tiene una cifra oficial), familias rotas y sin enseres ni servicios públicos
resintieron la lentitud de la respuesta estatal, que en última instancia es la
de mayor responsabilidad. Los afectados directos han aguantado de manera firme
en defensa de lo que queda de sus familias, de sus hogares y reclamando sus
derechos. En segundo lugar, se encuentra el movimiento voluntario de miles de
españoles que salieron en auxilio de sus paisanos sin escatimar esfuerzo alguno
y con una actitud solidaria. El voluntariado nos indica un alto grado de cohesión
social que posee la población de España y ese rasgo es muy positivo. Un
comentario adicional en este segmento quiero referirlo al error de tratar de
contraponer la acción del voluntariado con la acción oficial. Este enfoque
además de injusto; pues el Estado ha movilizado sus recursos materiales y
humanos, supone no reconocer las tareas de atención y rescate que han venido
realizando los efectivos estatales. En tercer lugar, se ubica un sector
delincuencial (evidentemente muy minoritario) que ha tratado de aprovechar las
circunstancias de la tragedia para cometer fechorías y emprender robos y
saqueos en comercios durante la noche, lo que ha supuesto la intervención de
los cuerpos de seguridad del Estado para reducir estas manifestaciones delictivas.
En cuarto lugar, la calidad de la cobertura de los de los medios de
comunicación social y sobre todo de las redes sociales ha sido variable y oscilante
entre la información y el amarillismo. Ha habido mucha repetición de imágenes y
reciclaje de noticias que a veces termina por ser alarmista y poco informativo.
En quinto lugar, es ineludible referirse a los sucesos violentos acaecidos en la
comunidad de Paiporta ante la visita de los Reyes y de los jefes del gobierno nacional
y de la propia región valenciana. En realidad, el descontento de los afectados ante
la lentitud de la acción oficial puede ser comprensible, pero lanzar objetos
contundentes y llamarlos asesinos no va a resolver las cosas. Pienso que ese
mini estallido social de Paiporta nos indica la ruptura y la lejanía que percibe
la población española con sus autoridades y, eso resulta muy grave. De hecho,
durante estos días de dura crisis la falta de liderazgo institucional y
político ha sido de lo más relevante. En la mayoría de los casos la dirigencia
política de los países (democráticos o no) termina distanciándose de la
realidad cotidiana de sus ciudadanos porque se concentra y vive dentro de una
burbuja de relaciones burocráticas que generalmente no expresa ni recoge el
sentir popular. Este aislamiento de la realidad que padecen los políticos se
hace más grave en aquellos países democráticos, pues lo único que terminan
consiguiendo aquellos que pregonan su popularidad es la deslegitimación de sus
gobiernos. La dirigencia política española deberá bajar de su pedestal o de lo
contrario, lo hará el pueblo.
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