2007: CINCO LÍNEAS DE ACCIÓN PARA LA SOCIEDAD CIVIL

La vida del país continúa. Con situaciones por resolver y, con otras previsibles o no, por venir. De manera inevitable, el proceso de cambio político que vive Venezuela entra en el 2007 en una nueva etapa. Una nueva etapa histórica donde el debate político bien entendido y mejor desarrollado, se hace imprescindible; y también donde las asociaciones cívicas, comunitarias y no gubernamentales serán decisivas en la construcción de una red social para la defensa de la democracia venezolana.

La acción de la sociedad civil será determinante al menos, en las siguientes cinco áreas: i) el rescate de la presencia y de la autonomía de las instancias de participación popular; ii) el impulso de la lucha cívica por los derechos democráticos; iii) la incorporación del “punto de vista democrático” al debate de la reforma constitucional; iv) la ampliación y democratización de los procesos de reforma y consulta legislativa; y, v) la promoción de programas de formación ciudadana y de responsabilidad social. Veamos.

El rescate de la presencia y la autonomía ciudadana en las instancias de participación popular

Los movimientos sociales y comunitarios autónomos deben reincorporarse a la red estatal de instancias de participación ciudadana, que establece el marco legal vigente. La efectiva participación popular en la red pública de Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas (a nivel estadal); y en los Consejos Locales de Planificación Pública (a nivel municipal) representa una sólida estrategia de lucha democrática para incidir en la formulación, ejecución y control de las políticas públicas de gobernaciones y alcaldías.

Los Consejos Comunales (diecisiete mil -hasta ahora-; según cifras extraoficiales), son otras instancias de participación comunitaria que deben ser rescatados para los auténticos intereses ciudadanos y comunitarios. Y la única garantía que los Consejos Comunales no sean “colonizados” por el autoritarismo dependerá de que su conformación se realice con independencia, inclusión y pluralidad. En tal sentido, la incorporación de vecinos y vecinas a los procesos de organización y elección de los Consejos Comunales; y hacer que los mismos funcionen para sus verdaderos propósitos, es otra forma de crear y relanzar la democracia venezolana.

El impulso de la lucha cívica por los derechos democráticos

Aunque parezca insólito los derechos democráticos más elementales como el derecho a la vida, a la justicia, a las reivindicaciones laborales o a la libertad de enseñanza y de expresión de ideas se encuentran en una situación de precariedad o bajo amenaza de sufrir serias restricciones. Por otra parte, el desarrollo libre y autónomo de las asociaciones civiles venezolanas también se haya afectado por la aprobación de la Ley de Cooperación Internacional.

Estas amenazas; sin embargo, constituyen retos para todas las comunidades organizadas y democráticas de Venezuela. Y es que esta nueva etapa, requiere que cada asociación u organización de carácter comunitario, gremial, sindical y popular se active en la defensa de los derechos colectivos y difusos de sus integrantes, con la mayor convicción y firmeza democrática.

La incorporación del “punto de vista democrático” al debate de la reforma constitucional

La reforma constitucional es un tema perteneciente a todo el pueblo venezolano. La reforma constitucional no es patrimonio de las cúpulas políticas, militares o legalistas. Ni tampoco le pertenece a la discrecionalidad del Presidente de la República. No señor. Cada ciudadana o ciudadano -sin importar su condición social, su credo religioso o su pensamiento político-, tiene el derecho de estar informado, de opinar y de participar de la manera más amplia en el proceso de revisión constitucional. De tal manera, que cada activista cívico, cada consejero ciudadano (estadal, local o comunal) y cada organización no gubernamental deben convertirse en agentes multiplicadores para el estudio y preparación del mayor número de comunidades populares para el venidero debate sobre la reforma constitucional. Y es que la mejor oportunidad para el ejercicio pleno de la participación protagónica de todo el pueblo, es justamente este: el vinculado a la reforma constitucional. En tal sentido, otro de los lineamientos estratégicos, para la acción de los movimientos sociales y de las entidades asociativas ciudadanas, durante el año 2007, estará orientada al impulso y apoyo de la participación del pueblo en la reforma constitucional; con base a un enfoque democrático, plural e incluyente. En síntesis, la reforma constitucional será una oportunidad formidable para construir ciudadanía y fortalecer alianzas para la defensa de la democracia.

La ampliación y democratización de los procesos de reforma y consulta legislativa

Uno de los objetivos fundamentales para el próximo período legislativo será lograr que los procesos de consulta legislativa se realicen de manera amplia, democrática y transparente. El denominado “Parlamentarismo Social de Calle”, tiene que ser abierto a todos los sectores sociales y políticos del país, sin exclusión alguna.

La discusión de leyes tan trascendentes como la de Educación; la de Cooperación Internacional; la de Participación Ciudadana y Poder Popular; la de Hacienda Pública Estadal, la del Consejo Federal de Gobierno o la de la Contraloría Social no puede hacerse de espaldas y, sin la participación de la mayoría de la población venezolana. Cada ley tiene que ser sometida a la debida consulta popular, y la sociedad civil y las comunidades organizadas deben estar vigilantes y denunciar las desviaciones en que pudieran incurrir las autoridades oficiales responsables de realización de tales procesos.

La promoción de programas de formación ciudadana y de responsabilidad social

Venezuela requiere más que nunca de ciudadanos y ciudadanas formados críticamente, conscientes de sus responsabilidades y de sus potencialidades creadoras. Los movimientos sociales, las comunidades organizadas, las organizaciones no gubernamentales y demás expresiones asociativas venezolanas, tendrán que redoblar sus esfuerzos para contribuir con la preparación técnica y cívica del voluntariado comunitario y social que se necesita para el avance de las luchas por la libertad y por los derechos democráticos de todos los venezolanos. En este contexto, el desarrollo de la responsabilidad social empresarial constituirá un pivote para la creación de puentes de comunicación, entendimiento y cooperación entre los distintos sectores vinculados al proceso productivo y al resto de la sociedad.

Este año 2007, será muy movido. Mucho más, después de los resultados electorales obtenidos y de la interpretación errónea que de los mismos pretende realizar el Gobierno Nacional. Y es que los últimos anuncios gubernamentales, en torno a la reforma constitucional, a los medios de comunicación y al tema educativo, así lo pronostican. De allí que, la sociedad civil venezolana unida, firme en sus convicciones democráticas y en sintonía con las líneas de acción señaladas, se convertirá en un contrapeso estratégico frente a las definitivas tendencias autoritarias que se intentan imponer en Venezuela.

UN AÑO...

El próximo día 30 de Diciembre de 2006 CIUDADANOLIBRE cumplirá un año en la red. Producir, editar y publicar este espacio ha resultado una muy grata y nutritiva experiencia intelectual, profesional y emotiva. Durante el año transcurrido logramos alcanzar el simple objetivo propuesto como era el de establecer un espacio de expresión ciudadana e independiente sobre temas justamente ciudadanos, sociales y políticos. Nada más, que eso.

CIUDADANOLIBRE se consolidó como un vehículo comunicacional alternativo que les presentó experiencias recogidas, individual y colectivamente, del muy complejo ámbito de las relaciones cívicas de los movimientos sociales, las organizaciones no gubernamentales, las comunidades organizadas entre sí; y con el aparato gubernamental.

CIUDADANOLIBRE también sirvió para debatir, expresar y asentar posiciones ideológicas y políticas frente a temas de relevancia nacional e internacional. Y es que desde este sitio impulsamos la lucha ideológica activa en defensa de una democracia plural, basada en la defensa de los derechos humanos, la justicia y la libertad. Que no se olvide.

De tal manera, que el próximo año 2007 nuestra actividad en CIUDADANOLIBRE será la misma y con el mismo objetivo: abrir espacios para la participación ciudadana de manera creativa, crítica, contributiva, democrática, incluyente y plural. Nada más que eso, amigas y amigos.

La sociedad civil venezolana, las comunidades organizadas, y los movimientos sociales en general, tienen una agenda repleta de grandes retos para el próximo año. Sobre esa agenda estaremos pendientes. Sobre ella, escribiremos y le haremos asimismo un severo y un estricto seguimiento. Empero, sobre el contenido de esa agenda de desafíos del pueblo organizado venezolano, les escribiremos la semana próxima. Así que no se impacienten. Un nuevo tiempo se aproxima. Por ahora, disfruten de las fiestas de navidad. Un abrazo solidario.

Y gracias por seguir leyéndonos en CIUDADANOLIBRE.

2006 UN AÑO MUY ACTIVO PARA EL MOVIMIENTO VECINAL EN BARUTA

El movimiento comunitario, social y vecinal del municipio Baruta dio varias demostraciones importantes de su capacidad de reorganización y relanzamiento, el presente 2006. La organización de numerosos consejos comunales en las barriadas populares y las urbanizaciones; el avance de las luchas en torno a la Ordenanza Especial de Chuao; la realización autónoma de encuentros con autoridades locales, metropolitanas, estadales y nacionales y la organización de eventos de foros informativos, son una clara demostración de esto.

No olvidamos las sólidas victorias obtenidas frente al partidismo y el oficialismo en las elecciones de los representantes vecinales de las Parroquias El Cafetal y Nuestra Señora del Rosario; ante el Consejo Metropolitano de Planificación de Políticas Públicas. Allí, los vecinos y vecinas unidos ganamos. Tenemos que tener presente la capacidad de movilización demostrada por los ciudadanos en el caso las invasiones de La Trinidad.

Otro hecho importante fue que este año nació la “Red de Consejeros Cívicos” que ya reúne a integrantes de consejos locales y comunales de toda el Área Metropolitana de Caracas y, a representantes de organizaciones no gubernamentales.

Por otra parte, es importante hacer un reconocimiento a la intensa labor comunitaria que adelanta uno de nuestros mejores vecinos y aliados de nuestro municipio, como es la Universidad Simón Bolívar (USB). Así mismo ASOPRAES, ASOLIMA, ASOMANZANARES, APRACAF, la ONG Propuesta Ciudadana y las organizaciones comunitarias y populares de Bucarito, El Copey, Monterrey, Ojo de Agua, El Progreso, La Loma, Alto Pino y San Luis (bajo) se constituyeron en referencia y en puntos de encuentro para el movimiento ciudadano baruteño por su intensa actividad.

La agenda ciudadana 2007 viene cargadita

Amigas y amigos, el próximo año 2007 traerá consigo muchos retos que afrontar. El rescate de nuestro Consejo Local de Planificación Pública, la organización de consejos comunales autónomos y ciudadanos; la nueva Ley del Servicio Comunitario, el caso del centro comercial “AEROMALL”, el caso del conjunto residencial “VISTAVENTURA”, el rescate y fortalecimiento de la Justicia de Paz, la puesta en marcha de la contraloría social al Plan de Inversión Municipal 2007 y la efectiva incorporación de los sectores populares a las políticas públicas de la Alcaldía; entre otros temas son parte de esa agenda de desafíos del movimiento ciudadano y de la sociedad civil de Baruta en 2007.

Y SEGURO QUE CON UNIDAD Y ORGANIZACIÓN SALDREMOS ADELANTE

USB-BARUTA: II ENCUENTRO CON LAS COMUNIDADES VECINAS

La Universidad Simón Bolívar (USB), mediante su Decanato de Extensión, realizó el pasado 7 de diciembre el II Encuentro con la Comunidades Vecinas. El Decanato de Extensión de la USB constituye un espacio institucional destinado a la promoción e implementación de esquemas de cooperación para el desarrollo comunitario; así como también para el impulso y desarrollo de programas que respondan a los requerimientos específicos de las localidades y comunidades organizadas del Municipio Baruta.

Asistí invitado como integrante del Consejo Local de Planificación Pública de Baruta; y allí pude compartir de nuevo con las autoridades universitarias y sobre todo, con los líderes y dirigentes vecinales de barrios y urbanizaciones de una manera alegre, espontánea y propositiva. Desde acá reitero mi compromiso en seguir apoyando las iniciativas populares destinadas a elevar la calidad de vida de los habitantes de nuestro Municipio.

Entre los asistentes estuvieron vecinas y vecinos de las comunidades de “Ojo de Agua”, “Zurima”, “El Progreso”, “El Placer de María”, “La Arenera”, “Hoyo de La Puerta”, “La Trinidad”, “Casco de Baruta”, “La Palomera”, “La Mata”, “San Pedrito”, “Bucarito”, “Sisipa”, “Turgua” “El Hatillo”.

Fueron invitadas las siguientes instituciones: la Gobernación de Miranda, la Alcaldía de Baruta, la Alcaldía de El Hatillo, el Consejo de Protección de los Derechos del Niños, Niñas y Adolescentes, el Consejo Local de Planificación Pública de Baruta, los Consejos Comunales de las zonas aledañas, asociaciones de vecinos, la ONG “Propuesta Ciudadana”, la ONG “Venezuela Sin Límites”; y el Parque Tecnológico Sartenejas entre otros.

En el evento, la Unidad de Apoyo Técnico del Decanato de Extensión de la USB, mostró lo resultados obtenidos en proyectos específicos tales como son los de las comunidades de “Ojo de Agua” (Plan de Desarrollo Comunitario a 15 años), Bucarito (Proyecto de Planta de Tratamiento de Agua), o del apoyo a investigaciones biomédicas con sentido social (Fabricación de Piezas Ortopédicas, a muy bajo costo). Así mismo, se presentaron como ofertas principales para vinculación Universidad-Comunidad la puesta en marcha para el próximo año de programa de Pasantías Estudiantiles; de acuerdo a la Ley del Servicio Comunitario del Estudiante de Educación Superior; y la continuación y expansión de las Mesas Técnicas Locales. En el acto protocolar hubo palabras del Rector, de esa casa de estudios, Profesor Benjamín Scharifker y del señor Jesús López, líder de la comunidad de “Ojo de Agua” y miembro también del Consejo Local de Planificación de Baruta.

El avance de la lucha por los derechos a la participación popular continuará con su paso firme, democrático e incluyente. El apoyo de instituciones como la Universidad Simón Bolívar, será determinante para el desarrollo comunitario de las comunidades menos favorecidas de Baruta. Y esta posibilidad se acerca cada día más a constituirse en una poderosa realidad.

NUEVA LEY DE LOS CLPP: ¿RELANZAMIENTO O MÁS DE LO MISMO?

La Asamblea Nacional aprobó en segunda discusión la anunciada reforma de la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública, mejor conocidos en el ámbito municipal como CLPP. Y ésta es la segunda vez en el presente año 2006 que, la Ley de los CLPP sufre transformaciones. En efecto, en el pasado mes de Abril, la Asamblea Nacional introdujo unas modificaciones puntuales en la organización de los Consejos Locales que eliminaba de su seno a los Consejos Parroquiales (que nunca funcionaron) y, separaba de paso a los Consejos Comunales para convertirlos en el eje central de la política asistencialista del gobierno central en el ámbito comunitario.

La huella dejada por la actividad de los Consejos Locales de Planificación Pública en los distintos municipios del país; lamentablemente, no ha sido relevante hasta ahora. En honor a la verdad, y con algunas muy contadas excepciones, los CLPP han sido bloqueados, desasistidos y subestimados por la gran mayoría de los gobernantes municipales; pese a ser un mandato constitucional desarrollado además en diversas leyes orgánicas y ordinarias, vigentes en el país.

Los CLPP representan una oportunidad formidable para que vecinos y vecinas y comunidades organizadas puedan incidir en la formación, ejecución y control de las políticas públicas locales. Sin embargo, desde 2002 muchos fueron los errores y también irregularidades las que se realizaron en su implementación. Una de ellas, fue la poca transparencia en los procesos de elección de sus miembros. Otro yerro fue la bajísima difusión con que fueron realizados los procesos de organización y elección de estas instancias de “participación ciudadana”. La colonización de la representación comunitaria y sectorial; por parte de empleados incondicionales de alcaldes y concejales fue otro factor que contribuyó de manera notable al mal inicio de los Consejos Locales de Planificación Pública. Y la escasa dotación de recursos institucionales, humanos y financieros constituyó un elemento definitivo en su poca actividad operativa. Finalmente, como un aderezo adicional, la escasa capacidad gerencial de alcaldes, concejales y miembros de juntas parroquiales determinaron el intrascendente rendimiento de los CLPP. En síntesis, a la Ley de los Consejos Locales de Planificación se le cometieron una serie de fraudes que desdibujaron; tanto sus potenciales beneficios como los derechos a la participación ciudadana. De ello, no nos queda la menor duda.

La reforma de la ley abre nueva expectativa por ciertas innovaciones que presenta. De hecho, el Consejo Local de Planificación Pública es redimensionado en esta nueva versión legal. Se le agrega, la figura del Vicepresidente (a ser elegido entre los consejeros vecinales) y, con la estratégica misión de suplir las ausencias del Alcalde en el CLPP. Así también se crea un cargo de Secretario para darle soporte administrativo a las actividades del Consejo Local; lo cual es positivo. Por cierto, dentro de esta recomposición se simplifican y se redefinen las funciones de la Sala Técnica, como un organismo de apoyo especializado al Plenario del CLPP. Cabe agregar, que hasta ahora las poquísimas Salas Técnicas existentes están abandonadas o actuando sin una adecuada orientación institucional.

Por otra parte, la reforma determina de manera directa e ineludible varias responsabilidades a los alcaldes y demás autoridades locales. Mencionaré algunas. Una de ellas, es la obligación para el Alcalde, de rendir cuentas de manera pública y anual de la actividad realizada por el CLPP. Otro deber para las autoridades municipales es la dotación suficiente de los recursos institucionales, humanos y presupuestarios para el funcionamiento de ese organismo. Y por último, vale la pena destacar, la obligación del Alcalde y demás consejeros de cumplir con los acuerdos y resoluciones tomadas por el Consejo Local de Planificación Pública.

Un aspecto de singular importancia que contempla la nueva Ley de los CLPP, es la prohibición a los funcionarios públicos (nacionales, estadales y municipales) de participar como representantes comunitarios y sectoriales; salvo que se separen de sus funciones. Con esta medida se trata de garantizar la independencia y autonomía de la representación comunitaria de las autoridades públicas locales.

Con la reforma aprobada la participación de los representantes vecinales y sectoriales en estos consejos sigue siendo ad-honorem; sin embargo, ahora recibirán una dieta (de cinco unidades tributarias como mínimo) por su asistencia a las reuniones, para sufragar gastos de transporte y alimentación (¿?). La asignación de esta dieta -a nuestro juicio-, le resta majestad y autonomía al carácter voluntario que hasta ahora revestía la participación de los representantes no gubernamentales en el CLPP; es decir, con el pago de una dieta, se estaría convirtiendo a los representantes comunitarios y sectoriales en “semi-funcionarios públicos”; lo que podría desviarse hacia el clientelismo.

La cantidad y el mecanismo de elección de los representantes vecinales y sectoriales ante el organismo también sufrieron transformaciones importantes. Por ejemplo, los representantes aumentarán su presencia. Antes debían ser uno más que la sumatoria de los representantes oficiales (alcalde, concejales y presidentes de juntas parroquiales). Ahora serán tres integrantes más que dicha sumatoria. Pero además, la reforma nos indica que los representantes vecinales comunitarios serán el sesenta por ciento (60%), de la totalidad de esa representación; quedando el resto para aquellos integrantes provenientes de las organizaciones sectoriales de la sociedad civil.

La elección de los consejeros comunitarios, pasó a ser más engorrosa y ahora dependerá de los Consejos Comunales reunidos en asambleas parroquiales; es decir, en cada parroquia de cada municipio del país, tendrían que celebrarse asambleas de voceros comunales (uno por cada consejo comunal) para elegir el número correspondiente de representantes al CLPP. Hay dos aditivos adicionales a este procedimiento. Uno de ellos, es la Comisión Presidencial Local del Poder Popular, que tendrá que “validar” el registro de los consejos comunales participantes; el otro es la Junta Electoral Municipal; la cual tiene la responsabilidad de organizar el proceso de elección asambleario.

Este mecanismo de elección supone varios problemas. Uno de ellos, es la monopolización en los Consejos Comunales en el derecho a elegir a los integrantes de la sociedad civil. Y ese monopolio restringe la participación de otras organizaciones ciudadanas y vecinales; lo cual es grave. Y es que si algo tiene la Constitución Bolivariana (aún vigente) es el reconocimiento a una amplia diversidad de organizaciones comunitarias, vecinales y sociales a las cuales se les estaría restringiendo su derecho a postular y elegir representantes y voceros. Lo más recomendable hubiera sido permitir la libre participación en esta elección de todas las organizaciones vecinales y temáticas; incluyendo por supuesto, a los Consejos Comunales.

Los Consejos Comunales de recientísima creación, aún no están suficientemente consolidados. Formalmente, ni siquiera hay un registro nacional confiable sobre su número y situación legal. Cabe agregar que, -hasta la fecha-, muchos Consejos Comunales siguen padeciendo de la discrecionalidad de la burocracia pública para ser registrados en los organismos competentes. Esto es parte de la cruda realidad.

Las Comisiones Presidenciales Locales del Poder Popular no existen en casi ningún municipio. De hecho, su función tuvo que ser delegada en FUNDACOMÚN, una agencia estatal de carácter nacional responsabilizada de las políticas comunitarias. Entonces, ¿cómo van a avalar el registro de los Consejos Comunales, unas entidades que simplemente no existen? Hubiera sido más sencillo, más democrático y más transparente que fueran a las entidades locales y a sus ciudadanos a quienes la Asamblea Nacional; mediante esta reforma legal les hubiera permitido organizar el proceso electoral; evitando así la intervención de actores burocráticos externos a las realidades comunitarias. Por último, la participación de las Juntas Electorales Municipales pudiera ser percibida por el movimiento vecinal y comunitario como una nueva traba burocrática para elegir a sus representantes directos.

La elección de los representantes sectoriales en el Consejo Local de Planificación Pública, es mucho más sencilla. Las organizaciones sectoriales tan sólo deberán registrarse ante el Secretario del CLPP, para luego realizar asambleas en foro propio y designar sus representantes directos. ¿Amigos de la Asamblea Nacional vieron que se podía actuar con sencillez y sin tanto burocratismo? Por último, en el caso de los pueblos indígenas estos elegirán a sus representantes; de acuerdo a sus usos y costumbres en los municipios donde tuvieran participación.

La nueva Ley de los CLPP retoma los Consejos Parroquiales como instancias de participación y coordinación entre las Juntas Parroquiales, las organizaciones vecinales, comunitarias y sectoriales en aras de construir una visión compartida e integral de los problemas y soluciones de cada parroquia.

Otro muy elemento importante en la reforma legal es la precisión de las responsabilidades del Consejo Local de Planificación Pública, en la elaboración y aprobación del Presupuesto de Inversión Municipal. En efecto, la reforma establece con claridad, que este será potestad del CLPP; mediante el cumplimiento de tres fases: el diagnóstico participativo, la formulación del plan y del presupuesto de inversión municipal y su respectiva aprobación. En el cumplimiento de esta fase la consulta a ciudadanos, a comunidades organizadas y consejos comunales es de carácter obligatorio y vinculante. Una vez cumplida esta etapa, el Alcalde presentará el Presupuesto de Inversión Municipal, ante la Cámara Municipal, para su aprobación dentro de la Ordenanza del Presupuesto del Municipio.

Un aspecto muy interesante, es que los nuevos Consejos Locales de Planificación Pública deberán tomar sus decisiones por mayoría calificada; es decir, por las dos terceras partes de sus integrantes. Esta nueva característica -si bien obliga al Plenario a establecer mecanismos de cooperación y negociación constructiva entre sus miembros-, también implica el riesgo de caer en obstaculizaciones que impidan su operatividad. En un ambiente plural y bajo esta condición para tomar decisiones, las deliberaciones sobre la utilización de los recursos del Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDES), la Ley de Asignaciones Especiales Económicas (LAEE) o sobre la aprobación de cualquier proyecto o plan requerirán de un esfuerzo denodado de entendimiento entre los actores participantes en el CLPP.

En realidad, la reforma de la Ley de los Consejos Locales de Planificación, pudiera abrir oportunidades para la inclusión y la participación ciudadana. La posibilidad de que vecinas y vecinos, y las comunidades organizadas puedan incidir en la gestión de los gobiernos locales es saludable y recomendable. Y es que en el mundo moderno, la corresponsabilidad entre Estado y la sociedad cívica marca la pauta como clave del desarrollo. Sin embargo, debemos tener muy claro que esas posibilidades de participación popular y de responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad civil, sólo serán reales y efectivas en un marco de democracia, de libertad, de solidaridad y de pluralidad.

SANCIONADA REFORMA DE LA LEY DE LOS CLPP POR LA ASAMBLEA NACIONAL

Por segunda vez en el presente año 2006 fue reformada la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública. En nuestra entrega anterior habíamos informado sobre el proceso de reforma a esta ley, iniciado por la Asamblea Nacional.

La reforma aprobada debería generar cierto debate entre las autoridades de los niveles locales de gobierno y entre las comunidades organizadas por las innovaciones que contiene. Veamos los casos más relevantes:

Se aumentó el número de representantes de las comunidades en el Consejo Local de Planificación Pública. Ahora serán tres representantes más que la sumatoria de los miembros gubernamentales (Alcalde, Concejales y Presidentes de las Juntas Parroquiales).

Se creó la figura del Vicepresidente del CLPP, el cual será escogido de la representación de los consejeros vecinales. El vicepresidente del CLPP suplirá las ausencias temporales del Alcalde en el seno del Consejo Local de Planificación Pública.

Se separó la figura del Secretario de la burocracia municipal. Ahora se designará un secretario fuera del seno del CLPP.

La Sala Técnica fue adscrita al Secretario del Consejo Local de Planificación Pública, quien también la supervisará.

Se obliga al Alcalde a rendir cuentas de la gestión del Consejo Local de Planificación Pública.

Se estableció la obligación a las autoridades municipales a otorgar los recursos institucionales, humanos y financieros para el funcionamiento del Consejo Local de Planificación Pública.

Se restituyó el Consejo Parroquial; así mismo se creó la figura de la Asamblea Parroquial como instancia de participación y deliberación para las comunidades organizadas en ese nivel político territorial.

La reforma establece que en Consejo Local de Planificación Pública, los representantes comunitarios tendrán siempre mayoría numérica a aquellos representantes sectoriales de la sociedad civil.

La reforma de la Ley le otorgó la facultad a los Consejos Comunales de elegir mediante una asamblea de voceros a los representantes vecinales al CLPP.

La nueva Ley de los Consejos Locales de Planificación determina la obligación estricta del Alcalde o Alcaldes de cumplir con las decisiones y acuerdos tomados por el Consejo Local de Planificación.

A partir de la publicación en Gaceta Oficial de la nueva Ley de los Consejos Locales de Planificación, los Concejos Municipales tendrán un lapso de 30 días continuos para aprobar la ordenanza respectiva para la renovación de los CLPP. Dicha relegitimación será efectuada en un lapso de noventa días continuos.

Por lo demás la nueva Ley de los Consejos Locales de Planificación, ratificó la importancia de estos órganos como encargados de la planificación integral de los municipios, de diseñar el Plan Municipal de Desarrollo y demás planes municipales; y como garantes de la participación ciudadana y protagónica en la formulación,, ejecución, seguimiento, evaluación y control de la gestión pública local.

Se aproximan nuevos tiempos en materia de organización y participación ciudadana en Venezuela. Desde aquí, desde este espacio, seguiremos apoyando las iniciativas ciudadanas para fortalecer su inclusión protagónica y responsable en la gestión gubernamental, desde un punto de vista crítico, democrático, incluyente y plural.

UNA NUEVA REFORMA A LA LEY DE LOS CONSEJOS LOCALES DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA

La Asamblea Nacional anuncia que reformará de nuevo la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública, en el actual período de sesión legislativa que culmina en Diciembre. Al respecto, cabe recordar que la Ley de los CLPP fue promulgada el 12 de Junio de 2002, en cumplimiento del artículo 182 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Así mismo, debe mencionarse que en el mes de Abril del presente año (2006), la misma ley sufrió una primera reforma, que modificó sustancialmente su conformación original al eliminar de su seno a los Consejos Parroquiales y; desvincular de allí también, a los consejos comunales.

El cumplimiento de esta ley no ha sido exitoso. Las autoridades locales (rojas o no) se han resistido a cumplir de manera cabal y eficaz los mandatos de la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública. Por otra parte, los CLPP son vistos con cierta desconfianza por el movimiento vecinal organizado, que los considera como una instancia mediatizadora de la gestión del movimiento ciudadano autónomo. En síntesis, la actividad de los CLPP ha sido tremendamente dificultosa y poco relevante para mejorar la vida de las comunidades más deprimidas.

El mismo proceso de reforma legal auspiciado por la Asamblea Nacional ha carecido de un adecuado proceso de consulta pública general y especializada. Esta situación genera de nuevo desconfianza en sectores ciudadanos que pudieran aportar ideas y experiencias al mejoramiento de este importante instrumento legislativo. De hecho, no se conoce -aún con certeza-, cuál es el proyecto de reforma que estaría por discutirse en el Poder Legislativo. Y cabe agregar, que tampoco el site-web de la Asamblea Nacional, contiene los cambios legales planteados; lo cual es sumamente grave.

De nuevo, el movimiento ciudadano se encuentra en una situación de indefensión frente a la discusión y aprobación de una ley que debería fundamentar la participación popular, sin ningún tipo de exclusiones y reservas. Los Consejos Locales de Planificación Pública pueden constituirse en un verdadero instrumento de inclusión ciudadana en la planificación y control de la actividad de los gobiernos locales. Para ello, una reforma de la ley que los ampara tendría que contemplar entre otros aspectos, los criterios siguientes:

- Mecanismos eleccionarios confiables, incluyentes, responsables y transparentes, que garanticen la más amplia participación comunitaria y sectorial en cada municipio del país.
- La independencia y autonomía de los representantes vecinales y sociales que conforman su plenario. Se debe prohibir la participación de funcionarios públicos locales como representantes de las comunidades en el CLPP.
- La delimitación precisa e inequívoca de las funciones del CLPP, y de los consejeros y consejeras que los conforman, en áreas de planificación, descentralización, gestión, comunicación, control y evaluación de las políticas públicas en el ámbito municipal.
- La dotación adecuada de los recursos institucionales, humanos, técnicos tecnológicos y presupuestarios que sean necesarios para el funcionamiento.
- La obligación de alcaldes o alcaldesas, de presentar anualmente su informe de gestión ante el plenario del Consejo Local de Planificación Pública.
- La reincorporación de los consejos parroquiales y la re-adscripción de los consejos comunales al ámbito de institucional de los Consejos Locales de Planificación.
- El establecimiento de un régimen de reuniones ordinarias mensuales.

Por lo demás, la Asamblea Nacional tendría que llamar a una consulta pública a los actores interesados con el fin de aprobar esta ley de gran importancia cívica y democrática con la mayor participación popular posible. Lo contrario sería repetir los errores del pasado reciente.

VENEZUELA Y SUS ELECCIONES PRESIDENCIALES

El proceso electoral venezolano continúa su desarrollo con dos opciones políticas enfrentadas; en cuanto a la valoración que se otorga a la ciudadanía, a la participación y a la libertad.

Una visión propone claramente el predominio del Estado sobre el individuo y la sociedad; en una suerte de renacimento de las viejas teorías fundamentadas en la lucha de clases y la hegemonía de los intereses de un sector sobre el resto del conglomerado social.

El otro enfoque propone la participación equilibrada de los distintos componentes sociales en el desarrollo del país; mediante la inclusión, el respeto de la pluralidad y las libertades individuales y asociativas.

En Venezuela, nos encontramos en este momento en una intensa lucha por definir el rumbo del país y sus habitantes dentro de un marco de democracia y libertad o de una vía directamente emparentada con el totalitarismo.

Así podemos encontrar los grandes esfuerzos de las fuerzas cívicas defiendo las arremetidas de un gobierno que pretende estatizar cualquier manifestación social, cultural, política o económica. Es mucho lo que se juega nuestro país en la elecciones del 3 Diciembre.

Desde nuestro enfoque, valoramos la democracia como el mejor sistema para avanzar hacia el progreso y la properidad en un ambiente libre, pacífico y soberano. Por eso decimos NO al totalitarismo, NO a la violencia, NO a la persecución política.

Queremos que Venezuela sigua siendo un país libre, pacífico y democrático.

EL CASO DEL AEROMALL

El caso del Aeromall parece entrar en una fase decisiva. Recientemente, autoridades públicas locales y nacionales se han pronunciado de manera contundente sobre el controversial centro comercial llamado a ser “el más grande de América Latina”. Y no podía suceder otra cosa porque; primero, la presión vecinal se hizo sentir en cierto grado y a ciertos niveles. Y en segundo lugar, porque los promotores del mencionado Aeromall demostraron una torpeza gerencial y de mercadeo tan grande como una montaña rusa.

El tema del Aeromall entró en la agenda comunitaria de Baruta en pleno mundial de fútbol (Alemania, 2006) ¿recuerdan? En medio de ese evento y, por Meridiano Televisión comenzó una campaña publicitaria destinada a promocionar al “centro comercial más grande de Latinoamerica”, con sus 12.500 puestos de estacionamientos, 60 discotecas (nunca he podido comprender para qué tantas), sus ocho montañas rusas, su helipuerto y todo lo demás. Eladio Lares prestigioso comunicador, fue imagen de la campaña y del Aeromall. Hasta allí, todo pintaba muy bien. Sin embargo, aparecieron las comunidades organizadas del municipio Baruta y la cosa tomó otro rumbo.

Gente de Prados del Este, Los Campitos, Santa Fe, Santa Rosa de Lima, Alto Prado y Manzanares (entre otros vecinos), comenzaron a reunirse y a exigir información sobre la construcción del Aeromall. Por su parte, los promotores de la empresa continuaron con la oferta y la promoción del proyecto. Pasado el mundial y ante la presión vecinal, la Alcaldía de Baruta, publicó un anuncio en la prensa nacional en el que expresaba que no conocía proyecto alguno que implicara la construcción de un centro comercial; entre Los Campitos y Santa Fe.

El tiempo pasó y las promociones -vía internet del mencionado Aeromall- continuaron; por parte de Fondoglobal y sus asociados. En ese lapso, la presión de los vecinos también continuó. Crecieron los rumores, se repartieron folletos y hasta se hicieron contactos con las comunidades aledañas para contratar trabajadores para la construcción de la obra. Pero el elemento crucial fueron los errores y transgresiones a ley cometidos por los promotores del mall: se estaba vendiendo algo sin los permisos de rigor y además se estaban utilizando los logos de entidades oficiales como la Alcaldía de Baruta y el Ministerio de Infraestructura, sin autorización; según las declaraciones públicas de los titulares de esas agencias estatales.
El resultado de todo esto, fue de la decisión del Ministerio de Infraestructura de paralizar dicha obra o la advertencia de la Alcaldía de Baruta, en voz del propio Henrique Capriles Radonsky de denunciar a estos promotores ante el INDECU. Pero además, la credibilidad de los promotores quedó golpeada porque: ¿cómo confiar en alguien que utiliza los símbolos de instituciones públicas o privadas, sin el consentimiento expreso de las mismas? ¿Y cómo se puede promocionar y vender un proyecto de inversión tan grande, sin la autorización técnica y oficial correspondiente?

Pienso que los vecinos deben comenzar a documentar todos los aspectos vinculados a este problema. El impacto en servicios públicos como el agua, la electricidad, la recolección de desechos sólidos y, el congestionamiento vehicular y la contaminación sónica tendrían que ser evaluados en el corto plazo. Soy de los que considera que, el movimiento vecinal tiene la capacidad para opinar en forma técnica y racional sobre esta problemática. Por otra parte, habría que hacer un “seguimiento vecinal” a los trámites oficiales que hayan sido realizados; por parte de los interesados en ese centro comercial. Los vecinos tienen el derecho de obtener información veraz, oportuna y transparente sobre los asuntos que afecten su calidad de vida.

Por último, las comunidades organizadas deben difundir de la manera más amplia y objetiva la situación actual del proyecto. Hay que estar organizados y continuar ejerciendo los derechos ciudadanos en defensa de un desarrollo municipal sostenible y sustentable. Y sobre todo, no olvidemos que el caso del Aeromall no está cerrado.

LOS RETOS DEL MOVIMIENTO VECINAL VENEZOLANO

El movimiento vecinal constituye un componente importante de eso que se ha llamado sociedad civil o sociedad organizada. En Venezuela, el movimiento vecinal se inició a partir de 1959, con la instauración del sistema democrático representativo. En esos 48 años de lucha, los vecinos contribuyeron a la ampliación de las posibilidades de participación e incidencia ciudadana en la gestión pública local.

En todo este tiempo, la cohabitación entre el movimiento vecinal y las autoridades no ha sido siempre color de rosa. Vecinos y autoridades suelen no coincidir generalmente, en el tratamiento de temas específicos como el ambiente, la zonificación o el desarrollo urbanístico. Por si fuera poco, las expresiones asociativas vecinales son las entidades naturales para el ejercicio de la fiscalización de la gestión de alcaldes, concejales y juntas parroquiales. Y créanme, que esa cualidad natural para el ejercicio de control social, hace del movimiento vecinal un factor sumamente incómodo para las autoridades locales.

En la Venezuela participativa de hoy, las tendencias estatizantes del gobierno central, la omisión sistemática a los derechos de participación ciudadana; por parte de alcaldes y concejales, la asimilación de nuevos medios de participación como son los Consejos Locales de Planificación Pública (CLPP) y los Consejos Comunales y, el rescate y mantenimiento de su autonomía como movimiento social, representan algunos de los retos que debe afrontar con éxito el movimiento vecinal.

Esos desafíos conforman una agenda que exige para su superación, de un movimiento vecinal fortalecido y renovado. Fortalecido en su valoración ética de la acción ciudadana y donde valores como la inclusión, la solidaridad, la pluralidad, la libertad y la democracia sean los pivotes frente al creciente autoritarismo que amenaza al país y, renovado en su liderazgo y en sus métodos de trabajo, para la articulación de estrategias de organización y participación ciudadana, la coordinación de acciones en los distintos ámbitos que le toca actuar y el establecimiento de alianzas y redes de cooperación mutua, para la defensa de los derechos y libertades cívicas, cada día más comprometidos en nuestro país.

MUNICIPIO, PARTICIPACIÓN Y GERENCIA PÚBLICA LOCAL

Nadie pone en duda la importancia del Municipio como la instancia de gobierno más cercana a los ciudadanos. La actividad de los gobiernos locales posee una incidencia definitiva en la calidad de vida de sus habitantes. Los municipios constituyen la base territorial para la organización de la República; gozan de autonomía y personalidad jurídica. La autonomía municipal comprende: la elección de sus autoridades, la gestión de sus competencias y la creación, recaudación de sus ingresos. Las competencias municipales están determinadas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal entre otros referentes legales. La organización del Poder Público Municipal contemplada en la LOPPM, se ejerce a través de cuatro funciones: la función ejecutiva, realizada por el alcalde, responsable del gobierno y la administración; la función legislativa (deliberante) correspondiente al Concejo Municipal; la función del control fiscal, cuya responsabilidad es de la Contraloría Municipal; y la función de planificación que será ejercida conjuntamente con el Consejo Local de Planificación Pública.

Los principios constitucionales de la participación en la formación, gestión y control de la gestión pública determinan cualidades y procesos de inclusión ciudadana al Poder Público Municipal. La ejecutiva debe desarrollarse con la participación (de manera vinculante o no) de la opinión popular en la formación y ejecución de programas públicos. La función deliberante del Poder Municipal se encuentra obligada a propiciar la implementación de mecanismos de consulta pública, y de recepción de las iniciativas legislativas a las cuales tienen derecho las comunidades organizadas de cada entidad local. Los contralores municipales –so pena de destitución- están obligadas legalmente a atender las denuncias ciudadanas. Las organizaciones de contraloría social, son parte del sistema nacional de control fiscal. Y la función de planificación otorgada a los CLPP es compartida e incluyente para otras formas asociativas no estatales como los consejos comunales, los comités de tierras, las mesas técnicas (de agua, energía) y otras instancias de participación popular. Por último, el presupuesto participativo –en este contexto- constituye una herramienta única donde las comunidades organizadas tienen la posibilidad de incidir en la gestión pública.

Frente a la nueva “realidad participativa” que supone el marco constitucional y legal vigente, en el ámbito local que nos ocupa, la gerencia se encuentra ante el reto de pasar de una modelo de gestión centralista y autoreferenciado, a otro orientado abierto a la satisfacción de las demandas sociales con base a la base de nueva relaciones entre el Estado y la sociedad. En tal sentido, la gerencia pública municipal posee un conjunto de compromisos éticas, políticas y técnicas, estratégicas y operativas que debe cumplir para facilitar la aplicación y el cumplimiento de los derechos populares a la inclusión en la gestión de las políticas públicas de alcance local. Lo anterior supone, que la gerencia municipal tenga que elevar su capacidad de gobierno. Temas como adecuada percepción ética de la política; o la relación gobierno/comunidad; la solidaridad social; la gestión transparente y la rendición de cuentas; por una parte. Y el desarrollo de adecuados modelos de planificación, gestión y sistemas de información y seguimiento de proyectos; conjuntamente con la simplificación de procedimientos administrativos y de atención ciudadana, tendrían que constituir elementos ineludibles dentro de un programa de fortalecimiento de la gerencia local.

50 ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL CENTRO DE EXTENSIÓN PROFESIONAL CEP-UCV

50 ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL
CENTRO DE EXTENSIÓN PROFESIONAL
CEP-UCV
CONGRESO SOBRE ENFOQUES Y PRÁCTICASGERENCIALES
EN VENEZUELA 2006
GERENCIA: ENCRUCIJADA DE SABERES
Caracas – Venezuela. 26 al 27 de septiembre de 2006

Con motivo de la celebración de los 50 años de la creación del Centro de Extensión Profesional (CEP-UCV) de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela, esta dependencia ha considerado pertinente la realización del “Congreso sobre Enfoques y Prácticas Gerenciales en Venezuela 2006: Gerencia, Encrucijada de Saberes”.

FINALIDAD
Crear un espacio de discusión y reflexión sobre la premisa “Gerencia: Encrucijada de Saberes”, en dos vertientes:
1) Procurar el intercambio de experiencias académicas entre instituciones dedicadas a la enseñanza de la gerencia en el medio venezolano.
2) Conocer las distintas maneras de apreciar el aporte de diversas disciplinas al contenido teórico y sus aplicaciones en el campo de la gerencia en Venezuela.
El Congreso se llevará a cabo entre el 25-27 de septiembre de 2006, en la sede del CEP-UCV, Caracas.

ESTRUCTURA DEL CONGRESO
El Congreso está estructurado en dos tipos de eventos:
-Un acto central constituido por una Reunión de Expertos sobre el tema: Balance y Perspectivas de la enseñanza de la Gerencia en Venezuela, coordinado por la Prof. Consuelo Ascanio Rodríguez y el Prof. Rubén Álvarez, como ponente por el CEP-UCV.
Para esta Reunión se invitó a las siguientes instituciones:
•IESA – Instituto de Estudios Superiores Administrativos.
•CENDECO – Centro de Extensión, Desarrollo Ejecutivo y Consultoría Organizacional / Universidad Metropolitana.
•CIAPUCAB – Centro Internacional de Actualización Profesional – Universidad Católica Andrés Bello, Área: Herramientas de Gestión.
•CEAP – Comisión de Estudios de Postgrado FACES-UCV.
•LUZ.
•UNEFA.

SIMPOSIOS

•Lo femenino y lo masculino en la Gerencia

Coordinadora: Prof. Alba Carosio. e-mail: albacarosio@gmail.com
Objetivo: Analizar y debatir los aportes de lo femenino y lo masculino en el liderazgo, los estilos, las prácticas y el desempeño gerencial, frente a las tendencias de la época y los desafíos del liderazgo del presente en los espacios gerenciales y en las posiciones de dirección en general.
Justificación: La irrupción de la diversidad en las empresas y organizaciones de diferentes tipos es una realidad del mundo contemporáneo.
La diversidad impacta a las organizaciones desde el entorno, hay diversidad en los grupos de interés o stakeholders relacionados, en sus clientes, en la localización de sus operaciones y en la composición de su fuerza laboral.
El entorno complejo y los retos que enfrentan las organizaciones en el siglo XXI, requieren de flexibilidad, adaptación al cambio y nuevas formas de concebir y practicar el poder, en las que incorporen las capacidades y visiones femenina y masculina.

•Aporte disciplinar en la constitución del saber gerencial

Coordinador: Prof. Angel Moro. e-mail: angemo42@hotmail.com
Objetivo: Analizar las contribuciones teóricas producidas donde se pueda conocer lo formulado acerca del saber en el campo de la gerencia, de manera de apreciar y aprender su referencia tanto en las situaciones objetivas como a las subjetivas.
Identificar si ese conocimiento puede interrogarse sobre la existencia de un ámbito definido como gerencial.
Justificación: La idea es saber si ese conocimiento producido es suficiente para identificar lo gerencial como objeto definido.

•Impacto de las tecnologías de información y Comunicación (TICS) en la Gerencia. Casos en Venezuela.

Coordinador: Prof. Fernando Martínez.
e-mail: fmartínez_ucv@cantv.net ; fmartínez@alphaciens.ucv.ve
Objetivo: Dar a conocer los resultados de experiencias Teórico-Prácticas en el campo del uso de las TIC en la mejora de la Gerencia en Venezuela.
Justificación: En Venezuela se desarrolla una serie de Proyectos de Informática en las Universidades, Organizaciones Públicas y Organizaciones Privadas, que conforman las experiencias del mercado de Informática en Venezuela. La idea del simposio es hacer una memoria de las mejores prácticas desarrolladas en forma metodológica, métodos, técnicas, herramientas y procedimientos para formar las lecciones aprendidas en Gerencia de Informática durante los últimos años.

•La Academia y la Gerencia.

Coordinadora: Prof. Fulvia Nieves. e-mail: nievesf@faces.ucv.ve
Objetivo: Reflexionar sobre la pertinencia de incorporar principios y prácticas gerenciales en las principales áreas de la actividad universitaria (docencia, administración, investigación y extensión), a fin de alcanzar óptimos niveles de eficiencia y productividad.
Justificación: Nuevos, importantes y continuos cambios en el entorno de la educación superior, hacen necesario propiciar el análisis de novedosas concepciones y prácticas gerenciales contemporáneas desde la perspectiva de su posible incorporación a la gestión universitaria.

•Gerencia de lo público y Gerencia de lo privado.

Coordinadores:
Prof. José Rodríguez Figueroa e-mail: joseasuncion@cantv.net
Objetivo: Ampliar la visión de la problemática gerencial en un marco de corresponsabilidad y de gestión compartida de lo público y privado en Venezuela.
Justificación: Conocer las características y rasgos distintivos de los componentes gerenciales del sector público y privado, constituye una oportunidad formidable para potenciar puntos de encuentros y de fortalecimiento de estos dos actores que se encuentran llamados a contribuir de manera ética, propositiva y responsable con el desarrollo institucional, económico y social del país.

•Municipio y Gerencia

Coordinador:
Prof. Miguel González Marregot e-mail: ciudadanolibre@gmail.com
Objetivo: Analizar y debatir las condiciones y demandas que determinan la actividad de la gerencia local en un marco de corresponsabilidad, inclusión y participación ciudadana.
Justificación: El municipio es el ámbito territorial que posee características propias con una población determinada, en el que existe una mayor cercanía entre las comunidades y las instituciones públicas. Esas condiciones naturales se han potenciado con los derechos a la participación ciudadana en la gestión pública que determina la Constitución Bolivariana de 1999 y la nueva Ley Orgánica del Poder Público Municipal. Por lo tanto, la democratización de la gestión gubernamental en este ámbito, es un tema ineludible para comprender las nuevas realidades ciudadanas que debe atender la gerencia pública local, en una democracia participativa.
Para cualquier información adicional contactar al e-mail: cepucv@yahoo.com o al de los coordinadores de los simposios, a quienes se enviarán las ponencias, de acuerdo con la temática del trabajo a presentar.

INVERSION

Asistentes: Bs. 90.000,00
Estudiantes de pregrado-postgrado: Bs. 50.000,00
FORMAS DE PAGO:
En la Sede del CEP-UCV: Efectivo, Cheque o Tarjetas: Crédito VISA o Débito.
Depósito en el Banco Provincial – BBVA, Cuenta Corriente Nº 0108-0582150100019820, a nombre de: FACES-UCV.
INCLUYE: Material de apoyo, refrigerios, identificación y certificados.
INFORMACIÓN / INSCRIPCIÓN
Av. Neverí, Centro Comercial Los Chaguaramos, Piso 7, Oficina de la Dirección del CEP-UCV. Día: 25 de septiembre de 2006.
e-mail: cepucv@hotmail.com.com
CUPOS LIMITADOS – HAGA SU RESERVACIÓN DE INMEDIATO
Consuelo Ascanio Rodríguez
Directora

LA REFORMA POLICIAL

El fracaso de las políticas públicas en materia de seguridad es innegable. Los índices de inseguridad han aumentado de manera explosiva. Proporcionalmente, la evaluación de la ciudadanía sobre la gestión de los organismos policiales es ampliamente negativa. Frente a esto, el gobierno nacional ha emprendido un proceso de reforma del aparato público policial que incluye, -como innovación trascendente-, la realización de un proceso de consulta pública.

La propuesta de recoger la opinión de la población en un tema tan importante como la seguridad es un acierto. De ello, no hay dudas. La incertidumbre se produce por la capacidad que tenga el Ministerio de Interior y Justicia, de procesar -de manera técnica y objetiva-, las observaciones formuladas por la ciudadanía. De lo contrario, todo será un esfuerzo perdido.

Los servicios policiales deben recuperar su institucionalidad para cumplir con su verdadera misión de protección de la ciudadanía y la protección del orden público, con estricto cumplimiento de la Constitución Nacional y del ordenamiento jurídico vigentes. Se trata de lograr que, la acción policial se encuentre al alcance de todos los ciudadanos y ciudadanas, sin consideraciones ideológicas, políticas, ni discriminaciones de carácter étnico, religioso, económico, social o de cualquier otro tipo. En pocas palabras, las policías deben responder a la sociedad y sus ciudadanos; y no a intereses o visiones parciales de la realidad.

La recomposición institucional de los servicios policiales también implica necesariamente su revalorización como actividad pública. La prestación de un servicio tan importante para la vida cotidiana no debe reducirse a un asunto meramente represivo. Una propuesta de reforma policial debe fundamentarse en un concepto ético, responsable y de transparencia y rendición de cuentas. Entre otras cosas, porque los servicios policiales y sus agentes son la encarnación más cercana de la justicia que posee y encuentra cada ciudadano, cada vecino y cada habitante de este país. Por lo tanto, la institución policial tiene que inspirar confianza.

Por otra parte, el agente policial también requiere una revalorización. Y es que, la profesión de policia no es muy sencilla que se diga. Un policía debe estar capacitado para ayudar a una viejita a cruzar una calle, hasta exponer su vida para defender la de otra persona. En tal sentido, los agentes policiales además de una formación ética, legal y técnica deben contar con el respaldo de la instituciones a las cuales pertenecen. Es decir, los policías merecen una mejor remuneración, una óptima asistencia médica y social para sí mismo y sus familiares; y un adecuado sistema de incentivos por su rendimiento operativo. El sistema de reclutamiento y selección de los cuerpos policiales es otro factor importante dentro de su proceso de reforma, porque no todas las personas tienen actitudes y valores para convertirse en un agente del orden público. Además, el desempeño de este tipo de funciones requiere cierto tipo de cualidades psicológicas que tendrían que ser cuidadosamente evaluadas en cada aspirante.

Otro elemento sustancial dentro la reforma del sistema policial es el referido a sus mecanismos de evaluación del desempeño y de control interno. La gestión de las políticas públicas -en materia de seguridad ciudadana-, requiere estrictos controles para evitar y corregir las desviaciones provenientes de un entorno generalmente conflictivo y sórdido. Los casos de corrupción policial en nuestro país son denunciados con frecuencia; así como las ejecuciones extra-judiciales o excesos cometidos con víctimas y victimarios. Afrontar estas desviaciones en la prestación del servicio de seguridad ciudadana constituyen uno de los retos más grandes que debe afrontar la Comisión Nacional para la Reforma Policial.

Existen otros aspectos sumamente importantes aunque menos conocidos dentro del tema de la reforma policial. Así tenemos, todo lo referido a la gerencia del sistema policial. Es decir, un proyecto de reforma integral del sistema policial tiene obligatoriamente que contemplar la optimización de su cuerpo directivo. Una nueva policía exige una dirección profesionalizada y actualizada; tanto en los aspectos específicos de ese sector como en aquellos referidos a la administración, propiamente dicha. Una policía eficaz demanda de recursos presupuestarios suficientes y bien administrados. Así también la reforma policial exige una actualización y renovación tecnológica que le permita combatir de manera eficaz a la delincuencia común y al crimen organizado.

Y por fin, la reforma de la policía, (y aunque parezca contradictorio) necesitará tiempo y constancia para que su diseño y ejecución rindan resultados positivos. Por último, desde un punto de vista ciudadano se exigirá que la reforma policial se realice con una visión ética donde predomine la valoración de la vida, de la justicia, de la inclusión, de la democracia, de la paz y de la libertad

EL CONSEJO METROPOLITANO LES QUEDÓ GRANDE

Los truculentos sucesos ocurridos; tanto en la instalación del Consejo Metropolitano de Planificación de Políticas Públicas, como posteriormente en su primera reunión extraordinaria, constituyen un indicativo inocultable de la muy baja capacidad de gobierno que poseen las autoridades públicas del Área Metropolitana de Caracas. Pero además, nos revela la escasa valoración de esas mismas autoridades oficiales por los derechos constitucionales y legales a la participación y al protagonismo popular; es decir, la ciudad y sus habitantes se encuentran en un estado de absoluta indefensión.

¿Pero qué es el Consejo Metropolitano de Planificación de Políticas Públicas del Distrito Metropolitano de Caracas?

Inicialmente, y según la Ley de Régimen Especial del Distrito Metropolitano de Caracas (Marzo, 2000) el CMPPP estará presidido por el Alcalde Metropolitano e integrado por los Alcaldes de los municipios que conformen el Distrito Metropolitano (Baruta, Bolivariano Libertador, Chacao, El Hatillo y Sucre), por un concejal de cada uno de estos municipios, por un representante de la gobernación del estado Miranda, por los presidentes de la juntas parroquiales y, por representantes de las organizaciones vecinales y de organizaciones sociales.

La Ordenanza del Consejo Metropolitano de Planificación Políticas Públicas -de fecha 31-08-2005-, desarrolla el objeto y funciones de dicha instancia y modifica la conformación de los integrantes de su plenario. Así agrega al Ministerio de Planificación, a un diputado de la Asamblea Nacional de los electos en el Distrito Metropolitano de Caracas, a los trece concejales del Cabildo Metropolitano, a los Presidentes de los Concejos Municipales, a los Jefes Civiles de las treinta y dos parroquias, y eleva a noventa y dos el número de representantes de la comunidad organizada.

Nos indica además esta ordenanza que, el cumplimiento de las funciones del CMPPP es ad-honorem; aunque se le reconocerá una compensación (por alimentación y transporte) a los consejeros vecinales y sectoriales, correspondiente a tres unidades tributarias por su asistencia a las sesiones ordinarias de ese organismo.

El producto institucional fundamental del CMPPP, sería el Plan Metropolitano de Desarrollo para un lapso de cuatro años; así como el Plan de Seguridad Metropolitano de Bienes y Personas; las políticas dirigidas a la atención del niño, niña y del adolescente; y los planes de Desarrollo Urbano Metropolitano y el de Ordenación Urbanística. Por último, cabe destacar, que la Ordenanza del 31-08-2005 establece que el CMPPP, impulsará un Plan Metropolitano de Inversión dirigido al desarrollo humano, social, cultural y económico en el Distrito Metropolitano de Caracas.

¿Ha sido trascendente la actividad del CMPPP para Caracas?

La respuesta es muy sencilla. No ha sido trascendente. De la gestión de Alfredo Peña poco o casi nada se recuerda en esta área. De hecho, se desconoce si esa gestión administrativa elaboró un plan destinado a visualizar el desarrollo territorial y urbanístico del Área Metropolitana de Caracas de largo plazo. De hecho, todo parece indicar que la actividad de esta instancia durante el anterior período fue muy pobre. Y de la gestión Barreto sobre la planificación territorial y urbanística tampoco hay mucho que decir. Incluso aquella iniciativa del Alcalde Metropolitano de impulsar una “Estatuyente Metropolitana”, que fuera suscrita por los alcaldes Leopoldo López y Henrique Capriles quedó sepultada ante la incapacidad (¿o falta de voluntad política?) de las autoridades públicas responsables. Todo un desperdicio de oportunidades.

En síntesis, las deficiencias de vialidad, de recolección de desechos sólidos, de seguridad pública, de espacios para el deporte y la recreación, y de urbanismo en general han desbordado las capacidades de gobernar de las autoridades metropolitanas. Eso es un hecho, lamentablemente inobjetable y que no tiene solución bajo el enfoque ideológicamente peregrino y excluyente de la “lucha de clases”.

¿La confiscación de los derechos a la participación ciudadana?

El nuevo lanzamiento del Consejo Metropolitano de Planificación de Políticas Públicas comenzó de manera incierta, opaca y poco ciudadana. Y esto lo afirmo al margen de los “costosos fuegos artificiales” del día de su instalación.

Una observación importante son las irregularidades detectadas en los procesos de elección de algunos de los representantes comunitarios. Por ejemplo, grupos vecinales de la parroquia Petare han impugnado ante el Cabildo Metropolitano y ante la Sala Técnica del mismo CMPPP, el proceso de elección del representante de esa parroquia.

Por otra parte, en el municipio Baruta los vecinos y vecinas de las parroquias Nuestra Señora del Rosario y de El Cafetal, se fajaron y lograron desmontar un “madrugonazo electoral” preparado desde oficialismo con el objetivo de colocar, allí a unos representantes comunitarios ¿incondicionales? Igual ocurrió en el Municipio El Hatillo, en el que, con otras proporciones también hubo una intentona por secuestrar la representación comunitaria.

La poca claridad de las reglas de funcionamiento del CMPPP pareciera ser otro factor clave en la calidad del desempeño de esa instancia. Hay dudas en cuanto a las convocatorias, y a la forma de análisis, preparación y presentación de proyectos comunitarios. Además la necesaria coordinación entre los gobiernos locales ha quedado seriamente golpeada y obstruida después de los sucesivos “shows” ocurridos la semana pasada.

En tal sentido, el Consejo Metropolitano de Planificación de Políticas Públicas le ha quedado grande a sus principales promotores. Y aunque la ciudad y sus habitantes seamos los principales afectados de tamaña incapacidad directiva; aún estamos dispuestos a mostrarles las diferencias existentes entre la Comuna de París de 1871 y las necesidades de desarrollo humano y urbanístico del Área Metropolitana de Caracas del siglo XXI.

Sr. Alcalde Metropolitano de Caracas: ¡LOS GOLPES A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA NO NOS DETENDRÁN!

La participación ciudadana es un derecho constitucional. La democracia, la pluralidad, la tolerancia, la inclusión, el respeto al prójimo y a los derechos humanos son valores y actitudes inherentes a la participación ciudadana.

Los espacios constitucionales y legales para la participación tales como: los consejos comunales, los consejos locales de planificación pública, los consejos estadales y el consejo metropolitano de planificación de políticas públicas son espacios deliberantes y técnicos para todos los ciudadanos y ciudadanas, por igual.

Por esto manifestamos nuestro categórico rechazo a la manipulación, el insulto y la agresión realizada en contra de los ciudadanos y ciudadanas, las autoridades públicas y los representantes vecinales y sociales asistentes a la instalación del Consejo Metropolitano de Políticas Públicas, el día martes 22 de Agosto, de 2006.

Sr. Alcalde Metropolitano Juan Barreto usted se peló. El pueblo de Caracas y de su área metropolitana, exige soluciones urbanísticas sostenibles y sustentables para su problemática.

Y sobre todo Sr. Alcalde Metropolitano, el pueblo venezolano quiere vivir en paz, en democracia y en libertad. No lo olvide jamás.


¡Basta de golpes a la participación ciudadana!
¡El Consejo Metropolitano es un espacio
para la ciudad y todos sus habitantes!

LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES

La nueva batalla por el control del Estado y la sociedad venezolanos ha entrado en su fase más abierta. El campo electoral, el terreno ciudadano, el espacio cívico de la política (gracias a Dios) ha sido el medio donde los defensores de la revolución bolivariana, de una parte; y los defensores de la democracia libre por la otra, aspiran medir sus fuerzas.

Se enfrentan dos bloques con visiones contrapuestas sobre el futuro de nuestro país. Por un lado, la opción revolucionaria supedita toda iniciativa individual o colectiva a la suprema conducción de un liderazgo mesiánico y hegemónico. Del otro lado, la oposición democrática pretende ahora relanzar al país hacia la modernidad; con base a la inclusión social y la libertad. ¿Cuál alternativa triunfará, en las elecciones presidenciales? Pues, me atrevo a escribir que hoy no lo sé; porque pese a la abundancia propagandística y al ventajismo oficial, la competencia apunta hacia un final disputado.

La alternativa revolucionaria

La oferta básica del gobierno es muy simple. Nos propone la implantación del socialismo (del siglo XXI), como modelo de organización político, económico y social. De ese socialismo del siglo XXI, conocemos poco. Pero lo poco que sabemos no nos entusiasma. Porque en estos casos, la mejor referencia sobre el modelo propuesto sería la conducta gubernamental. Y esa conducta oficial tampoco resulta alentadora.

Si bien el gobierno intentó impulsar una democracia participativa; y también aumentó la oferta y la acción de una serie de programas asistenciales para los sectores sociales menos favorecidos; por otra parte, la persecución y la exclusión política, el despilfarro de inmensos recursos fiscales; la corrupción administrativa, las violaciones a la propiedad pública y privada; y el armamentismo se convirtieron en una constante inequívoca de su gestión.

En tal sentido, y después de ocho años de revolución bolivariana o de revolución bonita, la oferta oficialista luce débil y desgastada. Porque salvo ese socialismo del siglo XXI (y que la mayoría de los venezolanos no quiere; según las encuestas), en el mensaje electoral del gobierno no hay nada nuevo. Es decir, la campaña no está fácil.

El gobierno también presenta otras dificultades políticas. La creciente ola de protestas sociales es una de ellas. Y en realidad, grandes sectores poblacionales han venido padeciendo de la ineficacia de las ejecutorias públicas, sin que el gobierno pueda garantizarles en el corto plazo una solución concreta. El rechazo popular a las continuas donaciones de los ingresos fiscales es otra. Así también, la inseguridad personal que ha cobrado más de sesenta mil vidas durante el actual gobierno.

Por supuesto, que el gobierno tiene amplias posibilidades de triunfo. Pero esas posibilidades pueden reducirse día a día. La fortaleza electoral del oficialismo se asienta; sin lugar a dudas, en su candidato. Y en efecto, además de la enorme simpatía y carisma con que cuenta el Jefe de Estado, su entorno ha venido trabajando a lo largo de los últimos años en sembrarlo como un hito en la imaginería popular venezolana. Y este es un factor, que pesa decisivamente en una coyuntura electoral como la venezolana.

Una vez escuché a un alcalde revolucionario, que en una reunión comunitaria les recordaba a los vecinos, que así como ellos recibían la ayuda oficial; en Diciembre tenían que devolver ese apoyo votando por el candidato del proceso. Así les arengaba, diciendo: “yo los ayudo, ustedes nos ayudan”. Esa lógica clientelista suma votos.

Hay amplios sectores sociales que sí quieren a su Presidente; porque han encontrado en su gestión socorro y asistencia, que quizás antes no habían encontrado. Esas personas desaprueban los “ataques inclementes” de los medios de comunicación social que se dedican a criticar todo lo que hace el Presidente de la República. Y para ellos, el Presidente ha sido engañado una y otra vez por sus funcionarios, que no cumplen sus órdenes. Y esto es cierto, hay un pueblo chavista dispuesto a apoyar a su líder. Porque el ejercicio del gobierno, con amplios poderes y abundancia de recursos fiscales, permite construir y organizar una amplia base social de apoyo a un líder, a un régimen y hasta una idea. No lo olviden.

La alternativa democrática

Después de un largo trajinar la oposición democrática parece haberse reencontrado. La candidatura unitaria parece haberse hallado con Manuel Rosales. Atrás quedaron las primarias. La tesis del consenso finalmente se impuso, para la satisfacción (o felicidad) de la otra gran parte del pueblo venezolano. En este contexto, otras candidaturas como la de Roberto Smith y Benjamín Rausseo carecen de mayor trascendencia.

La oposición no sólo tiene el reto de derrotar el continuismo oficial; sino que también está obligada a consolidarse como una fuerza política y social contributiva y propositiva. Gran parte del desafuero gubernamental se ha originado en las ineficaces estrategias oposicionistas. Y la abstención haya sido quizás la más mortífera de todas.

Bajo el esquema abstencionista se pretendió ingenuamente; por decir lo menos, “deslegitimar al régimen” entregándole a cambio: concejos municipales, alcaldías, gobernaciones y hasta la Asamblea Nacional. Con el mensaje abstencionista se desprestigió -a placer-, a cualquier líder político que mantuviera a las elecciones como salida a la crisis de la democracia venezolana. Pero además se manipuló, se desmovilizó y se desarticuló a la propia oposición durante largo tiempo. Esto es parte de la realidad de la oposición democrática.

Además en la oposición se sustituyó a los políticos por los opinadores, analistas y periodistas y a los partidos por los medios de comunicación social. Y no trata de descalificar el aporte y la función democrática de esos factores inherentes, indispensables y propios de sociedades abiertas, plurales y libres. Pero sí afirmo, que en medio de esta lucha por la libertad y la democracia, la acción política no debe reducirse a un fenómeno mediático o contemplativo.

La lucha contra el totalitarismo requiere del esfuerzo diario y constructivo de todos. Se trata de una cruzada activa vinculada a un sentido ético de la vida que requiere dedicación, inclusión y firmeza. Comprender esto y asumirlo es la llave que pudiera darle un sonado triunfo a la democracia, y a todo el pueblo venezolano en las elecciones presidenciales de Diciembre.

Hasta el momento, la candidatura unitaria desmontó el discurso oficialista, simplemente diciendo la verdad; mediante un lenguaje sencillo y directo. No en balde ahora en los sectores populares se nota una mayor animación y hasta debate con el representante oficialista. ¿Y saben, por qué? Es sencillo: ahora hay alguien de carne y hueso, que representa la esperanza de vivir en paz, en democracia y en libertad.

Es evidente que la lucha no será fácil. Hay poco tiempo. Hay también muchos temores. Y todavía quedan por allí algunos “líderes de micrófono” que sólo buscan desalentar cualquier salida electoral o ¿me equivoco?

La oposición aumentará o disminuirá sus posibilidades en la medida de su convencimiento y dedicación a la campaña de su candidato unitario. Será una faena ardua, dura y difícil; porque se trata de enfrentar de una manera ciudadana a todo el poder político, institucional y financiero, que ha acumulado un régimen que ahora viene por nuestra libertad.

LA LEY ORGÁNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PODER POPULAR

La Asamblea Nacional nos promete aprobar en el segundo período legislativo del presente año 2006, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Poder Popular (LOPCYPP). Esta ley constituye una pieza estratégica en la construcción del nuevo modelo de “democracia participativa” propuesto para Venezuela. Desde aspectos ideológicos y temas como las condiciones y principios para el ejercicio de la participación, las bases del sistema social de participación y planificación hasta los procedimientos para la activación de las distintas modalidades de referenda, están allí. Por lo tanto, la LOPCYPP resulta una interesante vitrina de la propuesta de democracia participativa que maneja el oficialismo.

Algunos comentarios preliminares sobre la LOPCYPP

Esta ley fue aprobada en primera discusión hace casi cinco años. Fue el 29 de Noviembre del año 2001, cuando la Asamblea Nacional (de aquella época y con una conformación plural) aprobó en primera discusión la Ley Orgánica de Participación Ciudadana como se le conoció en esa oportunidad. Hubo varias propuestas legales en consideración y análisis sobre este tema; pero luego de su aprobación formal (en primera discusión), el asunto fue lamentablemente engavetado.

Lo cierto es que este año 2006, considerado por la renovada Asamblea Nacional como “el año de la participación protagónica y el poder popular”, se retoma la discusión de la ahora Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Poder Popular. Pero resulta que, el nuevo proyecto legal -pese a su singular trascendencia-, fue pasado por una sesión cuasi clandestina del denominado Parlamentarismo Social de Calle, a finales del mes de Julio. Y es que no nos cansaremos de criticar la escasa difusión con que se vienen realizando estas jornadas. La Asamblea Nacional no comprende o no le interesa, su función de ser el foro político de participación de todos los venezolanos y venezolanas; sin exclusión de ningún tipo.

Algunos propuestas y temas positivos en la LOPCYPP

La Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Poder Popular, nos trae algunos temas interesantes como el establecimiento del deber de la sociedad y la obligación del Estado de facilitar la formación de los ciudadanos y ciudadanas para ejercer sus derechos a la participación. Así también determina la obligatoriedad de todos los organismos públicos de crear e impulsar los procesos de inclusión ciudadana de manera correcta. Por otra parte, la LOPCYPP valida los diagnósticos comunitarios, el trabajo en redes, y sobre todo propicia y define el uso del recurso de amparo como un mecanismo de defensa de los derechos a la participación, frente a cualquier obstrucción de parte de las autoridades públicas. Estos elementos parecen ampliamente positivos.

El sistema social de participación y planificación

Un elemento central (y quizás el más novedoso) de la propuesta LOPCYPP es la creación del llamado sistema social de participación y planificación. Según la propuesta de ley este sistema es: una instancia socio-gubernamental creada para articular la actividad relacionada con la formulación, planificación, ejecución, seguimiento y control social entre el pueblo y los distintos niveles de gobierno nacional, estadal y municipal. Sin embargo, esta relación supuesta entre el pueblo y el gobierno no se da de manera directa; sino que se pretende realizar por medio de una red de consejos. Veamos.

La comunicación se encuentra mediada (o mediatizada) por la propuesta de red de consejos sociales comunales. Así que, ahora además de los consejos comunales -que según los cálculos iniciales del Ministerio de Participación Popular y Desarrollo Social (MINPADES), serían alrededor de 50 mil en futuro cercano-, se propone crear los consejos sociales comunales parroquiales (uno por cada parroquia del país); luego los consejos comunales sociales municipales (uno por cada municipio), luego vendrían los consejos comunales sociales regionales (uno por cada ¿estado o región?), para finalmente concentrarse en un gran Consejo Nacional de lo Comunal. Pero allí no termina esto.

Por otra parte, estos consejos sociales comunales estarían en relación con los Consejos Locales de Planificación Pública en los municipios, con los Consejos Estadales de Planificación Pública de cada entidad federal, y con el Consejo Federal de Gobierno, en el ámbito nacional (el cual tiene una mora de siete años) y con cualquier otra instancia gubernamental. Pero tampoco termina allí el sistema propuesto.

El Consejo Nacional de lo Comunal (lo recuerdan), se unirá con el Consejo Federal de Gobierno en una plenaria. De allí se elegirá un Consejo Directivo Nacional, compuesto por un número de doce a catorce voceros. Y finalmente, habrá un Consejo de Coordinación compuesto por tan sólo tres voceros.

¿No es esto la más pura expresión del centralismo y la burocracia? Porque si realmente se desea cumplir con los mandatos constitucionales de participación y protagonismo popular, lo que tendría que hacerse es simplificar las estructuras, las normas y los procedimientos del aparato estatal para garantizar una gestión pública eficaz, transparente y cercana al pueblo. ¿No les parece más adecuado, honorables diputadas y diputados de la Asamblea Nacional?

¿Y además, de dónde sacaron ustedes que la participación ciudadana y el poder popular, pasa y se reduce a la creación de más burocracia, de más compartimientos, estancos y de más trabas entre el gobierno y el pueblo? Y es que uno de lo mayores males que ha padecido el pueblo venezolano a lo largo de su historia político-petrolera ha sido la enorme presencia asfixiante del Estado en casi todos los ámbitos de actividad de la sociedad civil. ¿Y dónde queda el ciudadano, el hombre o mujer sencillo, en medio de esa madeja de consejos sociales comunales parroquiales, municipales y regionales? Que abuso.

¿Por qué ilustres diputadas y diputados no se ocupan de aprobar la Ley Orgánica de Hacienda Pública Estadal o la Ley del Consejo Federal de Gobierno? ¿O por qué no investigan los mecanismos de distribución de los entes del gobierno central de los recursos destinados a las comunidades? Eso sí que contribuiría a la promoción de los derechos de protagonismo y participación popular.

¿Y sabían amigas y amigos de la Asamblea, que ante cualquier problema, ahora los organismos públicos nacionales, regionales y locales se la pasan exigiéndole recaudos, firmas y hasta los proyectos de inversión a las comunidades? ¿No es eso una arbitrariedad? Y otra cosa, señores miembros de la Asamblea Nacional, resultaría muy provechosa una evaluación del funcionamiento y la forma de elección de los Consejos Estadales de Planificación Pública, y también de los Consejos Locales de Planificación Pública. Allí hay mucho que corregir.

La Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Poder Popular bajo este esquema nos prefigura un modelo de organización social fundamentado en el estatismo y la burocracia. Y ese enfoque no se ajusta ni a los principios de la Constitución Bolivariana (actual), ni a los propósitos que se tratan de alcanzar con la propia LOPCYPP. Es todo por ahora. Pero volveremos a tratar sobre esta estratégica ley que compete a todos los venezolanos y venezolanas.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y OPOSICIÓN DEMOCRÁTICA

Si la democracia y la libertad de expresión van indefectiblemente unidas. Los medios de comunicación social son los pilares de esa relación. De allí que, en Venezuela la muy comprometida defensa de la democracia haya encontrado en los medios un importante refugio. Y es que líderes y partidos políticos e incluso la mayoría de organizaciones de la sociedad civil –ante su propia debilidad-, han venido delegando en los medios de comunicación el ejercicio de su posición opositora frente al gobierno de turno.

Esta delegación nos indica la drástica caída y retroceso sufridos por los partidos políticos y otras formas asociativas civiles como canales de participación política y de participación ciudadana. Al revisar la historia reciente encontramos que los partidos políticos fueron borrados de la Constitución Bolivariana e incluso ya ni gozan de una representación formal en el Consejo Nacional Electoral. Pero además, el movimiento ciudadano también se ha replegado resistiéndose a aceptar las distintas modalidades de participación social impulsadas desde el Estado.

El refugio opositor en los medios también nos expresa la baja credibilidad que padece el liderazgo opositor en la Venezuela de hoy. Producto de lo anterior, pareciera que la oposición estuviera bajo la conducción de analistas, opinadores, y periodistas, y no de los dirigentes políticos. Y no se trata de censurar la opinión pública, sino de estimularla aún más con la reincorporación de sus voceros y operadores naturales.

Por otra parte, los medios de comunicación social son sólo eso: medios de comunicación social. Nada más. Los medios no son partidos, ni sindicatos, ni grupos vecinales organizados. Por supuesto, que desde ellos además de informar, se impulsan y debaten ideas y proyectos; se denuncian arbitrariedades oficiales y privadas; y se apoyan o atacan candidaturas políticas, sindicales o gremiales. Y otra cosa es que esas instituciones poseen sus propios intereses y aspiraciones como corporaciones privadas orientadas al lucro.

En tal sentido, la oposición al gobierno no debe limitarse a la dependencia mediática. Esto resultaría un error estratégico. Mucho más en las actuales condiciones en las que nuestra democracia se pierde. Y mucho más después de las tantas agresiones y represalias sufridas por los editores, periodistas y opinadores venezolanos. La pelea por la democracia va más allá de leer, escuchar o mirar una opinión o una noticia.

MUNICIPIO, PLANIFICACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

¿Quién no se ha quejado alguna vez de la eficacia en la recolección de los desechos sólidos, de la insuficiente información sobre la gestión local o del cambio de zonificación de un área residencial hacia su uso comercial? Estas situaciones, y otras más complejas se suceden a diario en la dinámica de cualquier municipio del país. Y es que, los municipios constituyen el espacio territorial donde la relación entre la representación del Estado y los ciudadanos es más cercana.

El municipio; según nuestra Constitución es la división político-territorial primaria del país. Además, los municipios gozan de personalidad jurídica y de autonomía dentro del marco constitucional. Específicamente, esa autonomía comprende la elección de sus autoridades, la gestión de sus atribuciones y competencias, y también en materia fiscal mediante la creación, recaudación e inversión de sus ingresos.

En ese contexto, la planificación de la gestión pública es una obligación central de las autoridades locales. Y hay varios tipos de planes. El plan municipal de desarrollo o el presupuesto de inversión municipal, son dos de ellos. Pero de todos, el plan de desarrollo urbano local o PDUL, -como también se le conoce-, es el más polémico. Pero ¿qué hace que el PDUL sea convierta en un asunto polémico entre vecinos y alcaldes o concejales?

Al respecto, consideremos dos aspectos importantes. Uno, los PDUL contienen la definición de suelos, la determinación de áreas de desarrollo, las estrategias que orientan el desarrollo de la ciudad y el establecimiento de los programas de adquisición de tierras. El segundo es que por mandato constitucional, los habitantes en cada municipio tienen el derecho de participar en la formación, ejecución y control de los asuntos públicos locales. Y esos derechos a la participación vecinal incluyen los planes. En tal sentido, en los procesos de elaboración de los planes de desarrollo urbano local tendrían que participar los ciudadanos y eso NO ocurre, ni de lejos. ¿Se comprende ahora, la polémica alrededor del PDUL?

En todos los municipios del Área Metropolitana de Caracas, con mayor o menor énfasis, ocurre esa situación. De allí que, haya una acelerada utilización y depredación ambiental y urbanística amparada en la pasividad de unos gobiernos locales; aún ajenos a los preceptos legales vigentes. Craso error.

El municipio está llamado a ser el espacio donde ciudadanos y autoridades converjan alrededor de un propósito común: la calidad vida de todos. ¿O acaso será muy difícil cumplir con las leyes?

LOS CONSEJOS LOCALES DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

El Área Metropolitana de Caracas se extiende en un estrecho valle de catorce kilómetros de largo, reúne a cinco municipios (Libertador, Baruta, Chacao, El Hatillo y Sucre) y un Distrito Metropolitano, y congrega aproximadamente a unos cuatro millones de habitantes. Además la ciudad de Caracas, como capital del país, constituye el principal centro político, económico, financiero y social de la República Bolivariana de Venezuela.

En este espacio geográfico funcionan –al menos en teoría- cinco (5) Consejos Locales de Planificación Pública; cada cual con su relativo y desigual desarrollo institucional particular, pero con un factor común para todos ellos: su escasa incidencia en la calidad de vida de los habitantes de su entorno político-territorial correspondiente.

Antes de proseguir, conviene recordar que los CLPP están integrados por el alcalde, los concejales, los presidentes de las juntas parroquiales y una representación mayoritaria de ciudadanos (electa en asambleas). Recordemos también que estas novísimas instancias para la participación ciudadana (fueron creadas mediante la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública, en el año 2002), y que tienen por objeto fundamental integrar a la gestión pública municipal, a comunidades organizadas y ciudadanos; bajo los preceptos constitucionales de corresponsabilidad y participación.

Cuando afirmo que los Consejos Locales de Planificación Pública del Área Metropolitana de Caracas, no han sido decisivos en la calidad del desarrollo de sus respectivos municipios, lo hago con base a la serie de obstrucciones y dificultades institucionales que han padecido y padecen, y que han impedido su consolidación. Una de esas dificultades ha sido el escaso interés o la impericia demostrada por las autoridades locales del Área Metropolitana de Caracas en impulsar su desarrollo. Por ejemplo, en Chacao fue apenas en el pasado mes de Mayo y con cuatro años de retraso cuando se eligió el Consejo Local de Planificación Pública. Lo increíble de esto, es que en Chacao se han emprendido múltiples iniciativas en materia de participación ciudadana, durante la gestión de actual Alcalde Leopoldo López. El tema electoral y los derechos ciudadanos a la participación son los más vulnerados. Veamos algunos casos.

En los municipios Libertador y Sucre los representantes vecinales y de la sociedad civil organizada en CLPP tienen su período vencido. Por lo tanto, las autoridades municipales Freddy Bernal (Libertador) y José Vicente Rangel Ávalos (Sucre) están colocando al margen del cumplimiento de la ley, la gestión de sus respectivos Consejos Locales de Planificación Pública.

Por su parte, en el municipio Baruta, se debería convocar a nuevas elecciones en el mes de Septiembre de este año, para renovar la representación ciudadana de su CLPP. Sin embargo, todo parece indicar que, allí también se entrará en mora con el derecho que tienen las comunidades organizadas de participar y elegir sus representantes, ante dicha instancia.

Tan sólo el municipio El Hatillo, se encuentra al día en los procesos de elección y renovación de sus consejeros vecinales y de la sociedad civil. Y en efecto, el CLPP El Hatillo, fue seleccionado por primera vez en el año 2003; siendo renovado el pasado año 2005. Pero el tema de la mora electoral no sólo se produce en el nivel municipal. En el Consejo Estadal de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas del estado Miranda (y cuya gestión afecta a Caracas), la representación vecinal y de la sociedad civil se le venció su período en el mes de Diciembre del año 2005. Lo más lamentable es que el Gobernador Diosdado Cabello está lesionando los derechos a la participación ciudadana e incumpliendo con la ley al no llamar a la renovación de los representantes cívicos. Pero hay más. El proceso de elección de los voceros parroquiales ante el Consejo Metropolitano de Planificación de Políticas Públicas, presidido por el Alcalde Juan Barreto, ha sido reiteradamente cuestionado por parte de diversas agrupaciones vecinales de las distintas parroquias del Área Metropolitana de Caracas. En síntesis, los procesos de elección de las instancias se encuentran llenos de opacidades, acusaciones de fraude e incumplimientos legales.

En materia de planificación municipal, solamente los Consejos Locales de los municipios Libertador y de Baruta han logrado aprobar un Plan Municipal de Desarrollo; tal como lo prescriben la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y la propia Ley de los CLPP. El balance es peor en cuanto al tema de la planificación urbana local, donde la incidencia de tales instancias ha sido completamente nula. Estas carencias en materia de planificación se reproducen de nuevo; tanto en el ámbito metropolitano como en el estadal. Hasta el presente no se conoce -o al menos no se ha divulgado lo suficiente-, la existencia de planes de desarrollo de naturaleza metropolitana o estadal.

Encontramos una mayor apertura institucional de casi todos las alcaldías del Área Metropolitana de Caracas en lo relacionado con el presupuesto participativo. Para nuestros lectores, apuntaremos que el presupuesto participativo es una modalidad de inclusión ciudadana contemplada en la Ley de los CLPP y en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. Mediante el presupuesto participativo; y partir del mes Julio de cada año, cada alcalde está obligado a abrir un proceso de consulta con las comunidades de su entidad para elaborar el presupuesto de inversión municipal del siguiente ejercicio fiscal. ¿Importante verdad?

En este rubro, El Hatillo ha sido el único que tiene una experiencia exitosa, gracias a la presión de sus representantes vecinales en el CLPP. La Alcaldía Metropolitana realizó este año su proceso de “consulta presupuestaria” con varias comunidades de Caracas. Mientras las alcaldías de Baruta, Chacao y Libertador preparan sus respectivos operativos. En cuanto al Municipio Sucre no se posee información precisa sobre el tema.

El balance la gestión de los CLPP en el Área Metropolitana de Caracas no es el mejor. En realidad su actividad no ha incidido hasta ahora en la calidad de vida de la población. Es más, la gran mayoría de los ciudadanos ni siquiera conoce de su existencia. Empero todo esto no indica su inutilidad. Sugiere una reflexión y un llamado a la acción ciudadana.

La reflexión es en torno a la baja cultura participativa y democrática de buena parte de las autoridades oficiales que por acción u omisión han obstaculizado la gestión y el desarrollo eficaz y eficiente de estos espacios ciudadanos. La componenda política, el clientelismo partidista y el burocratismo se han impuesto hasta ahora, al ejercicio pleno de los derechos a la participación de la población en los asuntos públicos de su interés. ¿Es ésta acaso la práctica de los demócratas?

El llamado a la acción a los ciudadanos es muy sencillo: hay que empoderarse en el tema de la participación cívica. Hay que ejercer los derechos constitucionales a la participación, a la inclusión y la corresponsabilidad. Y no hay que dejarse usurpar la calidad vida, siendo ciudadanos y demócratas. Los Consejos Locales de Planificación Pública son espacios para todos... así que para celebrar los 439 de Caracas, vamos por ellos...

PRIMARIAS II

La organización de las primarias continúa su avance. Al parecer, la decisión es firme y no hay vuelta atrás. Mejor así, porque entre otras cosas, la oposición de este país parece necesitar más bien, una actitud coherente con sus propósitos democráticos. Sin embargo, y mientras día a día, semana a semana, crece la expectativa y la esperanza popular alrededor del evento; también aumentan las inquietudes y presiones de los actores políticos enfrentados. Ellos saben que el resultado de las primarias determinará por un buen tiempo, la eficacia política y organizativa; tanto del gobierno como de la oposición.

El oficialismo

Es por ello que, las posiciones de intolerancia, persecución y resentimiento expresadas por algunos voceros del oficialismo en la Asamblea Nacional en contra de la Asociación Civil Súmate, no extrañan a nadie. No hay nada nuevo en ese discurso, ni se espera algo distinto. Por otra, para nadie es un secreto que una de las grandes fortalezas del gobierno de turno, se sustenta en la desorientación política y la dispersión de fuerzas opositoras. En tal sentido, para el oficialismo resultaría por lo menos, incómodo que la oposición pueda realizar con relativo éxito las primarias. Y es que de ese evento puede resurgir una fuerza política democrática aglutinada, fortalecida, y sobre todo con la moral alta. De allí que, resulte fácil suponer que desde el “oficialismo revolucionario” se desate -de ahora en adelante-, una fuerte ofensiva política, legal y hasta psicológica para tratar de impedir la realización de las primarias. Para el gobierno, hay mucho en juego.

Los abstencionistas

¿Por qué el Comando Nacional de la Resistencia y sus aliados no participaron con un candidato en las primarias? Allí hay unas figuras relevantes como Oswaldo Álvarez Paz, Antonio Ledezma o Ezequiel Zamora. Y también se encuentran Oscar Pérez o Iván Ballesteros. Cualquiera de ellos hubiera podido representar la opción del Comando Nacional de la Resistencia en las primarias. ¿No se les ocurrió o acaso era una exigencia fuera de su alcance? ¿Temen contarse o hay una agenda oculta? Lamentable, porque hubiera sido un aporte bien importante, constructivo y democrático para defender la unidad de la oposición. Igual ocurrió con Acción Democrática. Todo parece indicar su progresivo aislamiento del sentir cívico y democrático de la mayoría del pueblo venezolano. Este sector de la oposición debe terminar de entender (y aceptar) que la única solución viable a la crisis institucional y política de Venezuela es la salida electoral, constitucional, pacífica y democrática. No hay otra. Así que, el Comando de la Resistencia debe comprometerse a respaldar y apoyar la organización y realización de las primarias. Seguramente serán bienvenidos.

Los pre-candidatos

Julio Andrés Borges y Manuel Rosales continúan siendo las principales opciones presidenciales para el 13 de Agosto. Cada candidato ha comenzado a incrementar en cantidad y calidad sus contactos populares. Y es que no pueden perder tiempo ni oportunidades. Quizás la barrera más dura que tengan que enfrentar sea el escepticismo que se ha sembrado en buena parte de la población. Las constantes críticas y descalificaciones de parte de un sector de la misma oposición en contra de los pre-candidatos contribuirán de igual manera, a ese desánimo electoral. Otra desventaja, para los candidatos la representa la “supuesta invencibilidad” del Presidente Chávez. Y esa invencibilidad ha sido hábilmente inducida desde el gobierno; pero también magnificada a diario, por algunos analistas y expertos mediáticos para los cuales nada de lo que se haga en el país podrá cambiar su destino.

Por lo demás, la ausencia de proposiciones concretas y constructivas puede adicionar otra debilidad a la naciente candidatura unitaria. Por lo anterior, es que ya debería estar andando un equipo técnico responsabilizado de estructurar (de manera didáctica y sencilla) un mensaje programático plural, incluyente, propositivo y dirigido a rescatar ante y por el país, el valor ético y cívico de la actividad política. ¿Será pedirle mucho a los asesores de los candidatos?

Un último comentario en este segmento, está referido a la obligación de cada uno de los nueve candidatos -que hasta ahora-, participan en las primarias en aceptar los resultados de la votación popular del 13 de Agosto. El comportamiento democrático de cada uno de los participantes dependerá mucho la credibilidad ante la opinión pública nacional e internacional.

Mientras tanto, Teodoro Petkoff sigue en su cruzada denunciando la amenaza totalitaria que se cierne sobre Venezuela. Sin lugar a dudas, la posición de Petkoff es la más radical y frontal contra las políticas oficialistas. A la aspiración gubernamental de avasallar a la ciudadanía e incluso someterla a un modelo político basado en “pensamiento único” hay que salirle al paso de manera contundente, democrática y unitaria, y esa es una acción impostergable. Teodoro ya ha dado el primer paso.

La organización de las primarias

De realizarse de manera responsable, transparente y eficaz las primarias constituirán una derrota ideológica y política; tanto para el gobierno nacional como para aquellos que aún decidan permanecer dentro del abstencionismo. Pero llegar a las primarias con éxito no será una tarea fácil. Hay muchas opacidades y puntos por resolver. Además la articulación de las organizaciones democráticas con el pueblo organizado aunque creciente, sigue siendo débil. Sin embargo, si la oposición logra reunir a los 50 mil voluntarios para atender los 2850 centros de votación y sus casi nueve mil mesas, se habrá logrado una de las hazañas más grandes en la historia de la lucha por la democracia en nuestro país.

Alcanzar el éxito en las primarias implica derrotar el escepticismo, las falsas expectativas, y todas las trabas y saboteos que se impulsarán desde el oficialismo. La fórmula para poder afrontar victoriosamente los desafíos pendientes y próximos se basa en la capacidad de organización y el trabajo de equipo de cada uno de los actores involucrados en el evento.

La Asociación Civil Súmate debe recordar dos cosas. La primera, que sola NO podrá realizar el proceso y la segunda es que las primarias NO le pertenecen. Por lo tanto, se debe invitar y concertar la participación de otras organizaciones ciudadanas nacionales, regionales y locales en las primarias. Agrupaciones cívicas como “Sinergia”, “Gente de Soluciones”, “Queremos Elegir”, “El Grupo La Colina” o la “Red de Veedores”; entre otras, deberían ser incluidas en este proceso; al menos como observadores y contralores, sin ningún tipo de sectarismos. Hay que convertir a las primarias de ese Domingo, en la fiesta democrática del pueblo organizado.

Ahora falta menos. Temas como la ubicación y la seguridad de los centros requieren de las decisiones asertivas para su tratamiento eficiente y eficaz. De igual forma, la cobertura de los medios de comunicación social del proceso necesita de orientaciones muy precisas para evitar el suministro de información equívoca y confusa.

Con las primarias se aproxima cada vez más, un reto interesante para las fuerzas políticas democráticas del país. Se presenta una oportunidad formidable para su reorganización y avance hacia un futuro para todos. Las primarias pueden constituirse en la derrota más grande para un régimen que ha destruido toda la institucionalidad electoral. Así que veremos qué pasa.