EL PULSO DE LA REFORMA

El objeto de la reforma constitucional es implantar en Venezuela un modelo socialista, unitario en su concepción prospectiva del tema político-territorial, con un eje central de poder y toma de decisiones en el Ejecutivo Nacional (y más específicamente en la Presidencia de la República); en el que la intervención del Estado (basado en la utilización de la renta petrolera) sea determinante y “principal motor” de la actividad económica y social del país; por encima del emprendimiento popular y por lo tanto, de la iniciativa privada.

Bajo este enfoque, se trataría de alcanzar la “suprema felicidad” del pueblo venezolano bajo la indiscutida –y cuasi infalible- dirección de una vanguardia revolucionaria y un comandante, que determinarían lo permitido y lo prohibido para la vida del país y también, la conducta que sería políticamente correcta y aquello que no lo sería. En tal sentido, toda aquella manifestación que objetara los planes, proyectos y estrategias postulados por el Estado socialista y por el gobierno socialista, pasarían a ser considerados como “contrarrevolucionarios” y desestabilizadores. Por ende, la oposición o la disidencia estarían proscritas en ese contexto.

En el campo internacional, la reforma ya asoma su posible impacto, con la propuesta de fundar repúblicas –o quizás confederaciones de ellas- con base a proyectos específicos (ver artículo 153 en el informe de la Comisión Mixta de la Asamblea Nacional). Y en realidad, en estos tiempos de globalización cualquier revolución que se precie como seria, tendría que rescatar los añejos planteamientos del internacionalismo proletario. En tal sentido, la aspiración de lograr un “mismo gobierno” para Cuba y Venezuela o también para Bolivia y Nicaragua, resulta lógica para ese pensamiento. Incluso, hasta podría plantearse una confederación con naciones revolucionarias de otros continentes como serían el caso de Irán o ¿de Corea del Norte?

El instrumento por excelencia para impulsar un proyecto revolucionario es el partido. Al menos, ese ha sido uno de los postulados clásicos surgidos de las revoluciones socialistas, a lo largo de su historia. Y si ese partido revolucionario es único; es decir, no admite la presencia de otra organización partidista que le compita el poder político; pues es mucho mejor para el proceso de construcción del socialismo. En el caso venezolano, la imposición del partido único en las filas del oficialismo ha encontrado sus dificultades. La pobre demostración organizativa brindada en el Poliedro de Caracas, donde recientemente tan sólo se alcanzó a juramentar unos 14.000 promotores (o voceros) del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) provenientes de todo el país, nos indica el escaso calado popular de ese partido.

En ese mismo entorno, el Partido Comunista de Venezuela (PCV) ha desistido de fusionarse con el PSUV. Y el mismo sendero ha sido tomado; por ahora, por el partido Patria para Todos (PPT). El caso del partido PODEMOS es de singular importancia por varias razones. Veamos. En primer lugar, con su actitud crítica en el parlamento venezolano ha intentado rescatar la visión democrática del socialismo, basado en la valoración de la libertad y en el respeto a la pluralidad ideológica. En segundo lugar, esta organización partidista ha demostrado una gran entereza política al soportar toda una serie de descalificaciones políticas, amenazas de mociones de censura y ataques personales (hasta las vacaciones de un diputado de esa bancada salieron a relucir en la Asamblea Nacional) originadas por el simple hecho de exigir; según su criterio, el estricto cumplimiento de los procesos constitucionales para el tratamiento legislativo de la reforma constitucional. En tercer lugar, la actitud del partido PODEMOS -hasta el presente-, se ha convertido en una verdadera lección de parlamentarismo democrático; sobre todo para aquellos sectores políticos y mediáticos de la oposición que han jugado al abstencionismo y a la descalificación de cualquier iniciativa política, organizativa y electoral emprendida por otros partidos democráticos de la oposición venezolana. Por último, la disensión de PODEMOS dejó al descubierto de nuevo, el estilo autoritario e intolerante que predomina dentro de los factores políticos oficialistas.

Esa misma intolerancia oficialista sufrida por el partido PODEMOS se manifestó la pasada semana en el Teatro Teresa Carreño (en la ciudad de Caracas), cuando un grupo de dirigentes estudiantiles acompañados de trabajadores intelectuales (artistas y periodistas) fueron maltratados y expulsados de un acto público convocado por la propia Asamblea Nacional, por el solo hecho de manifestar su desacuerdo, con algunos puntos de la propuesta de reforma constitucional. Y esa misma intolerancia se hizo presente en la parroquia Antímano (al oeste de la ciudad capital) cuando un pequeño grupo intentó sabotear un acto público donde el partido de oposición “Un Nuevo Tiempo” exponía ante los vecinos, sus puntos de vista sobre el tema constitucional. La medida impuesta por el Consejo Nacional Electoral al canal independiente de noticias Globovisión impidiendo la transmisión de una serie de micro-informativos producidos por la ONG “Ciudadanía Activa”, que trataba desde una óptica crítica la reforma constitucional, puede entenderse como otra demostración de intolerancia y censura, para acallar a aquellas opiniones alternativas o contrapuestas a las propuestas de la revolución.

Pese a la censura y al ventajismo oficial, instituciones sociales; así como expresiones asociativas populares, que conforman un verdadero tejido social autónomo y democrático, continúan expresando sus reservas y opiniones en torno a la propuesta constitucional. La Conferencia Episcopal Venezolana; por ejemplo, acaba de emitir una importante valoración desde el punto vista católico sobre el tema. En efecto, la Iglesia Católica venezolana considera que la implantación de un Estado socialista conllevaría al cese del pluralismo y de la libertad política y de conciencia para la población del país. Sobre este particular, no nos quedan dudas que el gobierno tratará de descalificar los señalamientos de la Iglesia Católica, por la alta credibilidad que ésta posee ante la mayoría del pueblo venezolano.

De igual manera, organizaciones ciudadanas defensoras de los derechos civiles han comenzado a denunciar la situación de precariedad en la que quedarían derechos humanos fundamentales, de aprobarse artículos como el 337 incluido en la propuesta de reforma por la Comisión Mixta de la Asamblea Nacional. Así el “Foro por la Vida” que reúne a varias organizaciones cívicas como “Espacio Público”, “Provea” y COFAVIC presentaron un documento con 32 observaciones al proyecto de reforma. La posición de estas organizaciones no gubernamentales es muy clara y contundente: los derechos humanos son progresivos, irrenunciables e intransferibles; por tanto no pueden ser sometidos a referendo. Los derechos fundamentales no son negociables.

Redes vecinales y asambleas de ciudadanos en los ámbitos comunitarios están haciendo su esfuerzo contributivo para conformar un movimiento de oposición democrática, frente a la reforma socialista. El movimiento estudiantil continúa con sus actividades de calle tratando de llevar a la mayor cantidad de ciudadanos y ciudadanas, información crucial sobre los riesgos que encierra la implantación de un sistema de vida basado en un pensamiento único. Las agrupaciones partidistas de oposición también mantienen su actividad; aunque allí un sector insiste en tratar de torpedear lo que hace el otro. Así las iniciativas emprendidas por organizaciones democráticas como “Un Nuevo Tiempo”, “Primero Justicia”, “COPEI” o la histórica “Acción Democrática” son desmenuzadas a diario, por algún sesudo opinador o por algún dirigente de la “resistencia” (en su pleno derecho después de todo) que no reconocen aún que en Venezuela, sí hay una oposición política seria y comprometida con la libertad y con la democracia.

La propuesta socialista de reforma constitucional requiere de un poder central omnímodo y, para ello propone la reelección exclusiva e indefinida para la Presidencia de la República. Por ello también debilita en extremo a los gobiernos intermedios (gobernaciones y alcaldías) por ser considerados como posibles fuentes de liderazgos emergentes. De la misma manera, la propuesta reduce las posibilidades de participación popular suprimiendo el ejercicio democrático a la elección y al sufragio e imponiendo una supremacía del Estado frente a cualquier iniciativa ciudadana y popular. Allí no hay nada nuevo. Los sectores democráticos del país tienen ahora el reto de tomar el pulso de la reforma. No hacerlo sería, cometer un craso error.