La Comisión de Contraloría no es competente para indagar sobre fondos privados. Las asociaciones dijeron que tienen sus cuentas claras

MARU MORALES
mmoralesp@el-nacional.com

CÉSAR PARADAS / ARCHIVO Marino Alvarado, de Provea, calificó de inconstitucional e ilegal la solicitud del diputado Pedro Carreño

Ni la Constitución, ni las leyes del marco jurídico vigente, ni el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea le dan a la Comisión de Contraloría la competencia para investigar las finanzas de asociaciones privadas, como lo propuso el diputado Pedro Carreño, del PSUV, en la sesión de esa instancia parlamentaria el miércoles.

Sin embargo, tanto la directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, Mercedes de Freitas, como el directivo de Estado de Derecho Luis Alfonso Herrera, participantes de proyecto Monitor Legislativo, afirmaron que todas sus actuaciones financieras son legales. Mientras Transparencia publica sus reportes financieros mensuales en su página web, Herrera precisó que Estado de Derecho no desarrolla proyectos de gran envergadura y se financia con los aportes de los integrantes de la asociación con fines académicos.

Ambas organizaciones integran junto con otras seis ONG el proyecto de seguimiento a la Asamblea Nacional, por lo que cualquier averiguación deberá incluirlas a todas. Herrera indicó que junto con Control Ciudadano, Espacio Público, Liderazgo y Visión, Monitoreo Ciudadano, Paz Activa y Entorno Parlamentario aportan su experiencia en cada una de las áreas de especialización para ofrecerle a la ciudadanía herramientas que le permitan comprender, valorar y evaluar el desempeño del Poder Legislativo.

De Freitas señaló que aguardarán la recepción de la notificación formal de la Asamblea sobre la apertura de una averiguación para actuar en consecuencia, pero enfatizó su disposición a acudir a la Comisión para demostrar que tienen sus cuentas claras.

Para intimidar. Herrera no descartó que la presentación del ranking parlamentario por parte de Monitor Legislativo a comienzos de esta semana, que evidenció que sólo 13% de los 165 diputados tuvieron un desempeño eficiente, hubiera causado molestias entre los diputados. "Según las declaraciones de Carreño, no es por el ranking que nos quiere investigar sino por el financiamiento, pero entiendo que la divulgación del ranking causó molestias".

El artículo 62 de la Constitución reconoce el derecho de los venezolanos a participar en "la formación, ejecución y control de la gestión pública", mientras el 67 establece el derecho a la asociación como uno de los mecanismos para materializar esa participación.

Marino Alvarado, de Provea, rechazó que el Parlamento se centre en las ONG y obvie las denuncias sobre irregularidades en la administración pública. "Además de inconstitucional e ilegal, la solicitud de Carreño es contraria al discurso de democracia participativa que el oficialismo pregona.

Quienes hacemos contraloría diagnosticamos realidades y proporcionamos soluciones.

Este tipo de anuncios es un intento de acallar las críticas a la gestión de gobierno. La tarea de los poderes públicos es evaluar si lo que decimos es o no es correcto y tomar las medidas correspondientes, pero no intimidar a la ciudadanía", puntualizó.

Luis Alfonso Herrera dijo que ninguna de las ONG involucradas en el proyecto de monitoreo legislativo son funcionarios públicos ni reciben recursos del Estado. Esa situación coloca a las ONG fuera del margen investigativo de la Asamblea establecido en el Reglamento de Debates, que delimita las funciones de la Comisión de Contraloría a vigilar el uso de fondos públicos por parte del Estado, no de los privados.

Además, en la lista de órganos de prevención y control definidos en la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo no se incluye al Parlamento, aunque sí al Consejo Nacional Electoral (en concordancia con el artículo 293-3 de la Constitución). Pero hasta el momento el CNE no ha manifestado dudas sobre los fondos de las organizaciones en cuestión.

"Abrir una investigación de este tipo no se puede sino considerar una especie de medida retaliativa y hostil contra las organizaciones de la sociedad civil que hacen contraloría y operan de manera legal", expresó Herrera.

EL NACIONAL - VIERNES 18 DE MAYO DE 2012