Una gran expectativa de cambio
popular y democrático envuelve a la nueva mayoría democrática que asume la
conducción del Poder Legislativo, en nuestro país. Esa expectativa de cambio
contiene aspiraciones y demandas legítimas de distintos sectores sociales basadas
en sus necesidades e intereses más urgentes, sobre las cuales se construiría
una agenda parlamentaria. Como es natural, la agenda parlamentaria de la nueva
Asamblea Nacional será muy diversa y su gestión legislativa se desarrollará en
medio de la mayor crisis institucional, económica y social que ha atravesado
Venezuela.
En ese contexto, me atrevo a
destacar un par de temas legislativos de particular trascendencia. En primer
lugar, la descentralización político-territorial y, en segundo lugar, la
participación ciudadana en los asuntos públicos. No cabe duda que, el marco
legal aprobado durante los últimos cinco años (por la anterior Asamblea
Nacional) tendría que ser revisado para resarcir los daños ocasionados a la
institucionalidad democrática de Venezuela. Pero ¿cómo abordar el rescate de
ambos principios constitucionales, que son determinantes en la conformación del
modelo de organización político-territorial del Estado venezolano?
A mi modo de ver, ese rescate
debe abordarse como un proyecto de corto mediano y largo plazo, bien
estructurado con unas metas claras y, por supuesto, con unas acciones definidas
con precisión. Reimpulsar la institucionalidad descentralizada y participativa
del Estado venezolano desde la Asamblea Nacional supone una reforma legislativa
de vasto alcance con incidencia directa e indefectible en las administraciones
públicas y sus procesos técnicos de los tres niveles políticos –territoriales
de la República. En tal sentido, esta reforma no debe ser asumida con un
enfoque meramente legalista; sino por el contrario, bajo una visión política y
además incluyente; pues este asunto involucra una diversidad temática vinculada
a la pluralidad de actores.
En las actuales circunstancias,
un proyecto de reforma legislativa vinculado a descentralización supone
entender que el mismo afectará un conjunto de intereses opuestos y, que por lo
tanto, se hace necesario -para garantizar viabilidad-, ganar apoyos de amplios sectores
sociales y de actores potencialmente aliados mediante la negociación, la
consulta y la inclusión. Es decir, y en otras palabras, el proyecto de reforma
legislativa que aludimos tendría que ser visualizado y realizado de manera transparente,
descentralizada y participativa.
Se deberían distinguir algunos asuntos
implícitos en el tema de la descentralización político-territorial que exigen
especial atención. Algunos de esos casos serían: 1) el ordenamiento territorial
que constituye la base físico-espacial sobre la cual se asienta la estructura
institucional de las entidades federales menores y la definición de los
lineamientos generales para la regionalización; 2) el tratamiento de las
competencias y atribuciones de esas entidades y su relación con el gobierno
central, así como entre ellas y de ellas con la ciudadanía; 3) la conformación
institucional de los órganos político-territoriales responsabilizados de
impulsar y coordinar las políticas y estrategias de descentralización; 4) el
aspecto económico-financiero de las entidades federales que reclama la Ley de Hacienda
Pública Estadal y el adecuado cálculo del situado constitucional y 5) el
rescate de las autonomías de los gobiernos nacionales, como lo son los estados
y municipios.
En cuanto al principio
constitucional de la participación ciudadana hay que comenzar puntualizando que,
un 37% de los artículos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
están referidos a la participación ciudadana en diversos aspectos de la vida
republicana, y en cual el tema de la participación en la gestión de programas y
servicios públicos es determinante. Un claro ejemplo de la relación operativa
de la participación con la descentralización lo ubicamos en el artículo 184 de
la Carta Magna que establece que los estados y municipios descentralizarán y
transferirán a las comunidades y grupos vecinales, los servicios previa
demostración de su capacidad para prestarlos.
En realidad, el tema de la participación
ha sido deformado por la gestión gubernamental de los últimos 16 años. Durante
el lapso 1999-2006 el discurso oficial se basó en el uso de la democracia
participativa como emblema. A partir del año 2007 esa propuesta de la democracia participativa se sustituyó
por la del socialismo del siglo XXI y, más exactamente por la del Estado
comunal que trajo consigo una redefinición y tutelaje de la participación,
generando la exclusión de amplios sectores sociales y comunitarios.
El derecho a la participación debe
ser reivindicado y abierto al ejercicio pleno de todos los ciudadanos del país.
En el proyecto de reforma legislativa creo deben considerarse los siguientes
aspectos: 1) su tratamiento como derecho humano y su transversalidad y
presencia en los procesos de formación, ejecución y control de los asuntos
públicos en los tres niveles de gobierno; 2) su independencia plena de
criterios ideológicos ajenos y no considerados en la Constitución Nacional; 3) la
fijación de lineamientos para la transparencia en los procesos de elección y
gestión de las vocerías de la sociedad civil en las distintas instancias de
participación político-territorial; 4) la democratización y rendición de cuentas
en el acceso y gestión de los recursos públicos y 5) la revisión y ajuste
constitucional al bloque de leyes referidas al denominado “poder popular”.
Finalmente, emprender el rescate
de los principios y mandatos constitucionales de descentralización y participación
como proyecto de reforma legislativa de estas dimensiones, supone el establecimiento
de instancias de apoyo y coordinación al trabajo parlamentario que recién se
inicia.
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