LOS MOVIMIENTOS VECINALES Y LAS REFORMAS DEMOCRÁTICAS EN VENEZUELA 1958-1998

https://fermintoro.net/portal/2021/05/los-movimientos-vecinales-y-las-reformas-democraticas-en-venezuela-1958-1998/ 

CON LOS VECINOS HABEIS TOPADO

La propuesta de reagrupar; bajo el gobierno del Distrito Capital a los municipios Baruta, Chacao, El Hatillo y Sucre y, separarlos del estado Miranda no solo se convirtió en estos días en un reactivador de sus movimientos vecinales; sino que por retruque colocó además sobre la mesa un asunto de importancia capital, como es la necesidad de abordar el tema de la administración territorial y de servicios del Área Metropolitana de Caracas.

En esta oportunidad, la idea de impulsar una recentralización político-territorial fue de Jacqueline Farías y, esa idea vagamente esbozada le costó su puesto como Jefa del Distrito Capital. Mientras, el gobernador del estado Miranda Héctor Rodríguez (una vez conocida la destitución de la ingeniera Farías) declaró que: “a Miranda no la dividía nadie”. En realidad, el gobernador no podía aspirar a una reelección con el hándicap de haber aceptado con indiferencia la desmembración de la entidad federal donde ejerce el gobierno. Otra situación ocurrió con las delegaciones municipales del PSUV que guardaron un silencio -más sumiso que cómplice-, frente al desarrollo de los acontecimientos desatados por la propuesta Farías. 

Desde los municipios afectados; tanto autoridades públicas como la vocería de los movimientos sociales y vecinales expresaron su rechazo a la idea de la recentralización político-administrativa del Área Metropolitana de Caracas. Así, los alcaldes de los municipios Baruta, Chacao, El Hatillo y Los Salias expresaron su formal rechazo a la intención del PSUV. Mientras en el municipio Baruta se constituía una alianza entre las organizaciones vecinales y los partidos políticos para la defensa del municipio. Esta iniciativa fue replicada posteriormente en el municipio Chacao. Se inició de esta manera, un sendero unitario; por demás interesante y beneficioso entre los factores democráticos, justo y quizás en el ámbito territorial más adecuado: el municipio.

En realidad, hay una clara intención ideológica del PSUV y su régimen de ejecutar un reordenamiento territorial basado en el centralismo político-administrativo ya presentado al país en el proyecto de reforma constitucional del año 2007, el cual fue derrotado política y electoralmente en esa oportunidad. Sin embargo, la idea de un estado centralizado, con una nueva base territorial (comunas, ciudades comunales, distritos motores; entre otras) y sobre la base de una economía colectivizada y con una participación tutelada, sigue presente en el ideario del bloque oficialista. Y esa ideación totalitaria tiene nombre: el Estado comunal.

En ese contexto, la problemática del Área Metropolitana de Caracas no puede ser obviada. Los déficits en la prestación de servicios públicos; así como la incertidumbre sobre su crecimiento, (por citar solo dos aspectos) requieren de una reflexión programática; pero también democrática e incluyente. Esa es una tarea que a los sectores comprometidos con el cambio político les corresponde acometer. La Alcaldía Metropolitana dejó una serie de estudios y experiencias que podrían ser aprovechados en conjunto, con propósitos constructivos y en unidad; tanto por los sectores políticos como por la ciudadanía y, así fortalecer la opción de cambio. Al respecto cabe recordar que, la unidad democrática será siempre más fuerte con base a acuerdos programáticos entre sus componentes.

Me parece importante realizar un comentario adicional sobre los movimientos vecinales y comunitarios. Y es que estas entidades siempre han estado del lado de la defensa de las reivindicaciones inmediatas y de las luchas democráticas en Venezuela. Desde su aparición en los años veinte y, por medio de sus diversas manifestaciones (Ligas de Colonos, Juntas Profomento, Juntas Promejora, Juntas Vecinales, Asociaciones de Propietarios y Residentes y, por supuesto, las Asociaciones de Vecinos) los movimientos de base se han hecho sentir en la lucha por la elección directa de gobernadores y alcaldes, la democratización de los municipios y la descentralización; así como también con su firme defensa del medio ambiente. Es decir, en nuestro país, los movimientos vecinales son parte de nuestra cultura democrática y, por ende, representan una reserva para emprender los cambios políticos que nuestra realidad exige.

La idea de establecer y formalizar puentes entre los distintos sectores sociales y comunitarios del Área Metropolitana de Caracas puede ser un elemento aglutinador que contribuya a la creación de una vecindad metropolitana basada en la defensa de los derechos ciudadanos y de la descentralización y la autonomía municipal. Después de todo, la amenaza totalitaria está allí y, se fortalece con la dispersión y la desunión de los demócratas.

 

@migonzalezm

Entrevista en Crónica Uno

 

“Con el parlamento comunal Maduro trata de cerrar su hegemonía legislativa”

Por Carlos Crespo @CarlosCrespoR

16 enero, 2021

Para el experto en políticas públicas locales, Miguel González Marregot, la oposición debe organizarse a través de las instancias regionales, locales y vecinales. “Hay que crear espacios de participación donde baje la polarización, donde los vecinos y los ciudadanos puedan reencontrarse”.

Caracas. El experto en políticas públicas locales, Miguel González Marregot, señala que el Gobierno piensa que llegó el momento de impulsar un régimen político que apunta a un “estado unitario” en el que se centraliza y concentra la gestión territorial y se le va quitando peso y recursos a las gobernaciones y alcaldías. “La propuesta de Maduro de crear, en este momento, un parlamento comunal obedece a tratar de cerrar y consolidar su hegemonía legislativa”, advierte.

El profesor de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) considera que esta amenaza, junto con el anuncio de unir a algunos municipios de Miranda al gobierno del Distrito Capital, deben “llamar a la reflexión” a la oposición e impulsarla a organizarse a través de instancias regionales y locales. “En los gobiernos locales y regionales hay que dar la batalla en forma unitaria”.

A su juicio, hay que defender el derecho a la participación “sin ningún tipo de complejo” a través de las organizaciones políticas, los movimientos sociales y los movimientos vecinales. “Hay que crear espacios de participación donde baje la polarización, donde los vecinos y los ciudadanos puedan reencontrarse”.

¿Cómo ve el anuncio de la elección de un Parlamento Comunal? ¿Habría algún cambio en los municipios?

—Cuando hubo la propuesta de reforma constitucional en el 2007 el parlamento comunal no aparecía en la reforma para nada. Aparecía la incorporación de una serie de consejos, el consejo de trabajadores, repotenciar el tema de las asambleas de ciudadanos y los consejos comunales, las ciudades comunales, las comunas, pero el parlamento comunal no aparecía por ningún lado.

Si se revisa la propuesta de reforma de 2007, que fue derrotada política y electoralmente por el sector democrático del país, uno se da cuenta que la Asamblea Nacional (AN) quedaba más o menos igual. ¿Cuándo surge el tema del parlamento comunal con relativa firmeza? Aparece a partir de la Ley de las Comunas en 2010, pero aparece como una figura local. Era una especie de gobierno colegiado de las comunas, y probablemente de las ciudades comunales, que subyacía en esa propuesta de ordenamiento territorial, pero tenía una orientación estrictamente local.

En el 2015, luego de la pela que recibe el Gobierno en las elecciones parlamentarias, Diosdado Cabello propone la creación de un parlamento comunal y lo propone como una medida desesperada para tratar de mantener la hegemonía que se tenía o que venía teniendo el gobierno en materia legislativa y que perdía en esas elecciones de 2015.

El señor Cabello juramenta un parlamento comunal que va a fracasar porque no se consiguió, y no tenía, ningún asidero jurídico y constitucional. Esa es una de las graves desventajas que tiene toda esta entelequia del estado comunal y del parlamento comunal. No tiene basamento legal establecido y mucho menos una competencia y unas atribuciones. Cuando ese parlamento comunal fracasa, surge la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), esta última que finalizó, que era supuestamente para hacer una Constitución que no hizo, pero se comenzó a hablar de nuevo del parlamento comunal nacional.

Estoy convencido de que la propuesta de Maduro de crear, en este momento, un parlamento comunal obedece a tratar de cerrar y consolidar su hegemonía legislativa. Ahora que tiene una AN, elegida de manera írrita, para tratar de atornillar más su proyecto hegemónico y autoritario

 

¿Eso sería través de leyes en la AN del 6D que impliquen cambios a la Constitución?

—Pudiera ser, pero ahí hay un detalle importante. Si se crea el parlamento comunal, ahí habría que definir como se elegiría ese parlamento comunal. En realidad, no hay prueba de la eficiencia política de las comunas en el país. Las comunas pueden ser una entelequia. De hecho, funcionan más los Clap, en el tema del control político, que las comunas y los propios consejos comunales, por el estado de pobreza que atraviesa la mayoría de la población venezolana. Es todo un proceso que habría que definir, toda una arquitectura.

No dudo que el régimen tenga imaginación. La vemos en las atrocidades que salen usualmente, pero tiene que fajarse a construir esa arquitectura del parlamento comunal. Ahí viene una pregunta importante: ¿esos diputados del parlamento comunal tendrían la misma legitimidad, las mismas competencias, atribuciones, el mismo valor político de los otros diputados? ¿Ese parlamento comunal estaría por encima de la AN que fue electa recientemente o estaría subordinada?  Ahí hay una contradicción en el chavismo de cómo hacer funcionar ese parlamento comunal que ellos están prometiendo.

Pueden llevar algún conjunto de leyes o reformar otras porque sienten que están en una coyuntura que les permite impulsar un régimen político donde el voto de primer grado se difumine y les permita la extensión de mandato, la eliminación de alcaldías, incluso de gobernaciones.

Me preocupa mucho el tema de las Regiones de Defensa Integral (REDI) porque ellas reúnen a varias gobernaciones y tienen la pretensión de recibir recursos del fondo de compensación interterritorial del Consejo Federal de Gobierno. Esos recursos, a los que ellos aspiran, se lo estarían extrayendo a las gobernaciones, los municipios e incluso a los consejos comunales. Ahí hay un enredo que solo parece explicarse por el objetivo de lograr un régimen hegemónico en el país.

Lo que se intenta, entonces, es cerrar los espacios de descentralización que quedan, o por lo menos dejarlos sin recursos y financiamiento.   

—Sí. Si mal no recuerdo, en las sesiones que hubo del mapa de los objetivos estratégicos ahí se discutía que la descentralización era mala porque perdía peso el poder central. Era negativa, así lo veía el Gobierno, y la idea era reforzar justamente el centralismo y el control sobre las entidades federales y sobre los gobiernos municipales, lograr un estado unitario en vez de uno descentralizado, con la gravedad de que la administración de ese estado unitario está en manos de una posición política totalitaria.

¿Por qué considera que las comunas han sido una entelequia?

—Leí que Maduro decía que había 42.000 consejos comunales en el país en este momento. Esa es una cifra que se quedó fija desde hace algunos años. No se han creado más consejos comunales desde mediados de 2015, de 2016. Eso quiere decir que ha habido un frenazo en eso. Las comunas surgen de la unión de los consejos comunales. Son una especie de mancomunidad, aunque al sector chavista no le gusta ese término ¿Cuántas comunas hay? No se sabe, ni se tiene una cifra acertada sobre el número y sobre su rendimiento.

Reciben más recursos del fondo de compensación interterritorial los consejos comunales que las comunas. ¿Por qué digo que son una entelequia? Porque no se han podido establecer en el país de manera consistente, de manera sólida, como una entidad político territorial. Primero la comuna no está en la Constitución, segundo son para construir supuestamente una sociedad socialista. Cualquier persona que no esté de acuerdo con construir una sociedad socialista está fuera de la comuna. Se fundamentan en un tema de participación política tutelada y donde sus órganos son electos en segundo y tercer grado, se rompe la unidad ciudadano-voto y se implementa otra cosa, lo cual también dificulta su legitimidad.

Hay algo que preocupa mucho que es que la comuna solo reconoce la propiedad colectiva y la propiedad social. ¿Aquellos bancos que quedan en el territorio de una comuna se verán afectados por la gestión de esta? Si no los afecta no tiene sentido ese reconocimiento de la propiedad colectiva. Esa función, esa característica de la comuna, es más una dificultad para su existencia y, por último, no generan recursos propios, sino que dependen del ejecutivo nacional. Por eso estimo que las comunas son una entelequia y crear un estado comunal sobre eso es mucho más difícil. Hasta este momento han sido muy escasas las demostraciones del poder comunal o del estado comunal.

 Estas propuestas del parlamento comunal deben llamar a la reflexión al sector democrático que debe comenzar a activarse, no solo a escala nacional, sino también regional y sobre todo local y microlocal. Es allí donde, de nuevo, se plantea un debate y donde la organización democrática debe saber expresarse con figuras alternativas y denunciando las arbitrariedades que se están cometiendo en los municipios.

Algunos voceros del chavismo están planteando unir los municipios Baruta, Chacao, El Hatillo y Sucre al Distrito Capital. ¿Cómo ve esa propuesta?

—Es una propuesta pintoresca, sin restarle gravedad. Aquí había un organismo de coordinación que era la alcaldía metropolitana cuyas autoridades, el acaldes metropolitano y los concejales o el cabildo metropolitano, eran electos de manera universal, secreta y directa y tenían unas competencias muy precisas que era la coordinación de los servicios públicos ¿Qué ocurrió? Que el PSUV, como no contralaba la alcaldía metropolitana, decidió eliminarla sustrayéndole el presupuesto, tomando su sede, persiguiendo a los concejales metropolitanos y, finalmente, suprimiendo de manera arbitraria la existencia de ese organismo.

¿Eso se va a suplantar con el gobierno del Distrito Capital? Creo que no, por un pecado original, y no precisamente venial, de origen que es la legitimidad que tendría esa autoridad. En segundo lugar, la gestión del actual Distrito Capital ha sido ineficaz e irresponsable en lo que ha hecho en el municipio Libertador.

Ahí también hay un tema territorial de por medio. La propuesta del estado comunal trata de centralizar la gestión territorial, y justamente esta propuesta, qué casualidad, busca centralizar sobre una autoridad impuesta, el gobierno del Distrito Capital, a cuatro municipios que tienen autoridades electas mediante el voto universal, directo y secreto. Eso es realmente otra aberración que responde a una concepción centralista de la gestión del territorio.

Sí pienso que hay que revisar con seriedad el tema de la gestión metropolitana de los servicios públicos. Aquí ha habido trabajos muy serios al respecto, dirigidos por el arquitecto Marco Negrón y la arquitecta Zulma Bolívar, en el Plan Caracas 2020. Ahí hubo un trabajo técnico que se planteó el desarrollo metropolitano en cuanto aspecto territoriales y los servicios públicos. Si se aborda esa discusión con los gobiernos legítimamente electos y con los vecinos uno pudiera tener unas conclusiones interesantes, pero si se aborda el tema de cooptar, de centralizar unos municipios a la autoridad impuesta de un gobierno central, eso no va a terminar bien. Lo que va a traer es mayor dificultan en la gestión y en la gobernabilidad de un ámbito metropolitano como el caraqueño.

Como ve el anuncio de pasar las elecciones de alcaldes para 2022 ¿puede haber alguna activación del sector democrático, desde lo local, ante este tipo de medidas?

—Maduro dispone cuando son las elecciones y cuando no, independientemente de lo que diga la Constitución y el marco legal. Como ciudadano pienso que en los gobiernos locales y regionales hay que dar la batalla en forma unitaria y hacer valer la minoría que tiene el sector democrático en este país. Los alcaldes y los gobernadores que se obtengan van a ser un vínculo muy importante con la lucha que está impulsando, a escala nacional e internacional, el presidente Juan Guaidó. Hay que participar ahí sin ningún tipo de complejo sino de manera unitaria con las organizaciones políticas, con los movimientos sociales y con los movimientos vecinales que pueden dar un salto cualitativo. Defender el derecho a la participación es una estrategia vital que se tiene que asumir en el país.

Los mecanismos de representación política necesitan una renovación y hay que crear espacios de participación donde baje la polarización, donde los vecinos y ciudadanos puedan reencontrarse, pero eso supone el reconocimiento de la diversidad, de la pluralidad, que propuestas como el parlamento comunal, como el estado comunal, o la estrategia del PUSV niegan absolutamente de raíz.

Foto: Súmate.org

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En 2021, la lucha continua..!

 

 

En este recién iniciado 2021, continúa la batalla política por el control del Estado venezolano. Lo que ocurre en nuestro país se puede enmarcar en el contexto global del asedio y estrangulamiento que sufren las democracias en el mundo y, por supuesto, en Latinoamérica; solo que en nuestro caso, ese desmantelamiento se impulsa utilizando a la propia institucionalidad pública. Sin embargo, la batalla política que se libra sigue en desarrollo y no ha concluido; pues existe una mayoría social que a pesar de su escasa organización política, aún se resiste al totalitarismo.

La dinámica política nacional sigue bajo la presión del grupo oficialista que insiste en “apretar las tuercas” al resto de la sociedad, para imponer su modelo de organización social. Para ello, cuenta con una infraestructura estatal -que si bien no responde a los cánones y condiciones de legitimidad democrática-, sirve para alcanzar sus propósitos políticos cubriendo ciertas formalidades ante la opinión pública nacional y ante la comunidad internacional. Está todo bien pensado.

En este contexto, la alianza con el componente militar es vital; tanto para su mantenimiento como para la muy relativa gobernabilidad que aún preserva la revolución de Maduro. El control absoluto del Poder Público ha facilitado la creación de redes clientelares con factores privados (legales e ilegales) que se manejan bajo la absoluta discrecionalidad. Un producto social directo de esas redes clientelares lo constituyen los llamados “enchufados”. Los enchufados es el término popular para referirse a aquellos grupos que obtienen beneficios y prebendas de su relación con la administración pública y, que  exhiben sin decoro los beneficios de su apoyo sumiso a la revolución, sin ningún reparo ético. 

Al margen del sector de los enchufados se encuentra una muy amplia mayoría de venezolanos bajo la indefensión y la precariedad económico-social directamente originada por la revolución del PSUV. El desempleo y subempleo, la hiperinflación, la devaluación, la inseguridad jurídica y personal (hay zonas dominadas por la delincuencia organizada); así como la incertidumbre en medio de una pandemia de cuyo tratamiento se sabe poco y el deterioro generalizado de los servicios públicos básicos constituyen la dinámica diaria de la población del país y, también el incentivo para que otros casi 6 millones de venezolanos hayan decido emigrar del país buscando una mejor calidad de vida.

En el plano político la persecución de la disidencia ha comenzado este año 2021, sin desmayo ni reparo. Así, lo demuestran las visitas oficiales a medios de comunicación independientes a los cuales se les ha sustraído sus equipos de trabajo. Hay además  amenazas de encarcelamiento a los diputados de la legítima Asamblea Nacional y denuncias de persecución de activistas y defensores de los derechos humanos, lo cual ha encendido las alarmas de las organizaciones de desarrollo social y de los movimientos sociales autónomos.

En realidad, la oposición democrática se encuentra dividida y dispersa; quizás influya en ello la severa precariedad social que vive la mayoría de la población, hecho que debilita y aleja sus posibilidades de organización. Al liderazgo democrático se le formulan críticas constantes; tanto por lo que hace o por lo que se deja de hacer. Al parecer, hay una campaña contra Juan Guaidó; así como la hubo en su momento contra Henrique Capriles, Leopoldo López, María Corina Machado o cualquier otro dirigente opositor que destaque. Aunque sea pintoresco hay una oposición, tan opositora (y por ende, negacionista) que termina justificando las acciones de Maduro y descalificando cualquier iniciativa democrática.

Los sectores democráticos requieren una estrategia política con mayor eficacia política; y esa estrategia pasa por la unidad de todos los factores. Necesitan también mejorar su narrativa y elaborar un discurso convincente. Cabe recordar que, la fuerza de los sectores democráticos descansa en la esperanza de cambio y de mejoramiento de las condiciones de vida de la población y, esa esperanza requiere un buen discurso. De paso, ¿será posible, traducir o convertir al Plan País, en una narrativa o discurso político atractivo y coherente?

Es muy importante destacar que la oposición necesita optimar su aspecto organizativo. A los demócratas venezolanos les toca asimilar que la organización interna y el trabajo en equipo son eventos cruciales e indispensables para afrontar con éxito la batalla política que libran. Los partidos políticos deben recuperar su organicidad y no solo en el ámbito nacional; sino también a niveles regionales, locales y micro-locales. Un detalle vital es elevar la formación de su dirigencia y su militancia. Se trata de ampliar su visión y capacidad de análisis del país que pretenden liderar. El trazado del futuro del país también pasa por comprender su historia (política, económica y social) ¿Qué tal entonces, si se comienza al menos, por una lectura de Rómulo Betancourt y de German Carrera Damas?

Me permitiré hacer tres comentarios sobre las organizaciones de desarrollo social (¿o la sociedad civil?) porque hay una creciente presunción de acentuar la acción de las ODS en el tema político. Esa presunción puede ser positiva, siempre y cuando, no se pierda la noción de sus objetivos reales. Además resulta poco serio leer a dirigentes sociales pontificando sobre la autenticidad de unas organizaciones sociales sobre otras. Las tres observaciones son las siguientes: i) las ODS son intermediaciones entre el Estado y la ciudadanía, son canales de participación, ii) las ODS también son un tipo de organización política (ciudadanas) de la sociedad; pero eso no significa que sean partidos políticos. Es decir, las ODS no buscan la administración del poder público aunque sí tratan de influir en él y, iii) en las ODS es natural que cohabiten distintas posiciones políticas; por ende, hay una pluralidad de intereses que no son los intereses de sus directivos.

En el anterior contexto resulta relevante también destacar un conjunto de iniciativas ciudadanas (incluso eclesiásticas) que vienen trabajando -por separado-, temas referidos a la redemocratización del país, a la formulación de un Estado Ciudadano o el relacionado con la creación de instancias de participación federal alternativas. Ojalá, se comprenda en el seno de esos valiosos grupos de activistas e intelectuales ciudadanos la fortaleza que brinda el estudio y el trabajo unitario. Hay que establecer nexos con los grupos vecinales y comunitarios; así como con las organizaciones sociales.    

Por último, el apoyo internacional seguirá siendo extremadamente importante para el avance las luchas democráticas en Venezuela. Una buena noticia es que en la comunidad internacional, el liderazgo y reconocimiento de Juan Guaidó sigue siendo firme. ¿Cómo imaginar cualquier proceso de encuentro y de diálogo internacional sin la participación del joven Guaidó y del mayoritario sector democrático que lidera? La era Trump pasó y llega ahora la gestión Biden. La Unión Europea (UE) y otras organizaciones regionales mantienen el apoyo al liderazgo democrático venezolano. En tal sentido, abrir una disputa interna para cuestionar el liderato unitario sería una tontería.

 

@migonzalezm

Diciembre, 2020: parlamentarias del 6 y consulta popular del 12

En Venezuela, para cerrar el año 2020 se realizarán dos eventos electorales: uno propiciado por el régimen y, otro convocado por la oposición democrática en lo que será –sin duda alguna-, una clara medición de fuerzas políticas que demarcará el futuro en el corto y mediano plazo. Ambos eventos que reúnen propósitos, organización y repercusiones distintas comparten; sin embargo, el desánimo del electorado y la crisis político-institucional y económico-social que se ha consolidado en el país y que anuncia una perspectiva mucho más desalentadora.  

El bloque oficialista busca recuperar la Asamblea Nacional que perdiera de manera abrumadora en las elecciones de 2015. Para el actual régimen resulta vital tener un Parlamento dócil y funcional; tanto para su “legitimación” internacional ante organismos multilaterales, como en sus aspiraciones de imponer su modelo de Estado comunal basado en la participación tutelada, la propiedad social y un nuevo ordenamiento territorial centralizado.

Mientras tanto, la Asamblea Nacional convoca a la denominada Consulta Popular; ejerciendo los derechos a la participación recogidos en el artículo 70 de la Constitución Nacional vigente. Mediante la realización de la Consulta Popular, la oposición mayoritaria que lidera Juan Guaidó busca enviar un mensaje a la comunidad internacional y a la propia sociedad venezolana de fuerza y organización política. Se trata de una reafirmación de liderazgo frente a las luchas que vienen.      

El PSUV cuenta con todo el aparato estatal; incluyendo al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y al propio Consejo Nacional Electoral (CNE) para la realización de sus comicios parlamentarios. Las elecciones oficiales del 6-D contarán con la participación de un grupo de partidos orientado a dar cierta credibilidad al evento, a cambio de obtener algunos escaños en la nueva Asamblea Nacional.  

La Consulta Popular del 12-D se basará en la participación de la ciudadanía, convocada dentro y fuera del país. Para el éxito de esta consulta resultará vital la conciencia y el nivel de compromiso con la necesidad de cambio cada vez mayor en nuestra realidad. Otro elemento fundamental será la actividad de los partidos políticos; además de la participación del voluntariado de la sociedad organizada en todo el país. No cabe duda que, la Consulta Popular por constituir un proceso abierto estará expuesta a las probables intentonas de saboteo gubernamental. Es allí, cuando el liderazgo de Juan Guaidó junto a los diputados de la actual Asamblea Nacional y de los cuadros de los partidos políticos, les tocará hacerse sentir de manera positiva.

Las repercusiones de los eventos del 6 y del 12 de diciembre serán notables. Por una parte, el bloque oficialista obtendrá -aunque de manera fraudulenta-, el control de una Asamblea Nacional que le serviría fundamentalmente como agencia legitimadora de sus pretensiones autoritarias y hegemónicas con lo cual solamente se profundizará la crisis institucional, económica y social que padecemos. Por otra parte, se podrá afirmar que en nuestro país no habrá poderes públicos legítimos, lo que creará una situación sin precedentes en toda la región.

El sector democrático opositor liderado por Juan Guaidó le será impostergable capitalizar política y organizativamente la movilización que haya logrado alcanzar el 12 de diciembre con un mensaje claro y, reafirmando la ruta de la lucha por la democracia. Cabe agregar, y es importante hacerlo que Guaidó y los parlamentarios representarán la principal referencia democrática válida. Una referencia democrática que se encontrará bajo la presión de unas condiciones políticas internas muy agresivas; tanto de parte del oficialismo como de aquellos sectores partidistas no alineados que quieran sacar provecho de la nueva situación que se vivirá en Venezuela a partir del 5 de enero de 2021.

 @migonzalezm

¿La reconciliación, una opción para Venezuela?

 

La reconciliación política y social se presenta como un requisito fundamental para la reconstrucción de un país roto y fragmentado, como el nuestro. La reconciliación puede significar un reencuentro positivo de adversarios y, aún mucho más allá, puede ser el inicio de una paz corresponsable que signifique la rearticulación de la sociedad en su conjunto; bajo un paradigma de desarrollo que combine la acción del Estado, la función del mercado y el papel de las organizaciones sociales y comunitarias.

Venezuela a lo largo de su historia registra varias experiencias en materia de reconciliación; tanto de naturaleza política-institucional como por iniciativa ciudadana. Esas experiencias estuvieron destinadas a facilitar el acercamiento de las partes en conflicto. Ya en el año 1819, la Constitución de la Gran Colombia incluía a la Justicia de Paz como un medio alternativo para la resolución de conflictos menores; en 1820 -y en medio de la guerra de independencia-, Bolívar y Morillo firmaron en la ciudad de Trujillo, el Tratado de Regularización de la Guerra, que luego se constituiría en el principal antecedente del actual Derecho Internacional Humanitario. Otro gesto conciliatorio ocurrió en 1827, cuando el Congreso de la Gran Colombia aprobó la Ley Declarando un Olvido Perpetuo a los sucesos del año anterior (1826); dichos eventos estuvieron relacionados con la desobediencia del general José Antonio Páez al Congreso de Colombia. En el año 1830, ya como República de Venezuela, la Constitución rescató la Justicia de Paz Parroquial como un medio de conciliación. En 1863, se firma y se ratifica el Tratado de Coche que puso fin a la Guerra Federal, conflicto que deja tras de sí miles de muertos. El Tratado de Coche fue ratificado por los generales José Antonio Páez y Juan Crisóstomo Falcón.

En el siglo pasado también hubo importantes eventos de reconciliación política y social. El Pacto de Punto Fijo acordado por Rómulo Betancourt (AD), Jóvito Villalba (URD) y Rafael Caldera (COPEI) y firmado en 1958, fue uno de ellos. Dicho pacto político sentó las bases del sistema democrático en el país. En 1968 se implementó la Pacificación como una estrategia política que permitió la reincorporación a la vida política a aquellos sectores que habían optado por la lucha armada en el país. Un acto trascendente en el ámbito social ocurrió en el barrio caraqueño Catuche en el año 1990, cuando un grupo madres se constituyeron en asamblea y lograron imponer unas normas de convivencia que detuvieron la violencia entre la bandas armadas de esa comunidad. El reconocimiento de la Justicia de Paz en el marco de la Constitución de 1999 representó otro aspecto importante para el asentamiento de una cultura de paz y de reconciliación en Venezuela.

También en nuestro siglo XXI hemos tenido algunos intentos de diálogo y reconciliación; aunque sin mucha fortuna. Durante 2003, y luego del golpe del año anterior se instaló una mesa de diálogo que reunía representantes del gobierno nacional, el empresariado, sindicatos, partidos políticos y sociedad civil; bajo la facilitación de la Organización de Estados Americanos (OEA). En el transcurrir de estas dos últimas décadas varias organizaciones internacionales han intervenido durante este período en procesos de intercambio tendentes a lograr una reconciliación en el país; tales como: el Centro Carter, el PNUD, la Unión Europea. También y con el mismo propósito han intervenido otras naciones del propio hemisferio y del viejo continente. Sin embargo, y a diferencia de otros antecedentes históricos los resultados han sido de poca eficacia política.  

¿Puede entonces constituir la reconciliación una alternativa viable para rescatar la democracia, como modelo de vida frente a un gobierno autoritario? Al respecto hay que considerar que la reconciliación ni se compra ni se vende; sino que constituye una oportunidad que surge cuando las partes en conflicto comprenden que la paz es mucho más razonable y constructiva que mantener un conflicto que les va a generar más pérdidas que beneficios. Quizás en nuestro país factores en conflicto no se hayan convencido aún de ello. Además, la polarización social puede resultar beneficiosa para mantener el “status quo”. Así que, mientras la población siga dividida y ajena al ejercicio de sus derechos ciudadanos, los factores que detentan el poder salen favorecidos y mantienen sus privilegios.

Soy de aquellos que valoran como ideal el desarrollo de las sociedades basado en la participación libre y responsable de los distintos factores que la conforman  y, eso no está ocurriendo en Venezuela. La severa crisis político-institucional que atraviesa nuestra nación requiere de la articulación de esfuerzos de las organizaciones sociales y comunitarias y, también de los partidos políticos dedicados a reconstruir el tejido asociativo como medio de reconciliación en cada espacio y en cada rincón de Venezuela.

Cientos de organizaciones sociales y comunitarias emprenden cada día acciones dirigidas a edificar lazos de reencuentro ciudadano en su entorno respectivo. Es cuestión de unir esfuerzos, de intercambiar experiencias, de consolidar espacios de cohesión y de avanzar sin temor hacia el futuro que merecemos todos, sin exclusión alguna.

 @migonzalezm

Baruta 400 años de su fundación..!

 

Baruta: hoy, 19 de agosto celebra el 400 aniversario de su fundación ocurrida en 1620. Baruta fue fundada como un pueblo de indios. Su primer nombre fue San Francisco de Paula. En 1655, cuando fue terminada su iglesia pasó a llamarse Villa de Nuestra Señora del Rosario de Baruta.

Su fundación obedeció a la política general de la Corona española de reducción y reagrupamiento territorial de los indios decretada por el rey Felipe III en 1618. Aquel pequeño poblado evolucionó hasta el presente y se convirtió en una localidad llena de dinamismo y modernidad.

La principal fortaleza de Baruta primero como pueblo y luego como municipio (a partir de 1987) ha sido una intensa vida asociativa basada en la presencia firme de una diversidad de organizaciones comunitarias muy preocupadas por la construcción de ciudadanía. Felicitaciones!

¿Elecciones parlamentarias un duro camino al desierto?

La abstención marcará el rumbo de la campaña electoral parlamentaria. El tema de la astención será un asunto crucial porque determinará la capacidad de liderazgo y convocatoria de los factores involucrados en ese evento. 

Hay que señalar qu en Venezuela el sufragio no es obligatorio y es considerado una forma indirecta de ejercicio de la soberanía popular. El sufragio sin embargo es la forma más efectiva para la elección y remoción de autoridades públicas y para la aprobación de procesos de consulta popular en iniciativas legislativas o constituyentes. Por ello, su legalidad, transparencia y verificación en su ejercicio son necesarias y vitales.

Hay que recordar que el sufragio es un derecho y como tal requiere ser respetado no solo en forma discursiva sino garantizando su libre ejercicio. Al Estado le toca la responsabilidad de garantizar las condiciones para el ejercicio pleno del derecho al voto y eso no está ocurriendo en el país ahora.

Las elecciones parlamentarias fueron convocadas con la designación irregular de las autoridades electorales, con partidos políticos intervenidos, con diputados presos, perseguidos y exiliados. Así que No resulta difícil concluir que la abstención subirá como una forma de rechazo al sistema político actual.

Por otra parte, es comprensible cierta desesperación de sectores en llamar al voto pues se juegan su futuro político. Su problema básico no es la abstención sino su escasa credibilidad y poco liderazgo; además hay una clara tendencia en la opinión del público a identificarles como aliados de Maduro.

Un dato adicional es que distintas entidades de la comunidad internacional han expresado su rechazo a las desviaciones observadas en la convocatoria electoral. ¿Cómo se interpretaría en el campo internacional una alta abstención en los comicios de diciembre?

Reelección indefinida y democracia

La aprobación de la reforma constitucional en Rusia que permite la reelección presidencial de Wladimir Putin hasta 2036 consolida la marcha hacia la eliminación de la alternancia en el ejercicio del gobierno. Sobre el particular China, ya se había adelantado convirtiendo a Xi Jimping en su presidente vitalicio.

Con la perpetuación de gobiernos con los sesgos de China y Rusia no resulta difícil preocuparse por el destino de las democracias liberales como las conocemos hoy. De hecho, y salvando las distancias ideológicas los gobiernos populistas ganan terreno en todo el mundo. Los casos de Trump (Estados Unidos), de López Obrador (México) y Bolosonaro (Brasil) ratifican la tendencia.

En Suramérica también tenemos otras experiencias recientes y dolorosas por las secuelas que van dejando, me refiero a Morales (Bolivia), Correa (Ecuador) y Chávez (Venezuela) y su continuador Maduro. Algo debe fallar en las democracias liberales que producen estos fenómenos basados en la demagogia y el resentimiento social.

Quizás la crisis de los partidos y las formas tradicionales de representación y las inequidades económicas influyan en su surgimiento, pero queda entonces la duda sobre la calidad de las respuestas que las democracias están ofertando para afrontar tales problemas. ¿Son tan ineficaces las democracias que amplios sectores optan por propuestas y proyectos populistas? 

CALVIN Y SU MODELO TRANSGÉNERO

Parece natural el revuelo causado por la nueva campaña publicitaria de Calvin Klein. Recordemos que es una marca trascendente y global y por ende, sus estilos y modelos son rigurosamente pensados y planificados. Y como sabemos (como paradoja), en el mundo de la economía del mercado las grades firmas no improvisan. Así pues que el colectivo LGBTI es seguramente percibido como un segmento atractivo del mercado de la moda.

Otra cosa, es que a propósito del marketing de la moda se intente polarizar socialmente aspectos raciales, de sexo (por lo del movimiento feminista) y de género antes invisibilizados (¿a priori, o de manera involuntaria? es asunto a discutir). 

Nos queda claro que esos asuntos aún no terminan de asimilarse en la dinámica del mundo posmoderno. Y en realidad, los colectivos sociales vienen cobrando mayor relevancia política y económica en las democracias liberales del mundo.

En Venezuela, las expresiones de este tipo de movimientos son aún frágiles y dispersas. Lo que no quiere decir que no existan asociaciones y movimientos que defiendan los derechos de los sectores LGBTI sobre todo en la esfera de la salud, pero son débiles y sin mucha incidencia pública. 

Los movimientos sociales son precarios en Venezuela (no confundir solo con las OGN´s). Por ejemplo, los movimientos vinculados a la defensa de la población indígena son igualmente débiles, así como también aquellos vinculados a la defensa de los derechos de la niñez, la tercera edad y el ambiente.   

71 AÑOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES (IND)

Se cumplen 71 años de la creación del Instituto Nacional de Deportes (IND) mediante el Decreto N° 22.950 de fecha 22 de junio de 1949, emitido por la Junta Militar encabezada por el General Marcos Pérez Jiménez, que había derrocado al Presidente Rómulo Gallegos, legítimamente electo por voto popular. El IND se convirtió -de esa manera- en el organismo rector de las políticas deportivas nacionales. Hasta la creación del IND, la actividad del ámbito deportivo dependió de la iniciativa privada; pues en efecto, la actividad estatal estuvo dedicada a la reglamentación incipiente de la educación física y a la introducción del deporte en el ámbito militar.

Las entidades deportivas como los clubes y las asociaciones deportivas se fundaron antes que los partidos políticos modernos e incluso que los sindicatos de trabajadores y de empresarios. Un ejemplo de la importancia de la gestión privada en el deporte lo encontramos en la realización de las Primeras Olimpiadas Nacionales que fueron organizadas por la Asociación de Cronistas Deportivos (ACD), en el año 1934. De hecho, durante esta época se fundó en 1935 el Comité Olímpico Venezolano; también se organizaron el boxeo y el béisbol como deportes profesionales y, ya para 1946 la YMCA organizaba el deporte comunal.

La creación del IND fue incentivada; tanto por la necesidad del movimiento olímpico venezolano de aumentar sus capacidades operativas con motivo de realizarse en Caracas los III Juegos Deportivos Bolivarianos en 1951, como por el incremento de la renta petrolera que propició una intervención estatal en todas las esferas de la sociedad; entre ellas, el deporte. Así, con la creación del IND el eje del protagonismo de  la actividad deportiva pasó de la sociedad al Estado. El Estado aportó al sector infraestructura, recursos financieros y un esfuerzo intermitente por impulsar el deporte escolar; mientras una buena parte del sector deportivo privado se convertía en dependiente de la acción y del financiamiento estatal; entregándose a una relación rentista y clientelar con el Estado.

A partir del año 1999, con el proceso que llevó a la aprobación de una nueva Constitución se pensó en un proceso de renovación institucional que tendría como punto de partida el equilibrio entre la iniciativa privada (o ciudadana) y la intervención estatal. En realidad, nuestro deporte requería y, aún requiere de un sector oficial y privado fuertes, corresponsables, democráticos y de gestión transparente. Además, el concepto que reducía la actividad deportiva al ámbito del “ciclo olímpico” debía ser ampliado en beneficio de las mayorías; es decir, la acción del Estado debe garantizar la equidad y la inclusión en el deporte. Se planteaba la reconversión deportiva institucional completa.

Pasados veinte años de la aprobación de la Constitución Bolivariana, las aspiraciones de cambio institucional del sector deportivo nacional quedaron congelados o cedieron a las pretensiones burocráticas y clientelares de una nueva casta deportiva que simplemente pretendía tomar los recursos públicos para satisfacer sus aspiraciones particulares. La evaluación general de la gestión de los últimos 20 años del deporte venezolano es muy negativa: centralismo e intervencionismo estatal, mala gestión administrativa y poca transparencia en la gestión de los dineros públicos, ideologización de la práctica deportiva, abandono de la planificación y control y, prácticas clientelares en la relación con el sector deportivo federado.

¿Es posible revertir el deterioro institucional del deporte en Venezuela? Es posible; pero requiere de un proceso tanto de ajuste estructural como de intervención jurisdiccional. Todo esto bajo una nueva gestión pública. Por un ajuste estructural entiendo, la recomposición del marco legal, institucional y programático del sector deportivo nacional y, en particular del IND como ente estatal responsable de las políticas públicas deportivas. Por otra parte, se hace indispensable la apertura a la iniciativa privada y ciudadana en la actividad. El deporte desde sus inicios siempre estuvo vinculado al libre ejercicio de la ciudadanía y, así tendría que ser re-institucionalizado.

Por otra parte, el aspecto jurisdiccional es imprescindible. Debe haber investigaciones serias sobre los presuntos casos de enriquecimiento ilícito acaecidos con los dineros públicos destinados originalmente al deporte nacional durante las últimas 2 décadas. Adecentar la actividad pública deportiva es una acción ineludible en su relanzamiento.   

Historia social, historia de los de abajo, historia de base

El estudio de la historia de los movimientos comunitarios y sus asociaciones se enmarcan dentro del campo de la llamada historia social. Los movimientos sociales (comunitarios) constituyen parte de la dinámica de las sociedades, cuya consideración como objeto de estudio social e histórico ha venido creciendo durante los últimos años.

Eric Hobsbawm en su ensayo titulado “de la Historia Social a la Historia de la Sociedad” (1970) ubicó el estudio de los movimientos sociales y las protestas sociales como parte de la actividad investigativa de la historia social. De la misma manera, la actividad de los movimientos comunitarios también se relaciona con otros aspectos de la historia social como son los estudios urbanos y los estudios relacionados con los grupos sociales y la modernización y cambio de las sociedades.

El estudio de los movimientos comunitarios también son parte de aquella “historia de los de abajo”, “de la gente corriente” y que prefiero llamar historia de las bases, por su origen y procedencia. La historia de las bases es aquella que se desarrolla en los cimientos de la sociedad y que  incluso puede afectar la dinámica y el destino de la sociedad sin dejar de ser anónima y estar en la base de esa sociedad. La actividad de los movimientos sociales y comunitarios ha sido constante y universal y se traduce en la defensa de intereses específicos como son la propiedad de la tierra, el acceso a servicios públicos y la defensa de derechos, entre otros.

En Venezuela, la investigación histórica de los movimientos comunitarios es casi inexistente o en el mejor de los casos, se encuentra en estado de gestación. Con esto no afirmo que no se hayan realizado estudios sobre la historicidad de los movimientos vecinales, de cierto ha habido investigaciones sobre su desarrollo, pero las mismas se desarrollaron en el ámbito politológico y ubicadas temporalmente en la década de los años ochenta. Fuera de ello, nos encontramos con un panorama histórico inexplorado.

En realidad, los estudios históricos sociales en Venezuela se refieren a aspectos temáticos que si bien se encuentran vinculados a sectores de actividad social como la salud, la educación, la nutrición no comprenden el origen de los movimientos sociales y menos aún de la propia sociedad civil. La historia social venezolana de manera principal alcanza a la comprensión de la evolución del movimiento obrero y de los sindicatos. Sin embargo, la investigación sobre otros sectores sociales y sus respectivos actores es poco frecuente o al menos poco difundida y, aquí nos referimos a los movimientos feministas, a los movimientos juveniles, a la acción de la banca, la industria y comercio, a los movimientos culturales y a las ideas y mentalidades predominantes en la sociedad civil venezolana, a la historia de las ciudades, entre otros.    

En el marco de los estudios de postgrado en Historia de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) nos planteamos desarrollar una línea de investigación vinculada a los movimientos sociales y comunitarios y, por ende, a un enfoque histórico social y más específicamente de bases (o de los de abajo). En ese contexto, logramos identificar el origen de estos movimientos en el temprano siglo XX (década de los veinte); así como la vinculación a reivindicaciones sociales, su posterior reorganización como base de apoyo a los partidos políticos democráticos (años cuarenta y cincuenta), su relanzamiento como elementos de democratización del sistema político venezolano (años ochenta y noventa) hasta su posterior cooptación por parte del Estado en los comienzos del siglo XXI.

19 de abril de 1810

Se cumplen 210 años de la célebre sesión del Cabildo de Caracas el19 de abril de 1810 que significó el acto originario de nuestra independencia de España, al consagrar la separación del Consejo de Regencia de aquella época. El 19 de abril de 1810 supuso el protagonismo institucional para los ayuntamientos como instancias del poder público local. 

Fue allí en las instancias más cercanas a la población como los ayuntamientos (y donde los criollos tenían algún acceso a la toma de ciertas decisiones) donde se produjo las proclamaciones de independencia. Y en efecto, ese evento (la realización de cabildos abiertos para promulgar la independencia) se reprodujo en toda la América colonial con poca diferencia temporal. 

 

Así que el inicio de la lucha por la independencia americana fue un proceso ciudadano y política y territorialmente descentralizado. 

Esperamos que pronto podamos celebrar en Venezuela en condiciones democráticas y libres toda la trascendencia del 19 de abril de 1810, como día de los ciudadanos libres..! 

Gobierno pandemia y escrutinio público (notas)

Decisiones de los gobernantes siempre deben estar bajo el escrutinio público, digamos que es ley natural del ejercicio de gestión pública. Por supuesto, siempre ocurrirá que ese escrutinio sea manipulado por intereses políticos. Pero eso es parte del paquete político.

En casos de tragedias o calamidades sociales el control ciudadano no puede ser omitido, es decir, esos eventos no deben ser utilizados como excusa para la limitación discrecional de derechos.

A gobernantes como Donald Trump (USA) o Pedro Sánchez (España) en sistemas políticos abiertos se les aplica un escrutinio público muy fuerte, lo cual es positivo, aunque a ellos y sus partidarios les moleste. Pero hay que ejercer ese escrutinio (contraloría desde la sociedad) como un medio de transparencia y de exigencias de respeto a los derechos humanos por parte de los gobernantes.

En Venezuela el escrutinio público es muy limitado pues hay una acentuada censura informativa e incluso se aplica la persecución y detención de aquellos actores políticos y sociales que pudieran ejercer un seguimiento a las ejecutorias del gobierno. Por ende, tenemos una sociedad desinformada y una gestión pública basada en la opacidad.

COVID-19 Y LA POLÍTICA EN VENEZUELA

Es inevitable que el tratamiento público del Covid-19 sea un tema político por su naturaleza propia de un asunto de interés colectivo y que por tanto, le corresponde al Estado su principal atención. 

El punto es que el Estado, no es neutro y que es gestionado por gobernantes de diversa naturaleza ideológico-política. Unos gobiernos son democrático-liberales otros  son más cerrados (autoritarios). 

En nuestro caso, la crisis del Covid-19 está siendo atendido por una administración que:

1) nos es reconocida por 56 gobiernos, 

2) que tiene serios señalamientos en materia de corrupción y de violación de DDHH, 

3) que acumula un cúmulo de sanciones (a personeros políticos y gubernamentales oficialistas).

¿Es posible entonces confiar en que un régimen con las características enumeradas pueda resolver la pandemia en el país? Pareciera que no.

Por otra parte, y muy seguramente, luego que pase la crisis del Conavid-19, (eso esperamos todos), los Estados y los gobiernos pasen a desempeñar una mayor incidencia en sus sociedades y en sus economías respectivas. Esa situación plantea una enorme incertidumbre en una sociedad como la nuestra ya tan debilitada y fraccionada justo por una perversa acción del Estado y de su actual administración.

En tal sentido, pienso que además de las contribuciones a la superación de la crisis sanitaria pareciera que hace falta una estrategia política de parte del sector democrático que contemple acciones asociativas que fortalezcan tanto a la población y a la sociedad civil, como a los intereses de la República. 

De hecho, el oficialismo ha comenzado una campaña con un doble objetivo:

1) liberarse de ciertas sanciones internacionales utilizando a la crisis del Coronavirus para ello.

2) consolidar su control hegemónico sobre la sociedad.

Estamos en un juego político complicado en el cual hay que participar con asertividad para rescatar la salud pública y la República.

El Plan País y la Participación Ciudadana

El eje central del cambio político en Venezuela, lo constituye la participación de sus ciudadanos. Sin ella, las posibilidades de superación de las condiciones actuales de opresión y subdesarrollo vigentes en el país serán muy lentas y, hasta poco viables. A las fuerzas democráticas les corresponde crear y promover los mecanismos políticos y programáticos que favorezcan la participación de todos los ciudadanos que aspiramos al cambio, que lleve al país al sendero del desarrollo y de la prosperidad en un marco democrático, plural y responsable. No cabe duda: el Plan País es la herramienta apropiada para ello.

Durante los últimos años, el Ejecutivo Nacional ha coartado y tergiversado el ejercicio libre de la participación de la sociedad mediante la cooptación y control de sus organizaciones, por medio de la imposición de la confrontación social y de un modelo único de organización comunitaria y con el establecimiento de restricciones burocráticas a la actividad asociativa. Así, el régimen ha logrado la vulneración de la autonomía y la capacidad de decisión de las organizaciones ciudadanas; su exclusión y segregación por aspectos ideológicos o partidistas y, su progresiva atomización y dispersión.

El pasado 4 de septiembre y, por iniciativa conjunta entre la Comisión del Poder Popular y Medios de Comunicación Social de la Asamblea Nacional, la Comisión del Plan País y un grupo de organizaciones sociales se realizó una jornada de trabajo para abordar el tema de la Participación Ciudadana en el marco del Plan País. En dicho evento se instalaron cinco mesas para trabajar los objetivos y lineamientos de acción en cuanto al derecho a la organización autónoma de los ciudadanos, a la participación vecinal en el gobierno, en sus aportes para la construcción de municipios más democráticos y, en el reforzamiento del ejercicio de los derechos económicos y la promoción de la cultura de paz.

La ejecución de esta actividad bajo los auspicios de la Asamblea Nacional tuvo un significado ciudadano relevante y especial; pues rescató para la visión democrática del país la defensa de un derecho humano como lo es el de la participación. La reconstrucción de la democracia venezolana requiere de asociaciones ciudadanas fuertes, conscientes de sus derechos y responsabilidades, incluyentes y propositivas y supervisoras de lo público en el marco de la ley.

El 4 de septiembre se abrió la oportunidad de construir unos lineamientos de política para guiar la acción de un gobierno que genere espacios para la participación y, por ende, contribuya a la construcción de la democracia que aspiramos todos los venezolanos, una democracia de derechos, un democracia de ciudadanos.

En twitter >> @migonzalezm